Una denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Junta describe situaciones de coacción, suplantación, desamparo, discriminación, fraude y falta de información

21/06/13. ÚLTIMA HORA. La Empresa Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Málaga (EMASA) ha cometido en el cobro de la factura del agua a miles de vecinos de La Palmilla hasta diez infracciones graves contempladas en el decreto de consumo de Agua de la Junta de Andalucía, según la denuncia presentada ayer por el abogado José Cosín ante la Dirección General de Consumo del gobierno andaluz, en la que solicita una sanción de cuatro millones de euros para esta sociedad municipal y la instalación de contadores en esta deprimida barriada para evitar futuras situaciones de coacción y desamparo como las descritas en su escrito, del que informa hoy EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

“LA compañía municipal de aguas de Málaga, en adelante EMASA, contrató a una empresa cobradora de mororos, TRACASA, para asustar a los vecinos de La Palma Palmilla y persuadirles que firmaran un reconocimiento de deuda falso e ilegítimo. En ningún caso se trataba de inspectores autorizados tal y como establece el artículo 89 Decreto 120/91, de 11 de Junio; Consejería de Presidencia, Junta de Andalucía, de consumo de Agua. La mayoría de las personas que firmaron son analfabetas y en algunos casos, disminuidos psíquicos, familiares de los deudores, o los nuevos propietarios de inmuebles cuyos antiguos inquilinos generaron el consumo que se les imputan. El agente que acudía al domicilio obtenía una comisión de cada reconocimiento arrancado al usuario”, con este párrafo introductorio comienza la reclamación presentada ayer por el abogado José Cosín ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía.

EL letrado expone en su denuncia la situación general que ha rodeado el cobro de la factura del agua en La Palmilla: “A pesar de haber pagado contadores de agua, muchos edificios del barrio no tienen contadores, lo que supone un desamparo”; “La situación de la barriada era conocida y permitida por las autoridades”;  “TRACASA, haciéndose pasar por EMASA obligaba a firmar contratos de suministros, lo cual va en contra del art Artículo 60 del decreto de consumo de agua:  Los contratos de suministros se formalizarán entre la Entidad suministradora y el titular del derecho de uso de la finca, local o industria a abastecer, o por quien lo represente”; “La cantidad que han obligado a reconocer, corresponde a 5 años de consumo estimado; lo que va en contra del art 78 del Decreto: Cuando sea posible conocer los consumos realmente realizados, la facturación del consumo se efectuará con arreglo al consumo realizado durante al mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior; de no existir, se liquidarán la facturaciones con arreglo a la media aritmética de los seis meses anteriores”; “Las liquidaciones que formule la Entidad suministradora serán notificadas a los interesados que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones ante el Organismo competente en materia de consumo, en el plazo de quince días a contar desde la notificación de dicha liquidación. EMASA ha prescindido de todo procedimiento, así no ha notificado la liquidación a los consumidores, ni se les ha dado el plazo de alegaciones que marca la Ley”.



POR todo ello Cosín aprecia que EMASA ha cometido varias faltas contempladas en el citado decreto: 1 “Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar bienes o servicios sin cumplir correctamente los deberes de información que impongan o regulen las leyes y los reglamentos en relación con cualquiera de los datos o menciones obligatorios o voluntarios y por cualquiera de los medios previstos para tal información”. 2 “Defraudar en el peso, medida, cantidad o calidad de los bienes ofertados o destinados a ello; así como en las condiciones ofrecidas de prestación de servicios respecto a la calidad cantidad, intensidad, continuidad u otros elementos relevantes según su naturaleza o categoría”. 3 “Incumplir las exigencias de personal cualificado o de los deberes impuestos al personal o a la empresa en relación con el personal cuando sea susceptible de perjudicar a los consumidores”. 4  “Prestar servicios incumpliendo las condiciones que impongan las disposiciones de aplicación cuando puedan causar un perjuicio a los intereses económicos de los consumidores, así como cortar el suministro de servicio público de prestación continua sin respetar las garantías a que aquéllos tienen derecho”. 5 “Realizar transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor comprar una cantidad mínima o productos no solicitados o aceptar servicios no pedidos, así como la negativa a efectuar la transacción si no se aceptan esas condiciones”. 6 “Incumplir las obligaciones asumidas voluntariamente a través de los códigos de buenas prácticas cuando se haya manifestado la adhesión a éstos en la oferta, promoción o publicidad”. 7 “Realizar prácticas tendentes directamente a excluir o reducir la libertad del consumidor para contratar una prestación”. 8 “Realizar acciones dirigidas a coartar el libre ejercicio por los consumidores o por sus organizaciones o asociaciones de las facultades de reclamación o denuncia”. 9 “Actuar con desatención o desconsideración hacia los consumidores, incluidos los retrasos y esperas excesivas o el trato inadecuado”. 10 “Actuar de forma discriminatoria contra consumidores o grupos de ellos por sus circunstancias personales o sociales o por haber ejercido sus derechos”.

“TODAS estas faltas –prosigue la denuncia- tienen el agravante de ser una infracción continuada o práctica habitual y afectar a un gran número de consumidores. Asimismo es de aplicación el agravante de que ha producido una alteración social grave, originando alarma o desconfianza en los consumidores, y el agravante de haberse realizado explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores o grupos de ellos como inmigrantes, menores, personas mayores o discapacitadas, y es agravante también haberse realizado aprovechando situaciones de necesidad de determinadas personas o de bienes o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado”:

ASÍ pues la denuncia sostiene “que habiendo realizado 10 Infracciones muy graves: corresponde una multa entre 30.001 y 400.000 euros para cada una de las infracciones. Siendo las conductas descritas de especial gravedad, dado el Derecho Humano Fundamental del que se trata, corresponde una sanción de al menos 4.000.000 de Euros a la empresa pública EMASA”.

SERÁ la Delegación de Vicepresidencia de la Junta de Andalucía, de la que depende la Dirección General de Consumo, la que inicie y resuelva el procedimiento sancionador.

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