OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista

11/04/16. Opinión. El periodista Dardo Gómez refleja el hastío que sienten, como él, muchos profesionales al comprobar que en el último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el tratamiento de la violencia machista en la televisión se prueba que la “proclamada autorregulación de los medios es una pura farsa”. “Ya puede el Consejo Audiovisual de Andalucía seguir clamando en el desierto, la autorregulación es una farsa...

...demostrada”, reitera a lo largo de su columna habitual conEL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

400 códigos que no sirven para nada

EL
último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el tratamiento de la violencia machista en la televisión aporta una nueva prueba de que la proclamada autorregulación de los medios es una pura farsa.

UNA de las mayores aportes no discutibles de las nuevas herramientas de la comunicación es su capacidad de facilitarnos la búsqueda de datos y, además, hallarlos compilados de acuerdo a nuestras necesidades.

DADO que las capacidades de archivo son casi infinitas se nos está facilitando hasta una suerte de “coleccionismo” de datos; otra cosa es la utilidad que estos puedan tener y para quién.

UNO de estos casos de “coleccionismos” es el del portal “Accountable Journalism” que ha anunciado este último mes su base de cuatrocientos códigos de ética de medios de comunicación de todo el mundo que, según la propia organización  “muestra cómo la industria de los medios de comunicación ha lidiado con la idea de la ética y la responsabilidad durante casi un siglo, y tiene como objetivo ayudar a los periodistas, educadores y cualquier persona en el negocio de las comunicaciones a tomar decisiones éticas ampliamente aceptadas por los profesionales de medios de comunicación internacionales”.

AGREGA que “es importante reconocer el valor de las directrices no solo para los periodistas tradicionales, sino para cualquiera que utilice las herramientas de redes sociales y que regularmente hacen periodismo”.


LA verdad es que a uno le da la risa floja cuando lee estas cosas y como, además, tiene la manía desconfiar de estas buenas intenciones no tarda en comprobar que este portal, claro, esta al servicio de las empresas y sus organismos paralelos para la defensa de la “autorregulación irrestricta”.

ESA famosa “autorregulación” que ha llevado a que la The Press Complaints Commission (PCC), el gran ejemplo de los empresarios británicos con que nos machacaron durante años en España, tuviera que cerrar sus puertas por las comprobadas corrupciones y prevaricación en sus funciones. Resulta sorprendente el silencio al respecto de este organismo corrupto que han guardado quienes por decenios invitaron a esos empresarios corruptores a nuestro país para que nos dieran testimonio de su bien hacer.


Cómo se incumple en España

A mediados de este marzo, como consecuencia de los datos que aporta un informe sobre el tratamiento de la violencia contra las mujeres, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha solicitado a los profesionales de los medios de comunicación “que asuman códigos deontológicos a la hora de informar sobre crímenes machistas, tras constatar que en la mayoría de los operadores de televisión se ignoran las normas éticas más elementales cuando abordan asesinatos por violencia de género”.

ESTE año, el Consejo había centrado el estudio del tratamiento informativo de la violencia machista en un caso concreto y sus resultados han hecho evidente que la gran mayoría de las televisiones no han asumido ningún tipo de código deontológico a la hora de informar sobre asesinatos machistas, en contra de lo que establece la legislación.

ENTRE las conclusiones del informe se destaca que quienes han puesto menor rigor en el cumplimiento de esas “normas éticas más elementales” han sido los operadores privados.

CABE recordar que en diciembre de 2004 las cadenas de televisión generalistas públicas y privadas firmaron, bajo los auspicios de la Administración, un llamado “Código de Autorregulación para proteger a la infancia y la juventud de los contenidos violentos y pornográficos”.

LA firma de este código por las afiliadas de Uteca, fue mostrada por estas como un argumento para sostener que no era necesaria una autoridad audiovisual competente en la materia. Excuso decir que en estos quince años las vulneraciones a ese código, redactado por los mismos medios, han sido constantes.


EN este mismo mes de marzo, el presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia, ha dirigido una carta abierta a José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, y Francisco Díaz-Ujados, director de Contenidos y Antena de TVE, para afearle al canal estatal el tratamiento discriminatorio de la población gitana en los programas informativos de este medio. En esa carta les señala como, también en TVE, se vulneran de forma repetida los principios deontológicos del periodismo fijados por todas las organizaciones internacionales.

YA puede el Consejo Audiovisual de Andalucía seguir clamando en el desierto, la autorregulación es una farsa demostrada.

Seguimos pidiendo peras al olmo

LO que resulta más incomprensible, es que se sigue apelando a la responsabilidad de los periodistas para corregir estas cosas y que casi se les exija a los profesionales que cumplan con unos códigos deontológicos que incluyen normas que escapan totalmente a sus capacidades.

LOS periodistas no necesitan “auto” regularse, porque ya están regulados por sus patronos o sus comisarios de confianza; sean estas propiedades públicas o privadas.
Si el CAA, ha encontrado una mejor disposición al cumplimiento de la deontología profesional en los medios públicos es, simple y tristemente, porque en algunos de esos medios hay una mayor estabilidad laboral. No contamos en esto, claro está, a las autonomías que han optado por la perversa “externalización” de sus medios de comunicación; que es la fórmula “perfecta” que los gobernantes han encontrado para evitarse conflictos con los profesionales “díscolos” que apelan a la ética para no cumplir las tropelías que dicta el mandamás de turno.

SERÍA bueno que gentes bien intencionadas como los del CAA compararan los incumplimientos deontológicos de algunos medios con el estado de las relaciones laborales con sus trabajadores. Ya se que no es de su competencia y que ya demasiado hacen con lo que están haciendo, que incluye defenderse de los ataques de los dueños de los medios.

SIN embargo, ocurre que estas llamadas a la responsabilidad, aunque bien intencionadas, inducen a que permanezca en el engaño gran parte de la ciudadanía. Una ciudadanía que les supone a los periodistas una real influencia en los contenidos de los medios y que los hace responsables de la mayoría de las negligencias y manipulaciones que cometen las cabeceras para las cuales trabajan.

Los más vulnerables

CREO que ayudaría mucho a interpretar esos fallos e indecencias si la ciudadanía supiera que gran parte de los periodistas son trabajadores con tal grado de vulnerabilidad laboral y precariedad contractual que son incapaces de enfrentarse a las decisiones de sus jefes. Por lo menos, si aspiran a mantener sus salarios; no digo sus puestos de trabajo, ya que una parte importante de ellos carecen del más elemental contrato y nada les garantiza cuáles serán sus ingresos el próximo mes.

NO creo que nadie con sano criterio pueda pensar que trabajando en esas condiciones esos periodistas pueden tener como mandato esencial atender alguno de los códigos deontológicos que se han dado cada una de las organizaciones de periodistas existentes en nuestro país o que figuran en las webs de unos pocos medios.


CÓDIGOS en los cuales casi nadie menciona la obligación de los dueños de los medios con el derecho a la información; ellos, cuando acometen la firma de algunos de estos código de falsa autorregulación, saben que lo hacen para la galería; porque no hay autoridad alguna que los obligue a su cumplimiento.

TRAS su última reunión celebrada este mes en Madrid, el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) dio a conocer un comunicado en el cual, entre otras cosas, expresaba su preocupación por "la situación de incertidumbre en la que viven los trabajadores de muchos medios de comunicación, que repercute en la calidad de su trabajo y, por ello, en el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural".

ES que esa relación es directamente proporcional, precariedad es igua a ausencia de calidad.

MIENTRAS tanto, los pontífices de la autorregulación siguen sin enterarse que quienes regulan el derecho a la información en España son los medios comerciales. Y así nos va…

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