OPINIÓN. No hay derecho. Por José Cosín
Abogado

05/02/16. Opinión. El abogado José Cosín, que ya interpuso en 2012 una querella contra Rodrigo Rato y los consejeros de Bankia a instancias de la asociación Democracia Real Ya, analiza jurídicamente para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la sentencia que se dio a conocer hace escasos días y que se publica íntegramente AQUÍ de forma prácticamente inédita. Para el letrado, es una buena noticia...

...que los pequeños accionistas que fueron accionados durante la salida a bolsa de Bankia puedan recobrar su dinero. Pero, ¿quién indemnizará al Estado, que tapó con dinero público un boquete de 19 millones? ¿Se atreverá a demandar a los bancos asesores y coordinadores de la Oferta Pública de Venta que se llevaron dinero poco antes de hundir el banco?

Lea la sentencia del Supremo a favor de los estafados durante la salida a bolsa de Bankia. Ahora, ¿quién indemniza al Estado que tapó el boquete con 19 mil millones de euros del contribuyente?

LAS Sentencias del Tribunal Supremo, dictadas el pasado martes 3 de febrero declararon la nulidad de la adquisición de acciones con motivo de la salida a bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011.

AMBAS demandas fueron interpuestas por sendos accionistas minoritarios de Valencia y Oviedo y si bien han tenido idéntico resultado, el camino recorrido no fue el mismo.

EL juzgado de primera instancia de Valencia falló a favor de Bankia, al entender que las acciones “no son un producto complejo (…) y porque los demandantes prestaron libremente su consentimiento” Contra dicha sentencia, los demandantes recurrieron ante la Audiencia Provincial, que si estimó sus pretensiones, decretando “la nulidad por error-vicio en la prestación del consentimiento de la suscripción”, condenando en costas a Bankia, quien interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal y otro de casación ante el Tribunal Supremo, recursos que ahora son desestimados.

DISTINTO fue el camino seguido por la demanda interpuesta en Oviedo el 23 de diciembre de 2014 y que, en apenas 13 meses, ha tenido su sentencia en primera instancia, recurso ante la Audiencia Provincial y casación ante el Supremo. Resulta reconfortante que el Poder Judicial haya cogido el “toro por los cuernos” iniciando los pasos para devolver a todos los ahorradores españoles, la confianza perdida en nuestro sistema financiero.

ENTRANDO en el contenido de las sentencias, que son prácticamente idénticas, en primer lugar, el alto Tribunal rechaza la prejudicialidad penal argumentada por Bankia para intentar retrasar el proceso. Los motivos son claros, y es que “no se discute si los administradores de Bankia incurrieron en una conducta delictiva de falseamiento de los datos incluidos en el folleto, sino si estos datos, por si inexactitud, provocaron el erro vicio de los demandantes”.

CON respecto al fondo del asunto el Supremo declara que resulta tan evidente el error provocada por la falsedad de las cuentas de Bankia invalida el consentimiento prestado puesto que “se ha formado a partir de una creencia inexacta” Efectivamente, los balances y cuentas de resultados “Por forma” aportados por Bankia, reflejaban un beneficio de 309 millones de euros que no fueron aceptados por el auditor y que fueron reformuladas reconociendo pérdidas de 3.030 millones de euros en el año 2011. El precio al que fueron vendidas las acciones, 3,75 euros, estaba inflado en un 99%, puesto que no valían más de 3 céntimos por acción, en el caso de que algún inversor quisiera arriesgar sus ahorros en una entidad tan mal, y corruptamente, gestionada como Bankia.

LOS cambios normativos no pueden justificar este bandazo en la formulación de resultados que en opinión de todos los expertos independientes sólo puede ser atribuible al afán de hacer creer que se trataba de un banco solvente y con buenas perspectivas, cuando en realidad nos encontrábamos ante el mayor fiasco financiero en la historia de España, que a punto estuvo de costarnos la intervención de todo el país y la consiguiente pérdida de soberanía y bienestar social. España tuvo que aceptar un rescate de 50,000 millones de euros, de los cuales 19,000 millones fueron destinados a sanear las cuentas de Bankia.

APENAS el 40% de los accionistas de Bankia ha demandado a la entidad, que tiene provisionado la totalidad de las indemnizaciones que debe pagar. El Tribunal Supremo ha ampliado el plazo para demandar a Bankia hasta el próximo 9 de mayo, fecha en la que intervino el FROB, y en la que se hizo evidente el engaño pertrechado.


NO obstante, los españoles no seremos indemnizados por Bankia, ni recuperaremos las ayudas prestadas a través de la venta de las acciones de las que ahora es accionista el Estado. Es por ello que, además de los administradores, auditores y supervisores, es necesario encontrar a las entidades que se beneficiaron de la salida a Bolsa y que no han devuelto sus ganancias. Me refiero a los bancos coordinadores y asesores de la Oferta Pública de Venta, es decir, a JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, UBS, Deutsche Bank y Lazard, que obtuvieron suculentos beneficios a costa de las pérdidas de todos los españoles.

PERO hasta ahora nadie se ha atrevido a demandar a los bancos de inversión, a pesar de la claridad con la que se expresa el artículo 28 de la Ley del mercado de Valores:

ARTÍCULO 28. Responsabilidad del folleto.
1) La responsabilidad de la información que figura en el folleto deberá recaer, al menos, sobre el emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a negociación en un mercado secundario oficial y los administradores de los anteriores, de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

ASIMISMO, la responsabilidad indicada en el párrafo anterior recaerá en el garante de los valores en relación con la información que ha de elaborar. También será responsable la entidad directora respecto de las labores de comprobación que realice en los términos que reglamentariamente se establezcan.

ALGUNOS prestigiosos juristas apuntan que cuando Bankia indemnice a los accionistas que demanden antes del 9 de mayo se extinguirá toda responsabilidad jurídica. No obstante, yo difiero de dicha interpretación, puesto que existe un accionista que no será indemnizado,  y este accionista no es otro que el propio Estado que tuvo que nacionalizar la entidad y abonar 19.000 millones de euros en nombre de todos los españoles que pagaremos con nuestros impuestos. ¿Se atreverá el Estado a demandar a los responsables institucionales de este desastre?

LO pongo en duda, puesto que el factor que se viene repitiendo en esta crisis, es que aquellos que se hicieron millonarios gracias a la especulación financiera e inmobiliaria, han mantenido sus beneficios, trasladando las pérdidas derivadas de sus engaños a todos las personas, desahuciadas incluso, que no vieron una peseta, y ahora tendrán que pagar miles de millones, durante las próximas generaciones.