OPINIÓN. Tribuna Abierta. Por Luis Manuel Goñi Stroetgen
Economista y profesor

07/04/17. Opinión. Andalucía es la comunidad autónoma donde más de un millón de personas están en situación de pobreza extrema, según la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). En este marco el economista y profesor Luis Manuel Goñi Stroetgen expone en esta Tribuna Abierta para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com los motivos que justifican la...

...necesidad de que la administración garantice unos ingresos mínimos a las personas.

La renta básica en Andalucía es una necesidad social

EL pasado miércoles nos levantamos con la preocupación que  Francisco Vega, había tenido que ser atendido en el Hospital Civil por sufrir un desmayo tras llevar 29 días en huelga de hambre para reclamar el establecimiento de una renta básica en Andalucía. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Estatuto de Andalucía, en vigor desde marzo de 2007. Dicho artículo indica textualmente: “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla en caso de necesidad de los poderes públicos con arreglo a los dispuesto en la ley”. En consecuencia, se reconoce el derecho de los andaluces a percibir una renta en caso de necesidad. Necesidad que otros Estatutos de Autonomía asocian a la pobreza y exclusión social.


SE han cumplido diez años desde la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía y aún no se ha redactado una legislación andaluza sobre una renta básica que atienda de forma permanente a las cerca de 300.000 familias que en la actualidad carecen de todo tipo de recursos en Andalucía. En la anterior legislatura se creó un grupo de trabajo para abordar la renta básica. Pero se disolvió el parlamento andaluz  sin haberse redactado siquiera un anteproyecto de ley.

EN la actual legislatura, el ejecutivo andaluz rechazó la tramitación parlamentaria de una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 40.000 firmas, para la regulación de un  “Sistema Andaluz de Renta Básica”. En la Memoria justificativa de dicha ILP se indicaba “la necesidad que se  reconozca el derecho estatutario de una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna, y por otra parte, elimine el riesgo de exclusión social, personal y laboral, facilitando la inclusión social de quienes carezcan de recursos suficientes”.

RECIENTES informes indican que Andalucía es la comunidad autónoma con el índice más alto de pobreza, calculándose que 1.075.000 de andaluces se encuentran en situación de pobreza extrema y exclusión social. Según un informe elaborado en 2015 por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (ESPN-A) en el 25% de los hogares andaluces ningún miembro de la unidad familiar tiene trabajo; el 55% de los andaluces no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 13% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda; el 12% no puede pagar el suministro eléctrico.


FRENTE a este desolador panorama, la Junta de Andalucía dispone del Programa de Ingresos Mínimos de Inserción que, durante seis meses al año, facilita entre 438,71 € (unidad familiar unipersonal) y 707 € mensuales (unidades familiares de 6 o más miembros). Sin embargo, además de ser su cuantía insuficiente, está condicionada a cubrir un itinerario de inserción profesional y solo cubre un período de seis meses cada año.

SIN embargo, no debemos confundir la renta mínima con la renta básica. La renta básica es el derecho de todo ciudadano a percibir de forma incondicional y duradera una cantidad periódica que cubra, al menos, las necesidades vitales para que le garanticen unas condiciones de vida digna. Así lo ha entendido Paco Vega, y todos los que le apoyamos, que tras 29 días en huelga de hambre, aún sigue esperando que la Consejera de Igualdad y Bienestar Social se digne suscribir el compromiso, adquirido por el propio Viceconsejero el pasado 30 de marzo, de reconocer  la renta básica al menos a las víctimas de violencia de género y a los hogares con hijos/as a su cargo, acordando crear una comisión para desarrollar el derecho a la renta básica. Pero pasan los días, y la Consejera María José Sánchez Rubio no se pronuncia a pesar de la palabra dada a un hombre ejemplar que está poniendo en riesgo su salud esperando que se digne responder. Mientras tanto, la sociedad civil a través de las ONGs, es la que está asistiendo a las personas más vulnerables. A pesar que ya ha pasado 10 años desde que se les reconoció el derecho a unas condiciones de vida digna.

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- 21/12/16 La Educación en Andalucía y el Informe Pisa
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