STAL interpone una demanda contra la Diputación que dirige el popular Francisco Salado (PP) por la “vulneración de derechos sindicales” que aseguran vienen sufriendo desde hace años. “Nos han ido anulando por hacer preguntas incómodas”: Morales

El secretario general de STAL en Diputación, que cuenta con un delegado en el comité de empresa, asegura que “hay muchos temas que se deberían de tratar en la junta de personal y en el comité de empresa pero lo hacen en la mesa general de negociación donde no nos dejan acudir ni como oyentes, nos echan fuera de un plumazo”

La Fiscalía investiga a la concejala Teresa Porras (PP) por un supuesto delito contra la libertad sindical o, en su defecto, de coacciones,  tras la denuncia presentada por la sección sindical de STAL en el Ayuntamiento de Málaga en relación con el conflicto laboral de Limasa

“Hemos interpuesto la demanda en el Juzgado de lo Social por la acuciante falta de  información. No tenemos acceso a los acuerdos de la Junta de Gobierno ni podemos ser oyentes en las negociaciones”, indica Morales. La sección sindical de STAL en el Ayuntamiento de la capital interpuso la denuncia contra Porras “al considerar que la edila presuntamente trató de eliminarlo al ser ‘una presencia incómoda, tanto para Limasa como para el Ayuntamiento’”, según ‘La Opinión’

28/05/19. 
Opinión. “El PP y los sindicatos mayoritarios, concretamente CCOO, UGT y ASED (Asociación Sindicalismo Diputación) tienen un cortijo montado en la Diputación de Málaga”, asegura Francisco Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Administración Local (STAL) en el ente provincial. Morales, en representación de STAL, presentó el pasado viernes en el Juzgado...

...de lo Social una demanda (AQUÍ) contra la Diputación de Málaga que dirige el popular Francisco Salado (PP) así como contra el comité de empresa, la junta de personal y la mesa general de negociación por la “vulneración de derechos sindicales” que aseguran vienen sufriendo desde hace años. “Nos han ido anulando por hacer preguntas incómodas”, indica Morales. El secretario general de STAL en la Diputación de Málaga, que cuenta con un delegado en el comité de empresa –UGT tiene seis, CCOO: tres, ADED: dos, ATD: uno y STAL: uno-, asegura que “hay muchos temas que se deberían de tratar en la junta de personal y en el comité de empresa pero lo hacen en la mesa general de negociación donde no nos dejan acudir ni como oyentes, nos echan fuera de un plumazo”. STAL no cuenta con presencia en la junta de personal, que está compuesta por siete miembros de UGT, seis de CCOO, cinco de ASED, dos miembros de ATD 1 y uno de CGT. “Hemos interpuesto la demanda en el Juzgado de lo Social por la acuciante falta de información. No tenemos acceso a los acuerdos de la Junta de Gobierno ni podemos ser oyentes en las negociaciones. Esto es una persecución que viene de atrás”, indica Morales. En los próximos días esta revista se hará eco en detalle de los motivos que han llevado a este sindicato a presentar la demanda. Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

EL sindicato recoge en su escrito que “se ha producido un continuo hostigamiento y una marginación hacia la sección sindical de STAL en sus derechos al ejercicio de la libertad sindical”. Lo que se ha traducido en la “vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical en su vertiente de derecho de acción sindical y derecho a información”.


“EL PP lo que hace para eliminarnos como sindicato es dejar sin contenido a los dos órganos de máxima representación de los trabajadores, la junta de personal, que es el órgano de representación colectiva de los funcionarios de carrera e interinos y el comité de empresa, órgano de representación de los trabajadores en régimen laboral de la Diputación de Málaga. STAL tiene un delegado en el comité de empresa. Todos los asuntos se tratan en la mesa general de negociación, donde los sindicatos que tienen voz y voto tienen que tener al menor el 10% de representación en la junta de personal y en el comité de empresa. Antes nos dejaban estar como oyentes en la mesa. Pero hace tiempo que no es así”, explica Morales. Que añade que “el sindicato ATD (Ahora Tus Derechos), tampoco tiene el 10% de representación pero sí participa de oyente en la mesa porque se lleva bien con el resto de sindicatos y con la corporación. Cómo no ha hecho preguntas incómodas…”.


EL secretario general de STAL en el ente provincial indica que “como sindicato tenemos derecho a una información que no recibimos. Con un delegado de personal electo que tenemos en el comité de empresa, no nos dejan participar en nada. STAL ahora no está presente en nada que se vaya a negociar en lo referente a los trabajadores. Muchos temas deberían tratarse en la junta de personal y en el comité de empresa pero no es así. Se tratan en la mesa general de negociación y cuando solicitamos las actas de dicho encuentro las recibimos a los dos meses. Todo esto conlleva una clara discriminación. Se nos hace cuesta arriba todo lo que un sindicato puede hacer en su labor”.


LA Fiscalía investiga a Teresa Porras (PP) concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, y del Distrito número 6, Cruz de Humilladero, por un supuesto delito contra la libertad sindical o, en su defecto, de coacciones,  tras la denuncia presentada por la sección sindical de STAL en el Ayuntamiento de Málaga en relación con el conflicto laboral de Limasa. La sección sindical de STAL en el Consistorio de la capital interpuso la denuncia contra Porras en abril “al considerar que la edila presuntamente trató de eliminarlo al ser ‘una presencia incómoda, tanto para Limasa como para el Ayuntamiento’”, según La Opinión (AQUÍ).

SEGÚN explica la cabecera malagueña (AQUÍ), el STAL, pese a no tener representación en el comité de empresa de Limasa, “fue el sindicato que promovió una demanda de conflicto colectivo que llegó hasta el Tribunal Supremo logrando que este ratificase la sentencia del TSJA que fijaba el convenio colectivo de 2010/2012 como único a aplicar y obligaba a la empresa a reponer a los trabajadores los derechos y condiciones laborales fijadas en dicho convenio. Gracias a esta sentencia, todos los empleados de Limasa podrán presentar demandas de reclamación de cantidad, con bastante garantía de éxito, que oscilarán entre los 15.000 y los 20.000 euros por trabajador en concepto de atrasos de los últimos siete años. Es por ello, según el escrito de denuncia presentado en Fiscalía, que el sindicato se habría convertido en una organización ‘incómoda’ para la concejala, que, al menos en una reunión oficial mantenida con el comité de empresa, siempre según ese escrito llevado al ministerio público, expresó que a esta plataforma hay que ‘cargársela y quitarla de en medio’”.

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