AUDIO. “‘No vas a estar tranquilo ni una puta hora’”, me dijo José Galisteo, trabajador de la Diputación”. Siete personas se sentaron en el banquillo el día 16 demayo, entre ellas cargos de confianza del PP y miembros de UGT y CCOO en Diputación, según  Morales. “El motivo de las amenazas fue que el sindicato interpuso en 2015 un recurso contencioso-administrativo contra el proceso de Consolidación de Empleo Temporal de 2006 de la Diputación”

El 7 de marzo de 2016 unos 60 trabajadores acudieron a la sede del Sindicato de Trabajadores de Administración Local (STAL) en la Diputación de Málaga. Según explica Morales, Miguel Nieto, en aquel entonces funcionario interino que se presentó al proceso de consolidación de empleo y que ya tiene su plaza, es quien le dice que le “van a reventar la cara”

“En 2015 interpusimos el recurso contencioso-administrativo, que pasó a convertirse en uno por cada categoría laboral, porque considerábamos que la convocatoria de los puestos se estaba haciendo de forma arbitraria, a medida de las personas interesadas, como consecuencia de un mercadeo político-sindical”, indica Morales. “En mayo de 2016 decidimos mediante votación retirar los recursos ante la insostenible situación”

“Amparo Bianchi, que era jefa de servicio de RR.HH nombrada ‘a dedo’ por el PP y abogada interina, formó parte de la mesa general de negociación en la que se establecían los criterios de la oferta a la que se presentó meses después para consolidar su puesto”, asegura Morales, que indica que Bianchi es ahora jefa de Presidencia nombrada ‘a dedo’ por el PP

“¿Tú que pretendes, la pureza del proceso?”. “Esto es lo que dice Conchi Serrano en el audio. Ella era entonces funcionaria interina ocupando plaza de abogada y se presentó al proceso de consolidación, consiguiendo el puesto. Ahora es jefa de servicio Jurídico elegida ‘a dedo’ por el PP. La Diputación la nombró en 2015 abogada para la defensa en el procedimiento siendo ella parte implicada en el mismo. Es la primera que vino a pedirnos que retirásemos el contencioso y que puso en cuestión la ‘pureza’ del proceso”, indica Morales

29/05/19. 
Opinión. “¿Qué quieres? ¿Que vayamos a tu casa a hacerte escrache todos los días? ¿Que te demos por culo, que te reventemos la cara? ¿Es lo que quieres?”. Amenazas que asegura recibió Francisco Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Administración Local en la Diputación de Málaga, de un empleado del ente provincial, Miguel Nieto...

...Fue el 7 de marzo de 2016 y las palabras pueden escucharse en un audio grabado por Morales que ha sido aportado en el proceso judicial que aún sigue abierto (AQUÍ). “‘No vas a estar tranquilo ni una puta hora’”, me dijo José Galisteo, trabajador de la Diputación”. Unas palabras que pueden escucharse AQUÍ. Morales, que interpuso el pasado vienes una demanda contra la Diputación que dirige el popular Francisco Salado (PP) por la “vulneración de derechos sindicales” que aseguran vienen sufriendo desde hace años (AQUÍ), relata las amenazas y coacciones que recibieron él y Miguel Medina, secretario de organización de STAL, al interponer en 2015 un recurso contencioso-administrativo contra la Consolidación de Empleo Temporal de 2006 de la Diputación de Málaga, que abarca 364 puestos de trabajo. Unas amenazas por las que siete personas, entre ellas cargos de confianza del PP y miembros de UGT y CCOO, se sentaron en el banquillo el pasado jueves. Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

MORALES, que es trabajador funcionario del CEDMA (Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga), denunciaba ayer en esta revista que “el PP y los sindicatos mayoritarios tienen un cortijo montado en la Diputación de Málaga”. Hoy explica los motivos que llevaron a su organización a presentar el pasado viernes una demanda en el Juzgado de lo Social de Málaga denunciando  el “continuo hostigamiento y una marginación hacia la sección sindical de STAL en sus derechos al ejercicio de la libertad sindical”. Una demanda  (AQUÍ) interpuesta contra la Diputación de Málaga, cuyo presidente es el popular Francisco Salado (PP), sucesor de Elías Bendodo, que ocupó el cargo desde 2011 hasta su reciente marcha al Gobierno de la Junta de Andalucía, así como contra el comité de empresa, la junta de personal y la mesa general de negociación.


EL secretario general de STAL explica que “en 2015 interpusimos un recurso contencioso-administrativo contra la Diputación de Málaga (AQUÍ) porque considerábamos que la convocatoria de los puestos de la Consolidación de Empleo Temporal de 2006 del ente provincial se estaba haciendo de forma arbitraria, a medida de las personas interesadas, como consecuencia de un mercadeo político-sindical. Un recurso que se dividió en varios, uno por cada categoría laboral”.


MORALES pone algunos ejemplos de por qué a su juicio se estaban produciendo presuntas irregularidades. “Amparo Bianchi, que era jefa de servicio de Recursos Humanos nombrada ‘a dedo’ por el PP y abogada interina, formó parte de la mesa general de negociación en la que se establecían los criterios de la oferta a la que se presentó meses después, cuando ya no era jefa de servicio de RR.HH, para consolidar su puesto de abogada”, asegura Morales, que indica que Bianchi es ahora jefa de Presidencia, cargo de confianza, nombrada ‘a dedo’, por el PP.

“PARA cada puesto se decidía de forma arbitraria, según convenía, si la tercera prueba de la oposición era un caso práctico o la defensa de una memoria. En el caso de la memoria, el candidato la prepara en su casa y luego la expone frente a un tribunal. Los casos prácticos son un examen, por lo que parece más asequible la presentación de una memoria”, explica Morales. “Cuando pedíamos explicaciones sobre cómo y por qué se decidía qué modalidad se escogía para cada categoría, para cada puesto, nos decían que así se había decidido en mesa técnica, compuesta por personal de la Diputación y por miembros de los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y ASED. Una mesa de la que no había actas y por tanto no podíamos saber qué se decía en ellas”.


EL 7 de marzo de 2016 unos 60 trabajadores del ente provincial acudieron a la sede del Sindicato de Trabajadores de Administración Local (STAL) en la Diputación de Málaga. Según explica Morales, Miguel Nieto, en aquel entonces funcionario interino que se presentó al proceso de consolidación de empleo y que actualmente tiene su plaza como auxiliar administrativo, es quien dice las amenazas. “Me dijo que qué quería, ¿que me reventasen la cara?. Es una de las voces del audio que se identificó en el juicio celebrado el pasado jueves 16 de mayo. José Galisteo, un compañero del CEDMA, me dijo que ‘no iba a estar tranquilo ni una puta hora’. Se trata de personas que ya se habían examinado o que habían consolidado la plaza, unas 90, de un total de 364 puestos. Si los contenciosos seguía adelante podían perder sus plazas consolidadas”, indica Morales.

A raíz de aquella tensa situación, el secretario general de STAL asegura que estuvo “muy mal, me di de baja unos dos meses. Mi compañero, Miguel Medina, secretario de organización de STAL, tuvo que ir a urgencias después de lo que vivimos aquel 7 de marzo”. Y añade que “el hostigamiento y acoso a los afiliados de STAL por parte de otros compañeros del ente provincial hizo que muchos empezaran a darse de baja del sindicato. En mayo de 2016 finalmente decidimos mediante votación retirar los recursos contencioso-administrativos que habíamos interpuesto un año atrás ante la insostenible situación. Precisamente junto a las amenazas y coacciones también denunciamos un presunto delito de administración de justicia. Ya que retiramos los contencioso-administrativos por el acoso y derribo que sufría el sindicato y sus afiliados. El juez considera que no se produjo ese delito porque en el acta de la reunión en la que se votó la retirada de las acciones legales no se habla de que los motivos fueran las amenazas y la insostenible situación que vivíamos. Las amenazas y coacciones se consideran una falta leve y estamos a la espera de que se dicte sentencia”.


CARGOS de confianza del PP en Diputación aparecen en el audio de aquel 7 de marzo de 2016, según explica Morales. “¿Qué pretendes, la pureza del proceso?”. “Esto es lo que dice Conchi Serrano en la grabación (AQUÍ). Ella era entonces funcionaria interina ocupando plaza de abogada y se presentó al proceso de consolidación, consiguiendo el puesto. Ahora es jefa de servicio Jurídico nombrada ‘a dedo’ por el PP. La Diputación la nombró en 2015 abogada para la defensa en el procedimiento siendo ella parte implicada en el mismo. Es la primera que vino a pedirnos que retirásemos los recursos contencioso-administrativos. En el audio se puede escuchar como puso en cuestión el proceso (AQUÍ)”, indica Morales.

“AMPARO Bianchi, actualmente jefa de Presidencia, cargo de confianza, nombrada ‘a dedo’ por el PP, también acudió a la sede de STAL aquel 7 de marzo. Dijo que no estaba de acuerdo con lo que habíamos hecho y que estaban en juego sus puestos de trabajo, al igual que los nuestros, porque las plazas para consolidar nuestros empleos aún no se habían convocado (AQUÍ). Los recursos contencioso-administrativos incluían a aquellas categorías que se habían convocado y a los puestos que se habían consolidado antes de su presentación”, explica Morales.

EN cuanto a los sindicalistas que acudieron el pasado 16 de mayo al Juzgado de lo Penal Número 3 como acusados por coacciones y amenazas, Morales explica que “se trata de Antonio Vázquez, antiguo secretario general de UGT en la Diputación de Málaga e Irene Barrera, actual secretaria general de este sindicato que en aquel entonces era presidenta del comité de empresa. También está Javier Ordóñez, delegado sindical de CCOO en el ente provincial”.


BIANCHI, (la segunda por la izquierda en la imagen) íntima amiga del exconcejal popular Federico Beltrán y presidente de Famadesa (AQUÍ), empresa de la industria cárnica, (el primero por la izquierda) fue la encargada de realizar el informe ‘imparcial’ encargado a los servicios jurídicos de la Diputación de Málaga sobre si Marina Bravo cometió alguna ilegalidad con los contratos con la empresa de su cuñado, ‘Tu Imagina’. La diputada popular realizó 20 contratos por valor de 200.000 euros a la empresa de su cuñado donde además trabajaba su pareja (AQUÍ). Finalmente la justicia archivó el caso de Bravo en septiembre.

BIANCHI, licenciada en Derecho, elaboró el 15 de febrero de 2012 como jefa de servicio de Recursos Humanos de la Diputación el informe favorable para levantar un reparo del interventor (AQUÍ) y que la Diputación pagase con dinero público dos másteres por valor de 14.500 euros en beneficio de Francisco Oblaré, entonces vicepresidente del ente, y de Ana Carmen Mata, entonces vicepresidenta tercera. Un asunto que saltó a los medios nacionales (AQUÍ).

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