El pasado mayo se celebró el juicio por el que siete trabajadores de la Diputación de Málaga, entre ellos cargos de confianza del PP y miembros de UGT y CCOO en la institución, fueron acusados de presuntos delitos de amenazas y coacciones hacia el Sindicato de Trabajadores de Administración Local (STAL). Ahora se conoce la sentencia

Solo una persona ha sido condenada por la jueza. El motivo de estas presuntas amenazas fue que el sindicato STAL interpuso en 2015 un recurso contencioso-administrativo contra el proceso de Consolidación de Empleo Temporal de 2006 de la Diputación

Según los denunciantes el 7 de marzo de 2016 unos 60 trabajadores acudieron a la sede del Sindicato de Trabajadores de Administración Local (STAL) en la Diputación de Málaga a exigirle que retiraran la demanda bajo insultos y amenazas. Todo fue grabado en audio

A pesar de contar con una grabación en la que se escucha frases como “¿Qué quieres? ¿Que vayamos a tu casa a hacerte escrache todos los días? ¿Que te demos por culo, que te reventemos la cara?”; “No vas a estar tranquilo ni una puta hora”; “¿Tú que pretendes, la pureza del proceso?”, el juez solo condena a Miguel Nieto, empleado del ente provincial

14/11/19. 
Opinión. “Me he sentido desamparado por la justicia durante estos tres años de proceso. Encima ahora solo una persona ha sido condenada por las amenazas, insultos y coacciones que recibimos mi compañero y yo. Creo que es del todo injusto que se vayan de rositas los de siempre. Los superjefes y los secretarios generales. Vamos a recurrir. A día de hoy seguimos sufriendo las...

...consecuencias de lo que vivimos”, estima Francisco Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Administración Local (STAL) de la Diputación de Málaga. Lo dice después de conocer la sentencia realizada por el juzgado de instrucción número 3 de Málaga (y a la que ha tenido acceso esta revista), tras el juicio que se celebró el pasado mes de mayo, por el cual siete trabajadores de la Diputación provincial (Miguel Nieto Villena, José Pérez Galisteo, Amparo Bianchi, Concepción Serrano Luque, Irene Barrera Espósito, Francisco Javier Ordóñez Delgado, Antonio Vázquez Cervilla), entre ellos cargos de confianza del Partido Popular y miembros de UGT y CCOO en la institución, fueron acusados de presuntos delitos de amenazas y coacciones hacia el STAL (AQUÍ). El motivo de estas presuntas amenazas fue que el sindicato STAL interpuso en 2015 un recurso contencioso-administrativo contra el proceso de Consolidación de Empleo Temporal de 2006 de la Diputación. A pesar de contar con una grabación en la que se escuchan gritos, expresiones intimidatorias e insultos hacia los denunciantes, Francisco Morales y su compañero Miguel Medina, la jueza solo condena a Miguel Nieto Villena como autor responsable por un delito leve de amenazas, por el cual tendrá que afrontar una multa de tres meses a razón de 10 euros de cuota diaria (900 euros) y al pago de las costas del procedimiento. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

Tal
y como informó EL OBSERVADOR, a través de uno de los denunciantes, Francisco Morales, en 2015 el sindicato interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Diputación de Málaga (AQUÍ) porque “considerábamos que la convocatoria de los puestos de la Consolidación de Empleo Temporal de 2006 del ente provincial se estaba haciendo de forma arbitraria, a medida de las personas interesadas, como consecuencia de un mercadeo político-sindical. Un recurso que se dividió en varios, uno por cada categoría laboral”. Como ejemplo de estas presuntas irregularidades, Morales señalaba: “Amparo Bianchi, que era jefa de servicio de Recursos Humanos nombrada ‘a dedo’ por el PP y abogada interina, formó parte de la mesa general de negociación en la que se establecían los criterios de la oferta a la que se presentó meses después, cuando ya no era jefa de servicio de RR.HH, para consolidar su puesto de abogada”. Actualmente Bianchi es jefa de Presidencia cargo de confianza, nombrada ‘a dedo’, por el PP.


“Para cada puesto se decidía de forma arbitraria, según convenía, si la tercera prueba de la oposición era un caso práctico o la defensa de una memoria. En el caso de la memoria, el candidato la prepara en su casa y luego la expone frente a un tribunal. Los casos prácticos son un examen, por lo que parece más asequible la presentación de una memoria”, explicaba el pasado mayo Morales. “Cuando pedíamos explicaciones sobre cómo y por qué se decidía qué modalidad se escogía para cada categoría, para cada puesto, nos decían que así se había decidido en mesa técnica, compuesta por personal de la Diputación y por miembros de los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y ASED. Una mesa de la que no había actas y por tanto no podíamos saber qué se decía en ellas”.

Los hechos por los que estos siete trabajadores de la Diputación se tuvieron que sentar en el banquillo ocurrieron el pasado 7 de marzo de 2016. Unos 60 trabajadores deel ente provincial acudieron a la sede del Sindicato de Trabajadores de Administración Local (STAL) en la Diputación de Málaga. Según explica Morales, Miguel Nieto, en aquel entonces funcionario interino que se presentó al proceso de consolidación de empleo y que actualmente tiene su plaza como auxiliar administrativo, es quien dice las amenazas. “Me dijo que qué quería, ¿que me reventasen la cara? Es una de las voces del audio que se identificó en el juicio celebrado el pasado jueves 16 de mayo. José Galisteo, un compañero del CEDMA, me dijo que ‘no iba a estar tranquilo ni una puta hora’. Se trata de personas que ya se habían examinado o que habían consolidado la plaza, unas 90, de un total de 364 puestos. Si los contenciosos seguía adelante podían perder sus plazas consolidadas”, indica Morales.


A raíz de aquella tensa situación, el secretario general de STAL asegura que estuvo “muy mal, me di de baja unos dos meses. Mi compañero, Miguel Medina, secretario de organización de STAL, tuvo que ir a urgencias después de lo que vivimos aquel 7 de marzo”. Y añade que “el hostigamiento y acoso a los afiliados de STAL por parte de otros compañeros del ente provincial hizo que muchos empezaran a darse de baja del sindicato. En mayo de 2016 finalmente decidimos mediante votación retirar los recursos contencioso-administrativos que habíamos interpuesto un año atrás ante la insostenible situación. Precisamente junto a las amenazas y coacciones también denunciamos un presunto delito de administración de justicia. Ya que retiramos los contencioso-administrativos por el acoso y derribo que sufría el sindicato y sus afiliados. El juez considera que no se produjo ese delito porque en el acta de la reunión en la que se votó la retirada de las acciones legales no se habla de que los motivos fueran las amenazas y la insostenible situación que vivíamos. Las amenazas y coacciones se consideran una falta leve y estamos a la espera de que se dicte sentencia”.

Cargos
de confianza del PP en Diputación aparecen en el audio de aquel 7 de marzo de 2016, según explica Morales. “¿Qué pretendes, la pureza del proceso?”. “Esto es lo que dice Conchi Serrano en la grabación (AQUÍ). Ella era entonces funcionaria interina ocupando plaza de abogada y se presentó al proceso de consolidación, consiguiendo el puesto. Ahora es jefa de servicio Jurídico nombrada ‘a dedo’ por el PP. La Diputación la nombró en 2015 abogada para la defensa en el procedimiento siendo ella parte implicada en el mismo. Es la primera que vino a pedirnos que retirásemos los recursos contencioso-administrativos. En el audio se puede escuchar como puso en cuestión el proceso (AQUÍ)”, indica Morales.


Además, después de esta situación, el sindicato minoritario STAL denunció sufrir “acoso y derribo” por parte de la Diputación de Málaga, que preside Francisco Salado, tras el mandato de Elías Bendodo. Por este motivo presentaron una demanda contra el ente por “vulneración de derechos sindicales” (AQUÍ). A día de hoy el sindicato ha dejado de tener representación en la Junta Personal, aunque sí sigue teniendo en el comité de empresa de la Diputación. “Lo que vivimos fue demasiado fuerte. Nos quedamos sin fuerzas”, concluye Francisco Morales.

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