La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga no ejecutó demoliciones hasta que la Guardia Civil intervino en 2009 en un caso de corrupción urbanística en Almogía

delatorre_diazguirado02/03/11. Urbanismo. El procedimiento habitual que ha seguido la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga cuando se certificaba una ilegalidad era dictar una orden de derribo. Ahora bien, si el infractor no acometía esta demolición, el Consistorio tampoco se hacía cargo de forma subsidiaria...

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga no ejecutó demoliciones hasta que la Guardia Civil intervino en 2009 en un caso de corrupción urbanística en Almogía

delatorre_diazguirado02/03/11. Urbanismo. El procedimiento habitual que ha seguido la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga cuando se certificaba una ilegalidad era dictar una orden de derribo. Ahora bien, si el infractor no acometía esta demolición, el Consistorio tampoco se hacía cargo de forma subsidiaria. Existen, no cientos, sino “miles”, de archivos que prueban este proceder, indican fuentes de la GMU a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La operación contra la corrupción urbanística realizada por la Guardia Civil en el municipio vecino de Almogía en octubre de 2009 hizo cambiar esta tendencia del departamento de Disciplina Urbanística. Al frente de esta sección encontramos a dos mujeres, Esther Sedano y Teresa Domingo, con vínculos familiares con altos cargos del Ayuntamiento de Málaga y del Partido Popular, que fueron ascendidas “a dedo” por el actual concejal del área, Manuel Díaz, y que son las responsables de ‘resucitar’ la orden de derribo que pesaba desde hace 16 años sobre unas escaleras construidas en la casa de los padres del edil del PSOE en la oposición Sergio Brenes.

EN
la última reorganización del organigrama de la Gerencia Municipal de Urbanismo llevada a cabo de 2009, el departamento de Disciplina Urbanística sufre dos significativos cambios. Esther Sedano, cuñada del coordinador general gerente del Ayuntamiento de Málaga, Javier Ferrer -que con anterioridad había asumido el puesto que Ferrer dejó vacante por excedencia en el Servicio de Planeamiento-, es ascendida a jefa de servicio. Otro ascenso lo protagoniza Teresa Domingo, cuñada del ex senador del Partido Popular Damián Caneda, que asume la dirección de este departamento. Ya entonces el comité de empresa de la GMU censuró el que estos puestos se asignaran a dedo y que el procedimiento beneficiara a personas afines al gobierno local del PP.

LOS nombramientos producen además fuertes tensiones internas, tanto con la jefa de la sección administrativa de Inspecciones Urbanísticas, Nieves Mateo Andrade, funcionaria que optaba y aspiraba a estos puestos que finalmente son designados ‘a dedo’; como con el jefe técnico de sección, Miguel Moya, que tras tener varios enfrentamientos con la nueva dirección, decide voluntariamente apartarse de la controversia e influencias políticas que afectan al cargo y rebajar su puesto al de técnico de inspección.

LAS luchas por el control de la Gerencia se reproducen también en las elecciones para la composición del comité de empresa, tradicionalmente manuel_diaz.jpgdominado por CCOO y que viene marcando una línea de acción que no ahorra críticas ni se amedrenta en tomar acciones judiciales en asuntos como los honorarios de los directivos. Celebradas el pasado mes de diciembre, CCOO vuelve a ser elegido el sindicato mayoritario del comité de los trabajadores de esta Gerencia, donde sin embargo entran cuatro trabajadores del llamado grupo TECS –entre ellos la arquitecta M.W. y el abogado P. D- de la lista apoyada y dirigida por el concejal Manuel Díaz, que de hecho intento una fusión fallida de este grupo con el CSIF. Todas las fuentes internas de la GMU señalan que estas personas están 'destinadas' a seguir ocupando plazas asignadas ‘a dedo’ en la institución pública.

ES Díaz la persona en la que recaen las críticas de los trabajadores por todos estos movimientos que tratan de atar el control político de la institución. Por otra parte, estas protestas internas conviven con las quejas que promotores y constructores realizan al concejal de Urbanismo por su incapacidad para dar respuestas. “Es incapaz de tomar una de decisión por sí mismo, cualquier paso que da tiene que consultarlo antes con el alcalde. Hemos tenido reuniones con él que no han servido para nada”, indicaba un directivo de una firma constructora a EL OBSERVADOR, que no entendía cómo alguien con este perfil podía estar al mando de un equipo humano de casi 400 personas.

AYER mismo, fuentes del comité de empresa de la GMU, señalaban a EL OBSERVADOR  que el departamento de Disciplina Urbanística con cinco jefes para 13 trabajadores de base, alberga y representa los mismos problemas que en su día denunciaron: jefaturas sobredimensionadas con puestos directivos doblados e injerencias de índole política en la toma de decisiones.

EN el último pleno municipal del Ayuntamiento de Málaga celebrado el pasado jueves, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, carga contra el edil del PSOE Sergio Brenes enarbolando una orden de derribo dictada por la GMU contra la casa del padre del edil socialista hace quince años. Mediante una moción de urgencia le insta a que derribe una escalera construida de forma ilegal sobre la acera. En el ‘rescate’ de este archivo que ha dormido en el cajón durante los últimos tres lustros encontramos, por las propias responsabilidades derivadas de sus cargos, a Esther Sedano y Teresa Domingo.

FRANCISCO de la Torre se convierte en alcalde en Málaga en 1999,sede_urbanismo.jpg y es en noviembre de 2009 la primera vez que se informa con detalle e imágenes de demoliciones llevadas a cabo por el Consistorio por infracciones urbanísticas. Fuentes internas del propio Consistorio no recuerdan casos similares de esta clase de derribos en la década 1999-2009. La razón es que hasta entonces el procedimiento habitual y las instrucciones que se habían seguido en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga cuando se certificaba una ilegalidad eran las de dictar una orden de derribo cuando correspondía. Sin embargo, si el infractor no acometía esta demolición, el Consistorio tampoco se hacía cargo de forma subsidiaria.

¿CUÁNTAS órdenes de derribo similares a la emitida contra el padre del concejal Sergio Brenes están archivadas en la Gerencia de Urbanismo de Málaga y sin ejecutarse? “Buf… cientos, si no miles”, señalan otras fuentes de Urbanismo que explican cómo “el punto de inflexión llega con lo ocurrido en Almogía –se refiere a la operación de la Guardia Civil contra la corrupción urbanística realizada en este municipio malagueño en octubre de 2009- cuando se percatan de lo que puede derivarse judicialmente con este modo de proceder”. Si atendemos a las fechas, se comprueba cómo unas semanas después de esta operación, el Ayuntamiento de Málaga distribuye la fotografía de la primera demolición de una vivienda ilegal realizada en una década.

HASTA entonces, la permisividad y manga ancha habían sido la norma en lo que a disciplina urbanística se refiere. Es más, en una de sus visitas a la Gerencia Municipal de Urbanismo hace un año,
EL OBSERVADOR fue informado por técnicos de esta oficina que la GMU no actúa de oficio en contra de irregularidades urbanísticas a no ser que exista una denuncia o queja oficial al respecto.

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