Un presunto despido pactado del anterior secretario y un presunto fraude de prestaciones a la Seguridad Social son algunos de las irregularidades denunciadas y que serian determinantes para permitir la contratación, del compañero de partido de Carlos Rubio, mediante un concurso a medida

EL OBSERVADOR ya adelantó que el presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio (PP), había despedido al actual secretario de la Autoridad Portuaria y que en la lista de candidatos al puesto figuraba Carmelo San Martín, que era quién lo iba a sustituir, como así parece que será


Para poder realizar esta colocación a dedo, Carlos Rubio imita lo que hizo el alcalde de Málaga con el secretario del Ayuntamiento. Despide al actual para poder elegir otro a dedo. La intención es dejar ‘para siempre’ a alguien ‘fiel’ en el puesto, algo que ocurrirá al ser San Martín funcionario

El que será nuevo secretario, San Martín, alguien de la confianza de Bendodo y del PP, es compañero de partido. Compartió con Rubio una etapa como Subdelegados del Gobierno. Él en Huelva y el actual presidente del Puerto en Málaga

17/03/21. Opinión. UGT denuncia presuntas irregularidades en el despido del Secretario y jefe de departamento de Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Málaga, Antonio Rodríguez Cadaval. El sindicato ha dado cuenta a la Inspección de Trabajo de los hechos y la denuncia podría afectar al concurso público realizado por el Puerto, ad hoc, para colocar ‘a dedo’ en el puesto a Carmelo San Martín (PP), amigo del actual...

...presidente, Carlos Rubio (PP). Informa EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

Un presunto despido pactado y un presunto fraude de prestaciones a la Seguridad Social son algunos de las irregularidades denunciadas y que serian determinantes para permitir la contratación, del compañero de partido de Carlos Rubio, mediante un concurso a medida.



De demostrarse estos hechos ante la autoridad laboral, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Rubio (PP) y sus colaboradores en este asunto podrían enfrentarse a un presunto delito de Fraude de Prestaciones de la Seguridad Social (art. 307 ter del Código Penal). Además, los despidos pactados conllevan la consideración de una Infracción muy grave en virtud de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), en cuyo texto se recoge en el art. 23 la imposición de sanciones económicas de entre 6.251 a 187.515 euros por este tipo de infracciones. La Autoridad Portuaria de Málaga podría considerarse igualmente responsable penal conforme el art. 31 bis del Código Penal en virtud del cual se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Estas irregularidades denunciadas se cometieron presuntamente para dejar sitio en el Puerto de Málaga a otro compañero del Partido Popular. Como ya realizó, el propio Carlos Rubio, en octubre de 2019 en el caso de la actual gerente de Malagaport, la empresa que lleva las relaciones públicas del presidente y del Puerto, Pilar Fernández-Fígares (AQUÍ y AQUÍ) realizando un concurso público, a medida y con solo tres días para inscribirse y aportar documentación, e incumpliendo, por tanto, el Estatuto Básico del Empleado Público.

Como ya informó EL OBSERVADOR (AQUí), esta convocatoria a la que se refiere la denuncia es de un Concurso-Oposición de Movilidad Interadministrativa para personal del sector público, para optar al puesto de Secretaria General y Servicios Comunes de la Autoridad Portuaria, y se confirma que Carmelo San Martín opta a dicha plaza únicamente junto con otra aspirante. La lista definitiva se publicó en el Tablón de Anuncios de la Autoridad Portuaria el pasado 17 de febrero. Para poder realizar dicha convocatoria pública (AQUÍ) todo apunta a que Carlos Rubio, debió pactar con el anterior Secretario, Antonio Rodríguez Cadaval, su despido, bajo la modalidad de despido por causas organizativas.

El “aspirante” a ocupar la plaza de Secretario del Puerto, ha sido candidato en las listas del Partido Popular a distintas convocatorias en las elecciones autonómicas, y ha venido desarrollando puestos de designación política en la administración pública, llegando a ser designado Subdelegado del Gobierno en Huelva, coincidiendo en ese tiempo con Carlos Rubio que ocupaba esa misma responsabilidad en Málaga. Ambos coinciden en sus simpatías políticas hacia su líder Casado, como se puede comprobar en sus perfiles de Twitter.


Despido de un secretario

El secretario ahora despedido, Rodríguez Cadaval, también lo fue en 2001 y luego readmitido obligatoriamente por sentencia judicial, cuando presentó al entonces presidente del Puerto, Enrique Linde, un informe denunciando las irregularidades observadas en especial en las obras de remodelación del recinto portuario.

Para poder realizar la colocación de San Martín a dedo, Carlos Rubio imita lo que hizo el alcalde de Málaga, De la Torre, con el secretario del Ayuntamiento. Despide al que está para poder elegir otro a dedo. La intención es dejar ‘para siempre’ a alguien ‘fiel’ en el puesto, algo que ocurrirá al ser San Martín funcionario.

El secretario de la Autoridad Portuaria es una ocupación que entre sus funciones asume la responsabilidad de los aspectos jurídicos indispensable para la gestión ordinaria de esta entidad estatal, así como el control jurídico de las licitaciones y concursos que el Puerto convoque, participando y dando fe de las reuniones del consejo de administración de este ente público.

San Martin, Casado y Rubio

Tras el despido, que se preveía, llama poderosamente la atención de que se convocase una plaza de jefatura del departamento de Secretaría General con anterioridad al despido de quien la venía ocupando desde finales de los años 80, el letrado Antonio Rodríguez Cadaval. Convocar una plaza estando ésta ocupada, obviamente no está permitido en la administración pública, y hay que recordar que el concurso-oposición se convoco en noviembre (AQUÍ), y el despido del secretario se ha producido con posterioridad, en el mes de enero.

También se confirma lo ya anunciado previamente por esta revista. La Autoridad Portuaria en su tablón de anuncios, ha publicado (AQUÍ) la lista provisional de candidaturas admitidas; en ella figura Carmelo San Martin, junto a otra aspirante.

Realizar una convocatoria pública de estas características, modificando primero las condiciones del contrato del empleado público que ocupa dicha plaza, estando éste de baja médica, para al final despedirlo por motivos organizativos, vulnera los derechos de dicho ‘empleado público’ y las normas de funcionamiento que deben primar en una entidad con dicho carácter, como la Autoridad Portuaria. Según fuentes sindicales del puerto, están valorando el ámbito de presentación de una denuncia ante las presuntas irregularidades que se hayan cometido.

Esta convocatoria pública ad hoc realizada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, tiene todos los indicios de estar hecha para colocar en el Puerto a otro compañero de partido, tal como ya realizó en octubre de 2019 en el caso de la actual gerente de Malagaport, la empresa encargada de la propaganda y comunicación del ente, Pilar Fernández Figares, (AQUÍ) y (AQUÍ), cuando realizó un concurso público, a medida y con solo tres días de plazo para inscribirse y aportar documentación, e incumpliendo, por tanto, el Estatuto Básico del Empleado Público.

En esta ocasión la convocatoria es de un concurso-oposición de Movilidad Interadministrativa para personal del sector público, para optar al puesto de Secretaria General y Servicios Comunes de la Autoridad Portuaria. Llama la atención que el presidente del Tribunal examinador, sea José Antonio Morillo Velarde, anterior miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y persona clave en la adjudicación a la empresa catarí del trámite administrativo para la concesión de la plataforma portuaria del Dique de Levante, donde se pretende construir el Rascacielos.

El despido del hasta ahora secretario del Puerto, se argumenta en aplicación del Estatuto de los Trabajadores, por causas objetivas ante cambios organizativos, unas causas y unos cambios que llaman poderosamente la atención a la vista del expediente profesional del despedido, y que obligará a la Autoridad Portuaria al desembolso como mínimo de más de 60.000 euros en concepto de indemnización, dada la antigüedad de Antonio Rodríguez Cadaval en ese puesto de secretario.

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