OPINIÓN. Tribuna abierta. Por Ignacio Trillo
Ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y militante del PSOE

24/07/09. Opinión. El POTAUM (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga) aprobado esta misma semana deja la parcela de El Arraijanal, el único tramo sin urbanizar del litoral malagueño, como un espacio reservado para un gran parque metropolitano...

OPINIÓN. Tribuna abierta. Por Ignacio Trillo
Ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y militante del PSOE

24/07/09. Opinión. El POTAUM (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga) aprobado esta misma semana deja la parcela de El Arraijanal, el único tramo sin urbanizar del litoral malagueño, como un espacio reservado para un gran parque metropolitano. Una opción que maldice el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, que quería hacer viviendas residenciales y un puerto deportivo en estos terrenos. El ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, Ignacio Trillo, desmonta en esta colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com los argumentos del edil del Partido Popular, al que invita a ”hacer un paréntesis con esta cuestión en su ardor por el desamor, el agravio y la confrontación con la Junta” para “ponerse a la cabeza de este proyecto de conservación y restauración, sinónimo de respeto ambiental, muestra de preservación de lo que quedará como escaparate del antaño paisaje ribereño y dunar del municipio malagueño”.

Erre que erre con El Arraijanal. El POTAUM da el ‘requiescat in pace’ a la insostenible pretensión municipal

PARA quienes nos movemos a diario entre la saturación constructiva y el colapso circulatorio de nuestro municipio resulta muy difícil compartir las duras manifestaciones del alcalde en su reacción alérgica contra el planteamiento de la Junta de que se califiquen como sistema general los suelos litorales de El Arraijanal, hoy libres de edificación, y sean destinados al uso público a modo de parque marítimo metropolitano. Asimismo, a que el primer edil se oponga, en plena época de crisis económica, a que se lleve a cabo dicha realización utilizando el instrumento urbanístico que no reporta coste alguno para el erario público. Con esta actuación, además, se previene nuestro saturado litoral y área metropolitana que la circunda de nuevas construcciones.

NO se entienden las trabas del alcalde, menos aún su radicalidad ¿El razonamiento?: Lo basa en el “interés general de la ciudad”, en que “rompe el equilibrio del PGOU donde se han hecho unas prioridades de espacio y éste no estaba considerado como prioritario”, en “la invasión de sus competencias” -además interpreta que donde “antes la Junta apoyó que fuera una marina deportiva con una edificabilidad, hoteles y residencial determinada, ahora cambia de criterio”-, y en el “el esfuerzo económico enorme que va a representar para el Ayuntamiento de Málaga”.

NO obstante, antes de entrar a desmontar esa batería de galimatías de tanta pobreza argumental, quisiera recordar cuestiones elementales de nuestro urbanismo que siguen pareciendo extrañas a los inquilinos de la Casona del Parque.  

EL urbanismo nació para armonizar la convivencia de los seres humanos que comparten un mismo espacio donde antes sólo hubo naturaleza: un motivo bien distinto al de anteponer el suelo como negocio mercantil o fuente de financiación conveniada para lo que sea, incluido inversiones en las nuevas infraestructuras que la nueva urbanización va a demandar. Asimismo, los derechos de la propiedad de una finca o parcela, reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, han de ser ejercidos en perfecta concordancia con su función social, no al revés, lo que obliga a un correcto equilibrio, entre el derecho individualizado que asiste a cada propietario, con lo que se plantee y regule adecuadamente en base al interés general. En este sentido, es obligación de los poderes públicos regular la utilización del suelo de acuerdo a que toda la comunidad, no solo los espabilados de turno, participe en las plusvalías que genere la acción urbanística. En desarrollo de este mandato, y desde el entendimiento del urbanismo como una función publica, que no mera suma de iniciativas provenientes de intereses de promotores privados, existen mecanismos de intervención administrativa en el mercado del suelo bien alejados del liberalismo salvaje con que se ha irrumpido especulativamente en muchos casos y del que se ha derivado un modelo desordenado de ciudad que desde el principio hasta el final han acabado sufriendo sus moradores. Por postremo, cuando en determinadas materias del urbanismo se dilucida una concurrencia competencial entre dos administraciones, en unos casos da lugar al ejercicio de la tutela del ente autonómico sobre la municipal, o bien, cuando la indeterminación pudiera llevar a la desprotección de determinados derechos ciudadanos, existen instrumentos de concertación, colaboración y coordinación entre las distintas administraciones para realizaciones de interés público cuya implantación se vea precisa, antes, incluso, de recurrir a otros remedios mayores o excepcionalidades. 

SI estos retazos que emanan de la normativa urbanística en vigor son descifrados conjuntamente para la solución del conflicto surgido entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía sobre los terrenos de El Arraijanal, mucho se puede avanzar. Vayamos ahora a desmontar el razonamiento municipal: 

EL “interés general de la ciudad”. El litoral es un privilegio que no todas las localidades tienen derecho a su disfrute. En el caso del municipio de Málaga, la presión urbanística nos ha llevado a que algo más del 80% de la superficie de la banda que va de 0 a 500 metros a la línea de costa, y que comprende 1.033,03 hectáreas (has.), esté urbanizada (la media del litoral andaluz ocupado en este segmento está en la mitad). En cambio, de 500 a 1.000 metros (1.001,97 has.) la urbanización está en el 40%, y de 1 a 5 kilómetros (9.757 has.) el proceso intervenido ronda el 50% ¿Quién se atreve a desmentir que nuestra presión edificatoria no se encuentre en su mayor medida en la primera línea de nuestro frágil litoral? Basta observarlo a pie o mediante vista aérea. Por tanto, no es de extrañar que haya habido que levantar playas artificiales de difícil estabilización por mor de esa indebida colmatación e invasión edificatoria de la zona costera. De este modo, plantear que El Arraijanal, la mayor zona virgen costera y dunar que con diferencia sobrevive, no es una prioridad para nuestro Ayuntamiento, o que su conservación no responde a un interés público general, es tanto como plantear que nuestro equipo municipal está instalado en el limbo, contraviniendo con ello la supresión vaticana dictaminada por el papa Benedicto XVI hace trece meses. 

“ROMPE el equilibrio del PGOU”, dice el alcalde. De todos es conocidos la chapuza de revisión improvisada que el equipo de gobierno municipal ha hecho en su propuesta de nuevo planeamiento. Lo llevó a cabo con nocturnidad en sus aprobaciones efectuadas a través de sendos plenos celebrados en fechas vacacionales y hasta de Feria. El producto final que se nos ha servido: Puzzle de sumas de convenios con promotores particulares sin tener definido el guión de un modelo de ciudad. Rascacielos que se pretenden alzar en la ciudad consolidada de mayor saturación humana (Carretera de Cádiz y Martiricos, reconocidos hasta en los datos que como propios suministra el Observatorio de Medio Ambiente municipal) y donde a esta altura de la película aún sobre planos unos días las torres suben de pisos y otras mañanas bajan para dar seguridad a los pasajeros de los vuelos del aeropuerto, mientras que a los vecinos que viven a ras de suelo se les hacina aún más o se les complica su movilidad circulatoria por esas zonas colapsadas.

EL concepto que del equilibrio del PGOU tiene el Ayuntamiento de Málaga es por tanto muy inestable. El de la confrontación con las demás administraciones es más perseverante, digamos que constante. Si no, reflexionemos sobre lo que ha hecho esta semana, en plena fase final definitiva de la revisión del PGOU de Málaga por la Junta y en vísperas de la aprobación por el gobierno autonómico del POTAUM (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga), declarando de interés social un flamante macroproyecto hotelero en el suelo no urbanizable al norte de El Limonar Alto y por encima de la ronda de circunvalación. Pero este episodio da para otro artículo.

TAMBIÉN en el caso de El Arraijanal las decisiones del Ayuntamiento han sido igualmente en ese tono antológico. En la aprobación inicial de julio del 2006 de la actual revisión, esta zona aparecía con un puerto deportivo interior y sin viviendas. Dos años después, en la aprobación provisional del mismo documento, la marina había desaparecido y brotaban viviendas, hoteles y comercios ¿Qué equilibrio contiene el PGOU?: ¿el del mago con la chistera? 

“ANTES la Junta apoyó que fuera una marina deportiva con una edificabilidad, hoteles y residencial fijada que ahora cambia de criterio”. Esta tesis es imaginaria, parece más pensada para inflar las expectativas económicas o las compensaciones exigibles por la titularidad del terreno que para hacer posible la realización de un proyecto ambiental. De ahí el sablazo que ya ha hecho público la inmobiliaria que acumula la propiedad del setenta por ciento de las más de cincuenta y dos hectáreas que comprende su superficie. Demanda, ni más ni menos, 300 millones de euros por la superficie del espacio: 821 euros el m2.

HASTA hace un tiempo, esta promotora había fijado en 150 millones lo que iba a invertir: en la construcción de una marina portuaria para el atraque de cerca de mil barcos, canales que llegarían hasta las mil doscientas viviendas a construirse con elevación de entre dos y tres alturas, en los 37.000 m2 edificados de hoteles, en los 12.495 m2 de centros comerciales así como en las infraestructuras y los equipamientos necesarios; es decir, gastaría la mitad de lo que ahora pide como precio del suelo. Redondo negocio para los privados, aunque con estos datos flaco servicio le hace el alcalde a la hacienda pública, al interés general, al ambiental y a la calidad de vida de ese entorno ya de por sí atascado de coches por tierra y ruidoso ante el trasiego aeroportuario que le llega por el aire. Todo ello, cuando en el planeamiento vigente de Málaga, aprobado definitivamente en 1998 por la consejera de Obras Públicas de la Junta, figura que estos suelos en tanto no se programasen quedarían asimilados al no urbanizable (Ver Anexo 1). Además, la oposición a las aspiraciones munícipes y de la titularidad de implantar un modelo desarrollista en ese territorio no sólo encontraron en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, sino también en otros entes autonómicos y estatales informes sectoriales desfavorables( Ver Anexo 2). A la luz de lo antedicho, revisen los propietarios sus pretensiones de precio para que sea acorde con el mercado el valor de adquisición o compensación urbanística por lo público.

“EL esfuerzo económico enorme que va a representar para el ayuntamiento”. Parece que es un lapsus freudiano por no poder cobrar la cantidad conveniada de 28 millones de euros que estipuló el equipo de gobierno a la propiedad de cara a que a que se pudieran construir en estos terrenos 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial. Por el contrario, el buen uso del instrumento urbanístico para la adquisición de estos suelos como patrimonio público es un acto administrativo que puede y debe tener coste cero para el Ayuntamiento y la Junta a la vez que redunda en beneficio de la colectividad. Además, siempre cabe en la negociación de la operación unbanística compensatoria que el Ayuntamiento no pierda ningún euro de esos 28 millones del convenio citado y en cambio no se los tenga que gastar en infraestructuras que el propio desarrollo constructivo, que deja de existir, obligaría. Ahí debía estar presente la buena labor del gobernante local en el pacto a lograr con la Junta y los particulares.

DE todo lo anterior, más lo que amplío en los anexos, al alcalde De la Torre le incumbiría convencerse que desde su azulada etapa como presidente de la Diputación en aquella siniestra España del tardío desarrollismo sesentón, que también tomó el factor ladrillo como motor de crecimiento con aterradoras viviendas que fueron rompiendo el noble paisaje urbano y el rico patrimonio edificatorio heredado, ha sido mucho lo que afortunadamente ha evolucionado el urbanismo en España, hecho que no excluye que se sigan produciendo desmanes a diario. Hoy la trasnochada Malagueta a la que tanto contribuyó en su alzado no es fuente de inspiración de ningún modelo constructivo de litoral más allá del Benidorm de ayer. Entiendo que lo que como urbanizador aprendió de joven le cueste reconvertirlo pero es posible intentarlo al hilo de las nuevas palpitaciones de los tiempos, como invitaba don Eugenio d’Ors. Por ello, quizás le convenga pensar que, al igual que en su privilegiada trayectoria biográfica figuran leales servicios prestados a dos regímenes políticos tan contrapuestos, no estaría de más que, en aras a lo diametralmente diferente que es la Málaga de nuestros días y la sensibilidad de los que la habitamos, se obligara amablemente a dar un paso más. Ese esfuerzo de adaptación, tan consustancial a su personalidad, sigue siendo necesaria que lo aplique en los nuevos vientos que soplan, caracterizados por la sostenibilidad ambiental y la prevención ante el cambio climático, y que nos va a reportar, entre otros, hasta la subida del nivel del mar en nuestro litoral, también en El Arraijanal.

EN consecuencia, ponerse a la cabeza de este proyecto de conservación y restauración de El Arraijanal es sinónimo de respeto ambiental, muestra de preservación de lo que quedará como escaparate del antaño paisaje ribereño y dunar del municipio, aparte de fuente de calidad de vida de igual forma para los que nos han de suceder. El alcalde debería hacer un paréntesis con esta cuestión en su ardor por el desamor, el agravio y la confrontación con la Junta. Con el mismo criterio, no se puede situar al margen de este espacio tan crucial, porque es regidor de todo el municipio y no sólo de su mayor parte. Además, el sostenella y no enmendalla, apoyando en este espacio un proyecto contra el medio ambiente, vulneraría los principios estratégicos de sostenibilidad con los que está ligado el Ayuntamiento de Málaga por acuerdo unánime de varios de sus plenos municipales.

MENOS incluso, un primer edil podría estar ausente de lo que se hiciera en ese estratégico punto geográfico donde se ubicaría el parque marítimo si consideramos: que es definitorio para la vertebración de la accesibilidad viaria a nuestra ciudad por el oeste, para la conexión con el área metropolitana de los pujantes municipios del bajo Guadalhorce y del litoral occidental así como espacio de descongestión en ese discurrir continuo de masificación urbanizadora donde el colindante modelo de rebosamiento llamado Torremolinos tampoco es ajeno.

POR ello es exigible que para lo que le queda de legislatura el regidor tome este proyecto como experiencia piloto, modélica e inaugural de una nueva etapa tendente a estrechar la colaboración leal entre las dos administraciones. Así se podría llegar al buen fin no solo de este equipamiento público sino de otros proyectos atascados por la confrontación. Sería un noble gesto Político, con P mayúscula, del alcalde, merecedor de pasar a las postrimerías, en el sentido cinéfilo de que se divulgue que siempre nos quedará El Arraijanal como futuro central park marítimo y metropolitano de la ciudad de Málaga. Rectificar es de sabios; colabore, señor De la Torre, en esa loable tarea.

ANEXOS

(1) La calificación "urbanizable no programado" la arrastran los terrenos de el Arraijanal desde el PGOU de 1983. Sin embargo, nunca se tramitó y desarrolló proyecto concreto en ese espacio. Entre tanto, el texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 asoció el citado urbanizable, en tanto no se hubiera programado, a las mismas limitaciones que el no urbanizable.  

En el PGOU de 1998, en contra de lo que se dice por parte del Ayuntamiento, no se aprobó por la Junta nada en El Arraijanal sino que se dejaron suspendidas sus indeterminaciones urbanísticas y portuarias, debido al mero carácter orientativo, sin definiciones precisas, con el que figuraba. Así, esta teórica actuación no encontró viabilidad ambiental en la declaración que hizo la Junta a esa revisión del planeamiento, simplemente porque no se pudo evaluar al no estar suficientemente precisada y proyectada. A la vez, la Junta planteó en su aprobación definitiva a este PGOU de 1998 que la incorporación futura de un proyecto en El Arraijanal sólo se podría efectuar, no a través de una modificación de elementos, sino en una revisión del propio Plan, lo que conllevaría la consiguiente obligatoriedad de la declaración de impacto ambiental.

En este sentido, a instancia escrita de la mayor titularidad de la terrenos, la promotora inmobiliaria, a finales de 1998, pocos meses después de la aprobación definitiva del Plan, se llevaron a cabo por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta las consultas previas y se evacuaron los informes sectoriales para dar paso a que se estudiaran las afecciones ambientales sobre lo que allí se planeara, acompañando la propiedad la memoria resumen preceptiva, no así el proyecto que lo aportarían posteriormente junto al estudio de impacto ambiental para su evaluación. Una vez remitidas por la Junta las respuestas de los distintos entes que fue recibiendo a la promotora, hace más de diez años y medio, nada más se supo, no llegando a presentar el estudio de impacto ambiental y el proyecto que se tratara para su dictaminar su viabilidad.

A pesar de ello, poco tiempo después de aquella fecha, el Ayuntamiento de Málaga alentó la realización en El Arraijanal de la marina deportiva y las construcciones de viviendas, con improvisados anuncios de fallidos calendarios o amagando en varias ocasiones con llevarlos a aprobación por el pleno municipal, casi siempre retirado a última hora. Sin embargo, el equipo de gobierno local pretendió eludir la tramitación ambiental y tomó, en clara fuga hacia delante, la indebida vía urbanística de la modificación de elementos sin evaluación de impacto ambiental para que se realizase. Fue lo que el gobierno municipal aprobó en el 2003. En este acuerdo incluía una marina deportiva y alrededor de 1.300 viviendas. Salto en el vacío legal que acabó siendo rechazado por la Junta una vez que pasó por la consejería competente del urbanismo.

Pues bien, todavía, en el verano del 2005, el entonces edil de Urbanismo desafiaba públicamente a la Junta con que antes de ese fin de año otorgaría la licencia municipal para que lo anterior se llevara a cabo. El tiempo se tragó tan iletradas bravuconerías. A finales de julio del 2006 se aprobaba inicialmente por la Corporación local la revisión del nuevo PGOU y en el documento el ayuntamiento hacía desaparecer de el Arraijanal las viviendas pintadas sobre plano y conservaba sólo el puerto deportivo. En agosto del pasado año, 2008, víspera de Feria, se aprobó provisionalmente por el equipo de gobierno local tal revisión. Conllevaba –previa firma de convenio con la constructora propietaria de los terrenos que ingresaría en las arcas municipales 28 millones de euros- otro proyecto distinto para el Arraijanal. Se evaporaba la marina deportiva y retornaban las viviendas, hoteles y comercios.

(2) Aparte de la cuestión ambiental, el Arraijanal ofrece otros problemas más allá del de la conservación de ese ecosistema singular costero único que queda en el municipio de Málaga. Existe también, como inconveniente, el dominio público de la Demarcación de Costas -salvaguarda de esas mismas playas que el Ayuntamiento pretendió hacer desaparecer en gran parte con un puerto interior- y la franja previa de protección marítima-terrestre que aspira adquirir patrimonialmente la citada Demarcación; hecho que dificulta en esos terrenos cualquier otro uso compatible que se formule. El resto de los informes negativos proceden de Aviación Civil en sus competencias sobre el dominio aéreo y la seguridad por la existencia del aeropuerto. Hago un paréntesis: el día que tengamos un siniestro de envergadura nos vamos a enterar de la colmatación insegura que, conseguida a golpe de modificaciones puntuales de elementos del planeamiento de Málaga, adquiere el frágil territorio que envuelve nuestro espacio terrestre aeroportuario. Tampoco quiere el ente Carreteras del Estado más colapso circulatorio a la ya dificultosa movilidad en la autovía del Mediterráneo, entre el límite de Torremolinos con dirección a Guadalmar, lugar donde quedarían atrapados los nuevos residentes que el Ayuntamiento pretende que habiten en las viviendas que se levantarían sobre la actual zona virgen dunar de ese litoral. A ello había que sumar otros informes negativos, como el de la Consejería de Cultura por hallarse presente la huella fenicia de los primeros pobladores de Málaga; o cuando se pretendía la actuación de la construcción de la marina, el informe negativo la de la Consejería de Agricultura por la incidencia portuaria en los caladeros pesqueros de la zona; incluso, el propio Ayuntamiento de Torremolinos, gobernado por el PP, planteó su oposición al puerto deportivo por la afección que acarrearía a las colindantes playas estabilizadas de su municipio.