Redacción

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AYER jueves 26 de enero publicaba el diario Sur el artículo titulado “Por la dignificación de la profesión periodística”, escrito por Andrés García Maldonado, secretario de la Cámara de Comercio de Málaga, presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y también de la Federación Andaluza de Asociaciones de Prensa (FAAP).
CONTRARIAMENTE a lo que anuncia el titular, el artículo no tiene tono reivindicativo, ni crítico, ni de protesta. En el peor periodo de desempleo de la historia, también en el sector de la prensa, García Maldonado no escribe para abordar los problemas de la profesión y, consecuentemente, ofrecer propuestas y alternativas. De hecho, ni se mencionan estos problemas; el año pasado perdieron su empleo alrededor de 5.000 periodistas, la mayoría de los cuales vivía con un sueldo de supervivencia o con sus padres. El artículo es simplemente propaganda del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. El Parlamento Andaluz aprobó el día anterior la ley por la cual se constituye dicha entidad.
EL texto de García Maldonado incluye una buena cantidad de falsedades, inexactitudes y la habitual dosis de honradez intelectual del autor, cuando no de su solvencia. En él afirma que la creación de este colegio es “sin lugar a dudas el hecho más importante relacionado con el conjunto de la profesión periodística, en nuestra Comunidad Autónoma, en toda su historia”. El autor de “La actuación de la Guardia Civil en los terremotos de 1884” se deja llevar por la pasión.
LO que se ha aprobado en el Parlamento andaluz no es otra cosa que una ley que permite crear esta entidad y lo que prescribe es: que se apunte a ella la gente que tenga título, que se constituya la asamblea, que se redacten los estatutos y que se presenten en seis meses. Esto es lo que hay ahora. Ni funciones ni fines que no sean los que la ley general señala para los colegios profesionales. O sea, que en este momento ese supuesto colegio de periodistas es poco más que un nombre registrado en el Parlamento de Andalucía. Por supuesto, ni la colegiación es obligatoria para ejercer, ni las empresas tienen más obligación de contratar a una titulada en Periodismo que a un titulado en Economía. Lo que quiere decir que el colegio de nueva creación es poco más que un supra-club de asociaciones provinciales, lo que ya era antes de que el Parlamento le otorgara una carta de naturaleza que probablemente esté más relacionada con sistemas de financiación del propio colegio que con el verdadero ejercicio de la defensa de los derechos de la gente de la profesión.
ESTA nueva organización es producto de una estrategia de las asociaciones de la Prensa de Andalucía, reunidas bajo las siglas FAAP, a las que se suman las de Ceuta y Melilla. Para

LA APM, de la que García Maldonado es presidente desde hace varios lustros, jamás ha defendido de forma contundente y poco mas allá de un tibio comunicado la labor de ningún periodista frente a ningún poder ni ha desarrollado labor ninguna en el campo de los derechos laborales. Entre otras razones porque es imposible hacerlo sin respaldo legal, pero también por otras causas. Las asociaciones de la prensa tienen ese inconfundible marchamo que el franquismo impuso a todas las organizaciones que, de origen o en el camino, tenían por objeto usurpar la representatividad natural de otro tipo de entidades, como los sindicatos en el campo laboral. Si en sentido estricto son poco más que una peña a la que solo pudiesen adscribirse titulados en Periodismo, en sentido legal no son absolutamente nada.
UN detalle nunca menor es que en ellas pueden ingresar todos los que trabajan en un medio de comunicación. Es decir, que a la dificultad de la falta de base legal para defender a una redactora que trabajase en Sur (por ejemplo) y se encontrase en dificultades laborales, se une el hecho incontrovertible de que debería realizar alguna gestión contra otro miembro real: el director del periódico de los malagueños. Resulta tan poco creíble, que de hecho, y como se puede comprobar, la APM jamás ha defendido a nadie en este sentido, ni se ha planteado mediar ni crear vías para poder hacerlo en paralelo.
LA unión de todas estas entidades inútiles, la FAAP, es la que ha impulsado la creación del recién presentado colegio. Según el autor de “La comarca de Alhama, pueblo a pueblo” y

LAS condiciones para crear este colegio son válidas para crear diversas formas de organización, y no son ellas las que obligan a crear ese tipo de entidad, sino la voluntad de quienes integran la FAAP. La segunda parte es mucho más falsa: las asociaciones de la prensa aglutinan a una cantidad muy minoritaria de profesionales en activo con respecto al total. De hecho, su presidente hace más de dos décadas que no ejerce y su tiempo de trabajo dentro de una plantilla de un medio de comunicación es muy inferior al restante de su vida laboral en la Cámara de Comercio.
EL autor de “Los romances fronterizos y Alhama en los siglos XV y XVI” concluye afirmando que los periodistas andaluces, “desde ayer, tenemos un instrumento más, creemos que puede ser el más importante y decisivo, para defender y dignificar el ejercicio de nuestra profesión, ser interlocutores básicos en temas tan evidentes y duros que sufren los periodistas como la precariedad laboral, los bajos salarios, las deficiencias y carestías en el ejercicio por doquier, el intrusismo, el abuso por determinadas partes, la falta de regulación, el incumplimiento de las leyes, etcétera”. Es imposible que desarrollen tal labor, pues, además carecen de los instrumentos legales de representatividad que exige tal cosa. Eso sin olvidar que es imposible de creer: estas organizaciones residuales del franquismo que son las asociaciones de la prensa, jamás han tenido el menor interés en hacer nada parecido ni en colaborar a que otros lo hagan, antes al contrario.
LA clave de este extraño asunto hay que buscarla en la vieja reivindicación profesional de la aprobación de una ley de la prensa en España, el Estatuto del Periodista Profesional (EPP). Pocos son los países de la Unión Europea que no la tienen, y el nuestro es el más señalado, teniendo en cuenta la cantidad de medios de comunicación, de periodistas titulados y de personal trabajando en el sector.
EL borrador del texto de la ley se acordó hace más de una década, con Aznar en el gobierno. No la aprobó. El gobierno de Zapatero

TODO obedecía a una maniobra de los grandes grupos de comunicación, Prisa, Vocento, etc., porque no les convenía que los periodistas tuviesen un estatuto propio y específico con el cual se articularan unos derechos reconocidos que no convienen a estas empresas. Ninguna de ellas podría generar beneficios para pagar esos inmensos sueldos de sus directivos sin una condición básica: “la precariedad, los sueldos bajos, deficiencias y carestías por doquier”. Las asociaciones de la prensa, en el momento adecuado, hicieron ese trabajo sucio a los magnates de la comunicación españoles. Ahora han puesto en marcha el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.
ESTA organización no sería posible sin la connivencia de los políticos del Parlamento Andaluz. Se ha aprobado por unanimidad. Nadie ha votado en contra. No es que sea la panacea capaz de superar todas las contradicciones ideológicas, es que los políticos son muy sensibles a las advertencias hechas desde determinadas áreas del sector de la comunicación en España y aun más con unas elecciones tan cerca. O sea, que no fue por convicciones sino por cobardía por lo que los parlamentarios andaluces tragaron con este engendro.
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