Por Susana Márquez Ramos

30/11/06 MÁLAGA. Hoy jueves, la sede del Juzgado De lo Contencioso Administrativo de Málaga, tratará el recurso que la Mesa por el Agua ha puesto contra la decisión del subdelegado del Gobierno de prohibir la manifestación que el próximo sábado se iba a realizar en Málaga capital en defensa del río Grande.

30/11/06 MÁLAGA. Hoy jueves 30 de noviembre la sede del Juzgado De lo Contencioso Administrativo de Málaga (Muelle de Heredia), a partir de las 10 horas, tratará el recurso que la Mesa por el Agua ha puesto contra la decisión del subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, de prohibir la manifestación que el próximo sábado 2 de diciembre se iba a realizar en Málaga capital en defensa del río Grande. La lectora de EL OBSERVADOR Susana Márquez Ramos, bajo el título ‘Multas para silenciar’, nos relata más abajo los problemas que durante este verano ha sufrido la barriada de Churriana por otras actuaciones de la Subdelegación del Gobierno. Tras leer la noticia de esta misma semana en la que se informaba de la prohibición del próximo domingo, esta lectora habla de otra polémica actuación de López Luna resuelta con “más de 3.000 euros de multas, que tendrán que pagar los manifestantes”. El motivo: “En Churriana, durante los pasados meses de junio y julio, más de 500 vecinos nos echamos a la calle cada martes y jueves para pedir una atención médica continuada las 24 horas en su centro de salud”. La respuesta fue “persuadir a los manifestantes a través de multas”. 

Multas para silenciar 

ESTIMADOS compañeros:

OS escribo este mensaje al hilo de la información que publicáis sobre la prohibición por parte del subdelegado de Gobierno de realizar la manifestación por el Río Grande de Coín. Este tipo de respuestas del señor Hilario López Luna no son nuevas: en Churriana, durante los pasados meses de junio y julio, más de 500 vecinos nos echamos a la calle cada martes y jueves para pedir una atención médica continuada las 24 horas en su centro de salud. Sólo pedíamos de forma pacífica un médico y un ATS operativos las 24 horas, y en las manifestaciones participaron tanto personas de la tercera edad, como niños y mujeres con sus bebés, como bien se podrá comprobar en esas fechas en cualquier archivo gráfico o hemeroteca.

SI bien el subdelegado no desautorizó estas iniciativas, su respuesta fue la de "persuadir" a los manifestantes a través de multas. Cada día, la Policía Nacional pedía la identificación de las personas que portaban los casi medio centenar de carteles y pancartas realizadas para la ocasión. Como cada día los íbamos portando personas diferentes, el resultado fue una retahíla de multas de 600 euros cada una, que fueron enviando poco a poco, suponemos que para "minar" la iniciativa de las personas que allí nos reuníamos. En total van más de 3.000 euros de multas, que tendrán que pagar los manifestantes, muchos de ellos personas con poca capacidad adquisitiva, con lo que se ha propuesto la colocación de huchas petitorias en los comercios de Churriana para pagar entre todos los vecinos esas sanciones.

DE momento, se han interpuesto recursos y estamos a la espera de lo que ocurra, pero todos somos conscientes de que este asunto se trata de un inequívoco intento de acallar nuestras voces, en contra de lo que recoge la Constitución Española. Por ello, desde los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Málaga se están movilizando para intentar que se archiven estas sanciones. Parece que los políticos, como los ciudadanos, las ven desproporcionadas e injustificadas.

DA igual los medios que se utilicen por parte del subdelegado (desautorizar o sancionar): el fin, como podéis comprobar, es el mismo.

Susana Márquez Ramos 

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