El dictamen publicado por este organismo -consultar AQUÍ- más que avalar la maniobra del alcalde Francisco de la Torre, deja en evidencia su sobrecoste público

23/11/12. Opinión. De la lectura del dictamen 813/2012 del Consejo Consultivo de Andalucía -consultar AQUI- sobre la reclamación patrimonial que la promotora Baensa realizó al Ayuntamiento de Málaga por revocarle la licencia antes de acometer la compra del edificio del cine Astoria, EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com extrae una conclusión a la que también parece apuntar este órgano consultivo, que el Consistorio malagueño se ha pasado de largo en esta operación desprendiéndose de su patrimonio público. Que ha salido perdiendo vamos.

PASEN y lean: “En el presente caso, por el contrario, la revocación de la licencia ha provocado que el Ayuntamiento de Málaga haya adquirido por compraventa, y por un precio de 20.721.617,03 euros, la finca afectada por la revocación de la licencia, de tal forma que puede afirmarse que la revocación de ésta no ha causado daño alguno al reclamante; antes al contrario, el titular de la licencia ha recibido como contraprestación la cantidad de 9.939.793,06 euros en efectivo y la transmisión en pleno dominio de once fincas pertenecientes al Ayuntamiento de Málaga, valoradas en 8.339.883,19 euros. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la finca afectada por la revocación de la licencia tenía una superficie de 1.298 metros cuadrados, mientras que las once fincas entregadas como parte del precio tienen, en conjunto, una superficie de 9.641 metros cuadrados. Pero, además, la edificabilidad de las fincas transmitidas es mucho mayor que la de la afectada por la revocación, de tal forma que mientras que la licencia que se ha revocado se otorgó para la construcción de 1 local, 45 viviendas y 236 aparcamientos, sólo las cuatro primeras fincas transmitidas, que son las únicas que cuentan con proyecto, van a permitir al reclamante construir 321 viviendas, 13 locales comerciales, 393 aparcamientos y 152 trasteros. A ello habrán de sumarse las viviendas, locales, aparcamientos y trasteros que, una vez redactado el correspondiente proyecto, puedan construirse en las otras siete fincas transmitidas, además de casi diez millones de euros en efectivo”.

A estas alturas del dictamen, los ponentes debían estar frotándose los ojos. Repárese en la expresión “la revocación no ha causado daño alguno al reclamante; antes al contrario”, o en la puntualización “sólo las cuatro primeras fincas transmitidas (de las once totales) que son las únicas que cuentan con proyecto, van a permitir al reclamante construir…”. Cabe imaginarse a estos redactores preguntándose incrédulos a los pies de La Alhambra -pongan acento granadino- ‘¿Pero qué p… ha hecho aquí el Ayuntamiento de Málaga?’

LOS redactores del Consejo no sólo dicen a renglón seguido que el reclamante “no ha sufrido daño efectivo alguno tras la revocación de la licencia” y dictaminan desfavorablemente sobre esta reclamación, es que además apuntan que “dicha desestimación hace innecesario entrar a valorar la cuantía de la indemnización pretendida”. Lo cual viene a significar para EL OBSERVADOR que el alto órgano consultivo radicado en Granada dice -pongan acento granadino- ‘¿Qué p… está pidiendo éste si le han entregado la mitad del suelo municipal que quedaba?’

CON lo cual, la descripción de hechos del dictamen -consultar AQUI escribiendo 813 en el hueco de dictámenes- se convierte sin pretenderlo en la más contundente crítica a la operación de compraventa del Astoria que, no nos cansaremos de repetir, fue un empeño personal y obsesivo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y a la luz queda, una desastrosa y muy deficitaria operación de monopoly con patrimonio público.

¿PARA qué? Para que el edificio siga cayéndose a cachos y siga sin saberse qué hacer con él, más allá de balbucear eso de “uso cultural”.

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