¿Qué intereses defienden Damián Caneda y Javier Imbroda, los de la ciudad de Málaga o los de sus negocios particulares?
PONER el mismo día y con similar recorrido la media maratón y el triatlón es una estupidez. Un desatino. No tiene sentido ni lógica, se mire por donde se mire. Anticipa un caos de organización, resta difusión a las dos competiciones, y perjudica a quienes les gustaría participar en ambas pruebas. ¿Por qué ese empeño en hacer coincidir las dos competiciones? No sirve la explicación dada por Imbroda y Caneda de que las dos entidades organizativas no se han puesto de acuerdo. El Ayuntamiento es quien tiene la potestad y la obligación de autorizar las fechas en las que tienen lugar esta clase de actos. El Consistorio no es un ente ajeno al que se le imponen el dónde, cuándo y cómo. No. Es la administración a la que competen estas cuestiones. Y hasta el momento, Imbroda está inclinando su apoyo a favor de la empresa que organiza el triatlón, unos privados con los cuales ha trabajado como empresario para organizar este evento en 2011 en Marbella, cuyo dueño le contrató como entrenador de baloncesto, y que llegan tarde a la reserva de fecha. Es porque es un “evento de vocación internacional”, dicen. ¿No lo es también la media maratón? ¿No puede serlo aún con más razón un evento en el que participan 5.000 personas y tiene 23 años de tradición? Sinceramente, ¿a qué obedece este empeño? ¿Qué intereses hay en juego?
Y no es sólo la media maratón. ¿Por qué no explica el Ayuntamiento de Málaga cuánto pagó a Javier Imbroda por el alquiler de la sede del Área de la Mujer? ¿Un edificio del s. XVII ofrecía las mejores condiciones de acceso al público? ¿No se realizaron unas reformas antes del cambio de manos de la propiedad?
EN cuanto a la escuela de negocios del director de Deporte del Ayuntamiento en un polideportivo municipal, que encima ha sido privatizado. ¿Casualidad o causalidad? Por otra parte, ¿70.200 euros más ayudas, dietas e incentivos no son suficientes para que Imbroda dedique su quehacer exclusivamente al Ayuntamiento que le paga? ¿No se deberían abandonar negocios privados cuando se desempeñan cargos públicos?
CADA vez que se plantean este tipo de cuestiones suena la cantinela de la legalidad… ‘todo se hizo conforme a derecho’. Bueno, la legalidad de estos asuntos y de otros de los que tiene intención de informar esta revista es algo que deben decidir los jueces. De momento, como ocurrió cuando Imbroda revendió -¿por cuánto?- la licencia -concedida por el Ayuntamiento- a la empresa que actualmente regenta el conocido complejo Centro Wellness de El Perchel, ocurre que lo que iba a ser equipamiento deportivo comunitario acaba siendo gimnasio privado. Gana uno, pierde el resto.
ESTA misma confusión entre el interés público y el privado aparece con Damián Caneda. ¿Por qué el edil siempre se pone del lado de los comerciantes y hosteleros? ¿No tiene nada que ver que tenga varios establecimientos de los mejores situados de la ciudad? ¿Cómo se come eso de que el Ayuntamiento pida a los camareros que controlen el ruido que generan sus clientes en la calle mientras que este mismo bar Cheers de Caneda en la plaza del Obispo programa actuaciones en la vía pública?
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