Abren diligencias de investigación para comprobar si la operación fue irregular, injusta, innecesaria y con un precio de compra municipal sobrevalorado

01/06/10. Sociedad. Las denuncias que apuntan a que la compra que hizo el Ayuntamiento de Málaga en 2009 de Canal Málaga (adquirió por millón y medio de euros la sede, parte del material técnico y la marca de la que era la televisión local de diario Sur, propiedad del Grupo Vocento) se hizo...

Abren diligencias de investigación para comprobar si la operación fue irregular, injusta, innecesaria y con un precio de compra municipal sobrevalorado

01/06/10. Sociedad. Las denuncias que apuntan a que la compra que hizo el Ayuntamiento de Málaga en 2009 de Canal Málaga (adquirió por millón y medio de euros la sede, parte del material técnico y la marca de la que era la televisión local de diario Sur, propiedad del Grupo Vocento) se hizo de manera irregular, injusta, innecesaria y con un precio sobrevalorado, han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, que ha abierto diligencias previas de investigación para comprobar si los responsables municipales han cometido algún delito con esta operación, tal y como ratificó ayer a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com el teniente fiscal de Málaga, Manuel Villén.

EL 20 de noviembre de 2008 EL OBSERVADOR da la voz de alarma ante la operación que están urdiendo responsables del grupo Vocento y del Ayuntamiento de Málaga para comprar la televisión local de diario Sur, Canal Málaga. En esos meses previos al apagón tecnológico y con la incipiente crisis económica dejándose notar ya entonces en el sector audiovisual -poco después cerrarían Popular TV (Cope) y Localia (Prisa)- la operación era un modo de salvar la cuenta de resultados de una cadena de TV local condenada a desaparecer.

LA maniobra, que se concretó en enero de 2009, fue un escándalo que si no adquirió mayor dimensión pública fue por la propia posición de poder de diario Sur y el delicado equilibrio político institucional entre medios de comunicación y partidos políticos malagueños. Pero aún de forma soterrada, no faltaron voces en las redacciones y en los grupos municipales de la oposición que criticaron duramente lo que entendían era un trato de favor por el que el Consistorio utilizaba dinero público para asegurarse el apoyo mediático incondicional del diario con más tirada de la provincia.

ADEMÁS, la operación ponía de relieve una mentira más del alcalde Francisco de la Torre, que a nueve días de firmar el protocolo de venta respondía a una pregunta plenaria del grupo socialista indicando por escrito que su equipo de gobierno no estaba realizando “ninguna gestión para la compra de ninguna televisión local” (documento 545224). Por otra parte, la compra estaba en el punto de mira de la oposición porque uno de los pesos pesados del equipo de De la Torre, la edil responsable de Economía y Hacienda, también portavoz del gobierno municipal, Carolina España, tenía acciones y participaciones de Prensa Malagueña, editora de diario Sur, y mantiene desde hace años una relación sentimental con el director de Publicaciones de este diario, Pedro Luis Gómez.

POR todo ello, el entonces jefe del gabinete de alcaldía, Javier Ferrer, se vio obligado a ofrecer aquel mismo mes de enero una inusual rueda de prensa en la que afirmó que la compra del edifico del PTA en el que se ubicaban los estudios de Canal Málaga tenía “justificación legal en el artículo 10.2 de la ley de Bienes de las entidades Locales de Andalucía” que posibilita una adjudicación directa cuando queda establecida “la singularidad histórica, cultural, artística o técnica” del bien adquirido. Lo cual, fue definido por parte de los expertos consultados por EL OBSERVADOR como una “huida” o “regateo” del derecho administrativo a través de la sociedad municipal instrumental del Ayuntamiento, Promálaga.

LOS pasado meses de febrero y marzo de 2010, cuando el asunto parecía ya olvidado (el proyecto de la incubadora de empresas con el que el Ayuntamiento de Málaga justificó la compra de la antigua sede de Canal Málaga está absolutamente paralizado), la abogada y ex parlamentaria verde, Inmaculada Gálvez, y algunos trabajadores de la televisión municipal Onda Azul, remiten varios escritos a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, en los que denuncian que la compra del edificio ha sido irregular, con un procedimiento sin concurso público y con una presunta sobrevaloración del precio real, y que el Consistorio paga por unos derechos de emisión de una marca, que no utiliza y a la cual tiene derecho per se como organismo público.

POR otra parte -como corroboraron ayer trabajadores a EL OBSERVADOR- el equipo adquirido de grabación estaba desfasado.

TRAS estas denuncias, y tal como confirmó ayer el teniente fiscal de Málaga, Manuel Villén, la Fiscalía provincial de Málaga ha abierto diligencias previas de investigación (nº 44/10) para comprobar si efectivamente se ha cometido algunos de los hipotéticos delitos apuntados. Villén aseguró que informará “inmediatamente” al Ayuntamiento de Málaga de la apertura de estas mismas diligencias, de las que ya se puede deducir que uno o varios responsables municipales tendrán que explicar su actuación ante la Fiscalía.