“La banca juega con la desinformación” advierte la Plataforma de Afectados por la Hipoteca indicando que solo casos “muy extremos” se salvan de los desalojos

03/12/12. Sociedad. El pasado 14 de noviembre, jornada de huelga general, unas 300 personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga (PAH) detuvieron el desahucio que Banesto iba a efectuar sobre una vecina de Palma Palmilla que cuenta con un 65% de discapacidad. El mismo día, los senadores del grupo popular y del grupo socialista discutían en la Cámara Alta una moción presentada por estos últimos que pretendía poner fin a estos desalojos forzosos. Una moción que fue rechazada por la bancada popular, al considerar la misma que el asunto ya se estaba tratando tanto por el Gobierno como por la oposición. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com habla con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sobre este juego a la desinformación en un drama que encaran decenas de miles de personas en España.

LA controversia de los desahucios se ha convertido en uno de los principales asuntos políticos de estas últimas semanas. Justo después de que saltara a la palestra el caso de dos personas que se suicidaron en menos de un mes, al ver cómo su vida se quebraba y los bancos les iban a echar de sus casas. La opinión pública se agitó lo suficiente como para obtener una reacción de la clase política.

EL Partido Popular, actualmente en el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy, apostó por paralizar “temporalmente” cualquier desahucio que pudiesen sufrir “las familias más vulnerables”. En seguida, tanto la oposición como el Ejecutivo se afanaron en encontrar una línea de consenso en la que legislar de nuevo la dramática situación que encaran en nuestro país decenas de miles de personas. La banca optó por mover ficha y decidir unilateralmente la “paralización inmediata” de las ejecuciones hipotecarias. Es el caso, por ejemplo, de Kutxabank. Por el contrario, responsables de la talla de Ángel Ron, presidente del Banco Popular, afirmaron que modificar cualquier ley podría entenderse como un premio a cualquiera que no efectuase sus pagos adecuadamente.


A pesar de todos los pasos que se han dado a fin de encaminar la problemática hacia la solución, la situación actual no ha cambiado. Aún se liman las asperezas de un Real Decreto que el Pleno del Congreso de los Diputados ya ha confirmado que convalidará, pasando a tramitarse como proyecto de ley. Gracias a esta acción del Ejecutivo, según el ministro De Guindos, 120.000 familias verán su desahucio paralizado. Además, hasta 6.000 viviendas vacías, aportadas por las cajas, bancos y cooperativas de crédito, pasarán a integrar el nuevo Fondo Social de Vivienda al que podrán acceder todas las familias desfavorecidas aunque no cumplan algunos requisitos necesitados para impedir el desalojo.

EN palabras de Áurea Puerto, portavoz de la PAH en Málaga, el nuevo Real Decreto es “solo para casos muy extremos a los que los servicios sociales deberían dar ya de por sí respuesta”, entendiendo que “muy pocos afectados por los desalojos se ajustan” a los criterios que impone el Gobierno. Algunos de los criterios son la discapacidad de uno de los miembros de la unidad familiar o la carencia absoluta de cualquier tipo de ingreso en toda la mencionada unidad, habiendo agotado todas las prestaciones de empleo. Otro requisito es la presencia de un menor de tres años  o de una víctima de violencia de género en la unidad familiar. Además, el nuevo Real Decreto “no responde a las miles de familias que ya están en situación de desamparo, que ya han sido desahuciadas”. El Real Decreto 27/2012 presentado el pasado 15 de noviembre que se puede consultar AQUÍ fue, de hecho, valorado positivamente por la patronal de la banca, que reiteró su disposición a colaborar con el Ejecutivo y las fuerzas políticas parlamentarias la tramitación como Ley de este decreto, y además entendió la decisión del Gobierno de paralizar los desahucios en casos de familias que viven situaciones de particularidad necesidad. Pero sólo en Málaga, el lunes posterior a la publicación de este decreto, ya se conoce un caso que tuvo que recoger su orden de desahucio, según explica Áurea Puerto.


MIEMBROS de la PAH malagueña presentaron el 19 de noviembre en los juzgados una petición por escrito de paralización de las ejecuciones hipotecarias, solicitando que se suspenda el procedimiento judicial “hasta que el Tribunal Judicial de la Unión Europea dicte una sentencia sobre la legalidad de la ley hipotecaria española”. La acción ha sido secundada por toda la plataforma en diversas ciudades como Madrid, Mallorca, Valencia o Barcelona. El escrito, elaborado por juristas de todo el Estado pertenecientes a esta plataforma, solicita de este modo a los jueces competentes esta decisión. Desde la PAH, consideran que las ejecuciones hipotecarias masivas “son violaciones sistemáticas de los derechos humanos donde los deudores habitacionales se encuentran en situación de absoluta indefensión, sin que exista derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías”. Así mismo, esta plataforma anima a todo aquel afectado por un proceso de ejecución hipotecaria actualmente en curso a que se descargue el modelo de escrito y también lo entregue en los juzgados, con el fin de solicitar la suspensión del procedimiento.

ÁUREA Puerto recuerda la importancia de esta plataforma, que presta apoyo “moral y psicológico” a los afectados, que se ven rodeados de gente que tiene “los mismos problemas” y llegan con la misma condición de “gran depresión”. Puerto entiende esta problemática como una guerra. “La banca juega con la desinformación de los ciudadanos, al decirle cosas que son mentiras, como que si no pagas en quince días te echarán. Nosotros elaboramos estrategias para combatir esa desinformación y así, intentar obtener ventaja”.

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