La ‘cláusula suelo’, ya retirada en hipotecas aún no firmadas, encarece las cuotas una media de 300 euros al mes, lo que lleva a varios afectados casi al desahucio

13/03/13. Sociedad. En 2007 el Ayuntamiento firmó un convenio con Cajamar por el que promocionaría hipotecas diseñadas especialmente para jóvenes con condiciones muy ventajosas. En el convenio que Francisco de la Torre firmó no aparecía, sin embargo, una cláusula que ahora trae de cabeza a 400 familias. La ‘cláusula suelo’ es un montante mínimo que se paga indiferentemente de los niveles del Euribor. Ahora mismo, éste está por los suelos y los vecinos tienen que sufragar mes a mes una tasa abusiva que, de hecho, la entidad ya ha eliminado de cara a futuras hipotecas debido a diversas sentencias judiciales. Pero no lo ha hecho con carácter retroactivo. En el pasado pleno se aprobó una moción por unanimidad con el fin de ayudar a estos 400 afectados. Ya van dos reuniones entre los vecinos y Luis Verde, responsable del Área de Juventud. La última: el lunes pasado. No fue fructífera. Una crónica de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

“SI el Ayuntamiento es quien los ha metido en esto, es el Ayuntamiento quien los debe sacar”. Así de tajante se mostró la concejala socialista Lorena Doña a las puertas de la sala de usos múltiples municipal de La Caja Blanca. Allí se celebró el pasado lunes la segunda reunión entre los vecinos afectados por la abusiva ‘cláusula suelo’ de Cajamar y el Ayuntamiento. Tras la aprobación por unanimidad de una moción en el último pleno, el consistorio debe interceder entre los vecinos y la entidad bancaria para forzar a esta última a eliminar esa abusiva tasa. Luis Verde, responsable del Área de Juventud, no pareció tan convencido como Doña. Para estupor de los afectados por esta cláusula, Verde propuso un plan de acción que comprendía negociaciones individuales y divididas de cada particular con la entidad bancaria. Una suerte de “sálvese quien pueda” que los vecinos entendieron como el desentendimiento del Ayuntamiento con su problema y que ha desembocado en una futura y segunda moción del grupo municipal socialista para el pleno del día 21 de marzo.

LUIS Verde no estaba solo. Al concejal popular le acompañaban la también concejala Esther Molina, responsable municipal de Comercio y Vía Pública, y un letrado del mismo Ayuntamiento que explicaría todos los tecnicismos en el procedimiento planteado. Un procedimiento cuyo primer punto comprendía la “negociación individual de cada particular con la entidad por si, por parte de la misma, existiese interés de proponer vías de solución atendiendo a las circunstancias concretas de cada uno de ellos”.


“¿Y qué digo si el director me dice que yo ya sabía qué estaba firmando?”. La duda asolaba a los afectados allí reunidos y a evidente cuestión no hubo una respuesta clara. Ni por parte de los concejales ni por parte del técnico, que se fueron pasando la pelota durante la hora y media que duró la reunión. Sólo fueron capaces de continuar leyendo el plan de acción individualizado que Verde traía a la reunión. “Los afectados serán atendidos por técnicos de la Oficina de Mediación Hipotecaria en caso de que Cajamar no colabore”. Para ello, los afectados deberían entregar todos los documentos emitidos o entregados a la entidad en relación a la hipoteca, al tiempo que deberían conceder la autorización a la banca de que funcionarios municipales pudiesen comprobar los detalles, las condiciones, los contratos e incluso los movimientos en las hipotecas, lo que supuso más malestar entre el auditorio. “Lo que queremos es que nos quiten la cláusula suelo, no que nos miréis nuestros datos”, insistieron a voces varios de los allí presentes.

VERDE también explicó que en base a una colaboración del consistorio con el Colegio de Abogados de Málaga, los que emprendiesen las acciones pertinentes contra Cajamar contarían con el respaldo del Ayuntamiento y de este colegio profesional, que ofrecería sus recursos gratuitamente. Así mismo, el Ayuntamiento establecería una comisión de estudio formada por técnicos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Más allá de las citadas novedades, el concejal popular ni convenció ni concretó. “Hemos seguido llamando por teléfono a Cajamar para presionar”. Los presentes no lo consideraban suficiente y exigieron un burofax mínimo, con el fin de garantizar un documento que certificase la postura del órgano municipal. “Ese papel es además la única forma de que tú puedas exigir una respuesta”; insistió una de las afectadas.

DURANTE la reunión, los representantes del Ayuntamiento esgrimieron que en la firma del convenio con Cajamar hace seis años no se especificaba en ningún momento la presencia de una cláusula como la ‘cláusula suelo’. Esto no hizo más que indignar aún más a los afectados de los abusos hipotecarios de esta entidad, que pudieron comprobar cómo no sólo ellos, sino también el propio órgano municipal había sido engañado y estafado por la entidad. Al respecto, fueron numerosos los asistentes que exigieron que la alcaldía de Francisco de la Torre actuase en consecuencia sumándose a los posibles litigios que emprendan los afectados, que vieron, sin embargo, la intrascendente deferencia de los concejales. El tiempo no acompaña, advertía, sin embargo, más de un afectado. “Yo a lo mejor en un mes tengo que ir a la calle”, se llegó a oír.

FERNANDO Porras es uno de los afectados. Insiste en que cuando vio la publicidad en las marquesinas de los buses urbanos se informó en Cajamar y ninguna otra entidad pudo, efectivamente, igualar las condiciones de la hipoteca ofertada. Porras, confiado en el amparo y el paraguas del Ayuntamiento, se ha encontrado estrepitosamente con la realidad de que él también ha sido estafado y es una víctima más de una hipoteca con cláusulas injustas. Uno de los que más han hecho por poner en contacto a todos estos afectados, que se fueron entrevistando y comprobando que sus casos eran similares, es el sindicalista Jorge Quero. Él no es un afectado, pero sí se considera, en cierto modo, perjudicado. “El Ayuntamiento ha usado dinero público del que todos pagamos para promocionar una estafa que afecta a 400 familias”.

MARÍA Gámez también asistió a la reunión del pasado lunes. Afirmó que el grupo municipal socialista presentará en el próximo pleno del 21 de marzo una segunda moción en la que tomarán la palabra varios ciudadanos afectados, quienes pedirán directamente al alcalde que intervenga frente a Cajamar. “Vosotros sois el Ayuntamiento, si alguien puede hacerle frente o poner varas, quién va a ser si no”, recriminaron varios ciudadanos a Luis Verde.

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