Mientras el Ayuntamiento de Málaga sigue ocultando quiénes son los concesionarios de los chiringuitos y cómo han sido adjudicados los permisos de explotación

26/04/13. Sociedad. ¿Cuántos chiringuitos tiene autorizados el Ayuntamiento de Málaga? ¿Quiénes son los concesionarios de esos chiringuitos? ¿Qué procedimiento se ha utilizado para adjudicar las concesiones? En el caso de que el procedimiento sea un concurso público, ¿Cuándo se realizó este concurso? ¿Cuáles eran las condiciones del mismo: canon de explotación, periodo de explotación y condiciones de uso? Mientras EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com espera respuesta a estas cuestiones planteadas hace ya 11 días, el Partido Popular de Málaga saca pecho por “blindar” la actividad de los chiringuitos con la nueva Ley de Costas.

¿PUEDE cualquier ciudadano hacerse con la concesión de un chiringuito en Málaga? ¿Tiene que pertenecer a la Asociación de Empresarios de Playa de la provincia? ¿Está permitido que una persona explote y gestione varias concesiones de chiringuitos a través de sociedades interpuestas? ¿Por qué el Ayuntamiento de Málaga oculta información sobre el quién es quién de los concesionarios de estas instalaciones en suelo público? ¿Cómo es que no se ha hecho una evaluación de impacto ambiental de los nuevos chiringuitos en construcción en las playas de La Malagueta y La Caleta? ¿Cuántos proyectos se realizaron para estas edificaciones? ¿Estuvieron esos planes arquitectónicos expuestos al público? ¿Tienen licencia los chiringuitos para funcionar como discoteca? ¿Cuántos expedientes se han abierto por incumplimiento de las condiciones de las concesiones? ¿Han supuesto estas infracciones la retirada de los permisos?

LAS nuevas edificaciones de los chiringuitos-bunker de las playas de La Malagueta y La Caleta han visualizado hasta dónde están dispuestos a llegar el PP y el poderoso lobby de los chiringuiteros, representados por la Asociación de Empresarios de Playas de la provincia, en la privatización del litoral. La fealdad de las construcciones se ha hecho evidente en estas playas urbanas, pero lo que aún queda por dilucidar, donde hay muchos más oscuros que claros, es cómo se reparten y adjudican estas explotaciones, y en las verdaderas razones por las que el PP se empeña en complacer intereses privados.



EL pasado miércoles la senadora del PP por la provincia de Málaga Patricia Navarro fue la encargada de hacer una valoración sobre la aprobación de la nueva Ley de Costas, realizada con los votos en solitario del partido en el Gobierno. El comunicado -consultar AQUÍ- es un alarde del favor realizado a los empresarios de playa: “blinda por primera vez la actividad de los chiringuitos (…) apuesta claramente por dotar de seguridad jurídica y generar confianza y certidumbre en las actividades económicas relacionadas con la costa (…) la nueva ley otorga más seguridad jurídica a los establecimientos de playas en cuanto a plazos y condiciones de la concesión y exigencias sobre el funcionamiento (…) se apuesta por dar más estabilidad, más posibilidades de inversión y mejores instalaciones y servicios”.

Y pese al clamor popular por actuaciones tan agresivas y lesivas para el medio ambiente como la citada en las playas de La Malagueta y La Caleta, Navarro asegura que la nueva norma “es exigente con la protección de la naturaleza (…) Lo fundamental es que el uso público y gratuito del litoral está garantizado y supone un gran avance que hace compatible la protección medioambiental y el desarrollo sostenible”. Toda una muestra de hipocresía con la que el PP enarbola valores que no respeta, asegurándose la ventaja de parecer que defiende lo que no respeta.

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