Apenas dos semanas después de aprobarse en el Senado la nueva Ley de Costas, que rebaja la protección del litoral y choca con la normativa del Gobierno andaluz

03/05/13. Sociedad. Los próximos 7 y 9 de mayo el Área de Urbanismo de la Diputación de Málaga gobernada por el PP convoca a sus técnicos más afines para un curso rápido dirigido a “personal de las entidades locales” que versará sobre la nueva Ley de Costas, que modifica "el uso de playas naturales, en los plazos de autorización para chiringuitos, el informe ambiental para la industria y el dominio público marítimo terrestre”. Los preceptos de la nueva y polémica normativa estatal chocan frontalmente con las medidas de protección puestas en marcha por la Junta de Andalucía en primera línea de playa. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com analiza las consecuencias del choque de normativas.

EL monocultivo dual de vivienda e infraestructuras turísticas en primera línea de playa no ha sido un fenómeno exclusivo de la Costa del Sol, si bien esta franja de territorio andaluz ha sido uno de los enclaves donde el fenómeno de urbanización y construcción masiva en las playas se ha manifestado más virulentamente. De tal forma que hay una conciencia general de que la saturación del mercado turístico costasoleño obedece a la falta de ordenación con la que el cemento ha ocupado el terreno de las dunas.

ESTA sobreurbanización y la ausencia de una depuración de las aguas, están consideradas como un intento de asesinato contra la gallina de los huevos de oro. Una economía centralizada en el turismo no ha sido capaz de proteger su principal recurso y atractivo para los clientes: las playas. De Torrox a Manilva se suceden regularmente las reposiciones de arena y dragados cada temporada, para insuflar decencia en playas que no ‘respiran’ ni tienen suficiente aporte natural de arena, y que ven como sus aguas antaño cristalinas se enturbian y oscurecen con grasas, aceites y toneladas se residuos emitidos sin depurar.



LA gran contradicción de la antigua ley de Costas de 1988 ha sido su incapacidad para reordenar el litoral. Con la llegada al gobierno del PP uno de los primeros objetivos puestos en marcha por el ministro Miguel Ángel Cañete ha sido imponer una nueva Ley de Costas, que asume las líneas más cortoplazistas en lo económico y agresivas con el medioambiente. Los 100 metros de protección del dominio público hidráulico se rebajan a 20 y al tiempo se ofrece un blindaje y jurídico y mayores protecciones legales al gremio de los chiringuiteros que van ampliados los plazos de las concesiones.

LOS próximos 7 y 8 de mayo los técnicos más afines al PP explicarán en unas jornadas en el centro cívico los pormenores de la nueva Ley de Costas al personal municipal de los ayuntamientos costeros de Málaga para sacar todo el rendimiento a la normativa. Así, el gerente-adjunto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, José Cardador hablará como ponente de las “incidencia de competencias municipales en el litoral, especial problemática de los chiringuitos” y el secretario general del Ayuntamiento de Málaga, Venancio Gutiérrez Colomina, hará una exposición sobre la delimitación de la zona de servidumbre de protección, dentro de un programa que puede consultar íntegro AQUÍ.

NO obstante hay que considerar que si el Gobierno central del PP da un paso en una dirección, el Gobierno autonómico del PSOE e IU da un paso en la contraria. De hecho, frente a la nueva Ley de Costas, la Junta está trabajando en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que se extiende a los primeros 500 metros desde el dominio público y que tiene como principal objetivo la protección de esos suelos. Y el consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, ya habla del “conflicto competencial” que va a general la nueva ley estatal “que no está en consonancia ni con la legislación europea ni con el fomento del desarrollo sostenible”

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