Los colectivos y plataformas de afectados reconocen esta entidad, aparecida tras un convenio con el Colegio de Abogados de Málaga, como la que “peor informa”

17/07/13. Sociedad. El Ayuntamiento de Málaga creó en noviembre de 2012 la Oficina de Atención a los Afectados por las Hipotecas. Desde su aparición, y según datos oficiales, este organismo ha atendido a 358 personas y en el 41% de los casos se han logrado acuerdos con las entidades bancarias. Sin embargo, colectivos de afectados señalan a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que el Consistorio malagueño se vale de esta oficina para preservar una imagen de cara al público que poco tiene que ver con la realidad: desatiende los conflictos hipotecarios graves como la cláusula suelo de Cajamar que promocionó, o las corralas ocupadas.

AQUELLOS ciudadanos que se encuentren en riesgo de que se inicie un proceso de embargo de su vivienda habitual, o aquellos ciudadanos que ya se encuentren sumidos en uno, pueden acudir a la Oficina de Atención a los Afectados por las Hipotecas. Es una herramienta que surge hace casi diez meses tras un convenio entre el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Abogados para vender una imagen de estas instituciones que dista de ser real: la de la concienciación con el conflicto social de mayor emergencia estos días.

JORGE Quero fue uno de los portavoces de los afectados por la cláusula suelo de Cajamar. Decenas de familias se vieron damnificadas por una variable que subía pero nunca bajaba los pagos de sus hipotecas. Se pidió la intervención del Ayuntamiento en este problema puesto que fue el propio Consistorio malagueño el responsable de publicitar estos productos. Quero tiene clara su opinión sobre esta oficina. “Desde el minuto cero no funcionó. Es en sí una oficina de atención a gente que va a ser desahuciada, no de afectados por la hipoteca. Solo se puede acudir a ella cuando no se tiene más remedio. Además, a nosotros nos dijeron que recurriésemos a ella y cuando lo hicimos no tenían ni la menor idea del conflicto con Cajamar”. Los afectados por estas cláusulas abusivas tuvieron que esperar a sentencias de altos tribunales ante la inoperancia del Ayuntamiento que gobierna Francisco de la Torre (PP) y de este organismo, que únicamente les pudo ofrecer soluciones “individuales” y que se consideraron insuficientes.

DIEGO Valderas, vicepresidente de la Junta, pidió el pasado lunes a toda banca andaluza una moratoria de cinco meses para que los desahucios de la comunidad se suspendan hasta que se conozca la decisión del Constitucional sobre el recurso del Gobierno al decreto de la Función Social de la Vivienda, más conocido como el decreto antidesahucios. Sin embargo, también el pasado lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga tuvo lugar un juicio a instancias de una denuncia de Bankinter, que pedía el desalojo de las 13 familias que viven en la corrala de La Buena Ventura. La jueza que atendió el caso denegó la suspensión del procedimiento, y todo apunta a que el edificio será desalojado en los próximos meses, aún cuando el consistorio aprobó una moción de IU con el apoyo del PP y del PSOE el mes pasado en la que el Ayuntamiento apoyaría a las familias sin recursos que habitan estas corralas. Todos estos inmuebles ocupados estaban vacíos y sin uso.

“EN la Corrala de la Buena Ventura hay casos muy diversos. Desahucios de alquiler, personas  que nunca han tenido acceso a una vivienda, y sí hay un caso  de desahucio hipotecario realojado en el inmueble. Pero nunca hemos trabajado con la Oficina de Atención a los Afectados por la Hipoteca del Ayuntamiento. Sí intercambiamos información con la Oficina de la Vivienda de la Junta de Andalucía”, destaca Leticia González, una de las habitantes de la Corrala de La Buena Ventura, un inmueble tomado en el barrio de La Trinidad.

DESDE la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tampoco mantienen relación  con  la Oficina de Atención del Ayuntamiento de Málaga. Sí lo hacen con el organismo dependiente de la Junta de Andalucía. “Ellos van a negociar. Pero si el afectado no tiene dinero para pagar, que es lo que hace falta, ¿qué va a negociar?”. Jiménez sí reconoce que ambas entidades tienen presencia en las asambleas de la plataforma, pero nunca mandan a un afectado al organismo malagueño porque “son los que peor informan”.

CUANDO el ciudadano acude a la oficina, se le da una primera atención para recibir la documentación y conocer las circunstancias del caso. En caso de riesgo de embargo se realizan gestiones de mediación e interlocución con el banco para evitar la desposesión de la vivienda. En caso de que la negociación sea infructuosa, el caso se remite al Colegio de Abogados. Un 41% de los casos se han solucionado, el 25% está negociándose y el 23% ha solicitado ayuda cuando su problema ya estaba judicializado, por lo que se remitieron al Colegio. El 11% de los atendidos son expedientes que no corresponden a la Oficina porque son ciudadanos que no residen en Málaga o su problema no se refiere a la imposibilidad de sufragar las cuotas hipotecarias. El 41%  de los solicitantes de intervención de la entidad son matrimonios con hijos.

TODOS estos datos los envió el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado este pasado lunes, coincidiendo con la celebración del juicio de la Corrala Buena Ventura, en una nueva demostración de que más que intentar solucionar el drama social más acuciante de nuestros días, lo que intenta el Consistorio es una operación de lavado de imagen frente a la opinión pública.

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