“El Mundo informa de que en las playas de la Costa del Sol podían encontrarse a disposición del público general, lanchas con esloras de entre 15 y 20 metros, chasis semirígidos y ligeros que no superan los 7.000 kilos,… (…) “narcolanchas”…”

“¿Sabían que el saldo de las cuentas de consignaciones y depósitos judiciales se eleva a 4.793.200.883,54 euros? ¿Se imaginan las cosas que se arreglarían si ese dinero llegase al lugar correcto? (…) No tengo datos objetivos, pero me atrevo a decir que es posible que la Administración de Justicia sea de los peores servicios públicos que tenemos en este país”

“Solo un milagro puede hacernos comprender de qué narices vive un trabajador si tarda una media de 16,7 meses para que su conflicto laboral sea resuelto en los juzgados de Andalucía (por cierto, seis meses más que el promedio de toda España)”


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PINIÓN. La vuelta a la tortilla. Por Noemí Juaní
Profesional de la gestión

07/07/22. Opinión. Noemí Juaní, profesional de la alta gestión en empresas e instituciones, en esta colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com escribe sobre los tediosos procesos judiciales: “Seguro que me entenderán aquellos que, por un casual (que es más bien un accidente) han tenido que poner un pie en el mundo de los Juzgados. Si Einstein nos alumbró sobre la “relatividad del tiempo”,...

...la Administración de Justicia ha elevado esa “dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia” a la categoría de la inalcanzable búsqueda de lo divino.”.

Barco a la deriva

Hace tan solo un par de días el diario El Mundo nos informaba de que en las playas de la Costa del Sol podían encontrarse a disposición del público general, unas lanchas con esloras de entre 15 y 20 metros, chasis semirígidos y ligeros que no superan los 7.000 kilos, sencillos sistemas de navegación y equipadas con varios motores de alrededor de 300 caballos cada uno, lo que les permiten rebasar con creces los 1.200 caballos.

Pese a lo que alguno pueda estar pensando, no se trata de un anuncio comercial que pretenda vender o alquilar este tipo de embarcación. Tampoco es una invitación a la apropiación indebida, aunque, al parecer, no están protegidas más que por un simple precinto policial, lo cual, como elemento disuasorio, quizás tenga sus efectos.

Y es que, si ya no lo imaginaban, voy a confirmarlo: según El Mundo se trata de “narcolanchas” (no busquen en ningún establecimiento naviero ese supuesto “modelo” de embarcación porque no se vende, al menos, con esa denominación).

La periodista que informa del descubrimiento también proporciona datos sobre el “por qué” de su presencia. “El desacuerdo entre las administraciones respecto a quién tiene la responsabilidad de trasladar o custodiar las narcolanchas incautadas por la Guardia Civil en Málaga o respecto a quien le corresponde abonar su traslado o destrucción deja estas codiciadas piezas para el crimen abandonadas a su suerte en la playa”.

Sinceramente, me sorprende la categórica afirmación de la periodista sobre que ese objeto es una “pieza para el crimen” y no, por ejemplo, un “divertido juguete para hacer carreras en el mar” o un “barquito de pesca con el que nunca se le escaparán los peces por muy rápido que éstos se desplacen”.


En cualquier caso, su abandono me hace cuestionarme si no podría intentar aplicar el artículo 615 del Código Civil por el que “El que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo”.

Así, y tras alguna gestión más, “pasados dos años, a contar desde el día de la segunda publicación, sin haberse presentado el dueño, se adjudicará la cosa encontrada o su valor al que la hubiese hallado” y seré una flamante propietaria de un artículo de lujo.

Claro está que esos “trámites” tienen sus propios plazos que deben ser cumplidos por una administración que acostumbra a hacer uso del llamado “silencio administrativo”, es decir, seis meses de inacción y falta de respuesta que se interpreta como un “nanay”.

Quizás ese es el motivo por el que los diversos puntos de conflicto a los que se refería la periodista no encuentran resolución. Como a alguien se le ocurra plantear las correspondientes reclamaciones sobre quién traslada, quién custodia y quién paga; puede verse absorbido por la peor de las pesadillas: el túnel del tiempo procesal.

Seguro que me entenderán aquellos que, por un casual (que es más bien un accidente) han tenido que poner un pie en el mundo de los Juzgados. Si Einstein nos alumbró sobre la “relatividad del tiempo”, la Administración de Justicia ha elevado esa “dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia” a la categoría de la inalcanzable búsqueda de lo divino.


No crean que exagero cuando hablo en términos tan místicos. Aunque algunos intentan confundirnos poniendo números científicos a lo que llaman tasas de congestión, resolución, pendencia y litigiosidad; no se dejen engañar. Solo un milagro puede hacernos comprender de qué narices vive un trabajador si tarda una media de 16,7 meses para que su conflicto laboral sea resuelto en los juzgados de Andalucía (por cierto, seis meses más que el promedio de toda España) o cómo se las apaña el empresario con su empresa en concurso durante 65,2 meses (y vuelven a ser números andaluces, aunque en esto, la “campeona” es Canarias con 84 meses de duración).

No les miento. Consulten las estadísticas publicadas por el propio poder judicial y comprueben que hay más datos interesantes en esas páginas. Por ejemplo ¿sabían que los saldos de las cuentas de consignaciones y depósitos judiciales se elevan a 4.793.200.883,54 €? ¿Se pueden imaginar cuántas cosas podrían arreglarse si ese dinero llegase al lugar correcto de destino? Y todo eso sin tener en cuenta que, por ejemplo, nuestro barquito de marras y su supuesto valor, todavía no aparece en esas cifras. Escalofríos me dan cuando pienso cuánto más puede haber por ahí, en ese limbo que escapa a los registros.

Yo no tengo datos objetivos para valorarlo, pero me atrevo a decir que es posible que la Administración de Justicia sea de los peores servicios públicos que tenemos en este país. Seguro que las causas son múltiples y complejas y tampoco voy a decir que no se hayan hecho algunos esfuerzos o que no hayan estado cargadas de buenas intenciones las iniciativas de grandes Pactos de Estado por la Justicia, pero acaban dándose de morros con la incompetencia, la impasibilidad o el corporativismo mal entendido de una parte importante de sus intervinientes. A ello hemos de sumarle episodios bochornosos que merman la credibilidad y la tan aclamada imparcialidad, pero, aunque no quiero que nadie piense que estoy excusando a los máximos dirigentes de esta administración (que, para colmo, tiene la particularidad de ser una y varias a la vez) ni estoy restando importancia a la ausencia de  grandes decisiones por falta de consenso,  tampoco quiero dejar de decir que, en esta tarea, hasta el último de sus funcionarios (entre los cuales sé que hay grandes profesionales) debería sentir un mínimo de vergüenza. Algunos, de actos u omisiones propias; otros, de las ajenas.

Así que propongo un destino glorioso para la lancha encallada en la playa de la Costa del Sol: que permanezca allí como un monumento de enaltecimiento y recordatorio de los miles de procedimientos que naufragan en los pasillos judiciales.

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