“Culpabilizar a cualquier gobernante de “no atender al interés general” es, probablemente, una de las frases más recurrentes dentro del amplio mundo de las críticas políticas”

OPINIÓN. La vuelta a la tortilla. Por Noemí Juaní
Profesional de la gestión

20/10/22. Opinión. Noemí Juaní, profesional de la alta gestión en empresas e instituciones, en esta colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com escribe sobre el interés general: “Las acciones del gobierno son criticables y están sujetas al juicio, a la censura y al reproche de todo aquél que sienta, crea u opine que son incorrectas, pero busquemos otros argumentos que avalen nuestra postura...

...un poquito más elaborados y más allá de convertirnos en los apoderados de la voluntad popular”.

Graciosa torpeza

Leí hace muy poquito, en Expansión, una entrevista que le hacían a un insigne empresario y, en un momento dado, éste criticó las acciones de gobierno alegando que eran “absolutamente electoralistas y buscan ganarse el favor de los votantes, no atienden al interés general”.

Culpabilizar a cualquier gobernante de “no atender al interés general” es, probablemente, una de las frases más recurrentes dentro del amplio mundo de las críticas políticas. No hay más que poner en Google la frase entrecomillada para que la búsqueda proporcione resultados coincidentes en su totalidad y en 0,32 segundos aparecen 798 resultados en los que diferentes personajes hacen declaraciones apelando a ese concepto en momentos y circunstancias diferentes.

Por ejemplo, las que lanzó UGT sobre la comisión europea afirmando que “las nuevas recetas obedecen a posiciones ideológicas neoliberales, que favorecen intereses empresariales y financieros concretos, pero que no atienden al interés general” o las de Luis María Ansón en 2016 hablando de los partidos políticos que “no atienden al interés general sino al de sus agrupaciones”.

Hace muy pocos días, un partido político que formaba parte de un gobierno autonómico decidió abandonar esa responsabilidad tras consultarlo con sus propios militantes y la crítica contra esa decisión se basaba en que se había antepuesto la voluntad de los afiliados a la de los votantes, cuando el compromiso, en realidad, se había adquirido con estos últimos.

Y no es solo que un grupo es bastante más numeroso que el otro, sino que el “interés general” es un cúmulo de “funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos” al menos según el diccionario de español jurídico de la RAE.

Debe ser tremendo sentir esa responsabilidad por la que, en lugar de escuchar uno a uno a tus interlocutores, o a tus amigos, o a la gente más cercana a ti, debes ser capaz de interpretar algo que emana, sin que se formalice explícitamente, de un grupo indeterminado e inidentificado de personas racionales que después, pueden pedirte explicaciones sobre ello.

Y es que ese “interés general” es la base de la llamada “democracia representativa” o “forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus representantes en el Parlamento o asamblea, que a su vez designa y controla al presidente del Ejecutivo y a su Gobierno” y que la distingue, por ejemplo, de la “democracia participativa” o “modelo de participación democrática que descansa en las iniciativas directas de los ciudadanos sobre la vida política”.


De ahí que, en nuestra sociedad actual, repleta de sujetos mucho más formados e informados y con una estructura tecnológica que permitiría conocer al instante su opinión, exista un debate que pone en cuestión el sistema que inventamos en el Siglo XVIII. Pero no voy a entrar ahora en ese dilema que me parece excesivamente complejo.

Así que volvamos a la frase inicial y percatémonos de que el problema de lo que expresa el entrevistado en el diario económico, no solo es que los políticos no atienden el interés general, sino que éste es contrario al interés de los votantes. En mi búsqueda de internet he encontrado a una parlamentaria que, en el año 2019, en un debate en el congreso dijo algo muy parecido, aunque fue algo más explícita sobre ese grupo de votantes: “la razón que subyace (…) no es la persecución del interés general, sino satisfacer a quienes garantizan la estancia de Pedro Sánchez en la Moncloa”. También he leído otra alusión similar en una diputada autonómica criticando a “gobernantes que no atienden al interés general de todos los españoles (…) y sí al suyo personal basado únicamente en conseguir o mantenerse en el poder” donde, como se puede ver, la alusión a los “votantes” ya es mucho más indirecta, aunque subyacen en aquellos que hacen posible que otros se mantengan en el poder.

Es entonces cuando mi cerebro empieza a cortocircuitarse y me pregunto si estoy frente a un error  o ante un oxímoron, figura retórica que consiste en una contradicción mediante la combinación de dos palabras con significado opuesto que intervienen en la misma frase y dan lugar a un sentido nuevo, como lo serían “muerto viviente” o “tensa calma”.

Y es que, si los votantes no son a quien uno debe atender, ¿qué significa el “mandato electoral”? Si no se corresponden con la “generalidad” ¿a qué minoría hay que escuchar?

Que quede claro: las acciones del gobierno son criticables y están sujetas al juicio, a la censura y al reproche de todo aquél que sienta, crea u opine que son incorrectas, pero busquemos otros argumentos que avalen nuestra postura un poquito más elaborados y más allá de convertirnos en los apoderados de la voluntad popular, no vaya a ser que pese a formar parte de una generalidad exclusiva quede demasiado evidente nuestro desinterés interesado.

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