“Tenemos una inflación asfixiante que impide que ahorremos lo suficiente para poder plantearnos siquiera una hipoteca. Además, los bancos han elevado los requisitos para conceder préstamos y las hipotecas están más caras”

OPINIÓN. La vuelta a la tortilla. Por Noemí Juaní
Profesional de la gestión

27/04/23. Opinión. Noemí Juaní, profesional de la alta gestión en empresas e instituciones, en esta colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com escribe sobre la nueva Ley de la Vivienda: “En Málaga el salario medio por perceptor es de 17.468,00 € anuales. El precio promedio del metro cuadrado en alquiler es de 11,9 € al mes, es decir, por un pisito de unos 100 metros cuadrados tenemos...

...una renta de 1.190,00 €. Así que un simple cálculo matemático nos dice que podemos estar destinando el 80% del salario a residir”.

Un derecho como una casa

Estaba cantado que cualquier iniciativa legislativa que se pusiese sobre la mesa cuando ya ha empezado la cuenta atrás de unas elecciones, aunque estas sean municipales, tenía que generar debate. Lo sabían unos y otros. Así que a esta nueva Ley de la Vivienda hay quien le atribuye objetivos ocultos maquinados por sujetos que se ganan la vida manejando esos tiempos políticos, olvidando que el proyecto ya adquirió forma en 2021.

En cualquier caso y aunque fuera cierta la suposición, eso no implica que la Ley de la Vivienda haya aparecido como un conejo de la chistera. Ni está exenta de valor ideológico, ni es meramente electoral. Tiene una profunda carga doctrinal y se basa en recónditas convicciones. Por eso yo tampoco podía quedar ajena, aunque a veces evito en estos articulitos lo que está más de modo intentando huir del ruido.

Y bulla de la mala es lo que hemos tenido estos días cuando se ha enarbolado el fantasma de los okupas. Para dejar claro el temita y zanjarlo pongamos este dato en su justa proporción. Según Savills Aguirre Newman en España, en 2022 había 4,2 millones de viviendas en alquiler y según la Policía ese mismo año hubieron 16.726 denuncias por allanamiento o usurpación de vivienda (aquí podríamos recordar que las denuncias son solo eso y que solo una sentencia determinaría cuantas de esas son realmente delitos, pero mejor no esperemos a la administración de justicia y demos por válido el dato). Por tanto, así en frío, la posibilidad de que la ocupación irrumpa en el parque de viviendas alquiladas es del 0,39%, es decir, menos posibilidades que las que tenemos de acertar la carta sacada aleatoriamente de una baraja de 200.

Claro que, esto es como la lotería. Si compras más números, tienes más opciones y lo que algún estudio parece revelar es que la mayoría de los propietarios (79%) solo tienen una vivienda en alquiler, pero la minoría restante (21%) acumula el 60% del parque total.


Ahora que ya hemos puesto en evidencia a quien podría remotamente preocupar el tema de la ocupación ilegal si finalmente se aprueba que el trámite para su expulsión se retrase algo más de un mes (ya se sabe, para algunos el tiempo es oro y del bueno) vayamos a por lo que importa.

Regular la vivienda no es un antojo. Tenemos esos deberes sobre la mesa desde que aprobamos nuestra Constitución.

La norma magna, que espero sea una cita apropiada para todos los oídos, es en esta cuestión incluso más avanzada que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como lo oyen.

Aunque es cierto que habla del derecho de vivienda en el artículo 47 mientras que la universal lo hace en el 25; me reconocerán que no es lo mismo decir sin ambages “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” que hacerlo de un soslayo declarando que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (..) la vivienda”.

El primer mandato es rotundo, el segundo permite cierto grado de ambigüedad, pues el derecho se predica del nivel de vida, como si luego ya, cada cual pudiera hacer lo que le viniera en gana.

También es contundente nuestra Constitución cuando impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho y añade que deben impedir la especulación. Este es un término que suena mal, que sabemos que se utiliza peyorativamente, que es feo que lo digan de uno, pero la RAE lo define como “Efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios”.

Así que cuando uno tiene en propiedad legítima su casa de entresemana, la del fin de semana, la de los veranos, la de las vacaciones de navidad, la de por si acaso y se le ocurre comprar el sexto pisito para alquilarlo y al inquilino, le sube el alquiler cada año un 3% más de lo que sube el IPC; pues no sé, quizás alguien se ofende si le llaman “gran tenedor” y se le aplican ciertas restricciones, pero a mí me parece que no estamos haciendo más que cumplir con la norma máxima que tanto invocan algunos cuando les conviene.

Pero es que, además, una cosa es hacer alarde de ser un perfecto conservador y otro obviar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que incluso grandes inmobiliarias ponen de relieve a poco que se les pregunte.

Tenemos una inflación asfixiante que impide que ahorremos lo suficiente para poder plantearnos siquiera una hipoteca. Además, los bancos han elevado los requisitos para conceder préstamos y las hipotecas están más caras.

Con menos compradores en el mercado, la cantidad de compraventas de viviendas ha empezado a contraerse. Pero eso no lleva inmediatamente a una bajada de los precios de la vivienda porque falta obra nueva (en 2022 finalizaron algo más de 117.000 viviendas nuevas) y porque los compradores extranjeros están batiendo récords de compraventa (según datos de los registradores, en 2022 protagonizaron el 13,8% de las operaciones).

Sumemos a todo esto que cada año, cerca de 400.000 jóvenes se plantean buscar piso para salir del ambiente familiar y que unas 100.000 personas se divorcian (lo que implica que donde vivían dos ahora deberá vivir uno).

Y toda esa presión se dirige a la vivienda en alquiler que, en paralelo, ve en la vivienda de alquiler vacacional un método de ganar más dinero y con menos riesgos; aunque eso suponga tenerla vacía la mayor parte del año.

Veamos cifras más cercanas:

En Málaga el salario medio por perceptor es de 17.468,00 € anuales. El precio promedio del metro cuadrado en alquiler es de 11,9 € al mes, es decir, por un pisito de unos 100 metros cuadrados tenemos una renta de 1.190,00 €. Así que un simple cálculo matemático nos dice que podemos estar destinando el 80% del salario a residir (que no a vivir, porque hemos dejado fuera la posibilidad de comer, desplazarnos de un sitio a otro, educarnos, tener un mínimo de ocio…). O eso o buscamos un nidito de amor de unos 35 metros cuadrados.

Si esto no es suficiente para entender la necesidad de esta ley debe ser porque en lugar de entender que este es un derecho como una casa tenemos múltiples casas como negocio.

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