“La ocupación que más esfuerzo les va a suponer no es ninguna de esas porque, por encima de todo eso, van a tener que revertir el desprestigio absoluto en el que ha caído el órgano y la institución completa que representan”

OPINIÓN. La vuelta a la tortilla. Por Noemí Juaní
Profesional de la gestión

27/06/24. Opinión. Noemí Juaní, profesional de la alta gestión en empresas e instituciones, en esta colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com escribe sobre el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial: “Tienen por delante la tarea ingente de mejorar la Administración de Justicia, nombrando a 94 jueces y magistrados en plazas pendientes de cubrir, inspeccionando...

...Juzgados y Tribunales, imponiendo disciplina interna, formando a sus jueces, ordenando en el límite de sus competencias, opinando sobre las medidas que otros pretendan imponer e impulsando las mejoras que consideren oportunas”.

Objetivo latente

Era difícil soslayar la noticia sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial en el momento de decidir sobre qué escribir, aunque lo cierto es que no será una noticia real hasta que las Cortes Generales (Congreso y Senado) no hayan nombrado a los veinte miembros que constituyen este órgano colegiado.

La información estrictamente destacable es que los dos partidos mayoritarios han alcanzado un acuerdo y eso, no solo es noticia porque llevaba más de cinco años pendiente, sino porque parece sorprendente que en medio de un clima de bronca continuada, aireada a través de medios de comunicación y multiplicada en redes sociales hasta la saciedad, elevando a decibelios prohibitivos la crispación política; haya sido posible que el Sr. Bolaños y el Sr. González Pons pudieran ni siquiera oírse.

Mi discernimiento, tan influenciado por la información breve y simple que me bombardea a diario, ha suspirado con alivio ansiando que esto fuera el principio del fin, de manera, que todo quedase desbloqueado y pudiéramos abordar otras cuestiones de gobierno general.


Sin embargo, me ha dado por buscar y he visto que, en lo que llevamos de legislatura, menos de un año, hemos sido capaces de aprobar tres reales decretos-ley, si no con unanimidad, con una mayoría aplastante.

Se trata de la norma por la que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual respecto de colectivos vulnerables, con 347 votos a favor y la abstención de Joseba Andoni Agirretxea Urresti, un diputado del PNV;  el Proyecto de Ley por el que se adoptan medidas relacionadas con la protección por desempleo y la  conciliación de la vida familiar y profesional, con 344 votos a favor y 5 votos en contra entre los que se encuentra, además de Joseba Andoni, el resto de sus compañeros de partido del PNV y otra iniciativa sobre la promoción del transporte público entre los jóvenes que contó con 331 síes, 5 noes (otra vez nuestro amigo Joseba Andoni y sus compañeros del PNV) y 13 abstenciones (que corresponden a los diputados de ERC y de Bildu).

No me negarán que este escenario muestra un ámbito en el que trabajar es posible; pero soy consciente de que esa afirmación es tan cierta como que todo ha quedado oculto bajo el manto de la atención mediática recibida por la tramitación de la Ley de amnistía, con 178 votos a favor y 172 votos en contra.

Quizás eso sea lo que los lideres políticos, responsables de este acuerdo sobre el órgano superior de los Jueces, hayan intentado demostrar. Ojalá fuera así, pese a que, algunos medios de comunicación subrayan que Feijoo, más allá de ese supuesto objetivo, pretende dar un golpe de autoridad ante presiones internas lideradas por famosos animados por los muchos likes que reciben ante ocurrencias provocativas y camorristas.

También hay quienes han querido reducir el pacto a una transacción entre dos partidos políticos, olvidando que se trata de un convenio suscrito por los representantes de 15.982.555 personas, es decir, por parte del 42% de los españoles que fueron llamados a las urnas o del 64% de los que ejercieron ese derecho.

Deberá ser refrendado y hecho realidad en las Cortes Generales, órgano que representa la soberanía popular y es posible que, en ese trámite, reciba algún que otro apoyo más por parte de otros partidos políticos (todo apunta a que, esta vez Joseba Andoni no sea el elemento discordante) que sitúen la representatividad de esa voluntad popular en 20.000.000 de personas y lo acerque al 80% de los votantes.

Todo eso no sería más que una obviedad, si no fuera porque algunos se han empeñado en desprestigiar el sistema de elección, como si este no respondiera a la separación de poderes y fuera la causa de la llamada “politización de la justicia”.

Por eso, en este juego de información real o latente, no le arriendo las ganancias a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tienen por delante la tarea ingente de mejorar la Administración de Justicia, nombrando a 94 jueces y magistrados en plazas pendientes de cubrir, inspeccionando Juzgados y Tribunales, imponiendo disciplina interna, formando a sus jueces, ordenando en el límite de sus competencias, opinando sobre las medidas que otros pretendan imponer e impulsando las mejoras que consideren oportunas; aunque es posible que de todo ello no se diga nada y lo único de lo que sí que nos enteremos sean de sus cuitas por nombrar a quien será su propio Presidente.

Sin embargo, la ocupación que más esfuerzo les va a suponer no es ninguna de esas porque, por encima de todo eso, van a tener que revertir el desprestigio absoluto en el que ha caído el órgano y la institución completa que representan.

No es poca cosa, ni tarea fácil.

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