La gestión podía haber pasado a ser 100% municipal desde el 16 de junio, pero el Ayuntamiento renuncia a municipalizar el servicio y regala al socio privado más de un millón de euros anuales sin exigir contraprestación alguna

16/06/25. Redacción COSTA del SOL. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Mientras Benalmádena se asoma a un verano seco y los embalses tiemblan, la Junta de Gobierno Local ha decidido lo que parece ser la solución definitiva al problema del agua: que todo siga igual. El contrato con la empresa mixta EMABESA, extinguido por cumplimiento el 16 de junio de 2025, se mantiene...

...vivo gracias a un curioso milagro administrativo: la continuidad sin contrato. Todo ello, como no podía ser de otro modo, sin libre concurrencia, sin nuevo pliego y sin estudio que lo justifique.

Pero lo más grave es que no había que hacer absolutamente nada. El 16 de junio, al vencer la concesión, la empresa pasaba automáticamente a ser 100% municipal. El socio privado simplemente debía marcharse. No era necesaria ninguna operación de emergencia, ni apocalipsis hídrico. El agua seguiría saliendo del grifo. Lo único que cambiaría sería el nombre del gerente, y ni siquiera eso, si se hubiera querido mantener. Pero alguien ha preferido mantener al sr Carlos Slim bien sentado, el dueño de la empresa Aqualia, que el magnate mexicano Slim controla a través del grupo FCC, que entró en EMABESA con el compromiso de aportar su experiencia.


El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, lejos de ser un gesto de transición prudente, es una maniobra de blindaje opaca. No se acredita ni la comparación con otros modelos de gestión, ni la supuesta eficiencia de la empresa mixta frente a la gestión directa. No hay memoria económica ni estudio de viabilidad. Lo que hay, eso sí, es continuidad para un modelo que sale carísimo a los vecinos: una comisión del 3% sobre las ventas para el socio privado, el 50% de los beneficios y, por si fuera poco, IVA en la factura. Triple salto mortal para los bolsillos ciudadanos.

Y por si fuera poco, la prórroga se acuerda sin exigir ninguna contraprestación a Slim. No se pacta canon alguno, ni anticipo de canon, ni una sola mejora para el municipio. El socio privado simplemente seguirá llevándose los beneficios sin aportar nada a cambio, recibiendo más de un millón de euros al año mientras dure esta prórroga fantasma. El Ayuntamiento, mientras tanto, renuncia incluso a reclamar lo que en cualquier nuevo contrato sería exigible.


Pero lo más desconcertante no es el qué, sino el cómo. El alcalde, Juan Antonio Lara, al parecer incapaz de encontrar un solo técnico dispuesto a avalar la operación, ha optado por firmarse su propia propuesta. Así, en un ejercicio de autonomía extrema, ha redactado el informle-propuesta y luego ha firmado la resolución basada en dicho informe. La figura del Juan Palomo administrativo adquiere nuevas cotas en Benalmádena.

El único informe técnico que aparece en el expediente, redactado con tono balsámico, se limita a invocar jurisprudencia sobre la continuidad del servicio esencial, pero reconoce expresamente que no concurren las causas típicas de emergencia. Eso sí, se sugiere que, si no se aprueba la continuidad, podría sobrevenir una catástrofe hídrica. No se pierdan el guión.

Y sin embargo, los verdaderos daños no están en el futuro, sino en el pasado: en los 25 años de concesión, el socio privado se ha llevado regalías valoradas en más de 35 millones de euros. Con esa cantidad, Benalmádena podría haber construido reservas, depósitos y conducciones capaces de resistir sequías, garantizar el agua a los hoteles y llenar las piscinas sin sobresaltos. En vez de eso, pagamos, y pagamos de nuevo.

Lo que está en juego no es solo agua: es la legalidad, la transparencia y la decencia administrativa. No estamos ante una solución inevitable, sino ante una decisión planificada que elude deliberadamente el debate público y las opciones de gestión más justas. El equipo de gobierno ha optado por lo fácil, por lo opaco, por lo que perpetúa el negocio privado con recursos públicos.

La ciudadanía merece algo mejor que una prórroga disfrazada. Merece debate, comparación de modelos, transparencia y respeto. Porque el agua no se evapora: se privatiza, se factura y se reparte con comisiones. Y esta vez, nos lo quieren vender como si fuera lluvia.