OPINIÓN. Despacho abierto. Por Encarnación Páez
Alcaldesa de Villanueva de Tapia
29/10/13. Opinión. La alcaldesa de Villanueva de Tapia vuelve a realizar una reflexión que comparte con los lectores de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, esta vez, sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de la Doctrina Parot. Esta sentencia ha levantado muchas ampollas en sectores de la sociedad, pero Páez insiste: “la Ley debe ser respetada, aunque duela, porque la arbitrariedad es muchísimo más peligrosa”.
¿Estado de Derecho?
EL principio de legalidad es la base de un estado de Derecho; si presumimos de serlo y de actuar con todas las garantías legales, no podemos rasgarnos las vestiduras cuando se aplica la normativa. No hay una legalidad a la carta. Nadie dijo que las leyes sean justas. Muchas veces las leyes son el principal obstáculo para que la justicia se imponga por fin en esta sociedad.
EL dolor, la impotencia y la indignación de las víctimas del terrorismo (todos somos víctimas) son totalmente comprensibles tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero es que si creemos en los Derechos Humanos, estos deben ser respetados, aunque sea con personas que no tienen ninguna humanidad. Lo más peligroso de esta situación es la utilización espúrea por parte de los partidos políticos y de otras entidades para, basándose en sentimientos dolorosos, sacar a la palestra la lacra del terrorismo que, en las últimas encuestas de opinión, no está entre los problemas que más preocupan a los españoles, mientras que entre sus mayores preocupaciones se encuentran los políticos y la corrupción.
LA doctrina Parot, preconizada por el Tribunal Supremo desde el año 2006 consiste en que los beneficios penitenciarios se aplican a cada una de las penas que individualmente tenga el penado y no al máximo de cumplimiento previsto en nuestro Código Penal, que para el caso que nos ocupa es de 30 años. Con esta fórmula se alarga el cumplimiento de las penas. También hay que resaltar que uno de los principios constitucionales es la irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos.
LA Ley debe ser respetada, aunque duela, porque la arbitrariedad es muchísimo más peligrosa.
OTRA cuestión es que se plantee un debate sobre la cadena perpetua, por ejemplo (yo soy partidaria de la reinserción social y de la función reeducadora de las penas) Pero ese es otro tema…
PUEDE leer aquí anteriores artículos de Encarna Páez:
- 27/05/13 Defensor ¿del Pueblo?
- 08/04/13 Ciudadana Cristina
- 20/02/13 La agonía de los ayuntamientos
- 18/12/12 La ratonera
- 27/07/12 Ser mujer también duele
- 21/06/12 Ser alcaldesa también duele
