OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
12/06/15. Opinión. El periodista Dardo Gómez desgrana en su último artículo en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com las posibles consecuencias que los recientes comicios municipales y autonómicos podrían acarrear a los medios de comunicación. “Los últimos resultados electorales han cambiado el panorama político de los españoles, pero ¿hasta dónde esto puede representar un cambio hacia la decencia de los medios de comunicación? Cuidado, la bestia está herida…”, sentencia.
Con coraje y decencia, ¿se podrá cambiar algo?
HACE algunos años y en oportunidades diferentes dos políticos de prestigio de la escena española me confesaron que era muy difícil introducir la necesidad de garantizar legalmente el ejercicio del derecho a la información en la agenda de sus respectivos partidos; simplemente, porque eso nunca se había debatido en el seno de sus organizaciones.
ES decir, que había un derecho fundamental que se les había saltado o que, quizá, no pensaran en que fuera fundamental para la democracia. Me inclino a esto último, ya que de lo contrario no lo hubieron dejado en custodia de los dueños de los medios de comunicación; aunque en esta inocentada hayan coincidido muchos periodistas de la transición y algunas de sus organizaciones.
COMPARANDO los programas de los partidos tradicionales en las últimas elecciones municipales y autonómicas he podido constatar que mientras unos siguen sin considerar el tema, otros pasan de puntillas sobre él. Es decir, que no tienen propósitos de enmienda a pesar que son “sus” medios públicos los que se llevan la palma de la manipulación informativa. Y hablo tanto de los autonómicos como de los municipales.
SIN embargo, tras las últimas elecciones entiendo que se podría abrir un nuevo panorama ya que, por primera vez -por lo menos en lo que a mi me consta-, el tema del Derecho a la Información ha sido debatido y lo sigue siendo en el seno de grupos de trabajo de las nuevas organizaciones políticas y plataformas de unidad ciudadana.
A eso se suma la tarea, para mi muy importante, de los sindicatos de periodistas que en autonomías como Madrid, Catalunya, Andalucía, Baleares o Canarias, entre otras, han puesto encima de las mesas de todos los partidos con presencia en sus comunidades reivindicaciones impostergables.
NO solo sus ya imaginables y obligadas reivindicaciones laborales, sino también la necesidad de regenerar la decencia en los medios de comunicación públicos y poner las bases para la existencia de unos medios privados respetuosos de la ciudadanía. Así es que, por lo menos, nadie puede alegar ignorancia del estado de la información en su comunidad.
ES sabido que el escepticismo nos puede a todos y también que no sería la primera vez que los políticos ponen la oreja, pero quitan el oído. Puesto a recordar, recuerdo a un diputado –hoy imputado y condenado- que me reprochó que insistiera en exigir que su partido cumpliera las promesas preelectorales en materia de información y me argumentó “tienes que entender, ahora somos gobierno”.
QUE en buen romance quería decir “ya sabes que los medios nos están presionando y que nosotros somos unos badulaques”; de estas miserias todos conocemos algunas. Por lo tanto, no hablo desde la inocencia ni desde la pura inconsistencia de la fe.
Nuevos aires, nuevos vientos
SIMPLEMENTE, observo que aunque muchos dinosaurios sigan paseándose por despachos y congresos de Iberia, el frío los está cercando y las posibilidades de que encuentren abrigo cada vez son menores.
EN los últimos meses he tenido la suerte de asistir a una cantidad importante de reuniones -que suelen denominarse “de base”- en asociaciones de vecinos u organizaciones ciudadanas en las que, hasta ahora, nunca había oído hablar de forma tan crítica de los medios de comunicación.
Y más importante, estas personas estaban indignadas contra estos, sabían quienes eran sus dueños y consideraban que se estaban vulnerando sus derechos al mentir sobre sus organizaciones y difamarlas.
POR otro lado, en las nuevas organizaciones no ha sorprendido la creación de grupos de trabajo para debatir sobre las necesidades de información de la ciudadanía desde el punto de vista del receptor y fuera de los lugares comunes que se suelen oír en los debates de los profesionales.
ME consta que han analizado la situación en su conjunto y han introducido, en consecuencia, propuestas concretas al respecto en sus respectivos programas electorales.
EN una sociedad sana, estas deberían convertirse en iniciativas de gobierno, si esos partidos consiguen el apoyo mayoritario de la ciudadanía. En caso de que esto último no sucediera; esto no las exime de su compromiso de trabajar desde la oposición para que esas demandas de sus votantes se hagan realidad.
LOS ciudadanos han podido superar, por primera vez, el corsé perverso del régimen electoral vigente y terminado, de momento, con las mayorías absolutas y el bipartidismo; esto abre un esperanzador panorama de acuerdos en los cuales las fuerzas de renovación puedan hacer valer las ideas de los nuevos espacios de justicia y de equidad que demanda gran parte de la sociedad.
Qué hay de mi respeto
DECÍA que varias de estas propuestas renovadoras, iniciativas que son herederas del 15M, han sido incluidas en distintos programas electorales para hacer real el ejercicio del derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía. Los necesarios pactos pueden producir, a corto y medio plazo, que la democracia y el respeto por la información entre en los medios públicos.
PONGO por ejemplo, la oportunidad que brinda la nueva composición del Consejo de Administración de TeleMadrid y Onda Madrid; dos medios que han competido con la valenciana Canal9 (hoy hibernada) y la “TeleCospedal” por alcanzar las cotas más altas de la corrupción y prevaricación informativa.
AUNQUE el Gobierno de la autonomía quede en manos del PP, es de esperar que la presencia mayoritaria de los consejeros de PSOE y Podemos en el ente madrileño terminen con la infamia informativa en su seno.
AMBAS organizaciones políticas han suscrito, hace ya meses, el “Pacto por una RTV pública al servicio de los madrileños” que comparten con decenas de organizaciones ciudadanas; ahora tienen el deber de poner en práctica los principios básicos para asegurar la independencia y pluralidad que asumieron en ese pacto.
SOLO es cuestión de mostrar voluntad política y decencia; lo que se les supone.
Y qué pasa con los privados
EN esencia, no hay nada que exima a los medios privados de su obligado respeto por un derecho fundamental como el de la información; la universalidad de ese derecho obliga a que los gobernantes sean custodios necesarios del mismo y dicten normas para ese cumplimiento. Hasta ahora, todos los que han gobernado en España han mirado para otro lado; aunque en el marco europeo se ha avanzado algo, pero con paso timorato y gesto titubeante.
NO hay una única razón que explique esta pereza, sino varias y acumulativas.
POR un lado la ignorancia generalizada en los políticos sobre los temas de comunicación, a lo que suman su torpe dependencia de los medios y su obsecuencia por las empresas estratégicas y financieras que están detrás de ellos.
TODOS los partidos tradicionales deben dinero a los bancos, que les han financiado sus campañas electorales con graciosa benevolencia y muchos de sus directivos, que han pisado moqueta, han encontrado su jubilación dorada a través de las puertas giratorias de las energéticas y otras empresas estratégicas. Miren en el accionariado de los grandes medios, si los encuentran, y verán retratados a sus reales dueños.
UN ejemplo, el miedo enfermizo del ex presidente Rodríguez Zapatero a los medios, hizo que tengamos una infame ley del audiovisual que le fue dictada por la patronal UTECA, vía su secretario de Comunicación, Miguel Barroso. Hoy, Barroso es consejero delegado de “Young & Rubicam”, una de las empresas del Grupo WPP, el holding de publicidad y comunicación mayor del planeta.
Sin embargo, se puede y se debe
ES cierto que trinchar este pavo escapa a las competencias autonómicas, pero todos sabemos que en medio año, si no antes, se abre el melón de las elecciones presidenciales.
TAL como ha ocurrido en las autonómicas, corresponde a las nuevas formaciones y plataformas políticas introducir el tema de la garantía del Derecho a la Información y Comunicación de la ciudadanía en sus programas y trasladarlo, si tienen suerte electoral, al Congreso de los Diputados.
SI como señala el último informe de Freedon House “la libertad de prensa en España ha alcanzado su nivel más bajo durante la democracia”, está claro que no se debe a un fenómeno extraño sino que es una consecuencia participada por los distintos grupos de poder.
PARA sostener esas necesarias propuestas de regeneración de la comunicación en España no hace falta bucear en el Mediterráneo; con las recomendaciones del Consejo de Europa y siguiendo las conclusiones de sus últimos estudios hay más que bastante para mejorar nuestro infame panorama.
CLARO que a quienes lo propongan les van arrear de todos lados; los medios les van a lanzar sus plumas de confianza y abrirán sus columnas a algunos catedráticos para que reciten sus teorías pasadas de sazón.
ES más, no faltará alguna organización profesional o gremial que se rasgue las vestiduras por una libertad de prensa que, de verdad, nunca defendieron.
SI esto es lo que temen algunos dirigentes de las nuevas fuerzas emergentes; no veo que vayan a ganar nada con esa cautela. Esos medios ya les han colgado las etiquetas de “radicales”, “bolivarianos” y “soviets” y les van a seguir haciendo todo el daño que puedan. Falta la decisión de explicarle a la ciudadanía quiénes están detrás de los medios de comunicación privados -con nombres y apellidos-, cuáles son sus intereses y cómo se las gastan, cada día, para perjudicar los intereses de la ciudadanía.
ESTAS agrupaciones deberían ser coherentes y confiar en la ciudadanía, que es quien ha abierto esta oportunidad, y descartar la ingenuidad de buscar la complicidad de los medios de las grandes corporaciones.
EL miedo de la víctima no aplaca a la bestia…
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