OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
28/10/15. Opinión. “Un trending topic, coincidente con la burla sobre Telemadrid perpetrada en la Asamblea de Madrid, corea la torpeza neoliberal que se cree por encima de los derechos fundamentales y que nos quiere hacer perder el tren de los nuevos tiempos de la comunicación”. El periodista Dardo Gómez se muestra así de contundente en su último artículo de opinión para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com...
Medios públicos, SÍ; políticos prevaricadores, NO
ERA agosto de 2002 cuando un incendio arrasó gran parte de los bosques de Oregón, en la tragedia se perdieron inmensas superficies de gran riqueza forestal; se conmovió la opinión pública estadounidense.
ENTONCES, el presidente George Bush anunció una medida estrella: impulsar la tala de las superficies forestales más pobladas y así evitar su incendio. Esta propuesta recibió las más duras críticas y también las más sonoras burlas en todo el mundo inteligente. Es seguro que si Twitter hubiera existido entonces la tamaña necedad del mandatario neoliberal hubiera sido trending topic.
COMO lo fue este mediado de mes un mensaje en las redes destinado a promover el cierre de las televisiones públicas y que muchos creen que era una campaña de apoyo a la propuesta de gestión de Telemadrid que hacía la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en la Asamblea de Madrid con el respaldo, salvo tibias enmiendas, de los escaños de Ciudadanos.
LA ecuación de ambas formaciones es muy sencilla, si la deuda de los medios públicos crece de forma evidente, si las críticas a las gestiones corruptas de esos medios surgen de todos los sectores de la ciudadanía, si la manipulación informativa en esos medios está contrastada, no cabe la regeneración; simplemente, hay que cerrarlos.
EL Club de los Viernes, una asociación de economistas liberales, ha asegurado que, para ellos, el cierre de las televisiones públicas es la única solución ante su politización.
ESTOS mentores de propuestas de simpleza infantil han difundido la idea de que los servicios públicos deben ser, antes que nada, rentables. Su función social debería estar supeditada, según ellos, a su rentabilidad; lo que facilita su paso a la esfera privada donde, milagrosamente, hay empresarios que están dispuestos a hacerse con ellos.
ASÍ como Bush ocultaba que tras la quema de los bosques estaba la intención de favorecer a sus amigos de las industrias maderera y de la construcción; detrás del cierre de los medios públicos se ocultan los favores a la patronal Uteca que hace años reclama todo el espacio, que es nuestro, para los canales comerciales.
COMO la concesión de los mismos está en manos del gobierno de turno, su clientelismo está asegurado. Seguramente, piensan que es más fácil y más “limpio” manipular la información a través del reparto de prebendas.
La prevaricación diaria
LA simple propuesta de convertir Telemadrid en una sociedad anónima revela la intención de lubricar las puertas para su privatización o su liquidación, según los intereses particulares lo requieran.
QUEDA fuera de toda consideración la obligación de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, no importa la preservación de la cultura de la contaminación de los intereses del mercado, y se descarta la necesidad obligada de facilitar la comunicación de los ciudadanos, así como su acceso a los medios.
FUE la Europa culta de la posguerra, la que descubrió al mundo la existencia de derechos fundamentales, por lo tanto inviolables, y la que generó el primer modelo de radiodifusión pública.
EN esa Europa, salvo España, hasta ahora se ha conservado el prestigio social del medio público y hay una importante defensa ciudadana de su necesidad frente a los ataques liberales que quieren sitiarla por hambre recortando su solvencia económica, que es necesaria para que siga cumpliendo su misión.
EL británico Nicholas Garnham, experto internacional en la economía política de la comunicación y en políticas reguladoras, sostiene que los medios públicos constituyen “uno de los intentos más serios por llevar adelante una redistribución más igualitaria de los intercambios simbólicos: su justificación radica en su superioridad para ofrecer a todos los ciudadanos, cualquiera sea su localización geográfica, igual posibilidad de acceso a una amplia gama de entretenimiento, información y educación de alta calidad, y en la posibilidad que otorga al programador de satisfacer los diversos gustos de la audiencia y no sólo aquellos que proporcionan los mayores beneficios”.
POR lo mismo, ha defendido de forma repetida y documentada una regulación de la televisión pública que garantice el derecho a la información plural de las audiencias y funcione como medio de participación y acceso público con mecanismos de expresión creativa e innovadora. Garnham lo cree viable y asegura que, para conseguirlo, se debe preservar la independencia de la televisión pública de los poderes políticos y los económicos.
La función diaria
EN estos momentos, ante la presión de grupos de la catadura del Club de los Viernes y el abrazo del oso de los propietarios del audiovisual privado el desafío en el diseño de políticas de comunicación democráticas está, precisamente, en cómo proteger la pervivencia de los medios públicos en un ecosistema que quiere poner en el centro de la comunicación los intereses del mercado.
A los representantes en la Asamblea Madrileña que confían sus ideas a las veleidades de Twitter, parece que esto les cae lejos o no saben que en esta Europa a la que apelan para justificar los desmanes de la Troika, la noción de servicio público significó un cambio en la concepción de la ciudadanía (¿los derechos políticos les suenan?), y esto incluye que los Estados deben asumir la obligación de garantizar a todos sus habitantes el acceso a los servicios que se consideran esenciales. Y la información lo es para la vida de una sociedad en democracia.
LA mayoría de los expertos europeos coinciden en que los servicios públicos deben ser “universales”, esto es ofrecido a todos en igualdad de condiciones; deben tener garantizada la continuidad de su prestación de forma continuada, permanente y actualizada de acuerdo a la mejor calidad disponible.
POR ningún lado aparece gente inteligente que diga que estas responsabilidades se le puedan confiar a las empresas privadas que -como es lógico y legítimo- tienen puesta su mirada en los meros beneficios económicos.
POR eso en Francia, por poner un ejemplo cercano, el Estado otorga a la televisión pública capacidades para:
- “Ofrecer a todos los ciudadanos condiciones iguales de acceso a los programas de calidad en cualquier parte del territorio que habiten, y prescindiendo de sus condiciones económicas.
- Apoyar la producción audiovisual nacional, realizada por todas las categorías de los productores.
- Oponerse a la estandarización de la programación televisiva ofreciendo diversidad y renovando los géneros televisivos.
-Constituirse en escaparate de las industrias del audiovisual, contribuyendo a la experimentación e innovación tecnológica”.
PARA que esto sea una realidad, tanto en Francia como en los principales países civilizados, la valoración y control del cumplimiento de esas obligaciones de servicio la realizan autoridades independientes. Por mencionar algunas: la FCC en Estados Unidos, la Broadcasting Standard Council británica o el Conseil Superior de l´Audiovisuel francés.
HABLAMOS de una alta autoridad independiente que los partidos que nos han gobernado hasta hoy en España se niegan a crear; una autoridad no sometida a la intervención del gobierno que, además de velar por la autonomía editorial de la radiotelevisión pública, evalúa con eficacia el cumplimiento de los objetivos que se le han confiado.
SALVO que algunos gestores madrileños consideren que los españoles somos genéticamente más corruptos e incompetentes que el resto de la humanidad, no se entiende que consideren a nuestros medios públicos irrecuperables para la dignidad.
Hay que cambiar, para mejor
A nadie se le oculta que los medios públicos salidos de la transición han sido, salvo reducidos intervalos, una prolongación de la perversa herencia del franquismo. Aseguro haber oído a algún personajillo de nuestra entramado político sostener que “ya se sabe que la televisión es del que gana las elecciones”; algo que no podemos seguir permitiendo.
DEBEMOS ser plenamente conscientes de que los políticos que se apropian de nuestros medios son usurpadores de un derecho fundamental, además de prevaricadores que, a sabiendas, traspasan esa línea roja de la democracia.
CREO que persiste en gran parte de nuestros representantes esa prepotencia ibérica que propició una Transición mediocre que, orgullosa de su provincianismo, no se atrevió a mirar por encima de los Pirineos y observar como se hacían las cosas en la Europa democrática.
AHORA, toda la civilización está afrontando un nuevo tiempo de la comunicación que se orienta hacia la universalidad de las grandes posibilidades que ofrecen al individuo los desarrollados recursos tecnológicos. No podemos perder este tren.
ES tiempo de sacudirse la caspa ibérica, de abandonar los discursos interesados de las patronales del audiovisual, que son los que han dictado las actuales normas de nuestro mercado, y mirar en nuestro entorno -que hoy es todo el planeta- para observar cuales son las actuales tendencias de la comunicación.
EN el V Foro de Medios Públicos, que se celebró en México hace apenas un año, hasta el gerente de comunicaciones del Banco Mundial, Sergio Jellinek, afirmó que “el pluralismo, la diversidad de voces y de tenencia de los medios de comunicación son fundamentales para la activa participación de la ciudadanía”.
ALLÍ también se dijo que "la TV pública tiene el desafío de convertirse en un bien público porque utiliza recursos que son de la sociedad. Por eso, no puede desarrollarse sólo como un espacio político propagandístico y debe tomar en cuenta la diversidad social, política, cultural, étnica, lingüística, geográfica que albergan las sociedades latinoamericanas".
Y otras conclusiones como que “un común denominador que va más allá del espacio de los medios públicos tiene que ver con la necesidad de combinar la auto regulación con la regulación y que ello es algo que no depende del sesgo político o ideológico de los gobiernos de turno. Todos los países van en esa dirección”.
SEGURAMENTE, esto puede sonar a chino para algunos de nuestros administradores; pero allí se constataron realidades como éstas:
- “Un área de especial énfasis y de práctica extendida en los medios públicos es la inclusión de sectores tradicionalmente marginados de los sistemas comerciales y ello fue presentado con claridad por varios países que han hecho grandes progresos.
- Otro elemento de coincidencia tiene que ver con la necesidad de generar sistemas de medios plurales en contenidos y en materia de propiedad para así alejar a la región de prácticas que limitan las libertades, tanto de mercado como de expresión.
-Las nuevas tecnologías, su convergencia y especialmente la televisión digital terrestre abren nuevas oportunidades democráticas, cuyo aprovechamiento dependerá de la legislación que cada país consagre”.
A ver, señores de la Asamblea de Madrid, si entendemos de una vez que la cultura de los pueblos es algo de vital importancia que no se puede dejar en manos de los intereses del mercado y, por fin, que los medios públicos tienen la obligación de preservarla.
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