OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
14/03/18. Opinión. El periodista Dardo Gómez analiza en un artículo para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la necesidad de regular sobre la prensa y no dejar esta misión a la conocida como autorregulación del sector. En el texto se hace referencia al control que se debería ejercer para luchar contra la concentración de medios de las grandes corporaciones, que en muchos casos supone una traba para la...
...libertad de expresión y la presencia de diferentes ideologías y opiniones en el espectro mediático. A este respecto se habla de la “obligación positiva”, es decir una dimensión que exige al Estado que asegure el ejercicio de un derecho fundamental, en este caso el de la información.
Frente al fuerte, la libertad oprime y la ley libera
No deja de sorprender que gran parte de los periodistas se declaren contrarios a que el Estado garantice el derecho de la ciudadanía a recibir información honesta cuando, en cambio, piden la regulación del resto de derechos fundamentales y el respeto por las leyes.
EN los últimos años, seguramente empujados por los vientos de la precariedad insuflada por las políticas neoliberales, los trabajadores del periodismo profesional han aumentado la intensidad de sus reivindicaciones. Ya no solo a través de sus sindicatos y asociaciones sino también creando agrupaciones dedicadas a reivindicar de manera precisa las quejas de los distintos colectivos laborales que conforman el mundo de la producción de medios periodísticos.
LO singular es que todas las nuevas iniciativas no han aportado nada nuevo al discurso que desde año vienen utilizando las organizaciones que las han precedido. Lo que me lleva a citar esta frase atribuida a Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Dicen que no es seguro que la frase haya sido pronunciada por el genial físico; pero sí es comprobable que los periodistas la venimos haciendo verdad desde hace muchos años.
REFLEXIONABA en esto a raíz de un artículo del conocido investigador en comunicación Pascual Serrano en el cual, a raíz de las reivindicaciones feministas respecto de la responsabilidad de los medios de comunicación señalaba que “a diferencia de los otros sectores y temáticas que se plantean en el argumentario (de la huelga del 8M), cuando llegamos a los medios de comunicación el documento de reivindicación feminista no hace propuestas de intervención y de acción, solo propuestas expositivas sin operatividad alguna.”
SERRANO añade que ”los mecanismos con los que se garantizan los derechos y las justas reivindicaciones raramente se basan en el cambio voluntario de quien viola esos derechos o genera las injusticias, sino en la puesta en funcionamiento de medidas legales y administrativas que le obliguen a cambiar su actitud.”
PARA el analista “los medios privados, como cualquier otro sector empresarial, cambiarán cuando haya medidas coercitivas, es decir, leyes que le obliguen…”. “Unos medios que, desde muchas reivindicaciones (hoy el feminismo, ayer cualquier otra), son señalados como parte responsable, pero sobre los que nunca nos atrevemos a exigir su democratización e intervención ciudadana”.
CREO que, una vez más, Serrano ha metido el dedo en la llaga…
A vueltas con las leyes
SIN embargo, no son pocos quienes desde el mundo de la comunicación y sus aledaños muestran auténtico pavor ante la posibilidad de que se responda con leyes a los excesos, explotación e irresponsabilidades profesionales y laborales de los medios.
CASI en la misma semana en que Pascual Serrano publicaba lo anterior, el presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, el juez Rafael de Mendizábal, afirmaba en rueda de prensa que “elegimos la autorregulación porque la ley es siempre limitadora. La prensa no necesita una ley ordenadora, sólo es preciso que respete el ordenamiento jurídico, que no cometa delitos”. Además, señalaba que el objetivo de la comisión que preside es “conseguir un equilibrio entre una prensa absolutamente libre y una prensa éticamente correcta, que es lo que venimos logrando”.
RESPETO totalmente y pondero el objetivo que se ha fijado su presidencia, pero estoy casi seguro que, de momento, no lo están logrando. Por otro lado, sorprende que un jurista considere que la ley es limitadora ya que algunos nos hemos educado en que las leyes, en democracia, servían para liberar y proteger a las minorías y a los más débiles de la sociedad.
EL mismo Mendizábal dijo unos años atrás que las resoluciones de esa comisión de autorregulación “tienen carácter declarativo y nunca sancionador. En el peor de los casos son simplemente un reproche, un “tirón de orejas” cordial y comprensivo para que las malas prácticas detectadas ocasionalmente no se repitan”.
OYENDO estas cosas a algunos nos da la risa floja y pensamos que, con la que está cayendo, no es tiempo de “tirón de orejas”. Sin embargo, es cierto que en esto de no querer leyes que regulen los excesos de informadores y medios, no está solo.
RECIENTEMENTE he asistido en Madrid al evento Newsocarcy que organizó el European Centre for Press and Media Freedom y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), entre otras organizaciones. Señalo que el encuentro fue por demás interesante y de gran aporte sobre los riesgos de la concentración de medios para la democracia y que allí se propusieron fórmulas para combatirla.
SIN embargo, tanto el presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Arsenio Escolar, como la directora de comunicación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Mar Diaz Varela, se manifestaron totalmente contrarios a que el Estado intentara legislar para regular esas propiedades.
Sin embargo, no es así
ESTAS posiciones, tan reacias a la ley como la del juez Mendizábal, fue respondida minutos después en la misma reunión por Tarlach McGonagle, investigador del Instituto de Derecho a la Información de la Universidad de Ámsterdam y miembro del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre pluralidad en los medios. McGonagle hizo un avance de las recomendaciones que el comité de expertos europeos ha elaborado a solicitud del Consejo de Europa para hacer frente a la actual concentración del mercado mediático.
TRAS señalar los riesgos de esa concentración para la libertad de expresión y las democracias, ponderó la necesidad de actuación de los gobiernos para ponerles freno y recordó que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado que existe una obligación positiva de los Estados de garantizar la pluralidad de los medios, lo que significa que deben adoptar medidas legislativas para generar ese entorno adecuado.”
ESTO me hizo recordar que ya en 2007, en declaración conjunta, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, expresaron lo siguiente:
“EN reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas. Tales medidas deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles.
ADEMÁS deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigor.”
AÑADIENDO que los Estados deben “proveer apoyo a aquellos que deseen establecer nuevos tipos de medios de comunicación, con base en criterios equitativos y objetivos aplicados en forma no discriminatoria.”
POR su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiriéndose a la radiodifusión comunitaria, ha señalado que esta “debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación” y puso énfasis en que “sea la ley la que establezca los aspectos sustantivos de la regulación; es decir, que no delegue la definición de las políticas centrales de la actividad de radiodifusión en la autoridad de aplicación. En todo caso, ésta sólo podría completar o especificar los aspectos sustantivos definidos previa y claramente en la ley”.
Qué es la obligación positiva
EL TEDH hace ya años que asumió de que se derivan obligaciones positivas para los Estados con relación a la libertad de expresión; por su parte, el Supremo Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH), en sentencia del 16 de marzo de 2000 refirma que “el Estado tiene la obligación positiva de proteger el derecho a la libertad de expresión contra los ataques perpetrados por personas privadas”.
A este último respecto, más de un jurista coincide en que los derechos fundamentales, en un Estado social de este siglo, no pueden ser vistos como si fueran derechos de resistencia ante las supuestas actitudes del Estado.
EN el caso del Derecho a la Información de la ciudadanía es claro y evidente que, además de la siempre posible censura dictatorial de alguna administración, el mayor y cotidiano riesgo de manipulación y censura de la información proviene de los medios de comunicación tanto públicos como privados.
ANTE esta situación innegable, dicen los juristas especializados en derechos humanos, los Estados no pueden limitarse a la mera obligación negativa o de no injerencia; ya que no están cumpliendo con su obligación de proteger a la ciudadanía si se limitan a no censurar.
MÁS de un tratado y numerosos autores señalan que Estado social ha transformado la concepción antigua de los derechos fundamentales y que son considerados, "principios o valores superiores del ordenamiento jurídico y que, como tales suponen una obligación para el Estado de actuar positivamente. Este carácter jurídico-positivo es la manifestación de la extensión del status positivus del ciudadano en el moderno Estado social, que no puede ya contentarse con el mero respeto al status negativus".
LA dimensión negativa de los derechos fundamentales como límite al poder del Estado se ha visto complementada y ampliada con esta dimensión positiva que exige del Estado que asegure el ejercicio de un derecho fundamental. Así se ha señalado que "el concepto liberal y pluralista de los medios de comunicación pueden perfectamente, sin variar de naturaleza, engendrar determinadas exigencias de intervenciones de las autoridades públicas en vistas a que se den las condiciones necesarias para permitir a cualquiera beneficiarse de una información efectiva y de participar en el intercambio de informaciones e ideas".
EN fin, que se me hace que Pascual Serrano está en la senda necesaria a seguir; en cuanto al resto, sería bueno que se fueran enterando. Si es que quieren cambiar algo…
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