“La necesaria obra de desinfección de la comunicación no será fácil en España ya que como ha dicho el siempre certero Noam Chomsky: “Si no paras de decir mentiras, el concepto de verdad simplemente desaparece”. Si esto ocurre estamos encaminados a vivir en una sociedad mezquina y más peligrosa que el COVID19”

OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez

Periodista

23/04/20. Opinión. El conocido periodista Dardo Gómez reflexiona en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la libertad de expresión, los medios de comunicación y el Covid-19: “Yo diría que la población está hasta los mismísimos de nosotros y que el tratamiento informativo de la crisis del COVID19 ha sido lo último que ya podían esperar o aguantar de los informadores”...

Que alguien nos defienda de los canallas de la información

En mal momento y con peor redacción el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha incluido, en la elaboración de su Barómetro Especial de este abril, una consulta sobre una posible actuación del Gobierno español: ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?

Está bastante claro que la preguntita trata de inducir a la respuesta afirmativa ya que por mera inercia todos estamos infectados de desinformación interesada y deseamos librarnos de ellas. Sin embargo, no veo con la misma claridad porqué se mezcla o se correlaciona la pregunta sobre si el Gobierno debe centralizar o monopolizar la información sobre el COVID19 y el esperpento sobre si hay que “mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones”.

A bote pronto se me ocurren varias respuestas; sin embargo ninguna de ellas serían afirmaciones tajantes en un sentido u otro; ya que nuestra libertad de información no tiene nada de “total” y presenta vacíos notables para su ejercicio; en los cuales, hoy, no voy a entrar.

En toda forma y aunque me espante que se dude sobre si hay que mantener esa supuesta libertad total, me genera más preocupación las respuestas que se han dado a esa pregunta.


Los datos apuntan que dos de cada tres de las personas consultadas (66,7 por ciento) han dado su conformidad a que habría que «restringir y controlar las informaciones, estableciendo una sola fuente oficial de información», frente al 30,8 por ciento que cree que no se debe prohibir ningún tipo de información, mientras que el dos por ciento no lo tiene claro.

Sin embargo, la mayoría de las reacciones han sido por la pregunta y no por las razones que pueden haber motivado ese contundente desinterés por la libertad de información.


Rescato de las reacciones leídas y escuchadas, los comentarios formulados por los máximos directivos de las organizaciones de periodistas con mayor implantación en España: la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Rescato estas y no otras porque, aunque periodistas, son personas de bien y no confundibles con otras voces huecas que se han oído. En líneas generales, coincido con ambos y entiendo que pongan el foco en la torpeza del CIS, pero creo que se debe prestar mayor atención a la respuesta de la ciudadanía que ha sido consultada.

Aunque es cierto que el secretario general de la FeSP se manifiesta  preocupado por la respuesta de ese casi dos tercios de la población consultada; no se puede pasar de puntillas sobre que un porcentaje tan alto de personas esté de acuerdo con una macro concentración de cierta información y que se le sople la libertad “para la difusión de noticias e informaciones”.

Esto nos da miedo a los demócratas y a los que consideramos fundamental el derecho a la información de la ciudadanía; pero también obliga a una pregunta reflexiva: ¿quién le ha metido ese miedo a la libertad a esa ciudadanía?, ¿qué hemos hecho tan mal como para llegar a esto?

No vale mirar para otro lado

Admito que la pregunta pergeñada es inductora y que como dice el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, no es de recibo “la alternativa que propone la pregunta: o circulación libre de bulos o control de la información por el Gobierno. Ni una cosa ni la otra.”

Por su parte Agustín Yanel, secretario general de la FeSP, encuentra que nada “justificaría, nunca, que se adopten medidas para limitar la libertad de expresión”.

Es fácil sumarse a estas críticas e incluso hacerlas crecer como están haciendo algunos medios de esos que confunden libertad de empresa con libertad de prensa. Sin embargo, la mera y justificada crítica a esa pregunta del CIS no me alcanza para ver el agua clara. Si sus capitostes han hecho esa pregunta es porque han detectado que hay un rechazo en la población a cómo se le está informando o, para el caso, desinformando.

Yo diría que la población está hasta los mismísimos de nosotros y que el tratamiento informativo de la crisis del COVID19 ha sido lo último que ya podían esperar o aguantar de los informadores.

La realidad es la única verdad y lo palpable a día de hoy sobre el COVID19, según todos los informes y diagnósticos, de investigadores y analistas científicos, es que andamos a tientas; tratando de apelar a todos los conocimientos científicos existentes y probados para frenar una pandemia de la cual apenas sabemos dónde apareció y cómo se propaga. Mientras, los médicos no niegan que apelan al prueba y error y se cruzan los dedos para que el maldito virus no mute y nos deje en una nueva orfandad de conocimiento.

Con esto y un poco de decencia, no pido más, los turbios programas de la mañana televisiva y la prensa “histórica” podrían haberse llamado a sosiego y refrenar sus ejercicios de ignorancia acostumbrados, no prestarse a servir de portavoces a los carroñeros de la política española ni hacerse eco de los bulos, incluso cuando ya estaba comprobada su falsedad.

Pues, no… Han permanecido en las trincheras que ocupan desde la transición democrática -en la que se hallan anclados- y no han querido o no han sabido reparar en que los españoles como el resto de la humanidad tiene miedo y por, lo mismo, no merece recibir mensajes que generan más miedo y desconcierto social.

Estas falsedades, en momentos como estos, provocan la respuesta emocional fácil del público que acaba por lanzarlo a buscar un culpable de su miedo. De esto se alimenta la estrategia de la mentira que se utiliza como arma arrojadiza, supuestamente contra el adversario político, pero que provoca que se despierten, siempre por miedo, los instintos más burdos de los nacionalismos, de la xenofobia, del desprecio al pobre y al distinto. En fin, el miedo siempre saca lo peor de cada uno de nosotros.

No es nuevo y viene de lejos

Ya antes de este asco de información que estamos padeciendo, los españoles sufrimos, alguien lo recordará, el “sindicato del crimen”, articulado por notables de esta profesión para complotar contra el gobierno de Felipe González.

Complots similares lo han sufrido, a lo largo de más de veinte años, magistrados, sindicalistas, catedráticos, artistas y algunos empresarios; no hablo de críticas sino de campañas orquestadas y de vergüenzas como la “guerra de la TV” protagonizada por Prisa y Grupo Zeta utilizando a sus escribas y vendiendo la defensa de sus intereses como si fuera información.

Puede que a alguien le suene extraño y que alguien se haya creído la mentira de que la prensa está para controlar a quienes nosotros votamos; no es cierto y, además, el ejercicio de esta profesión es incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de posiciones previas e intereses particulares”.

Aunque saltándome algunos años, merece recordarse la guerra sucia del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz contra los independentistas catalanes; en la cual, sin el menor pudor, están implicados funcionarios de las fuerzas de seguridad, directores de medios y periodistas al servicio de aquel ministro que siguen ejerciendo de tertulianos.

En medio de todo esto, pero en el mismo fango, están la casi totalidad de los medios públicos. Cada día nos resultará más difícil a los defensores de  su necesidad para la pluralidad informativa dar la batalla por ellos; no porque se hubiera superado esa necesidad, sino porque han sido corrompidos por los políticos que están convencidos de que si llegan al Gobierno esos  medios pasan a ser de su propiedad.

Claro está que eso sería imposible sin la complicidad de una legislación redactada para facilitarlo y que no se quiere modificar; a día de hoy, la producción de más de la mitad de los medios públicos españoles está en manos privadas. Concesiones dadas a las productoras de amiguetes fieles que, por la cuenta que les trae, cumplen a pie juntillas las órdenes de manipulación informativa del presidente autonómico que les toca.

Muchos de los buenos profesionales que había en ellas se han marchado y los que aún quedan han sido relegados de funciones por no plegarse a la corrupción informativa. Recordemos, a vuela pluma, la corrupción que terminó con la televisión valenciana, dos chiringuitos como las de Murcia y Aragón, la de Castilla León pagada con el dinero público para mayor beneficio de especuladores de la construcción.

Uno de los ejemplos más lacerantes es el de la televisión catalana; otrora de gran calidad y que ha alimentado de grandes profesionales a los medios privados de España y que, ahora, está entregada a la más absoluta manipulación informativa por cuenta de la Generalitat y que ha descendido a los niveles de la Telemadrid de Esperanza Aguirre.

Todo ello con la colaboración necesaria –que no se puede ni se debe silenciar- de las y los periodistas que sirven a esos señores del poder como comisarios políticos en sus redacciones de informativos.

Si hablamos, hablemos de lo que hay

Cuando el presidente de la FAPE dice que “los periodistas, los primeros”, en el rechazo a los bulos, creo que se pasa en la generalización ya que gran parte de ellos y ellas se han dedicado a hacer de caja de resonancia de muchas noticias falsas y sus nombres están en la cabeza de todos.

Asimismo, cuando asegura que se debe “enseñar a los ciudadanos” a “desenmascarar los bulos y alertarles de que puede haber consecuencias penales en la elaboración y difusión de determinados bulos”, me parece que está dando una excusa de mal pagador.

Estimado señor Nemesio Rodríguez, su organización es de las históricas en el rechazo a la intervención del Estado en la información (recuerda la guerra de la APM contra el boletín de “Radio Carmena”); ahora, resulta que es ese Estado quien debe liderar la lucha contra la desinformación en la que muchos de sus afiliados participan.

Como también creo que no acierta  Agustín Yanel cuando dice que “por mucho que moleste o duela lo que comente otra persona, tiene todo el derecho a decirlo”; no en el periodismo en el cual las opiniones deben ser honestas y tergiversar los hechos.

Asimismo, insta a acudir a la Justicia, y confiar en la satisfacción que nos puede brindar el Código Penal. La justicia española (no se si otra) carece de la inmediatez para resolver esta infamia que vivimos y, por otro lado, seríamos cientos de miles de personas acudiendo a los tribunales para denunciar a los ocultos autores de cerca de un millar de bulos.

Por otro lado, no estamos hablando de algo que moleste o duela a nivel individual o por razones personales; se trata de una agresión masiva a la sociedad y a uno de sus derechos fundamentales. Cuando, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil dijo que el cuerpo al que pertenece trabaja “por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, estaba diciendo que hacían lo que tienen la obligación de hacer o es que solo están para perseguir inmigrantes pobres. Que es cuando muchos les aplauden.

Se me ocurre que ambos directivos, aunque de buena fe, caen en el habitual error de hablar de ciertas cosas como si realmente existieran y de otras como si fueran de eficacia probada.

Mal vamos y podemos ir a peor

Los invocados códigos deontológicos de estas y otras organizaciones de periodistas -con su demanda a la inconsistente “autorregulación”- son y serán letra muerta mientras no sean utilizados por ellas mismas para limpiar de sus filas a los peores de los nuestros.

De los centenares de estos códigos que pululan por Europa, uno y solo uno habla del amplio espectro del periodismo: el Código Europeo de Deontología del Periodismo aprobado por el Consejo de Europa en 1993.

Conviene tenerlo en cuenta porque dice cosas como que “se debe exigir que la emisión de opiniones se realice desde planteamientos honestos y éticos” y que no deben “negar u ocultar la realidad de los hechos o de los datos”.

También dice que el periodismo “no debe condicionar ni mediatizar la información veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el marco del respeto de los valores democráticos”. Si estas normas fueran de obligado cumplimiento muchos medios españoles hace años habrían cerrado.

En cuanto a la libertad de opinión en los medios, como hemos visto, viene sujeta a la honestidad y la veracidad; aunque haya algún político analfabestia que se atreve a asegurar que “quién sabe que es veraz o no”. Hay que decirle a este señor que la legislación ya lo tiene bien acotado, pero no se lo pienso explicar. Que estudie...

En cuanto a la libertad de expresión expuesta como un bien infinito e inmensurable; por favor, tampoco es así, hay múltiples razones para acotarlo. Les recomiendo una lectura juiciosa y reflexiva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2011. Allí se aclara que el supremo derecho al ejercicio de las libertades de opinión y de expresión “entraña deberes y responsabilidades especiales” y que está prevista su restricción para proteger “los derechos o la reputación de otras personas” tanto como “la protección de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud y la moral públicas”. También señala cómo, cuándo, por quién y por cuánto tiempo se pueden aplicar esas restricciones.

A mi resulta difícil tener que reconocer estas necesidades y entiendo que debatir de estas cosas no es simpático; como no lo es someterse a una intervención quirúrgica ante una gangrena, pero se debe hacer; claro está que con el cuidado y celo de un cirujano y con todas las garantías que, por cierto, no ofrece la ley mordaza de la cual ya no hablamos.

La necesaria obra de desinfección de la comunicación no será fácil en España ya que como ha dicho el siempre certero Noam Chomsky: “Si no paras de decir mentiras, el concepto de verdad simplemente desaparece”. Si esto último ocurriera estamos encaminados a vivir en una sociedad mezquina y más peligrosa que el COVID19.

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