Quince de los nuevos medios de comunicación realmente independientes que, contra viento, marea y los políticos corruptos están librando la batalla de la auténtica libertad de prensa han reclamado, de manera conjunta, a los partidos políticos que impulsen la reforma de la Ley Acuerdo Marco de Publicidad y Comunicación Institucional

OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez

Periodista

03/06/20. Opinión. El conocido periodista Dardo Gómez reflexiona en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la publicidad institucional: “Es hora de reformar las normas que regulan la publicidad de las administraciones que se han demostrado como un colador para la corrupción; y una fórmula perversa para premiar a los medios y periodistas obsecuentes mientras se extorsiona...

...a los independientes para obligarles a inclinar la cerviz o morir por inanición”.

La publicidad como forma de extorsión institucional

Es hora de reformar las normas que regulan la publicidad de las administraciones que se han demostrado como un colador para la corrupción; y una fórmula perversa para premiar a los medios y periodistas obsecuentes mientras se extorsiona a los independientes para obligarles a inclinar la cerviz o morir por inanición.


Quince de los nuevos medios de comunicación realmente independientes que, contra viento, marea y los políticos corruptos están librando la batalla de la auténtica libertad de prensa han reclamado, de manera conjunta, a los partidos políticos que impulsen la reforma de la Ley Acuerdo Marco de Publicidad y Comunicación Institucional.

Era hora de que alguien lo pidiera, porque se trata de una ley que bajo el supuesto de la regulación y a pesar de las reformas de transparencia sigue siendo una fórmula perversa para que los políticos, desde las administraciones y con nuestro dinero, premien a los medios y periodistas obsecuentes que tienen a su servicio y, de forma paralela, extorsionen a los informadores independientes para obligarles a inclinar la cerviz o morir por inanición.

Hace ya ocho años que la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) destapó que una campaña sobre violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad, que dirigía Ana Mato, invirtió la mayoría del presupuesto en diarios como La Razón y La Gaceta, en perjuicio de los más leídos en ese momento en España, 20minutos y El País.

Sanidad también hizo, revelaba la AEEPP, un inversión vidriosa en radios y medios digitales; la SER, la cadena más escuchada (4,8 millones de oyentes), recibió 11.205,81 euros, frente a los 43.784,58 de Onda Cero (2,6 millones de oyentes) y los 41.079,50 de la COPE (1,9 millones de oyentes). Lo mismo ocurrió con la prensa digital: Intereconomía (695.815 usuarios únicos) y La Razón (1,06 mill. de usuarios únicos) tuvieron la campaña, mientras que 20minutos (4,2 millones de usuarios) no recibió ni un euro.

Esta ha sido y sigue siendo la tónica habitual de la mayoría larga de las administraciones -desde las del Estado a los municipios- para las cuales la distribución de la publicidad institucional es una forma de premiar a los medios aliados.

Lo que hacen con nuestro dinero

El digital ‘eldiaro.es’ publicó, en 2016,  un artículo que avivó las desconfianzas, justificadas, sobre la ecuanimidad y transparencia con que las administraciones hacían el reparto de su publicidad institucional. En este caso se informaba de que, por primera vez y por normativa, el Gobierno había difundido un informe sobre ese reparto de anuncios en las diferentes medios.


Allí vimos que el montante no era moco de pavo;  hablamos de 37,7 millones de euros de 2015 distribuidos a través de sus ministerios; aunque se silenciaba, cuánto se había llevado cada medio de comunicación. La razón de esa falta de transparencia es comprensible: “Algunos recibieron un número de inserciones publicitarias que están muy por encima de la audiencia que tienen”, y este es uno de los criterios principales que marca la ley para adjudicarlas.

El medio añadía que “del informe se desprenden algunas decisiones menos objetivas de lo que promulga la ley”; es que como consecuencia de esta subjetividad administrativa aparecen llevándose el gato al agua los nombres de siempre. La Razón, Libertad Digital (Federico JIménez Lozanitos), Periodista Digital (Alfonso Rojo); por ejemplo, pasan por encima de competidores que más que doblan sus respectivas difusiones. Cosa de amiguetes.

Cuando no se pueden fraguar estos chanchullos o no se pueden hacer por alguna normativa incordiante surge la imaginación de los técnicos que siempre saben hallar un atajo para continuar en la inmoralidad.

La periodista Eva Belmonte informaba en el portal CIVIO que la Xunta de Galicia, que no es la única, solía  recurrir a los convenios para distribuir su publicidad institucional y esquivar las obligaciones de la contratación pública.

El portal CIVIO lleva publicando cantidad de estas miserias de “convenios”  que se firman para esquivar las obligaciones de publicidad ya que sus detalles de no son públicos ni se señala como se eligió al medio ni cómo se estableció la cuantía de su servicio.

Podemos recordar que el Ministerio de Industria, en la época de José Manuel Soria destinó casi todo su presupuesto de 2012 a campañas en medios de las Islas Canarias y que el ex ministro socialista Miguel Sebastián patrocinó en plena campaña electoral el suplemento “Tu salud, especial emprendedores verdes” del diario “La Razón”.

Y así podríamos seguir, que la bolsa no tiene fondo; a quién le interese hurgar en estas miserias le recomiendo el portal CIVIO.es y buscar por “publicidad institucional”. Os vais a asquear…

Ayudas indirectas y poco claras

Con la Ley de Transparencia -que vino impuesta desde Europa y que puro superar la resistencia de las fuerzas locales- las cosas se les pusieron algo más complicados; pero llegar a averiguar cuanto, cómo y porqué se invertía en los medios exigió a “eldiario.es” presentar una solicitud de información a través del Portal de Transparencia y tuvo que llegar a los tribunales con su demanda ante la negativa de los ministerios del PP a dar esa información.


Por fin, una sentencia del Contencioso Administrativo número 3 de Madrid obligó al Ministerio de Fomento -estando al frente Ana Pastor- a publicar en detalle cuánto adjudicó a cada medio de comunicación en campañas de publicidad institucional entre 2012 y 2015.

Aclaraba, entonces, ese mismo medio: “Según la ley de Publicidad Institucional el reparto de ese dinero debe hacerse ‘atendiendo a criterios objetivos, que garanticen mejor la difusión de los mensajes’, y uno de ellos es la audiencia a la que se alcanza en cada medio” y concluía que en ese ministerio “la adjudicación de ese dinero se hizo de modo que algunos medios recibieron importes muy por encima de la audiencia que tienen, de modo que esos anuncios no alcanzaron al mayor número posible de ciudadanos, poniendo en entredicho el criterio de ‘eficiencia’ que recoge la ley”.

Que nadie crea que esto se ha corrigido. Hace unas semanas el profesor e investigador de la comunicación Miguel Álvarez Peralta, escribía en “infolibre.es”: La mayoría de diarios impresos que se jactan de independientes, y especialmente los que más abogan en su línea editorial por el adelgazamiento de lo público, reciben cuantiosas inyecciones de fondos a través de la llamada publicidad institucional, las campañas que ayuntamientos, gobiernos autonómicos e instituciones de todo tipo contratan con ellos. El problema es que estas cantidades, que en la práctica sirven como ‘ayudas indirectas’, no suelen ser conocidas ni tampoco asignadas de forma transparente. No siguen criterios objetivos como maximizar el alcance de la campaña o fomentar el pluralismo mediático, sino que han sido asignadas en función de la proximidad política”.

No es cuestión de ética, sino de regulación

Es evidente que la actual Ley Acuerdo Marco de Publicidad y Comunicación Institucional es un colador para la corrupción; así lo ven los nuevos medios de comunicación realmente independientes que, contra viento, marea y los políticos corruptos están librando la batalla de la auténtica libertad de prensa.


Quince de ellos son los que se han dirigid a diferentes partidos políticos con una petición formal para que impulsen la reforma de esa ley perversa y proyecten una nueva ley.

Estos medios aseguran: “En los últimos años, esta norma ha sido utilizada por muchos medios de comunicación para obtener campañas públicas y privadas falseando sus datos de audiencia con diversos métodos ilegítimos, y ha sido incumplida por administraciones de todos los colores políticos, que la han usado de forma discrecional y opaca para favorecer a medios afines”.

Además, dicen que su propuesta persigue “fomentar la pluralidad informativa y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, contrastada, respetuosa con la igualdad de género y con el periodismo de calidad”. Los medios que firman la petición son seguidos por más de 30 millones de, lectores y oyentes mensuales, y más de 60.000 están suscritos a ellos o son mini accionistas del medio.


Pero hay más medios como estos, que han nacido de periodistas que se han rescatado del paro y que, en algunos casos, recurrieron a la contribución de sus potenciales lectores para arrancar sus proyectos. Son economías frágiles, pero que cuentan con la confianza de sus lectores y la pasión de sus redactores por la verdad. Este mismo medio que están ustedes leyendo es de los que batalla por un tiempo de información digna.

Estos medios, en su demanda de una nueva ley de publicidad institucional, aportan los nuevos criterios que deberían normalizar unas inversiones que no solo deben servir para comprar publicidad. Ese dinero de la administración también debe contribuir a la fijación de normas básicas de la democracia.

Además de combatir la corrupción imperante, hablan del fomento de la igualdad, de combatir la precariedad laboral de los informadores, de impulsar los medios comunitarios y participativos de la ciudadanía, de destacar la importancia de los derechos humanos, de alcanzar a la pluralidad informativa y de dignificar la vida laboral de las personas de la comunicación…

Para todo y mucho más debe servir el dinero que debe invertirse en la mal llamada publicidad institucional, que debe ser interpretada con nuevos criterios y no solo con los tradicionales de las administraciones y sus agentes de publicidad; casi siempre, en dudosa combinación.

Según el Código Europeo de Deontología del Periodismo sancionado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: “Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental”.

Por lo mismo esta inversión en publicidad no debe regirse exclusivamente por los criterios de mercado, también debe utilizarse para consolidar exigencias sustanciales del ejercicio al derecho a la información.

Esto obliga a generar medidas como las que piden los nuevos medios independientes que hagan realidad esas intenciones. Por esta misma razón, echo a faltar que las organizaciones de periodistas -sindicales y profesionales- no hayan dado ya un paso adelante para manifestar todo su apoyo a esta iniciativa.

Si algún periodista no ha leído esta demanda lo invito a hacerlo en este enlace: https://www.lamarea.com/2020/05/26/por-una-nueva-ley-de-publicidad-institucional/

Y, si le parece bien lo que se está demandando, sería importante que contribuyera a romper la inercia decadente de esta profesión y que se dirigiera a su sindicato o su asociación para que se sume a esta demanda.

Puede leer aquí anteriores artículos de Dardo Gómez:
- 19/05/20 Le pueden llamar criterio profesional, para mí, es censura
- 23/04/20 Que alguien nos defienda de los canallas de la información
- 10/03/20 También deberíamos abrir las fosas del periodismo
- 05/02/20 Pegar a periodistas no puede tomarse como normal
- 15/01/20 Blanqueando a los obligados y falsos autónomos
- 18/12/19 La libertad de expresión no es para los cobardes
- 22/11/19 Siguen ocultando el “golpe de Estado militar” boliviano
- 17/10/19 Pablo Motos solo merece desprecio
- 25/09/19 Autorregulación, la vieja farsa…
- 04/06/19 El calvario de Julian Assange es el nuestro
- 06/05/19 Los de las cloacas del periodismo no son “los nuestros”

- 04/04/19 No solo los bancos pagan la desinformación
- 27/03/19 Debemos responder a los abusos de la prepotencia
- 11/02/19 Los “becarios” no existen, la desvergüenza, sí 
- 09/01/19 Es el derecho a la información, idiotas…
- 14/12/18 Las perversiones de la prensa eufemística     
- 23/11/18 ¿Por qué decimos “fake news”?, cuando son mentiras… 
- 05/10/18 ¿Adónde van los colegios de periodistas?
- 17/09/18 Estos son los grandes “salvadores” del periodismo
- 09/07/18 Los colaboradores solos murieron y entre todos los mataron…
- 13/06/18 ¡Horror! El Consejo de Europa se ha vuelto podemita

- 01/06/18 El monopolio de la comunicación sigue engordando
- 23/04/18 No tropecemos, siempre, en la misma piedra
- 06/04/18Los medios degradarán la información las veces que haga falta