“El renovado Congreso de los Diputados debe atender sin demora los proyectos destinado a garantizar el ejercicio de Derecho a la Comunicación e Información de la ciudadanía y aspirar a convertirnos en pioneros europeos de la democracia informativa”

OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista

27/11/23. Opinión. El conocido periodista Dardo Gómez reflexiona en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la regulación de la comunicación: “Otro tema que no concluyó en su gobierno anterior la coalición de Gobierno ha sido cerrar el acuerdo para alcanzar el Estatuto de los Becarios al que se oponen de forma vergonzosa patronal y universidades. Aunque este apartado afecta a todas las industrias, es particularmente...

...sangrante en los medios de comunicación, y la señora Yolanda Díaz había hecho bandera de esa causa”.

Ahora es el turno de la comunicación veraz y responsable

Hace pocas horas nuestro Estado ha inaugurado un nuevo período legislativo, tras varios meses mareando la perdiz y dilatando el final previsible con los palos de ciego dados por un candidato empeñado en dilatar la investidura de un nuevo presidente sin otro afán que ese mismo, hacer perder el tiempo. Sé que es de estilo conceder a los debutantes en La Moncloa y a sus legisladores los clásicos “cien días de gracia”, pero creo que esta vez no toca, por lo menos en lo referente a iniciativas legislativas y a acuerdos sociales que ya habían sido impulsadas en la legislatura pasada y que decayeron cuando ese periodo tocó a su fin. Me imagino que la documentación necesaria estará intacta, en el mismo sitio y ni siquiera habrá juntado polvo.

Claro, yo estoy hablando de “mi libro”, es decir, de las medidas que afectan al conjunto de nuestro sistema de comunicación y, por ende, al derecho a la información de la ciudadanía. Una de ellas, quizá la primera, es retomar de inmediato el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo, que casi todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados dijeron que iban a apoyar, pero que mandaron a dormir, y decayó con la última convocatoria electoral. Como marco general, esta Ley establece que ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes, además de que el secreto profesional comprenderá el derecho a no revelar la identidad de la fuente ni tampoco cualquier otra información que pudiera conducir directa o indirectamente a su identificación. De esta forma se trata de evitar que actuaciones que menoscaben el secreto profesional desincentiven a futuras fuentes a colaborar con los medios de comunicación. Su sanción llegaría con sólo 44 años de retraso ya que vendría a hacer verdad lo que señala el artículo 20 de la Constitución desde hace más de cuatro decenios. Tiempo al que hay que sumar los meses de desgana parlamentaria que han transcurrido desde el 14 de diciembre último en que ningún grupo, ni siquiera el impulsor, se puso la ropa de faena para llevarla al debate necesario para su aprobación.

Insisto en que los dos tercios necesarios para ésta ley orgánica estaban comprometidos y prometidos a todas las organizaciones de periodistas; no quiero pensar que con los nuevos aires de confrontación haya retiradas traidoras que quieran dar patadas al Gobierno de coalición en el culo de los periodistas. Espero que no ocurra.

Un momento, que hay más...

Otro aspecto al que los legisladores deberían hincar el diente sin dilación es el necesario estudio para poner fin a la continuada discriminación que las administraciones públicas aplican a los medios de comunicación con el reparto arbitrario y perverso de su publicidad institucional. Esos dineros públicos destinados a que las administraciones difundan o promocionen sus actuaciones y que son malversados en la compra de voluntades en los medios, o para sitiar por hambre a los medios que no les son afines.


Este medio en el que escribo es un ejemplo de ello, y merece recordarse cómo debió acudir a la justicia para reclamar lo que le correspondía y le negaban políticos corruptos. No se trata de un caso aislado: en septiembre último otros cinco medios: Carne Cruda, CTXT, El Salto, Infolibre y La Marea se dirigieron a las dos principales administraciones madrileñas para exigirles un trato ecuánime en el reparto de su publicidad institucional. “Los cinco medios firmantes de esta carta tenemos una consolidada trayectoria. Los cinco somos medios con un considerable impacto, relevantes niveles de visitas y escuchas diarias e incluso tiradas de revistas en papel a nivel nacional. Las cinco empresas tenemos nuestras sedes fiscales en Madrid y llevamos años pagando sus impuestos en la región y, lo que es más importante, generando empleo en la ciudad y en la Comunidad de Madrid”, decían en su alegación ante Ayuntamiento y Presidencia madrileñas y concluían asegurando que, de no hallar respuesta, seguirían el camino judicial que iniciara “El Observador”.

Terminar con la explotación de los falsos becarios

Otro tema que no concluyó en su gobierno anterior la coalición de Gobierno ha sido cerrar el acuerdo para alcanzar el Estatuto de los Becarios al que se oponen de forma vergonzosa patronal y universidades. Aunque este apartado afecta a todas las industrias, es particularmente sangrante en los medios de comunicación, y la señora Yolanda Díaz había hecho bandera de esa causa. Es imprescindible que vuelva a agitarla hasta alcanzar “una regulación sistemática y ordenada de todas las prácticas no laborales que se realicen en las empresas en la que se establezca un catálogo de derechos para las personas beneficiarias, se garantice adecuadamente su finalidad formativa, su debida tutorización y su desarrollo", como su ministerio señaló.

Algunas leyes sustanciales para modificar el sistema de comunicación español dejado en manos de las empresas privadas de medios se están estudiando en Europa, pero no hay ninguna razón para que desde nuestro parlamento nuestros legisladores impulsen iniciativas que pueden llegar a ser seguidas y/o refrendadas por la legislación europea.

Varias de las leyes que han mejorado y dignificado la vida de miles de personas del colectivo LGTBIQ+ fueron iniciativas españolas que colocaron a nuestro país pionero en la defensa de los derechos humanos.

Podemos asumir con el mismo coraje las iniciativas para dignificar la comunicación y ser líderes en la defensa del derecho a la información de la ciudadanía.

Podemos ser líderes europeos en regular la comunicación

Algunas medidas necesarias para la democracia de la información pueden ser bastantes sencillas sobre el papel. Por ejemplo, venimos soportando desde hace años una concentración de medios audiovisuales y un duopolio televisivo por la exclusiva decisión del gabinete del expresidente Mariano Rajoy, que lo apañó en un consejo de ministros a pesar de la oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que lo desaconsejaba. Se me hace que podemos deshacer esta infamia si creemos de verdad que allí hay una deuda con la libertad de la competencia.

Igualmente podemos avanzar en propuestas destinadas a evitar o limitar el tráfico de influencias en los medios de comunicación, es decir la corrupción informativa permanente mediante contenidos pagados por administraciones y empresas que se difunden como si fuera información propia y que, en muchos casos, es falsa. Una nueva ley que se base en la legislación ya existente que penaliza el tráfico de influencias por parte de personas con autoridad en el Estado y que penalizaría a propietarios y directivos de medios que se presten a esos abusos, no estaría nada mal.

Entre las agresiones que están sufriendo los medios y periodistas independientes en Europa, incluidos los españoles, se hallan las que producen las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública más conocidas como SLAAP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), de las cuales tiene escaso conocimiento la ciudadanía pero que ya hemos tenido varios casos en nuestro país.

Son una suerte de demandas “mordaza” que se incoan por despachos de abogados especializados con el perverso objetivo de evitar la participación activa de la ciudadana en aquellos temas de interés público que la perjudican. Estas demandas se utilizan como armas de disuasión para intimidar y/o silenciar a los medios de comunicación que investigan o revelan impudicias industriales o administrativas mediante demandas millonarias y para cuya defensa los demandados requieren una capacidad económica imposible.

Un afecto secundario de las SLAPP es el de  paralizar y disuadir de esa lucha a otros miembros de la comunidad para que se inhiban de denunciar abusos de ese tipo. Para luchar contra este uso indebido de un procedimiento legal, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide que se establezcan garantías procesales y medidas preventivas para bloquear estas demandas indebidas y que se tomen medidas para sancionar a quienes las presentan y que se indemnicen a sus víctimas. España puede ser y debería ser pionera también en esta lucha por el derecho de la ciudadanía a saber.

Éstas son sólo algunas de las iniciativas que se pueden terminar de implantar; pero hay otras varias cuya implantación los legisladores deberían comenzar a estudiar para la mejor salud de la información de los españolitos de a pie, que son lo que los han colocado donde han llegado. Un poco de empatía, por favor.

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