“Se están dando los primeros pasos para la democratización del ecosistema comunicacional en España, pero no se puede bajar la guardia ante los peligros acechan desde dentro y fuera de las administraciones”

OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista

12/03/25. Opinión. El conocido periodista Dardo Gómez reflexiona en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la regulación de los medios de comunicación: “Como estamos viendo el Gobierno parece que quiere hacer los deberes para democratizar nuestro ecosistema mediático y, por otro lado, sólo algunos rezagados mentales siguen apostando por la autorregulación de los medios que,...

...como ya se preveía hace años, ha demostrado su total ineficacia”.

Regular la comunicación sí o sí... El resto es un verso ramplón

Este febrero, tras medio año de estudio de las alegaciones de Canal+ Francia, el Consejo de Estado francés las ha rechazado y ha dejado en firme que el canal C8 del grupo antes mencionado debe ser excluido del concurso por la renovación de su licencia de emisión. Esa decisión, sin duda de gran dureza, la había adoptado la Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), que es el regulador francés de las comunicaciones audiovisuales y digitales, y que había comunicado la medida mediante un sencillo comunicado de prensa. El canal C8 debía dejar de emitir a final de este pasado mes, pero se adelantó a la ejecución de esa medida anunciando la decisión empresarial de cerrar sus emisiones, aunque bajo recurso judicial.

Esta emisora es propiedad del grupo Vivendi Universal, uno de los tres mayores del mundo en el espacio de las telecomunicaciones y el entretenimiento. Algunas de las mayores compañías de música del mundo le pertenecen, tanto como varios de los principales estudios de cine, parques temáticos, editoriales e inversiones estratégicas en grupos como BskyB del Reino Unido o en Networks de Estados Unidos. Su accionista mayoritario es el multimillonario Vincent Bolloré. Ahí es nada...

Una decisión similar en España hubiera provocado un sunami parlamentario y acusaciones cruzadas entre los principales partidos y el arrojadizo “ataque a la libertad de expresión”. En Francia, en cambio, no ha salido del ámbito judicial ya que nadie discute la capacidad de la ARCOM para decidir al respecto aunque sancionara con la misma decisión a NRJ12 de la cadena de información CNews, también del grupo Canal+. Ambas estaban en el punto de mira del regulador por la falta de diversidad política de esos canales, en beneficio de la extrema derecha.

Canal C8 había sido sancionado por el regulador en numerosas ocasiones en los últimos años por los comentarios realizados en su programa estrella “Touche pas à mon poste” presentado por Cyril Hanouna. El Consejo de Estado no aceptó el reclamo del canal ante la sanción y confirmó la decisión tomada meses atrás por el ARCOM. Y santas pascuas...

Esto también podría pasar en España

Estamos hablando de una decisión administrativa que es suficiente en Francia para sacar un canal de las ondas (que siempre podrá recurrir ante la justicia, sin perjuicio del cumplimiento de la medida). Y lo es porque en el país galo existe una autoridad independiente de regulación que tiene pleno poder para garantizar que el derecho a la información de la ciudadanía siempre primará sobre los intereses de los partidos políticos.

Parece ilusorio pero puede no estar lejano el momento en el que podamos disfrutar de esas garantías en España, ya que el próximo agosto debería estar a plena implantación el Reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación sancionado el año último por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que es de obligado cumplimiento para todos los países representados en ellos. Todo puede suceder si se hacen las cosas bien y no hay motivos confesables para no hacerlo.

El imperativo europeo ha hecho que las primeras críticas sin contenidos hayan perdido resonancia, aunque sigan trabajando bajo la superficie para disminuir sus efectos; mientras, la Administración española ha comenzado a hacer los deberes. Aunque de aquella manera.

El pasado 25 de febrero el Consejo de Ministros ha develado el anteproyecto de ley que debe marcar cómo se adaptará el ordenamiento jurídico español a esa normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. Como piedra básica de ese desarrollo designa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la primera entidad reguladora de todos los medios de comunicación en cualquier plataforma existente incluidas competencias para su control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales.


Para cumplir con las medidas de supervisión de las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores, designa a la Agencia Española de Protección de Datos.

La CNMC, señala el Consejo de Ministros ha de cuidar que los proveedores de servicios digitales cumplan con la ley de servicios digitales y “propiciar que los proveedores de servicios de internet tengan que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online”, y señala que lo hace “porque lo que es ilegal offline, debe ser ilegal online”. Olé, olé y olé...

Y parece que no se irán con chiquitas, ya que establece que quienes incumplan sus obligaciones pueden recibir sanciones que van desde los 30.000 euros hasta el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para las infracciones muy graves.

Y llegamos a un punto complejo pero no menos necesario, yo diría imprescindible: la creación de un registro público de servicios o medios de comunicación, dependiente de la CNMC, en el que deberán estar inscritos todos los medios con información actualizada sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional, que será de libre acceso para cualquier persona. Se crearán, además, registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico.

Además, se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente.

Ya veremos de qué manera dotan de herramientas adecuadas y eficaces, de las que hoy carece, al CNMC para que todo esto llegue a ser verdad. Se han sacado de la manga un momio, habrá que ver cómo lo hacen caminar.

Hay quien ya está abriendo el paraguas

Algunas administraciones autonómicas, quizá más informadas de estas cosas que otras o más responsables de sus deberes, han comenzado a ajustar las cargas en el ámbito de sus medios públicos. Hacen bien en hacerlo, porque este es un espacio en el cual el legislador europeo pone el acento, atento a cómo en algunas países las administraciones han desvirtuado las funciones de estos necesarios servicios públicos hasta convertirlos en sus servicios de propaganda hasta la náusea. El nuevo reglamento del Consejo de Europa pone énfasis en la independencia de los medios públicos y observa con rigor su democratización mediante directorios o consejos no tutelados por los políticos de turno. La corrupción informativa de la inmensa mayoría de los medios espñaoles en manos de la administración es vergonzante, aunque nadie se avergüence de ello.

El pasado 6 de marzo, el secretario de Medios de Comunicación y Difusión del Govern de Catalunya, Carles Escolà, ha anunciado que el Gobierno de esa autonomía impulsará una ley para "desgobernalizar" la Agencia Catalana de Noticias (ACN); algo que desde hace años reclaman las distintas fuerzas progresistas catalanas, los sindicatos afines a la comunicación y los propios trabajadores de esa agencia. Aclaro que el estado de impudicia en la ACN no es más grave y puede ser menor que en otras autonomías.

Según Escolà, debe ser una ley que "blinde el sistema" y dote al ACN de un "marco jurídico estable". Por otra parte, el secretario explicó un cambio en la estructura de las subvenciones que se otorgan a los medios de comunicación.

Adelantó que propondrán que el secretario de Medios del Gobierno no sea el presidente del ACN, lo que ya era hora porque como el mismo ha subrayado "Hemos normalizado cosas que no son muy normales".  Es, dijo, como si el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno español fuera también el presidente de EFE; tiempo han tardado en darse cuenta.

Y ha avanzado que se ha iniciado este "proceso de desgubernalización" de la agencia con la incorporación de nuevos miembros en su Consejo de Administración de "perfil profesional", que son el decano del Colegio de Periodistas, Joan Maria Morros; el presidente del Consejo de la Información de Cataluña, Josep Carles Rius; y el ex decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Enric Marín. No está mal y suena bien...

Ha sonado mejor aún que dijera que piensa poner en marcha un concurso público para elegir la nueva dirección como se viene reclamando desde hace mucho. Sería bueno que alguien lo oyera en Madrid, donde se hizo el mismo anuncio para RTVE. Ya tienen que hacérselo mirar si queda vergüenza.

Regular sí o sí... El resto es verso ramplón

Como estamos viendo el Gobierno parece que quiere hacer los deberes para democratizar nuestro ecosistema mediático y, por otro lado, sólo algunos rezagados mentales siguen apostando por la autorregulación de los medios que, como ya se preveía hace años, ha demostrado su total ineficacia.

También se han acallado las voces torpes que adjudicaban al presidente Pedro Sánchez las ideas que plasma el Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. Ojalá nuestro parlamemto hubiera tenido esta inspiración; pero no, ha debido llegarnos impuesta desde esa Europa que ya no puede negar ni mirar hacia otra parte ante la creciente degradación de la democracia. Algo a lo que los medios de comunicación y las plataformas digitales han contribuido y no por torpeza sino aprovechándose de sus debilidades.

Quiero creer que estamos en el buen camino, porque el sólo anuncio de la llegada del “Reglamento europeo” hace que se vayan moviendo piezas adormecidas hacia una regeneración que, en toda forma, será compleja y que deberá sortear todas las trabas que irán poniendo las empresas de medios. La primera batalla será la de su obligada inscripción en el registro de medios e inmediatamente la resistencia a las medidas de transparencia que impidan que las administraciones puedan utilizar la publicidad como un fondo de reptiles contra la independencia de los medios.

Tengo muchas ganas de verlo, pero no me fío ni un pelo...

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