OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista y secretario general de FeSP

dardo_gomez.jpg20/11/09. Opinión. Dardo Gómez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) analiza en su nuevo artículo de opinión en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la nueva Ley del Audiovisual española a la que define como “un espacio de compraventa en donde...

OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista y secretario general de FeSP

dardo_gomez.jpg20/11/09. Opinión. Dardo Gómez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) analiza en su nuevo artículo de opinión en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la nueva Ley del Audiovisual española a la que define como “un espacio de compraventa en donde va a pagar la ciudadanía para que medren de forma abierta las empresas privadas”.

UTECA no se corta

EL
proyecto de ley de ‘desregulación’ de los medios audiovisuales sienta en las posaderas los derechos ciudadanos y da mayores alas a los medios privados que pretenden que todo el campo sea orégano y como guinda aspira a que RTVE no tenga como objetivo la audiencia.

BONITOS
estamos quedando los que desde hace muchos años venimos reclamando que en España se cumpla la normativa europea de dotarnos de una ley que regule el uso del espacio radioeléctrico, que es propiedad del Estado, y que determine que el uso de ese espacio público debe exigir que los medios cumplan con su función de servicio público.

DESPUÉS de largos meses de marear la perdiz y de promesas que no cuestan nada, el utecaGobierno del señor Zapatero nos propone todo lo contrario. Ahora, se apunta a las tesis del principal partido de la oposición y de alguna otra militancia conservadora con menos votos.

LO que nos han puesto sobre la mesa de los diputados es un proyecto desregulador, que desde el principio nos habla del “mercado del audiovisual”. Es decir, de un espacio de compraventa en donde va a pagar la ciudadanía para que medren de forma abierta las empresas privadas.

EN cuanto a las emisoras públicas de propiedad estatal, la ley desreguladora las remite a una financiación básica de aportes del Estado, más un aporte de las empresas privadas (ya hablaremos de ellas).

NADA garantiza que este modelo confeccionado para RTVE no se proyecte a las emisoras autonómicas que no estén blindadas por ley propia como lo está la catalana. Es decir, que si los diputados lo permiten, acabaremos teniendo emisoras públicas ‘bonsái’; raquitizadas primero, para luego ser privatizadas con el pretexto de que son inviables económicamente.

La ciudadanía no traga

NO voy a abundar en lo que debería ser la ley reguladora de los medios audiovisuales que la ciudadanía reclama; porque a la luz de los reclamos y alegaciones de las organizaciones sociales, son abundantes y públicos.

EN estas semanas ha habido comunicados de todos los sindicatos (CCOO, UGT, CGT y FeSP), de los colegios de periodistas, de las agrupaciones de usuarios, de la Red de Medios Comunitarios, de las agrupaciones de usuarios... Todos con propuestas muy coincidentes y que todos han hecho llegar a la correspondiente comisión parlamentaria. La ciudadanía ha hablado, otra cosa es que la vayan a escuchar.

TAMBIÉN es cierto que ha habido ausencias notorias de algunas organizaciones profesionales, próximas a las empresas de medios; pues bien, por sus silencios los conoceréis.

Los que no se cortan

alejandro_echevarria_utecaCOMO era de esperar, este proyecto desregulador del Gobierno ha dado alas a las ambiciones de los empresarios amparados en la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

“SI de primera ya nos lo regalan todo ¿por qué no pedir más?”, habrá sido la reflexión y así nos llega la demanda por su presidente, Alejandro Echevarría, que lo es también de Telecinco, expresada hace pocos días.

LOS empresarios quieren que sus aportaciones a la TVE, que les ha regalado su publicidad, sean inferiores al tres por ciento, alegando que la pública ha ganado 100 millones en el último cuatrimestre. Se olvida de que nunca más los volverá a ganar; de que han lapidado su futuro. Por supuesto, ha asegurado que la crisis se llevará por delante a muchas empresas de televisión y que la salida serán las fusiones, que autoriza el proyecto desregulador, y que quedarán no más de tres grandes grupos.

A sujetarse los machos, que ya sabemos lo que nos quieren meter…

A por las autonómicas

EL señor Echeverría no engaña, y adelanta que se debe exigir que las televisiones autonómicas también renuncien a la tarta de la publicidad a favor de las privadas. Lo quiere todo para él.

Y ya no se detiene; no quiere que la televisión pública puje en la contratación de los grandes eventos deportivos, considera que las competencias raquíticas de control que se pretende dar al Consejo Estatal de Medios son excesivas y que debe aprovecharse al máximo la vía de un código de autorregulación de los medios.

¿LES suena esto…? A mi sí. Es la misma falsedad que vienen manejando desde hace años, la que nunca quisieron ejercer y que siguen defendiendo de forma bobalicona algunos profesionales liberales. A pesar de que saben de su ineficacia.

POR pedir que no quede; el presidente de UTECA no quiere que las empresas aporten el cinco por ciento de sus ingresos para ayudar al cine español, pide que se regule la propiedad intelectual en contra de los autores, que la implantación de la TDT a ellos no les cueste un duro y que no haya límites a la emisión de publicidad. ¡Qué bonito!

La teoría de la inanición

COMO UTECA no se corta, su presidente ha entrado en la filosofía y la génesis de la existencia de los medios de titularidad pública, y ha asegurado que los gestores de RTVE en esta nueva etapa “no han de tener como objetivo la audiencia”.

ES decir, que no les tiene que importar si su mensaje llega a los televidentes, que se olviden de ellos y que hagan una televisión para minorías cuanto más pequeñas mejor y, así hasta su desaparición.

NO descarten que algunas de estas exigencias se utilicen para empeorar aún más el proyecto de ley desreguladora, ya que ante las presiones de las patronales del sector, el Gobierno ha dado sobradas muestras de falta de coraje para defender los derechos fundamentales de la ciudadanía.