Periodista y secretario general de FeSP
30/12/09. Opinión. “El derecho a la información camina por senderos sembrados de minas que se activan, no se sabe bien cuándo ni por qué. Los últimos datos de la profesión indican que la regulación del uso de la información es imprescindible si nos importa la supervivencia de la democracia...
OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
y secretario general de FeSP
30/12/09.
Opinión.
“El derecho a la información camina por senderos sembrados de minas que se
activan, no se sabe bien cuándo ni por qué. Los últimos datos de la profesión
indican que la regulación del uso de la información es imprescindible si nos
importa la supervivencia de la democracia y la dignidad de nuestra profesión.
Todos los diagnósticos coinciden, pero muy pocos quieren ponerle remedio a la
enfermedad”, el secretario general de la FeSP, Dardo Gómez, cierra el año con esta
colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com
en la que realiza un terrible diagnóstico sobre el
estado actual de la profesión periodística.
Con las minas bajo los pies
TRANSCRIBO del digital periodistas-es al colega
Rafael Jiménez Claudín: En el Informe Anual de la Profesión Periodística 2009,
de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), presentado este 17 de diciembre,
se constata el deterioro de las condiciones laborales de los periodistas
durante el último año. Según la encuesta efectuada por Demométrica entre mil
periodistas para este informe, la precariedad laboral y el desempleo (41,3 por
ciento de los encuestados) han desbancado, por un margen muy amplio, al
intrusismo (18,5 por ciento) como principal problema en la profesión. Asimismo,
más de la mitad de los consultados (57,6 por ciento) reconoce sufrir presiones
en el ejercicio diario de su labor.
EN la misma encuesta, los periodistas reconocen que a la hora de informar abusan de fuentes anónimas (un 68,2 por ciento) y que las fuentes no se contrastan lo suficiente (un 83,9 por ciento)”. Otra parte de la referida encuesta nos señala que 23 de los 40 directores de medios consultados de prensa, radio y TV han coincidido en que la crisis ha reducido la independencia de los medios frente a las fuentes de financiación.
COMO nada de lo anterior puede salir
gratis, el 60 por ciento de los españolitos, dice la encuesta, tienen una
imagen regular, mala o muy mala de los periodistas y de los medios en España. Pero
no es el único informe llegado en 2009 para destrozarnos la moral, el
presentado el mismo día en Logroño dice que por allí también pintan bastos y en
Cataluña corroboran un perfil similar.
CERRANDO el año hemos conocido el infame proyecto del Gobierno de desregulación del espacio audiovisual y de entrega de los bienes de la información a las multimedias; quizá sean solo dos, las empresas que de aquí a un rato se hagan con más de la mitad del espacio de la comunicación audiovisual de los españoles.
Las guindas de 2009
Y ya de últimas, dos rúbricas de esas
que echan sal encima de las ampollas.
LA primera, el lamentable tratamiento
dado por casi todos los medios de España al caso de la muerte de una niña en
Tenerife; algo que debería haber conmovido las vergüenzas de los directivos de
muchos informativos, pero no lo ha hecho.
LA segunda, una sentencia de un
juzgado en lo penal que aplica penas de cárcel a dos periodistas de la Cadena
SER que habiendo cumplido con todos los recaudos recomendados en la elaboración
de la información, resultarían culpables de haber utilizado para su difusión la
web de la emisora.
EL magistrado en cuestión no pone en
duda lo "noticiable" de la información, ni su veracidad, ni la
diligencia en su tratamiento; pero entiende que "la protección
constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de
comunicación social (televisión, radio o prensa escrita), pero debe matizarse
que Internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino
universal".
UNA interpretación más que discutible que
muestra, por lo menos, que este administrador de justicia tiene una visión muy
particular de los medios en la Red. Tan particular que se aparte de todos los
criterios académicos sobre Internet y que, en nuestro caso anula la vigencia en
estos medios del artículo 20 de la Constitución Española.
ES decir, dos periodistas tirados a
los cascos de una interpretación; que es recurrible y será recurrida, pero que
no deja de inquietar.
ES un hecho más de los que ponen en evidencia que el derecho a la información en España camina por senderos pantanosos sembrados de minas activables, no se sabe bien cuándo ni por qué.
Diagnóstico terrible
ESTE estado del derecho a la información
en España no lo descubrimos hoy, hace años que el pobre está en la UVI. A raíz
de estos últimos hechos quiero recordar un editorial del 23 de octubre de 2005
del diario El País que afirmaba: “A
pocos observadores atentos se les escapará que el periodismo atraviesa en
España uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La lista de
males no es corta: quiebra de la deontología profesional; manipulación de la
información para someterla a intereses espurios; falta de transparencia de
muchos medios sobre su estructura o su ideario y fragilidad laboral de amplios
sectores profesionales. Todo ello ha cristalizado en una preocupante
indefensión de los ciudadanos ante los abusos de algunos medios. Unos abusos
que, en demasiadas ocasiones, derivan llana y simplemente en corrupción”.
EL caso es que este diagnóstico terrible se cerraba con la recomendación de no regular el estado de las cosas y después de reconocer que los debates sobre los procesos regulatorios, librados con éxito en el resto de Europa “no han alcanzado el nivel de ruido del caso español, correlato exacto de la amalgama de insultos, infamias, intromisiones en la intimidad, amarillismo o confusión entre información y opinión que diariamente trata de pasar por periodismo de calidad en los quioscos y en las ondas de este país”. Para cerrar no se corta y advierte de intenciones que traspasan “el amplísimo territorio de la opinión para adentrarse resueltamente en los pantanos de la desestabilización de las instituciones democráticas, (lo que) constituye otra peculiaridad española que no tiene parangón en el resto de Europa”.
Quién pone remedio
ESTE diagnóstico terrible de la
enfermedad (que no fue desmentido por nadie), más los resultados de estudios
como los comentados más arriba, hasta ahora, siempre han terminado en un
ejercicio estéril arropado por declaraciones rimbombantes o comunicados
declamatorios.
SON
pocos los que
proponen medidas concretas, la mayoría tocan el violín o reinventan
fórmulas de autorregulación para no
mojarse los pies; cualquier cosa antes que reclamar un organismo regulador
plural e independiente con capacidad sancionadora.
SI no se hacen tortillas sin romper
algún huevo; tampoco se pone freno a esta situación que ya ha entrado en el
despropósito, sin tocarle la cresta a las empresas de medios y marcarles de
manera clara los límites que ya señalan todos los códigos deontológicos del
periodismo que se han dado las organizaciones de periodistas.
HAY más códigos que setas, cada uno
copia matizada del anterior, pero por ellos mismos no pueden insuflar a las
organizaciones el coraje que les falta para luchar para hacer de esas palabras
una garantía de información veraz.
CLARO está que cada uno administra sus
miedos como puede y que el cuidado de los intereses es subjetivo; y en este
caso no podemos ocultar que hablamos de los miedos e intereses de los grupos
políticos y los directivos de muchas asociaciones profesionales del periodismo.
TODOS ellos siempre más proclives a
arrimarse a la sombra de los dueños de los medios que a preocuparse por la
defensa de la dignidad de la profesión y la defensa de los derechos de la
ciudadanía.
¡FELIZ y más justo 2010!
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