OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
11/12/14. Opinión. “Distintas plataformasse están alineando en defensa de la vulneración del Derecho a la Información y la Comunicación; aunque aún no se advierte la clara exigencia al Estado de garantizar esos derechos ciudadanos que se hallan casi indefensos ante los intereses del poder mediático”. Así de contundente se muestra el periodista Dardo Gómez en su último artículo de opinión en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
Algo se está moviendo en España
“ALGO huele a podrido en Dinamarca" decía el fiel Marcelo al príncipe Hamlet y, quizá, por un hedor similar algo se está moviendo en España por la defensa de libertades básicas de la ciudadanía como son las de información y expresión.
SEGURAMENTE, era necesario llegar al actual estado de putrefacción institucional y de soberbia institucionalizada, sintetizada en la figura del Ministro de Interior y su “ley mordaza”, para que las fuerzas de la ciudadanía comenzaran a organizarse en defensa de esas libertades esenciales.
ES cierto que los legisladores del partido del Gobierno se niegan a escuchar o consideran, seguramente, que solo son disfonías de “friquis” sociales. Peor para ellos, ya se dice que “dios ciega a los que quiere perder”.
LO cierto es que, aunque con tardanza, están surgiendo respuestas ciudadanas organizadas y responsables para hacer frente a tanto desmadre neoliberal.
AUNQUE son varias las iniciativas, quisiera referirme a algunas de ellas que están muy vinculadas a los derechos de comunicar libremente e, incluso, ya están marcando sendero y avanzando en proyectos de singular relevancia.
Algo se mueve en Andalucía
UNA de estas últimas es el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, integrado por decenas de organizaciones civiles, que está incidiendo con sus propuestas de manera fundamental en la futura Ley de Comunicación Audiovisual de esa autonomía.
QUIENES hemos tenido acceso al material que este colectivo ha presentado al Gobierno andaluz, consideramos que la seriedad y documentación del mismo debe obligar a los legisladores a tener muy en cuenta sus recomendaciones.
DE momento, y según últimos anuncios de portavoces de la administración andaluza, todo indica que Andalucía será la primera Comunidad autónoma de España que regulará los medios de comunicación comunitarios sin ánimos de lucro.
NO sabemos hasta donde avanzará la ley andaluza, pero sería tremendamente frustrante que no se prodigara con igual empeño en otros aspectos de la propuesta del Foro; pero, aunque así fuera, ya se ha sembrado en esa comunidad la certeza de que su ciudadanía sabe perfectamente como se deben normalizar los medios de información para cumplir su función social.
POR lo mismo, se podrán demorar sus aspiraciones, pero el camino está trazado.
En Cataluña también se mueven
EL pasado octubre se ha constituido en Barcelona la “Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación” (XCDIC en sus siglas en catalán) con el objetivo de pedir la regulación de estos derechos en Catalunya; apoyados en el artículo 52 del vigente Estatuto de Autonomía de Catalunya que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el Derecho a la Información.
UN mandato que ha sido recientemente ratificado por el Parlamento catalán con una moción que ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.
ESTA nueva red aspira a aglutinar cada vez más entidades, con el objetivo que la ciudadanía se organice para defender esos derechos.
EN conjunto, las entidades que hasta ahora integran la XCDIC aglutinan con sus representadas cerca de un centenar y medio de organizaciones civiles entre las que se hallan representadas núcleos de vecinos, de juristas, sindicatos, la enseñanza, usuarios de la comunicación, trabajadores de la comunicación…
SÍ, algo se mueve también en Cataluña para defender las libertades.
Ecos en Europa
LAS penosas actuaciones del Ministro del Interior español, un verdadero azote de las libertades ciudadanas, se han coronado con su penoso proyecto legislativo conocido como “ley mordaza”.
UN proyecto avalado por los legisladores del partido del Gobierno que afecta gravemente las libertades de información y que ha provocado que un grupo importante de organizaciones ciudadanas hayan remitido una carta conjunta al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks. Copia de la misma se ha hecho llegar a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que también ellos actúen a favor de la ciudadanía española paralizando el trámite de esa ley.
EN ella le solicitan al comisario que “emita un llamamiento urgente dirigido al Gobierno Español a propósito del Proyecto de reforma de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana que se debate actualmente en el Congreso de los Diputados, por las restricciones ilegítimas que ésta impone al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión, así como por la incorporación del procedimiento de rechazo en frontera que daría lugar a expulsiones sumarias y colectivas de migrantes y solicitantes de asilo”.
LA carta va firmada por la Plataforma No Somos Delito -integrada por más de 70 colectivos ciudadanos, activistas y de juristas- y por más de quince organizaciones como la Federación de Sindicatos de Periodistas, Jueces para la Democracia, Greenpeace y Ecologistas en Acción, entre otras.
Defensa de la Libertad de Información
CON esa expresa intención se ha presentado a principios de este mes en Madrid la “Plataforma en Defensa de la Libertad de Información” (PDLI); organización integrada por organizaciones de juristas y abogados, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) o la Comisión Legal Sol; de periodistas, como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP); por medios como eldiario.es, 20minutos, la agencia Disopress, o la revista Mongolia; asociaciones de consumidores como la OCU y CEACCU; profesores de universidad y grupos de investigación; y profesionales como Mario Tascón, Virginia Pérez Alonso, Juan Luis Sánchez, Carlos Sánchez Almeida o Stéphane M. Grueso.
LOS promotores de la PDLI sostienen que “reformas legales que penalizan el derecho de protesta y la difusión de información, como el Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, o que impiden el normal funcionamiento de Internet, como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; normas que obstaculizan el acceso a la Justicia, como la de tasas judiciales; o que neutralizan el derecho a la información pública, como ocurre con la mal llamada Ley de Transparencia; o prácticas que, desde el poder político, buscan el control de los medios, como la contratación de publicidad institucional como elemento discrecional para garantizar la supervivencia de medios afines frente a los que no lo son, ponen de manifiesto lo precario de estos derechos esenciales”.
Pero, falta un hervor…
ESTIMO que, por fin, la ciudadanía española está tomando conciencia de la necesidad de poder ejercer en plenitud su Derecho a la Información y la Comunicación; sin embargo, considero que a esta toma de conciencia la falta un hervor. Con excepción de la plataforma andaluza, que me parece que va por el buen sendero y aspira expresamente a lograr la garantía legal de ese ejercicio.
AUNQUE también en este caso, se me hace necesaria la ampliación de la inquietud que los impulsa, ya que no hay razón para limitar esas garantías necesarias solo a los medios audiovisuales.
PERO, volviendo al resto, sería interesante que estos movimientos y algunos otros afines o con la misma inquietud fueran plenamente conscientes de que no se trata de una cuestión de mayor o menor permisividad, ni de administraciones más o menos represoras.
NO es cuestión de buenos y malos; no se trata de una cuestión moral, sino de una decisión política para dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para ejercer esos derechos.
Ya hemos oído demasiadas tonterías en los últimos decenios sobre códigos, convenios de buenas prácticas y proclamas de autorregulación; hay que decir basta a estas iniciativas vacías de toda vacuidad y a proclamas decimonónicas como que “la mejor ley de prensa es la que no existe”.
TODAS las tendencias y estudios más avanzados del siglo XXI en temas de expresión, información y comunicación nos hablan de que está agotado el discurso del Estado no intervencionista que limitaba su responsabilidad a no censurar y garantizaba la libertad “dejando hacer” a los dueños de los medios.
ESTÁ demostrado que esta es una falacia de libertad; ya que, ante el tremendo poder adquirido por los grandes grupos de comunicación y su capacidad de distorsionar la realidad, la obligación del Estado es, precisamente, intervenir legalmente para garantizar los derechos de una ciudadanía que, hoy por hoy, se halla casi indefensa ante los intereses del poder mediático.
ESTAMOS comenzando a andar, pero no equivoquemos el destino final…
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