Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga
09/07/10. Opinión. La colaboración del profesor
Montero con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com aborda
hoy el acuerdo al que han llegado los grupos políticos mayoritario –a excepción
de IU- para dejar sin sentido la especial vigilancia que en la última cumbre del
G-20...
OPINIÓN. ¡Qué mundo éste! Por Alberto Montero
Profesor
de Economía Aplicada de la
Universidad de Málaga
09/07/10. Opinión. La colaboración del profesor
Montero con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com aborda
hoy el acuerdo al que han llegado los grupos políticos mayoritario –a excepción
de IU- para dejar sin sentido la especial vigilancia que en la última cumbre del
G-20 celebrada en Londres se solicitó para las
cuentas de los políticos y sus familiares y allegados. Los políticos españoles han
decidido que las únicas personas con responsabilidad pública que deben estar
sometidas a ese régimen de vigilancia preventiva especial son “aquellas
personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas
importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en
terceros países”. O, lo que viene a ser lo mismo: ¿a quién se le ocurre pensar
que un político español pueda ser corrupto?”, inquiere Montero.
Los corruptos son los otros
HACIENDO gala de esa incoherencia entre el discurso y la acción que
caracteriza la gestión de este gobierno, hace unos días conocíamos que a pesar
del anuncio realizado por la directora general del Tesoro tras la cumbre del
G-20 celebrada en Londres de que en España se iba a redactar una ley para
combatir el blanqueo de capitales que superaba con mucho las directrices
europeas, finalmente ésta no va a ser tan dura como se publicitó en aquel
momento de euforia reformista del capitalismo.
ASÍ, en un primer
borrador, el gobierno planteó la necesidad de que las cuentas de los políticos
españoles y sus familiares y allegados fueran objeto de una especial
vigilancia.
L
OS motivos para
justificar esa medida no creo que estén fuera del entendimiento y la intuición
de cualquier ciudadano. Es más, si damos por buenos los informes que realiza
Transparencia Internacional, entre 2004 y 2009 España ha caído 6 puestos en el
índice que elabora esa institución hasta situarse en el lugar 28 de un total de
180 países, compartiendo el honor con
Qatar. Es decir, durante los años del ‘boom’ inmobiliario el índice de
corrupción de nuestro país ha empeorado de forma significativa.
CREO que a nadie
se le escapa las relaciones de causalidad directa entre el ‘boom’ inmobiliario,
la implicación de numerosas autoridades municipales en la expansión de la
corrupción vinculada a ese negocio, el empeoramiento del índice de
Transparencia Internacional y el aumento del número de casos de esa naturaleza
en los juzgados.
EN consecuencia,
no sería ningún disparate plantear que la propuesta de que las cuentas de los
responsables políticos y su entorno estuvieran sujetas a una especial
vigilancia como medida preventiva no resulta especialmente desatinada y, al
menos, introduce un elemento disuasorio adicional tendente a favorecer, de
alguna forma, el autocontrol.
PUES bien, nuestro
gobierno, con el apoyo del resto de partidos
políticos excepto IU-ECV (¡mira
por dónde que para esto sí se ponen de acuerdo casi todos!), han decidido que las únicas personas con responsabilidad pública que deben estar sometidas a ese
régimen de vigilancia preventiva especial son “aquellas personas físicas que
desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados
miembros de la Unión
Europea o en terceros países”. O, lo que viene a ser lo
mismo: ¿a quién se le ocurre pensar que un político español pueda ser corrupto?
¡Vade retro! Los corruptos son los otros, que diría el equivalente hispano de
Sartre, y es a ellos a quienes hay que vigilar. Los nuestros, simplemente por
el hecho de serlo, están inmunizados frente a ese virus.
SIN embargo,
aunque yo no tenga la menor duda de que la mayor parte de nuestros políticos
son personas honradas que viven de su trabajo, ya sea en la política o en otros
ámbitos, también creo que la expansión generalizada de la corrupción durante
estos últimos años hubiera podido atemperarse estableciendo mecanismos de
supervisión y regulación mayores y mejores que impusieran la transparencia como
principio ineludible al que debe someterse cualquier cargo electo.
LAS razones me
parecen obvias: si desgraciadamente hemos dejado atrás una concepción de la
política basada en comportamientos éticos intachables; si el virus de la
avaricia del que se nutre el capitalismo ha calado tan hondo entre la población
que ha anulado valores tan socialmente importantes como el del honor, la
dignidad o el respeto por lo público, los ciudadanos nos vemos obligados a
protegernos articulando mecanismos de supervisión frente a esa enfermedad. No
nos queda otra.
INSISTO, no se trata
de cuestionar la honorabilidad de la mayor parte de nuestra clase política.
No,
no es eso ni yo la pongo en duda en términos globales. Se trata de asumir que donde
antes existían valores que refrenaban comportamientos moral y éticamente
reprobables, ahora nos encontramos con un sistema económico que favorece la
apropiación privada y particular, incluyendo también la ilícita, de la cosa
pública. Y la favorece porque, entre otras cosas, minusvalora la importancia de
ésta, cuestionando la gestión que de la misma se hace desde la política y
fomentando, en consecuencia, su privatización. Una tendencia que encuentra su
expresión más exagerada y extrema en la corrupción.
Y si, además,
también pensamos que la ideología neoliberal dominante concibe al ciudadano
como un ser racional, maximizador, egoísta y avaricioso; si se ha producido una
mutación antropológica que está deteriorando aceleradamente los patrones de
comportamiento sociales basados en la ética, entonces nos encontramos con un
margen prácticamente nulo para pensar que la autorregulación de la política
basada en valores de esa naturaleza puede constituir un freno suficiente para
evitar la corrupción.
ACEPTANDO
matizadamente que ese es el estado de cosas actual, creo que es legítimo e,
incluso, necesario que reclamemos de todos aquellos que se dedican a la
política -en tanto que actividad vinculada al cuidado y preservación de la cosa
pública, la de todos-, un plus de transparencia que en nada debiera resultar
ofensivo para quienes deciden emplear parte de su vida en la misma. Y a quien no le
guste, ya sabe dónde está la puerta y el tajo.
PUEDE leer otros textos de
Alberto Montero en su blog: La Otra Economía.
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