“Estamos atrapados en el tiempo, porque necesitamos, en un plazo corto, el 100% renovable antes del crash oil y el cumplimiento de los compromisos de reducción de CO2”
Yus denuncia la avalancha de peticiones de plantas fotovoltaicas en Málaga, lo que puede convertirse en un escenario catastrófico por los impactos propios de este tipo de instalaciones, “creando un malestar social y unas amenazas ambientales que han alertado incluso a organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y Greenpeace, que en muchos casos están conduciendo a la petición masiva de una moratoria cautelar”
OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA
05/07/21. Opinión. El coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA), Rafael Yus, analiza en una serie de artículos el fenómeno actual de las plantas fotovoltaicas: “Una situación que puede convertir esta avalancha en un escenario catastrófico en cuanto a los impactos propios de este tipo de instalaciones, creando un malestar social y unas amenazas ambientales que han alertado incluso a organizaciones...
...ecologistas como Ecologistas en Acción y Greenpeace, que en muchos casos están conduciendo a la petición masiva de una moratoria cautelar”. Informa EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
La burbuja de las plantas fotovoltaicas [2]. El nacimiento de la burbuja
Una de las apuestas del nuevo gobierno de España, ha sido el Medio Ambiente, cambiando significativamente la denominación del Ministerio para llamarlo “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, un amplio título para dos grandes retos: a) la transición ecológica del sistema actual a otro dominado por dos amenazas: la crisis energética de los combustibles fósiles o “crash oil”, y la crisis global provocada por el cambio climático) y además, b) abordar los problemas demográficos de la población española (envejecimiento, vaciado del centro del país y concentración en el litoral, etc.).
La inevitable respuesta, si no única, sí principal, al primer reto (crisis energética y cambio climático), ya iniciada años anteriores, condujo a una fuerte apuesta por las energías renovables, desvinculando al sistema productivo, de la generación de electricidad de una fuente de energía descendiente como recurso y además fuertemente contaminadora y provocadora del cambio climático, como son los combustibles fósiles. Una meta loable, bienvenida y aplaudida, archidemandada por organizaciones ecologistas. De hecho, la respuesta del mercado ha sido entusiasta, provocando un gran avalancha de proyectos plantas fotovoltaicas, en tan sólo unos pocos meses, como mostraremos más adelante.
Así se recogió en Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante: PNIEC) para el 2021-2030, en Resolución de 25/3/2021 del Consejo de Ministros. El plan pretende reducir las emisiones de CO2 (causantes del cambio climático) de 319.312 miles de toneladas de CO2 en el año 2020 a 221.844 miles de toneladas de CO2 en el año 2030, es decir una reducción de 97.468 miles TnCO2, es decir, una reducción del 30,5%. En cuanto a la energía eléctrica, el PNIEC se propone pasar de los 111.829 MW de 2020 a los 160.837 MW en el año 2030, pero a costa de las energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica, esta última pasando de los 9.071 MW de 2020 a los 39.181 MW en el 2030, lo que supone un aumento del 432% (!).
Pero si esta iniciativa política es bienvenida, tiene también la cruz de ser excesivamente tardía. Ha llegado tan tarde, y con unos plazos de cumplimiento de objetivos tan acortados, que ahora estamos situados en un escenario de imprudentes prisas, lo que se agrava por realizarse ante una lamentable falta de planificación. Estamos atrapados en el tiempo, porque necesitamos, en un plazo corto, el 100% renovable antes del crash oil y el cumplimiento de los compromisos de reducción de CO2. Una situación que puede convertir esta avalancha en un escenario catastrófico en cuanto a los impactos propios de este tipo de instalaciones, creando un malestar social y unas amenazas ambientales que han alertado incluso a organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y Greenpeace, que en muchos casos están conduciendo a la petición masiva de una moratoria cautelar para que, antes de responder empresarialmente a este reto, se haga una adecuada planificación por parte del Estado, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
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