“La irrupción de multitud de proyectos fotovoltaicos en el suelo rústico ha creado una ola  de rechazo de proporciones que deberían preocupar a los responsables políticos”

OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA

14/07/21. Opinión. El coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA), Rafael Yus, analiza en una serie de artículos el fenómeno actual de las plantas fotovoltaicas: “La capacidad que dispone un proyecto fotovoltaico de gran extensión de alquilar o forzar el alquiler por calificarse de “utilidad pública”, amenaza en muchos casos la adquisición administrativa por expropiación, hecho que afecta...

...a todos, a unos por la pérdida de una fuente de ingresos, más o menos importante según los casos, y a unos y a otros por la desvalorización de sus parcelas al someterse al sistema de expropiación”. Informa EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

La burbuja de las plantas fotovoltaicas [3]. Las reacciones sociales y políticas

La irrupción de multitud de proyectos fotovoltaicos en el suelo rústico ha creado una ola  de rechazo de proporciones que deberían preocupar a los responsables políticos. Un ingrediente que ha contribuido a disparar esta reacción ha podido ser su aparición súbita, sin una adecuada información previa, que ha pillado descolocados tanto a entidades políticas (ej. ayuntamientos) como a entidades sociales (ej. asociaciones ecologistas). Desde Ecologistas en Acción esta reacción es comprensible puesto que hemos sido invadidos de una cantidad apabullante de proyectos en el periodo de consultas previas, y más tarde, en el de alegaciones, sin capacidad real para estudiarlas detenidamente y en profundidad. Desde los ayuntamientos, llamados a otorgar las autorizaciones (primer paso para la tramitación administrativa) la reacción ha sido similar, especialmente los pequeños municipios, infradotados de técnicos que puedan juzgar de forma fundamentada estos proyectos. Pero no sólo es la cantidad de proyectos, algo que se entiende por la competitividad entre las empresas aspirantes, sino el escaso tiempo en que se han presentado casi todos los proyectos, sin apenas margen para estudiar cada proyecto.

La reacción del mundo rural se comprende por la fuerte atomización de la propiedad, frecuentemente minifundista, con parcelas que unas veces están sometidas a explotación, sea en riego o regadío, y sea a tiempo total o parcial, y otras veces han sido abandonadas por sus herederos. La capacidad que dispone un proyecto fotovoltaico de gran extensión de alquilar o forzar el alquiler por calificarse de “utilidad pública”, amenaza en muchos casos la adquisición administrativa por expropiación, hecho que afecta a todos, a unos por la pérdida de una fuente de ingresos, más o menos importante según los casos, y a unos y a otros por la desvalorización de sus parcelas al someterse al sistema de expropiación.

De este modo, el clamor frente a los nuevos proyectos de fotovoltaica ha ido haciendo un frente común que en los últimos dos meses ha ido creciendo de forma preocupante, no sólo por la impopularidad de las bienintencionadas políticas energéticas del gobierno, sino porque esta reacción viene a dificultar una transición energética que no es optativa, sino obligada, no sólo porque las fuentes de energía convencionales, no renovables, se van agotando, sino porque, siendo éstas las responsables del calentamiento global por los gases producidos en su combustión, es imperioso reducirlas al mínimo si queremos cumplir nuestros compromisos para evitar un escenario climático catastrófico en este siglo. El problema con que nos enfrentamos, no es sólo la impopularidad de esta avalancha de proyectos fotovoltaicos, sino el hecho de que han sido convocados a la transición energética demasiado tarde como para retrasar aún más su puesta en funcionamiento por los conflictos sociales y políticos que están acarreando, todos los cuales confluyen en la petición de una moratoria en la tramitación de estos planes y una mayor implicación de la administración central (Ministerio de Medio Ambiente), autonómica (Junta de Andalucía) y municipal (Ayuntamientos) en la planificación adecuada, menos agresiva para los intereses públicos y privados, de los proyectos fotovoltaicos. A continuación transcribimos una muestra de las reacciones que se han ido produciendo tanto del sector ecologista, como el social y el político, en la provincia de Málaga. Innecesario es decir que reacciones de este tipo se están produciendo por toda la geografía española.

Reacciones del sector ecologista

La Federación Provincial de Málaga de Ecologistas en Acción, que en estos momentos está siendo consultada sobre los nuevos proyectos de plantas de energía fotovoltaica, siendo partidarios de la transición energética a las energías renovables, consideran que el proceso se está realizando de forma caótica y con graves impactos previsibles para el medio natural y social. En un documento hecho público, señalan que “Las indicaciones científicas son claras: enfrentar la emergencia desde la justicia  climática y garantizar un incremento de la temperatura global por debajo de 1,5  ºC exigen reducciones globales superiores al 7,6 % anual de los gases de efecto  invernadero. Para ello, es fundamental proceder a la inmediata descarbonización  de la economía, donde es imprescindible alcanzar en la producción eléctrica un  horizonte 100 % renovable con la mayor brevedad posible. No obstante, al  avalancha de grandes proyectos de energías renovables pone en riesgo una  transición energética justa y ecológica.

Ejemplo de ello, en la provincia de Málaga, son los grandes proyectos como la ‘planta  solar la Jara- Coín en el municipio de Coín; en Ronda 5 proyectos con una  ocupación de 500 hectáreas o en la zona de Antequera o Casares.  Ante tal avalancha por parte del oligopolio energético, muchos de ellos con una  clara finalidad de hacerse un lavado verde, Ecologistas en Acción reclama una  soberanía energética y alimentaria que promueva la conservación de la rica  biodiversidad de los territorios y donde la energía sea un derecho, no un negocio. “Ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa manteniendo  un sistema económico insaciable de recursos, que encuentra en las poderosas  empresas energéticas y en sus grandes proyectos insostenibles la forma de  perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradación planetaria.  Siendo conscientes de que la lucha contra el cambio climático tiene unos  efectos muy beneficiosos contra la pérdida de la biodiversidad, no es menos  cierto que el proceso de transición energética no puede ser una amenaza para  la vida, ni que no se deben perder especies, ecosistemas”.

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