OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael
Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía
24/06/09. Opinión. La reciente polémica sobre la retirada de chiringuitos del litoral
andaluz ha tenido muy poco de debate político o social o económico y muchísimo de
tergiversación, demagogia y nulo rigor. La Ley de Costas de 1988, que ordena esta demolición,
es de ámbito estatal, y esta orden ya...
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía
24/06/09. Opinión. La reciente polémica sobre la retirada de chiringuitos del litoral
andaluz ha tenido muy poco de debate político o social o económico y muchísimo de
tergiversación, demagogia y nulo rigor. La Ley de Costas de 1988, que ordena esta demolición,
es de ámbito estatal, y esta orden ya...
OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael
Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía
24/06/09. Opinión. La reciente polémica sobre la retirada de chiringuitos del litoral
andaluz ha tenido muy poco de debate político o social o económico y muchísimo de
tergiversación, demagogia y nulo rigor. La Ley de Costas de 1988, que ordena esta demolición,
es de ámbito estatal, y esta orden ya se aplica en el resto de las comunidades
autónomas. En Andalucía ha llegado al punto muerto que se pretendía desde el
principio: neutralizar la acción del gobierno, impulsada por un precepto legal
que tiene su base en la protección del medio ambiente y en concreto en el del litoral,
el más violentado y objeto de agresiones de todo el Mediterráneo. Rafael Yus,
en esta nueva entrega en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, aborda el problema de la demagogia y la debilidad de los políticos en
cuanto la acción institucional les obliga a abordar decisiones difíciles por
impopulares. Este artículo es de los muy pocos publicados en contra de la
campaña pro conservación de los chiringuitos.
¿Serán los chiringuitos de la playa otro Bien de Interés Cultural incorporado al Patrimonio Andaluz?
Ya estamos de nuevo con el asunto del patrimonio andaluz. Hace años, cuando una decisión gubernamental decidió, con buen juicio, eliminar unas macrovallas publicitarias que herían nuestro maltrecho paisaje, vino un erudito local, un cantamañanas que usaba la jerga de la Andalucía libre, y convenció al ejecutivo andaluz para que indultara la valla del Toro de Osborne, que todos sabemos que alude a una bebida alcohólica, y además en la carretera, para recordarles a los conductores que “con un buen coñac, uno ibérico, o andaluz, los kilómetros
son pan comido”. Y hete aquí que el Toro de
Osborne, que por mucho diseño y tal no deja de ser una valla publicitaria,
pasara de ser un atentado al paisaje y una publicidad de una droga, o de un
icono de la España
cañí taurófila y amante de la sangre en la arena, a ser un “elemento
fundamental del paisaje andaluz”, y por tanto las 20 vallas repartidas por
Andalucía serán catalogadas inminentemente como un Bien de Interés Cultural (BIC) pasando a formar parte nada
menos que del Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz (!). Y no hay voz discordante, ¡cualquiera
se opone a algo tan políticamente correcto como eso que llaman las señas de identidad! No será, desde
luego, la Consejería
de Cultura, siempre atenta a que se le asocie con la defensa del patrimonio
andaluz, aunque gran parte del resto del patrimonio siga tan descuidado como
hace cien años o incluso peor. Si no, que nos explique por qué ha consentido
que se urbanice el entorno del Castillo de Zalia (BIC) en Alcaucín, o en el
entorno del Castillo de Benthomiz (BIC) en Arenas, por poner un par de
ejemplos. Antes están las vallas publicitarias y los graffitti
urbanitas, que tienen la virtud de salir más baratos.
coincidiendo con estas laboriosas gestiones de nuestra consejera de Cultura, que por ello
hasta podría pasar a la historia como un ejemplo de defensa del patrimonio
andaluz, aparece el culebrón
mediático de los chiringuitos.
Sí, soy consciente de que contribuyo con ello a mantener ese culebrón, ahora que, tras el acuerdo de
prórroga, parecía que se había acabado. Pero es que en este culebrón no nos han permitido voz a los
ecologistas, o de cualquier otra persona que piense como nosotros pero no se
atreve a decir nada porque es políticamente
incorrecto, o por mala conciencia, porque en tiempos de crisis no vamos a
poner la carne en el asador de tanta gente necesitada, y porque, quien más y quien
menos hemos usado ya estas instalaciones.
en este largo culebrón, que se inicia con el anuncio de la Demarcación de Costas de retirar todas las concesiones de establecimientos en la arena de las playas, no ha habido prácticamente ninguna voz ni argumento que respalde esta decisión ministerial, que no es más que la aplicación, eso sí, tardía, de una ley que data del año 1988. Es más, a Costas (una forma de hablar, nos referimos a los políticos responsables) se le ha dicho de todo menos bonito: “talibanismo”, “manu-militari”, “dogmatismo”, y adjetivos de similar significado, han estado en todos los medios de comunicación, cuando no eso de “save the chiringuitos”. La prensa ha prestado su apoyo mediático al club de los chiringuiteros y espeteros asociados, no sólo calentando el ambiente manteniendo diariamente cualquier noticia sobre las manifestaciones de unos y otros y de sus negociaciones, sino a través de una larga serie de periodistas de opinión y escritores que han prestado su verbo para defender eso de que “mis chiringuitos no me los toques”, “no se puede eliminar algo que forma parte del paisaje andaluz”, y payasadas semejantes.
no se puede despreciar el importante papel que desempeña aquí el juego sucio de la política: el usar el objeto de la aplicación de la ley (en este caso los chiringuiteros y demás establecimientos litorales) como arma arrojadiza de un partido contra el contrario. Incluso en
asuntos de Estado, como la aplicación de una ley estatal.
Basta que se adviertan los primeros síntomas de descontento para que
rápidamente abandere la defensa el partido de la oposición. La calculadora del
tesorero se pone en marcha: 600 familias de chiringuiteros a 10 adultos
afectados por familia/negocio, dan 6.000 personas y si lo multiplicamos por 100
adictos al chiringuito y sus efluvios, tenemos 600.000 personas=votos, es
decir, lo que nos falta para ganarle al partido que está en el gobierno (da
igual el signo político, ambos lo harían igual). Y claro, ningún partido que
gobierne corre el riesgo de perder este volumen de votos, por lo que también se
apunta al carro de la defensa de los chiringuiteros, no importa que los que
están intentando aplicar la Ley
de Costas son precisamente los de su propio partido político. La imagen que han
de dar es la de férreos defensores del bienestar de la población, aunque no
cumplan las leyes.
en la primera visita que hace nuestro presidente del Gobierno de España al recién nombrado presidente de la Junta de Andalucía, no se le ocurre a nuestro nuevo jefe del ejecutivo andaluz
otra
cosa que pedir al presidente del Gobierno que le traspase las competencias sobre los chiringuitos. Y
la razón, de Estado, no es otra que desde Madrid no hay “sensibilidad” hacia
estos establecimientos tan propios de nuestra realidad andaluza. Una línea de
razonamiento peliaguda y que remite a la renuncia del poder central a favor del
poder local porque, por la misma razón, los alcaldes dirán que en Sevilla no
puede haber la necesaria “sensibilidad” hacia los problemas locales, como es el
caso de los chiringuitos. Y por la misma línea de razonamiento, el concejal de
playas o, si me apuran, el de cultura (ahora que valoramos los chiringuitos
como algo cultural) pedirá a su alcalde que le ceda las competencias porque
desde la alcaldía no existe la necesaria “sensibilidad” hacia este problema.
Yo me pregunto: ¿para qué queremos un Gobierno de España? o incluso, ¿para qué queremos leyes o decretos reales? Las leyes, por su universalidad, o se aplican en todo el territorio nacional o no son leyes, son solamente una elaborada retórica para justificar sueldos millonarios en las Cortes. Se decreta una ley, incluso con el apoyo de la mayoría parlamentaria exigida, pero a la hora de aplicarla, empiezan las excepciones, las amnistías, los diálogos, las negociaciones, el pasteleo, y finalmente se encuentra el resquicio legal para excepcionar la ley. Y no hay mejor argumento que la Santa Tradición. Sí señores, de nuevo la Santa Tradición.
la Santa Tradición aparece de pronto, cuando menos te lo esperas en cualquiera de nuestra
amplia gama de
autonomías. Se decreta, después de muchos años de ser demandado por amplios
sectores de la ciudadanía, la Ley
de Protección Animal, que prohíbe, entre otras cosas, las peleas de gallos, por
su obvia crueldad. Pero hete aquí que Canarias enarbola el banderín de la Santa Tradición:
la ley excepciona este caso porque atenta a la tradición, y lo mismo excepciona
todo tipo de tropelías con los toros: no se debe chillar a un perro porque le
puedes producir un trauma psicológico, pero los toros están para pasarlo bien
con su sangre. “Y esto es España, y la silueta del toro la pongo en la bandera
o en mi camiseta porque así es España”. Y ahora llega el tema de los
chiringuitos; poco importa que en el resto del litoral español se estén
derribando chiringuitos, en Andalucía es impensable, forma parte de la Santa Tradición.
Excepcionemos pues.
por este motivo, pienso que estamos a un paso de declarar al chiringuito como Bien de Interés Cultural y catalogarlos como elementos del Patrimonio Andaluz. Y verán ustedes cómo al final este asunto se resolverá por esta vía. Porque cualquiera, nosotros los ecologistas lo haremos, puede impugnar la decisión gubernamental de mantener a los chiringuitos en la arena de la playa, porque no hay resquicio legal, a no ser que sean declarados, como pasara con el Toro de Osborne, como Bienes de Interés Cultural. Si lo del Toro era banal, lo de los chiringuitos podría ser incluso hasta mejor entendido, si interpretamos literalmente el sentir de tanto clamor periodístico, de tantos cantamañanas metidos a periodistas.
lo peor de todo esto es que esta dinámica se está consolidando a su vez como otra Tradición: la de buscar la manera de no ajustarse a las leyes. Y así, todos contentos y “pasen por caja” (léase urna para meter los votos en las próximas elecciones). Recientemente lo hemos visto en algunos alcaldes de la provincia de Málaga, como Marbella, Mijas, la Axarquía, etc. Todos ellos
tienen un catálogo de viviendas ilegales que han consentido por acción u
omisión, y algunos están procesados judicialmente por ello. Y no se les ocurre
otra forma de apañar el asunto que buscar la legalización de lo que ha sido una
consciente ilegalidad. Como era de esperar, el presidente de la Diputación Provincial,
Salvador Pendón, toma la palabra de los alcaldes que le han regalado este cargo
(y que por tanto les está eternamente agradecido) y llega a afirmar que lo que
hay que hacer es modificar las leyes (por ejemplo, el Plan de Ordenación Territorial)
para que se legalicen estas casas y se siga construyendo, idea que seguramente
ya tiene en mente el Partido Popular, que está deseoso de aplicar, en caso de
ganar las elecciones, la idea neoliberal de que “todo suelo es urbanizable
mientras no esté protegido”, es decir, el 100% del suelo de los ayuntamientos
que no tienen parque natural.
para ello, no se les ocurre otra vía que sugerir, tanto a la Junta como a la Fiscalía, que hagan una excepción, es decir, que hagan la vista gorda en la aplicación de la legislación urbanística (LOUA) porque “esta ley se ha hecho en los despachos de Sevilla, sin conocer nuestra realidad”, llegan a decir. Es decir, que la corrupción urbanística y la especulación del suelo debe ser excepcionada porque, al menos en la Axarquía, es una seña de identidad, una tradición que se remonta al año 1990 y se mantiene hasta nuestros días, y “no es de recibo que unos señoritos sevillanos nos imponga una ley que no tiene sensibilidad sobre nuestra realidad social” (como diría también La Cosa Nostra). Propongo, pues, para que estos alcaldes puedan dormir tranquilos, sin que sean soliviantados con tanta citación a juicio, que la corrupción urbanística y la especulación del suelo sean declarados como Bien de Interés Cultural e ingresen en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz.
Ya puestos, yo propondría también que se incluyeran otras figuras de ineludible protección en nuestro paisaje andaluz, tales como los gorrillas de los aparcamientos, los camellos, el motorista con casco quitamultas, el carterista, el asustaviejas, el enchufado y otras figuras urbanas. Y en la playa no sólo hay que mantener a los chiringuiteros, espeteros, hamaqueros, vendedores ambulantes de pipas y patatas fritas, sino que también hay que proteger a los bolicheros. Ya está bien de tanto perseguir a los pobres pescadores bolicheros, una estampa que ha borrado la Guardia Civil del paisaje de nuestras playas, que sean restaurados, aunque cojan sólo medusas, como Bien de Interés Cultural, como parte del paisaje litoral andaluz.
JUEGA aquí un papel muy importante la política de los hechos consumados. Los que tienen que velar por la ley se relajan ante determinadas actuaciones, o bien se les da un permiso o concesión administrativa que por definición es temporal. Y llega toda una horda de pillos, pícaros typical Spain y se instalan, temporalmente, dicen con un guiño y aplican aquello del
anarquismo
ibérico: lo que es de España es de los españoles, y van y se lo
apropian. “Y ahora que vengan, a ver si tienen eggs para quitarnos de
aquí”. Y es así, ha pasado, con todo lo que es de dominio público: “no hay nada
como el suelo público, porque no es de nadie y es de todos, y por tanto, yo me
tomo mi parte”. La lógica del pícaro juega así. Y así se ocupan las vías
pecuarias, como ocurrió en la
Cañada Real en Madrid, por poner un caso mayúsculo; pero no
hay que ir tan lejos, tenemos centenares de casos de viviendas que tienen su
porche en una vía pecuaria, y agricultores que tienen aguacates en una vía pecuaria.
Y lo mismo pasa con las márgenes de los ríos, que por ley tienen que estar
libres; pues no, están llenos de patatas, cortados por el trastero de un
taller, o por una casa de aperos, por un hotel rural, o por cualquier otra
cosa. Esto sí que es tradicional en nuestro país: apropiarse de lo público.
lo mismo pasa con los chiringuiteros: se les da una concesión temporal y ellos exigen que se prorrogue, no un año, ni dos, sino ¡30 años!, es decir, el tiempo suficiente para que se jubile hasta su hijo (el nieto, que se la busque). Y algunos hasta hacen su desembolso, su infraestructura, con sótano y todo, eso sí, con materiales desmontables que nunca se desmontan, y ahora se quejan de las pérdidas que van a tener si pierden toda esta inversión (que nadie les autorizó). A ver quién es el guapo que los echa ahora, y menos aún cuando sean declarados Bien de Interés Cultural. Por cierto, la Ley de Costas mejor tirarla a la basura, pues para lo que sirve... Pero, ¿alguien ha pensado la competencia desleal que origina este personal sobre empresarios que cumplen escrupulosamente la Ley de Costas? Un ejército de oportunistas se les cuela en la arena, un terreno que no es suyo, pero ahí están; se les ponen delante de sus narices y les quitan una clientela que por derecho les corresponde a ellos. Alguien debería defender los intereses de estos empresarios.
otro punto a revisar es el pretendido beneficio social de este tipo de establecimientos, que se ha exagerado intencionadamente de manera hiperbólica, pues las cuentas no salen, a no ser que admitamos que cada chiringuito beneficie a medio centenar de personas, más que cualquier mediana empresa solvente. En realidad, la mayor parte de los chiringuitos practican libremente la economía sumergida y transgreden, ante las narices de la autoridades, las más elementales reglas de la empleabilidad y el Estatuto de los Trabajadores. Esto que se pide ahora desde sectores conservadores de la “flexibilización del mercado laboral” es una práctica habitual en el sector. Son empleos temporales, a los que se accede de forma arbitraria y sin la declaración y correspondientes pagos a la seguridad social en muchos casos. Unas condiciones ideales para obtener el máximo de beneficios en el mínimo de tiempo, a dos palmos de restaurantes que se esfuerzan en cumplir con la ley. Pero claro, como no somos capaces de ofrecer un panorama mejor para estos sectores sociales, se hace la vista gorda. Y más aún en periodos de crisis económica, cuando todavía nos sentimos impotentes para afrontarla.
luego tenemos el asunto de la violencia. Ningún político quiere verse en la tesitura de afrontar una revuelta popular. Y la gente lo sabe. Y como lo sabe, utiliza el argumento. Hace unos días, en un debate sobre dejar o no construir casas en los parques naturales, alguien llegó a decir que “si nos oponemos a ello el parque arderá”. Esta amenaza es constante en todos los debates, y se acepta sin más, no importa que se les recuerde que es un delito y que se paga con la cárcel. Con los chiringuiteros ha sucedido igual, en el momento más caliente amenazaron con llegar hasta donde sea preciso para que nadie les eche de la arena. Y claro, nadie quiere asumir este reto. Mejor se dialoga, se pastelea, o se prorroga la decisión un año más para prepararnos mejor. Tal vez para que haya tiempo para declarar al chiringuito Bien de Interés Cultural.
tras este panorama, ¿qué puede decir un ecologista, salvo aquello de que “tenemos lo que nos merecemos”? Y sin embargo, para bien o para mal, formamos parte de esta sociedad, y somos tan andaluces como los demás, pero también somos españoles y somos personas que exigen que se apliquen las leyes, y en especial las leyes que protegen al medio ambiente, que es de todos y de nuestras próximas generaciones. Por este motivo, no podemos estar más en desacuerdo con la
decisión de dar marcha atrás en la regulación de los establecimientos playeros.
Porque la playa no es de los chiringuiteros, es patrimonio del Estado, y por lo
tanto, es el Estado el que tiene que velar por su integridad, especialmente en la Costa del Sol, donde
tantísima gente se da cita en una estrecha franja de playa y queda expuesta a
todo un catálogo de impactos provenientes de estos establecimientos que atentan
contra la calidad de las playas y la salud de los bañistas. De hecho, la Ley de Costas 22/1988 supuso
en su día un enorme cambio para el tratamiento jurídico de las zonas costeras
por su marcado carácter proteccionista
ante la inminente preocupación por la situación a la que se estaban encaminando
las costas. Recordemos que la titularidad de este patrimonio es,
afortunadamente, del Estado, y las restantes administraciones públicas ni son
titulares de este espacio ni podrán ejercer las potestades demaniales, es
decir, el uso público sobre los mismos. Es cierto que la Junta de Andalucía incluyó
en sus estatutos la competencia del control del litoral, pero habría que
modificar aquella ley para que esta supuesta competencia pueda ejercerse.
los ecologistas encontramos potencialidades en la Ley de Costas para proteger nuestro maltratado litoral, pero vemos demasiados titubeos a la hora de aplicarla, a pesar del ruido que han producido algunas actuaciones puntuales con excavadoras. De hecho todo este follón de
los
chiringuitos ha tenido el efecto de ocultar un debate incluso más peliagudo que
es la regulación de los edificios estables, que no son pocos en todo el litoral
de nuestra nación, algunos a menos de un metro de la orilla del mar. Coincide,
además, con la decisión de retirar su interés por expropiar el chiringuito más
grande y escandaloso de España: el Algarrobico, lo que podría interpretarse
como una cortina de humo, según Ecologistas en Acción. Pero la Ley de Costas, y en especial
su posterior Reglamento, es clara en estas cuestiones, los artículos 65 (tamaño
de las instalaciones desmontables), 111 (régimen de autorización) y 51
(exigencia de autorización para ocupar el dominio público) son más que
suficientes. Lo que extraña es que no se haya aplicado con mayor rigor desde
1991 y claro, de aquellos barros, estos lodos.
en conclusión, exigimos que se aplique rigurosamente la Ley de Costas. Esta ley permite ciertos usos temporales en la arena bajo concesión administrativa, pero esto significa que las instalaciones deben ser retiradas terminada la temporada, sin excepción alguna, pues basta con que haya una para que todos exijan lo mismo. Y que al ser una concesión, no genere derechos, lo que implica que el lugar pueda ser ocupado por
otro empresario en otro año. Por
otra parte, no deben ocupar el espacio que corresponde a un restaurante
instalado legalmente, únicamente en lugares sin equipamientos, que no generen
competencia. Y exigimos que estos negocios cumplan con lo establecido en las
leyes en relación a la fiscalidad (luz y taquígrafos) y derecho de los
trabajadores. Otra cuestión es la sanitaria y medioambiental: los chiringuitos
no pueden estar en cualquier sitio. Hay arenales vivos, con una biodiversidad
importante, que no pueden ser alterados, por lo que su concesión debe exigir al
menos un informe de impacto ambiental. Al respecto, no se entiende por qué se
mantienen aún en pie los chiringuitos de la playa de Cantarriján, en pleno
Paraje Natural de los Acantilados de Maro. Por otra parte, las instalaciones
tienen que tener un certificado de salubridad, lo que significa: agua corriente
y conexión con el saneamiento municipal, pues no se puede atentar contra la
salud de los bañistas y tampoco contaminar la arena. Finalmente, han de ser
sometidos periódicamente a inspecciones sanitarias y ambientales (por ejemplo,
cerrarlos en cuanto se detecte la venta de pescados inmaduros o los vertidos de
basuras o aguas residuales). Si estas condiciones no se aceptan, pues que se
busquen otra forma de vida. Ser empresario tiene estas obligaciones y trabajar
en este lugar tiene estas limitaciones.
el problema que tiene la aplicación de las leyes en este país es que la voluntad del ejecutivo está secuestrada por el miedo a la pérdida del voto, a la impopularidad. Se está para las maduras pero no para las duras. Se hacen leyes, pero aplicarlas, si es impopular, mejor prorrogarlas, marear la perdiz y aburrir los papeles hasta deshacer el entuerto. Hay que recordar algo tan obvio como jurado o prometido durante el nombramiento del cargo público: la obligación de “cumplir y hacer cumplir las leyes”, cueste lo que cueste. Estamos dando un espectáculo bochornoso como país, pues estamos dando una sensación de inseguridad jurídica, de arbitrariedad en la aplicación de las leyes, que escandalizaría a cualquier extranjero. España es un país con poca tradición cívica y mucho pícaro repartido por el territorio. Y esto lo favorecen los titubeos de nuestros gobernantes.
posiblemente el grado de incoherencia en la aplicación de las leyes es directamente proporcional al grado de cercanía entre administración y administrado. Esto lo hemos visto en los ayuntamientos en la aplicación de normas urbanísticas. Las decisiones penosas o duras no son asumidas por las administraciones periféricas, las más locales, porque están en contacto directo con el administrado y se ve peligrar más la renovación del voto. Por este motivo, más descentralización, más competencias para la periferia no servirán para aplicar mejor las leyes, sino que por esa sensibilidad (eufemismo de miedo a ser impopular) hacia el administrado se tergiversarán las leyes o se aplicarán de forma poco rigurosa. Esto explica que mientras que el gobierno andaluz muestra una inusitada e incoherente oposición a Costas (pues es de su mismo partido), en el Congreso, a más de 500 kilómetros de Málaga, el mismo partido, junto a otros, rechace la petición del partido de la oposición de detener el desalojo de los chiringuitos. A nivel nacional hay menos miedo a tomar decisiones penosas, pero necesarias. Por eso competencias en asuntos del Estado como Costas jamás deberían de ser traspasadas a las autonomías.
sin embargo, estamos seguros de que si el legislador, de cualquier signo político, fuera coherente desde el principio y se dejaran atrás titubeos, flexibilidades y arbitrariedades, la gente acabaría por aceptar las cosas, les gustaran o no, porque sabrían a qué atenerse, no existiría eso que llamamos inseguridad jurídica. Al final el sector se adaptaría y se buscaría la vida de la mejor manera posible respetando las leyes. Con los chiringuitos pasaría igual, finalmente tendrían que reconvertirse y buscar la forma de vender su producto en los márgenes que permite la ley. Seguramente esto supondría cierto grado de agitación, de conflicto, pero al final tendrían que aceptarlo, como todos aceptamos otras cosas. Si se cede un centímetro, se tomará un kilómetro, si se prorroga un año, los chiringuiteros conseguirán los 30 años que piden, y si no, al tiempo.
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24/06/09. Opinión. La reciente polémica sobre la retirada de chiringuitos del litoral
andaluz ha tenido muy poco de debate político o social o económico y muchísimo de
tergiversación, demagogia y nulo rigor. La Ley de Costas de 1988, que ordena esta demolición,
es de ámbito estatal, y esta orden ya se aplica en el resto de las comunidades
autónomas. En Andalucía ha llegado al punto muerto que se pretendía desde el
principio: neutralizar la acción del gobierno, impulsada por un precepto legal
que tiene su base en la protección del medio ambiente y en concreto en el del litoral,
el más violentado y objeto de agresiones de todo el Mediterráneo. Rafael Yus,
en esta nueva entrega en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, aborda el problema de la demagogia y la debilidad de los políticos en
cuanto la acción institucional les obliga a abordar decisiones difíciles por
impopulares. Este artículo es de los muy pocos publicados en contra de la
campaña pro conservación de los chiringuitos.¿Serán los chiringuitos de la playa otro Bien de Interés Cultural incorporado al Patrimonio Andaluz?
Ya estamos de nuevo con el asunto del patrimonio andaluz. Hace años, cuando una decisión gubernamental decidió, con buen juicio, eliminar unas macrovallas publicitarias que herían nuestro maltrecho paisaje, vino un erudito local, un cantamañanas que usaba la jerga de la Andalucía libre, y convenció al ejecutivo andaluz para que indultara la valla del Toro de Osborne, que todos sabemos que alude a una bebida alcohólica, y además en la carretera, para recordarles a los conductores que “con un buen coñac, uno ibérico, o andaluz, los kilómetros
son pan comido”. Y hete aquí que el Toro de
Osborne, que por mucho diseño y tal no deja de ser una valla publicitaria,
pasara de ser un atentado al paisaje y una publicidad de una droga, o de un
icono de la España
cañí taurófila y amante de la sangre en la arena, a ser un “elemento
fundamental del paisaje andaluz”, y por tanto las 20 vallas repartidas por
Andalucía serán catalogadas inminentemente como un Bien de Interés Cultural (BIC) pasando a formar parte nada
menos que del Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz (!). Y no hay voz discordante, ¡cualquiera
se opone a algo tan políticamente correcto como eso que llaman las señas de identidad! No será, desde
luego, la Consejería
de Cultura, siempre atenta a que se le asocie con la defensa del patrimonio
andaluz, aunque gran parte del resto del patrimonio siga tan descuidado como
hace cien años o incluso peor. Si no, que nos explique por qué ha consentido
que se urbanice el entorno del Castillo de Zalia (BIC) en Alcaucín, o en el
entorno del Castillo de Benthomiz (BIC) en Arenas, por poner un par de
ejemplos. Antes están las vallas publicitarias y los graffitti
urbanitas, que tienen la virtud de salir más baratos.coincidiendo con estas laboriosas gestiones de nuestra consejera de Cultura, que por ello
hasta podría pasar a la historia como un ejemplo de defensa del patrimonio
andaluz, aparece el culebrón
mediático de los chiringuitos.
Sí, soy consciente de que contribuyo con ello a mantener ese culebrón, ahora que, tras el acuerdo de
prórroga, parecía que se había acabado. Pero es que en este culebrón no nos han permitido voz a los
ecologistas, o de cualquier otra persona que piense como nosotros pero no se
atreve a decir nada porque es políticamente
incorrecto, o por mala conciencia, porque en tiempos de crisis no vamos a
poner la carne en el asador de tanta gente necesitada, y porque, quien más y quien
menos hemos usado ya estas instalaciones.en este largo culebrón, que se inicia con el anuncio de la Demarcación de Costas de retirar todas las concesiones de establecimientos en la arena de las playas, no ha habido prácticamente ninguna voz ni argumento que respalde esta decisión ministerial, que no es más que la aplicación, eso sí, tardía, de una ley que data del año 1988. Es más, a Costas (una forma de hablar, nos referimos a los políticos responsables) se le ha dicho de todo menos bonito: “talibanismo”, “manu-militari”, “dogmatismo”, y adjetivos de similar significado, han estado en todos los medios de comunicación, cuando no eso de “save the chiringuitos”. La prensa ha prestado su apoyo mediático al club de los chiringuiteros y espeteros asociados, no sólo calentando el ambiente manteniendo diariamente cualquier noticia sobre las manifestaciones de unos y otros y de sus negociaciones, sino a través de una larga serie de periodistas de opinión y escritores que han prestado su verbo para defender eso de que “mis chiringuitos no me los toques”, “no se puede eliminar algo que forma parte del paisaje andaluz”, y payasadas semejantes.
no se puede despreciar el importante papel que desempeña aquí el juego sucio de la política: el usar el objeto de la aplicación de la ley (en este caso los chiringuiteros y demás establecimientos litorales) como arma arrojadiza de un partido contra el contrario. Incluso en
asuntos de Estado, como la aplicación de una ley estatal.
Basta que se adviertan los primeros síntomas de descontento para que
rápidamente abandere la defensa el partido de la oposición. La calculadora del
tesorero se pone en marcha: 600 familias de chiringuiteros a 10 adultos
afectados por familia/negocio, dan 6.000 personas y si lo multiplicamos por 100
adictos al chiringuito y sus efluvios, tenemos 600.000 personas=votos, es
decir, lo que nos falta para ganarle al partido que está en el gobierno (da
igual el signo político, ambos lo harían igual). Y claro, ningún partido que
gobierne corre el riesgo de perder este volumen de votos, por lo que también se
apunta al carro de la defensa de los chiringuiteros, no importa que los que
están intentando aplicar la Ley
de Costas son precisamente los de su propio partido político. La imagen que han
de dar es la de férreos defensores del bienestar de la población, aunque no
cumplan las leyes.en la primera visita que hace nuestro presidente del Gobierno de España al recién nombrado presidente de la Junta de Andalucía, no se le ocurre a nuestro nuevo jefe del ejecutivo andaluz
otra
cosa que pedir al presidente del Gobierno que le traspase las competencias sobre los chiringuitos. Y
la razón, de Estado, no es otra que desde Madrid no hay “sensibilidad” hacia
estos establecimientos tan propios de nuestra realidad andaluza. Una línea de
razonamiento peliaguda y que remite a la renuncia del poder central a favor del
poder local porque, por la misma razón, los alcaldes dirán que en Sevilla no
puede haber la necesaria “sensibilidad” hacia los problemas locales, como es el
caso de los chiringuitos. Y por la misma línea de razonamiento, el concejal de
playas o, si me apuran, el de cultura (ahora que valoramos los chiringuitos
como algo cultural) pedirá a su alcalde que le ceda las competencias porque
desde la alcaldía no existe la necesaria “sensibilidad” hacia este problema. Yo me pregunto: ¿para qué queremos un Gobierno de España? o incluso, ¿para qué queremos leyes o decretos reales? Las leyes, por su universalidad, o se aplican en todo el territorio nacional o no son leyes, son solamente una elaborada retórica para justificar sueldos millonarios en las Cortes. Se decreta una ley, incluso con el apoyo de la mayoría parlamentaria exigida, pero a la hora de aplicarla, empiezan las excepciones, las amnistías, los diálogos, las negociaciones, el pasteleo, y finalmente se encuentra el resquicio legal para excepcionar la ley. Y no hay mejor argumento que la Santa Tradición. Sí señores, de nuevo la Santa Tradición.
la Santa Tradición aparece de pronto, cuando menos te lo esperas en cualquiera de nuestra
amplia gama de
autonomías. Se decreta, después de muchos años de ser demandado por amplios
sectores de la ciudadanía, la Ley
de Protección Animal, que prohíbe, entre otras cosas, las peleas de gallos, por
su obvia crueldad. Pero hete aquí que Canarias enarbola el banderín de la Santa Tradición:
la ley excepciona este caso porque atenta a la tradición, y lo mismo excepciona
todo tipo de tropelías con los toros: no se debe chillar a un perro porque le
puedes producir un trauma psicológico, pero los toros están para pasarlo bien
con su sangre. “Y esto es España, y la silueta del toro la pongo en la bandera
o en mi camiseta porque así es España”. Y ahora llega el tema de los
chiringuitos; poco importa que en el resto del litoral español se estén
derribando chiringuitos, en Andalucía es impensable, forma parte de la Santa Tradición.
Excepcionemos pues.por este motivo, pienso que estamos a un paso de declarar al chiringuito como Bien de Interés Cultural y catalogarlos como elementos del Patrimonio Andaluz. Y verán ustedes cómo al final este asunto se resolverá por esta vía. Porque cualquiera, nosotros los ecologistas lo haremos, puede impugnar la decisión gubernamental de mantener a los chiringuitos en la arena de la playa, porque no hay resquicio legal, a no ser que sean declarados, como pasara con el Toro de Osborne, como Bienes de Interés Cultural. Si lo del Toro era banal, lo de los chiringuitos podría ser incluso hasta mejor entendido, si interpretamos literalmente el sentir de tanto clamor periodístico, de tantos cantamañanas metidos a periodistas.
lo peor de todo esto es que esta dinámica se está consolidando a su vez como otra Tradición: la de buscar la manera de no ajustarse a las leyes. Y así, todos contentos y “pasen por caja” (léase urna para meter los votos en las próximas elecciones). Recientemente lo hemos visto en algunos alcaldes de la provincia de Málaga, como Marbella, Mijas, la Axarquía, etc. Todos ellos
tienen un catálogo de viviendas ilegales que han consentido por acción u
omisión, y algunos están procesados judicialmente por ello. Y no se les ocurre
otra forma de apañar el asunto que buscar la legalización de lo que ha sido una
consciente ilegalidad. Como era de esperar, el presidente de la Diputación Provincial,
Salvador Pendón, toma la palabra de los alcaldes que le han regalado este cargo
(y que por tanto les está eternamente agradecido) y llega a afirmar que lo que
hay que hacer es modificar las leyes (por ejemplo, el Plan de Ordenación Territorial)
para que se legalicen estas casas y se siga construyendo, idea que seguramente
ya tiene en mente el Partido Popular, que está deseoso de aplicar, en caso de
ganar las elecciones, la idea neoliberal de que “todo suelo es urbanizable
mientras no esté protegido”, es decir, el 100% del suelo de los ayuntamientos
que no tienen parque natural.para ello, no se les ocurre otra vía que sugerir, tanto a la Junta como a la Fiscalía, que hagan una excepción, es decir, que hagan la vista gorda en la aplicación de la legislación urbanística (LOUA) porque “esta ley se ha hecho en los despachos de Sevilla, sin conocer nuestra realidad”, llegan a decir. Es decir, que la corrupción urbanística y la especulación del suelo debe ser excepcionada porque, al menos en la Axarquía, es una seña de identidad, una tradición que se remonta al año 1990 y se mantiene hasta nuestros días, y “no es de recibo que unos señoritos sevillanos nos imponga una ley que no tiene sensibilidad sobre nuestra realidad social” (como diría también La Cosa Nostra). Propongo, pues, para que estos alcaldes puedan dormir tranquilos, sin que sean soliviantados con tanta citación a juicio, que la corrupción urbanística y la especulación del suelo sean declarados como Bien de Interés Cultural e ingresen en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz.
Ya puestos, yo propondría también que se incluyeran otras figuras de ineludible protección en nuestro paisaje andaluz, tales como los gorrillas de los aparcamientos, los camellos, el motorista con casco quitamultas, el carterista, el asustaviejas, el enchufado y otras figuras urbanas. Y en la playa no sólo hay que mantener a los chiringuiteros, espeteros, hamaqueros, vendedores ambulantes de pipas y patatas fritas, sino que también hay que proteger a los bolicheros. Ya está bien de tanto perseguir a los pobres pescadores bolicheros, una estampa que ha borrado la Guardia Civil del paisaje de nuestras playas, que sean restaurados, aunque cojan sólo medusas, como Bien de Interés Cultural, como parte del paisaje litoral andaluz.
JUEGA aquí un papel muy importante la política de los hechos consumados. Los que tienen que velar por la ley se relajan ante determinadas actuaciones, o bien se les da un permiso o concesión administrativa que por definición es temporal. Y llega toda una horda de pillos, pícaros typical Spain y se instalan, temporalmente, dicen con un guiño y aplican aquello del
anarquismo
ibérico: lo que es de España es de los españoles, y van y se lo
apropian. “Y ahora que vengan, a ver si tienen eggs para quitarnos de
aquí”. Y es así, ha pasado, con todo lo que es de dominio público: “no hay nada
como el suelo público, porque no es de nadie y es de todos, y por tanto, yo me
tomo mi parte”. La lógica del pícaro juega así. Y así se ocupan las vías
pecuarias, como ocurrió en la
Cañada Real en Madrid, por poner un caso mayúsculo; pero no
hay que ir tan lejos, tenemos centenares de casos de viviendas que tienen su
porche en una vía pecuaria, y agricultores que tienen aguacates en una vía pecuaria.
Y lo mismo pasa con las márgenes de los ríos, que por ley tienen que estar
libres; pues no, están llenos de patatas, cortados por el trastero de un
taller, o por una casa de aperos, por un hotel rural, o por cualquier otra
cosa. Esto sí que es tradicional en nuestro país: apropiarse de lo público.lo mismo pasa con los chiringuiteros: se les da una concesión temporal y ellos exigen que se prorrogue, no un año, ni dos, sino ¡30 años!, es decir, el tiempo suficiente para que se jubile hasta su hijo (el nieto, que se la busque). Y algunos hasta hacen su desembolso, su infraestructura, con sótano y todo, eso sí, con materiales desmontables que nunca se desmontan, y ahora se quejan de las pérdidas que van a tener si pierden toda esta inversión (que nadie les autorizó). A ver quién es el guapo que los echa ahora, y menos aún cuando sean declarados Bien de Interés Cultural. Por cierto, la Ley de Costas mejor tirarla a la basura, pues para lo que sirve... Pero, ¿alguien ha pensado la competencia desleal que origina este personal sobre empresarios que cumplen escrupulosamente la Ley de Costas? Un ejército de oportunistas se les cuela en la arena, un terreno que no es suyo, pero ahí están; se les ponen delante de sus narices y les quitan una clientela que por derecho les corresponde a ellos. Alguien debería defender los intereses de estos empresarios.
otro punto a revisar es el pretendido beneficio social de este tipo de establecimientos, que se ha exagerado intencionadamente de manera hiperbólica, pues las cuentas no salen, a no ser que admitamos que cada chiringuito beneficie a medio centenar de personas, más que cualquier mediana empresa solvente. En realidad, la mayor parte de los chiringuitos practican libremente la economía sumergida y transgreden, ante las narices de la autoridades, las más elementales reglas de la empleabilidad y el Estatuto de los Trabajadores. Esto que se pide ahora desde sectores conservadores de la “flexibilización del mercado laboral” es una práctica habitual en el sector. Son empleos temporales, a los que se accede de forma arbitraria y sin la declaración y correspondientes pagos a la seguridad social en muchos casos. Unas condiciones ideales para obtener el máximo de beneficios en el mínimo de tiempo, a dos palmos de restaurantes que se esfuerzan en cumplir con la ley. Pero claro, como no somos capaces de ofrecer un panorama mejor para estos sectores sociales, se hace la vista gorda. Y más aún en periodos de crisis económica, cuando todavía nos sentimos impotentes para afrontarla.
luego tenemos el asunto de la violencia. Ningún político quiere verse en la tesitura de afrontar una revuelta popular. Y la gente lo sabe. Y como lo sabe, utiliza el argumento. Hace unos días, en un debate sobre dejar o no construir casas en los parques naturales, alguien llegó a decir que “si nos oponemos a ello el parque arderá”. Esta amenaza es constante en todos los debates, y se acepta sin más, no importa que se les recuerde que es un delito y que se paga con la cárcel. Con los chiringuiteros ha sucedido igual, en el momento más caliente amenazaron con llegar hasta donde sea preciso para que nadie les eche de la arena. Y claro, nadie quiere asumir este reto. Mejor se dialoga, se pastelea, o se prorroga la decisión un año más para prepararnos mejor. Tal vez para que haya tiempo para declarar al chiringuito Bien de Interés Cultural.
tras este panorama, ¿qué puede decir un ecologista, salvo aquello de que “tenemos lo que nos merecemos”? Y sin embargo, para bien o para mal, formamos parte de esta sociedad, y somos tan andaluces como los demás, pero también somos españoles y somos personas que exigen que se apliquen las leyes, y en especial las leyes que protegen al medio ambiente, que es de todos y de nuestras próximas generaciones. Por este motivo, no podemos estar más en desacuerdo con la
decisión de dar marcha atrás en la regulación de los establecimientos playeros.
Porque la playa no es de los chiringuiteros, es patrimonio del Estado, y por lo
tanto, es el Estado el que tiene que velar por su integridad, especialmente en la Costa del Sol, donde
tantísima gente se da cita en una estrecha franja de playa y queda expuesta a
todo un catálogo de impactos provenientes de estos establecimientos que atentan
contra la calidad de las playas y la salud de los bañistas. De hecho, la Ley de Costas 22/1988 supuso
en su día un enorme cambio para el tratamiento jurídico de las zonas costeras
por su marcado carácter proteccionista
ante la inminente preocupación por la situación a la que se estaban encaminando
las costas. Recordemos que la titularidad de este patrimonio es,
afortunadamente, del Estado, y las restantes administraciones públicas ni son
titulares de este espacio ni podrán ejercer las potestades demaniales, es
decir, el uso público sobre los mismos. Es cierto que la Junta de Andalucía incluyó
en sus estatutos la competencia del control del litoral, pero habría que
modificar aquella ley para que esta supuesta competencia pueda ejercerse.los ecologistas encontramos potencialidades en la Ley de Costas para proteger nuestro maltratado litoral, pero vemos demasiados titubeos a la hora de aplicarla, a pesar del ruido que han producido algunas actuaciones puntuales con excavadoras. De hecho todo este follón de
los
chiringuitos ha tenido el efecto de ocultar un debate incluso más peliagudo que
es la regulación de los edificios estables, que no son pocos en todo el litoral
de nuestra nación, algunos a menos de un metro de la orilla del mar. Coincide,
además, con la decisión de retirar su interés por expropiar el chiringuito más
grande y escandaloso de España: el Algarrobico, lo que podría interpretarse
como una cortina de humo, según Ecologistas en Acción. Pero la Ley de Costas, y en especial
su posterior Reglamento, es clara en estas cuestiones, los artículos 65 (tamaño
de las instalaciones desmontables), 111 (régimen de autorización) y 51
(exigencia de autorización para ocupar el dominio público) son más que
suficientes. Lo que extraña es que no se haya aplicado con mayor rigor desde
1991 y claro, de aquellos barros, estos lodos.en conclusión, exigimos que se aplique rigurosamente la Ley de Costas. Esta ley permite ciertos usos temporales en la arena bajo concesión administrativa, pero esto significa que las instalaciones deben ser retiradas terminada la temporada, sin excepción alguna, pues basta con que haya una para que todos exijan lo mismo. Y que al ser una concesión, no genere derechos, lo que implica que el lugar pueda ser ocupado por
otro empresario en otro año. Por
otra parte, no deben ocupar el espacio que corresponde a un restaurante
instalado legalmente, únicamente en lugares sin equipamientos, que no generen
competencia. Y exigimos que estos negocios cumplan con lo establecido en las
leyes en relación a la fiscalidad (luz y taquígrafos) y derecho de los
trabajadores. Otra cuestión es la sanitaria y medioambiental: los chiringuitos
no pueden estar en cualquier sitio. Hay arenales vivos, con una biodiversidad
importante, que no pueden ser alterados, por lo que su concesión debe exigir al
menos un informe de impacto ambiental. Al respecto, no se entiende por qué se
mantienen aún en pie los chiringuitos de la playa de Cantarriján, en pleno
Paraje Natural de los Acantilados de Maro. Por otra parte, las instalaciones
tienen que tener un certificado de salubridad, lo que significa: agua corriente
y conexión con el saneamiento municipal, pues no se puede atentar contra la
salud de los bañistas y tampoco contaminar la arena. Finalmente, han de ser
sometidos periódicamente a inspecciones sanitarias y ambientales (por ejemplo,
cerrarlos en cuanto se detecte la venta de pescados inmaduros o los vertidos de
basuras o aguas residuales). Si estas condiciones no se aceptan, pues que se
busquen otra forma de vida. Ser empresario tiene estas obligaciones y trabajar
en este lugar tiene estas limitaciones.el problema que tiene la aplicación de las leyes en este país es que la voluntad del ejecutivo está secuestrada por el miedo a la pérdida del voto, a la impopularidad. Se está para las maduras pero no para las duras. Se hacen leyes, pero aplicarlas, si es impopular, mejor prorrogarlas, marear la perdiz y aburrir los papeles hasta deshacer el entuerto. Hay que recordar algo tan obvio como jurado o prometido durante el nombramiento del cargo público: la obligación de “cumplir y hacer cumplir las leyes”, cueste lo que cueste. Estamos dando un espectáculo bochornoso como país, pues estamos dando una sensación de inseguridad jurídica, de arbitrariedad en la aplicación de las leyes, que escandalizaría a cualquier extranjero. España es un país con poca tradición cívica y mucho pícaro repartido por el territorio. Y esto lo favorecen los titubeos de nuestros gobernantes.
posiblemente el grado de incoherencia en la aplicación de las leyes es directamente proporcional al grado de cercanía entre administración y administrado. Esto lo hemos visto en los ayuntamientos en la aplicación de normas urbanísticas. Las decisiones penosas o duras no son asumidas por las administraciones periféricas, las más locales, porque están en contacto directo con el administrado y se ve peligrar más la renovación del voto. Por este motivo, más descentralización, más competencias para la periferia no servirán para aplicar mejor las leyes, sino que por esa sensibilidad (eufemismo de miedo a ser impopular) hacia el administrado se tergiversarán las leyes o se aplicarán de forma poco rigurosa. Esto explica que mientras que el gobierno andaluz muestra una inusitada e incoherente oposición a Costas (pues es de su mismo partido), en el Congreso, a más de 500 kilómetros de Málaga, el mismo partido, junto a otros, rechace la petición del partido de la oposición de detener el desalojo de los chiringuitos. A nivel nacional hay menos miedo a tomar decisiones penosas, pero necesarias. Por eso competencias en asuntos del Estado como Costas jamás deberían de ser traspasadas a las autonomías.
sin embargo, estamos seguros de que si el legislador, de cualquier signo político, fuera coherente desde el principio y se dejaran atrás titubeos, flexibilidades y arbitrariedades, la gente acabaría por aceptar las cosas, les gustaran o no, porque sabrían a qué atenerse, no existiría eso que llamamos inseguridad jurídica. Al final el sector se adaptaría y se buscaría la vida de la mejor manera posible respetando las leyes. Con los chiringuitos pasaría igual, finalmente tendrían que reconvertirse y buscar la forma de vender su producto en los márgenes que permite la ley. Seguramente esto supondría cierto grado de agitación, de conflicto, pero al final tendrían que aceptarlo, como todos aceptamos otras cosas. Si se cede un centímetro, se tomará un kilómetro, si se prorroga un año, los chiringuiteros conseguirán los 30 años que piden, y si no, al tiempo.
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