OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

21/07/09. Opinión. “Lo que está sucediendo en la comarca de la Axarquía es un asunto muy grave desde el punto de vista político, institucional, jurídico y social. El poder local, que forma parte de la estructura del Estado, está intentando tomar las riendas del gobierno de una comunidad autónoma, mostrando...

OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

21/07/09. Opinión. “Lo que está sucediendo en la comarca de la Axarquía es un asunto muy grave desde el punto de vista político, institucional, jurídico y social. El poder local, que forma parte de la estructura del Estado, está intentando tomar las riendas del gobierno de una comunidad autónoma, mostrando descaradamente un fenomenal desacato a las leyes aprobadas por todos y que nos obligan a todos, pretendiendo que las leyes pierdan su condición de universalidad para que se apliquen a conveniencia de cada municipio. Demuestra que estas autoridades defienden el urbanismo ilegal que se ha hecho hasta ahora, y que quieren conseguir una patente de corso para que ningún fiscal les cuestione lo que para ellos es la ‘auténtica’ justicia: dejar que todo el mundo haga lo que quiera en el campo”. El coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA- Ecologistas en Acción), Rafael Yus, reconstruye en su colaboración mensual con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com cómo los alcaldes de esta comarca malagueña de todo signo político llevan años forzando acciones para impedir que las leyes y normativas coarten el desarrollo urbanístico en suelo rústico.

Crónica de un desacato institucional: el Manifiesto del Ladrillo de la Autarquía

DURANTE este mes se ha difundido la noticia de que los 31 alcaldes de la comarca de la Axarquía (que más bien debería llamarse Autarquía) han firmado una moción en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, por la que, entre otras cosas, demandan una modificación de la actual Ley del Suelo para poder reactivar el sector de la construcción y que ello no conlleve riesgos penales o administrativos. Me sorprende un poco que este “manifiesto” de desacato institucional de nada menos que 31 alcaldes de toda una comarca, que ha tenido un tratamiento aceptable en los medios de comunicación, haya pasado de puntillas por los analistas y periodistas de opinión de los diferentes periódicos. Porque el asunto, desde mi punto de vista, es muy serio, y no lo digo sólo como representante de una organización ecologista, sino como ciudadano que se rige, como todos, por unas leyes democráticamente aprobadas y que en teoría velan por el bienestar de toda la comunidad. El asunto no es baladí, porque estamos hablando de una crisis institucional, una alteración sustancial de la estructura de la administración, por la cual el poder local se rebela contra el poder central, y una crisis política porque los representantes políticos locales se rebelan contra los representantes políticos regionales. Y lo que es peor: lo firman aquellos alcaldes que han gobernado municipios en donde la actividad urbanística ilegal, especialmente en el suelo rústico no-urbanizable, ha sido consentida, cuando no estimulada por intereses que a la Justicia compete aclarar. Alcaldes, algunos de los cuales ya han sido procesados judicialmente y que ven tambalearse toda la trama inmobiliaria en la que por activa o pasiva han estado involucrados.

PERO esta acción, perpetrada el día 8-7-2009 en el salón de plenos de la Mancomunidad de la Costa Oriental-Axarquía, es sólo la última cuenta de un largo collar que se inicia en el mes de julio del año 2005, a raíz de la exposición pública del Diagnóstico del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, documento elaborado por la Consejería de Obras Públicas tras un largo proceso de estudio y negociación con entidades políticas y agentes sociales y empresariales de la zona. En aquel entonces, los 31 alcaldes de la comarca se reunieron por vez primera en la historia (la Axarquía siempre ha sido un territorio de municipios-taifas) para firmar un documento elaborado por un grupo de alcaldes del PSOE, entre ellos el de Vélez (Antonio Souvirón) y el de Almáchar (José Manuel Fernández España) por el que se rechazaba íntegramente el Diagnóstico del POT de la Axarquía. De aquellos polvos vienen los actuales lodos. Expongamos esta historia con un orden cronológico:

(07-2005) Los 31 alcaldes de la comarca de la Axarquía presentan alegaciones al Diagnóstico del POT de la Axarquía elaborado por la Junta de Andalucía. Este primer Manifiesto podría entenderse como una legítima alegación colectiva (aunque se anticipó porque lo que se hizo público sólo fue el Diagnóstico del POT). Se puede comprender que todos, con independencia del signo político, no compartieran el enfoque de esta normativa supramunicipal. Pero la trayectoria seguida desde entonces hasta la actualidad nos muestra que el asunto era más grave: era un desacato a las leyes y normas urbanísticas vigentes en nuestra comunidad autónoma, aprobadas democráticamente por el Parlamento Andaluz. También es un desacato a la norma de disciplina de partido y a la de lealtad institucional. Y más grave, este desacato no sólo es verbal, sino real, pues los firmantes no habían tenido reparo alguno en aplicar sus ideas rebeldes en la ordenación urbanística de sus respectivos municipios y empezaban a sentir cierta incomodidad, cuando no temor, al iniciarse la actividad controladora del Seprona sobre las viviendas residenciales de la comarca, removiendo por vez primera los bien asentados cimientos prepotentes y autárquicos de esta comarca.

AQUEL Manifiesto comenzaba con dos premisas emblemáticas. En la primera se reclama el respeto por el “principio de autonomía local”. Sabido es que los municipios no son autónomos, pero se quería recordar que los municipios tenían competencia urbanística, lo que es cierto, pero que la inmensa mayoría no podía ejercer porque no tenían PGOU. Este principio ha estado presente en todo el debate del POT, al que no se le ha reconocido la función de ordenación supramunicipal que establece la LOUA, rechazando que se “inmiscuya” en lo que consideran que es competencia municipal. Los alcaldes, que ahora parecen formar una piña, nunca se han querido poner de acuerdo en cómo abordar cuestiones de carácter comarcal y ahora que tienen un documento que logra cohesionar el territorio con criterios comunes, vuelven a su pequeño reino de taifa municipal. La otra premisa era sorprendente, pues decían que el POT no ha tenido en cuenta que “no hay desarrollo sostenible sin desarrollo”, un concepto que tergiversa de forma intencionada la noción de desarrollo sostenible para indicar que no puede haber desarrollo sostenible si antes no hay desarrollo, no aclarando a qué tipo de “desarrollo”, distinto del sostenible, se está refiriendo, aunque el escrito deja traducir que este desarrollo es lo que más correctamente diríamos “crecimiento”, y dando a entender que lo de “sostenible” es sólo una guinda para cuanto el pastel (el crecimiento) esté ya elaborado. No se entendía que el desarrollo sostenible ya es “desarrollo”, solo que no de la manera que ellos entienden.

EL Manifiesto tenía muchos más aspectos sustanciosos para comentar y que retrataban fielmente y por vez primera, las convicciones políticas de los alcaldes de este territorio y cuya discusión pueden consultarse en este enlace. El caballo de batalla, como se desprende de todo el articulado, es sencillamente la defensa del urbanismo residencial en suelo rústico no urbanizable. Se decía, por ejemplo: “En el interior, se inicia un tímido desarrollo del turismo rural y una fuerte tendencia al desarrollo residencial, favorecido por la precariedad de la agricultura, la división minifundista y los altos valores paisajísticos de la comarca; proceso bien acogido por la población en general”. El subrayado, original en el citado Manifiesto, pretende lanzar el mensaje de que los alcaldes tienen el apoyo del pueblo en esta cuestión, a pesar de que los reconocidos altos valores paisajísticos pasen a un segundo plano ante la proliferación de viviendas residenciales. Nótese aquí que los alcaldes están respaldando por vez primera una actividad ilegal como es el urbanismo en suelo no urbanizable. Éste será, en adelante, el caballo de batalla y la trayectoria de constantes desacatos.

(09-2005) Estando fresco aún el debate generado por el Manifiesto de los Alcaldes de la Axarquía, aparece un nuevo frente autodenominado Asociación Pro-Defensa de la Axarquía (APDA), integrada por empresarios del sector de la construcción y del turismo en la comarca, al frente de la cual se situó el actual presidente de Empresarios de Torre del Mar, Jesús Pastor, dueño del Hotel La Viñuela y promotor de diversas construcciones de viviendas residenciales en suelo no urbanizable de la Axarquía, entre ellas las que rodean al BIC del Castillo de Zalia (Alcaucín). Como nota clarificadora, en su pasquín de convocatoria de la primera reunión se decía: “Por tu propio interés... ¡no faltes!”. Son los intereses urbanísticos y no la Axarquía como dice el nombre de la asociación, lo que realmente preocupaba a este grupo de empresarios que habían encontrado en el suelo rústico no urbanizable de la comarca un auténtico filón de oro. Coincidían plenamente con los alcaldes en el rechazo del POT de la Axarquía, de ahí que entonces GENA-Ecologistas en Acción advirtiera a la Consejería de Obras Públicas de que en la comarca se había creado un complot político-empresarial para presionar a la Junta para que retirara el POT de la Axarquía.

ESTE primer golpe de Estado de los alcaldes de la Axarquía fue parcialmente desmontado por la Junta de Andalucía tendiendo la mano para el diálogo. Se sucedieron varias reuniones de los alcaldes con mandatarios de la Junta, intercediendo por vez primera el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, y tras una penosa (y patética) negociación, logró convencer a los alcaldes (a los socialistas reclamándoles lealtad política) para que firmaran finalmente el POT, tras lo cual se aprobó y se empezó a aplicar al año siguiente. En estas negociaciones los alcaldes reclamaban “singularizar” la aplicación de las normas urbanísticas para la Axarquía, permitiendo construir libremente en el campo. La Junta mantuvo la elemental noción de que el POT de la Axarquía no podía contradecir a la propia ley del suelo (LOUA), pero sí hubo algunas cesiones. Aunque el contenido de aquella negociación no se hizo público, la comparación entre el antes y el después del POT nos confirma que hubo importantes cesiones de la Junta para contentar a los alcaldes, creando figuras urbanísticas generosas para el urbanismo disperso característico de la Axarquía, como eran los Hábitats Rurales Diseminados, que permitían legalizar grandes conjuntos de viviendas que habían sido construidas independientemente de cualquier figura de planeamiento. Sin embargo, la Junta fue, acertadamente, tajante en este aspecto: se podrá construir siempre y cuando esté reflejado en el PGOU y se controlen todas las variables medioambientales (agua, saneamiento, accesos, etc.).  En la práctica, esto suponía frenar el libre albedrío que existía sobre las viviendas en el campo, ya que las condiciones ya no son tan ventajosas como antes (ahora los propietarios tienen que asumir los costes de los mencionados controles ambientales). También estableció una limitación para construir en un terreno tan abrupto como la Axarquía, prohibiendo la construcción en pendientes altas o muy altas.

DESDE entonces, el ritmo de construcción en la Axarquía, lejos de detenerse o ralentizarse, sufrió un importantísimo acelerón, pasando de las 18.276 viviendas en suelo rústico en el año 2003 a las 22.134 en el año 2007 (un ritmo de unas 1.000 viviendas/año), según datos objetivos de GENA-Ecologistas en Acción. Paradójicamente, al mismo tiempo se recrudecían las actuaciones de control urbanístico a partir de la Policía Autonómica, el Seprona, los inspectores del servicio de Disciplina Urbanística de la Junta, y la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga. Los alcaldes tuvieron que dar explicaciones, sacar los papeles para su defensa y se vieron acosados por dichos controles. Algunos alcaldes decían entonces: “La Junta nos ha engañado”, en alusión al acuerdo en el que firmaron el POT de la Axarquía. No sabemos si esto es cierto, pero seguramente fue el resultado de un diálogo de sordos, porque llegaron a un acuerdo sin asumir cada parte lo que decía la otra. Algunos alcaldes empezaron a ser procesados judicialmente y esto empezó a crear una desazón y una inquietud que desembocarían en la siguiente fase.

(05-2008) En este ambiente de procesamientos judiciales y de inquietud entre los inversores, se crearon las nuevas corporaciones municipales tras las elecciones del 2007. Fueron unas elecciones claramente mediatizadas por las posiciones políticas frente al urbanismo.  Alcaldes que se mantuvieron firmes frente a la actividad urbanística ilegal, paralegal o alegal, fueron refrendados en sus puestos, algunos con incremento de votos. Otros, que mostraron cierta beligerancia, aunque débil y tardía, frente este tipo de urbanismo, fueron desbancados por opositores que proclamaban el “todo urbanizable” del término municipal. Pero el peso de las acciones judiciales restaba agilidad de maniobra a los alcaldes novatos. De ahí que en el año 2008 surgiera un nuevo frente, capitaneado inicialmente por alcaldes que no eran del PSOE, al frente del cual estaba Toñi Claros (IU Torrox), celebrándose en las sedes municipales de Cómpeta (PP) o Torrox. Se apuntan rápidamente PA (Benamocarra, Frigiliana) y PP (Vélez-Málaga) e “invitan” a los demás alcaldes. El objetivo inicial era “analizar los problemas de las casas del campo”, pero en el fondo el problema era la amenaza de la Justicia. Al respecto, merece destacarse la declaración del recién estrenado alcalde de Cómpeta, que como portavoz de la plataforma señalaba el acuerdo de la misma de “establecer una negociación con la Fiscalía y la judicatura para resolver las denuncias urbanísticas que pesan contra varios regidores de esta comarca”. Es decir, “arreglar” el asunto para que no pese sobre los alcaldes la acción de la justicia, algo increíble en un estado de derecho.

(06-2008) A partir de esta iniciativa se reclama también una reunión con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar resolver los problemas urbanísticos que se han generado en los municipios y para que interceda en los problemas judiciales. Estas reuniones, a la que asistió el propio consejero Juan Espada, fueron respaldadas por el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, quien en apoyo a las tesis de los alcaldes manifestó que los problemas urbanísticos “deben resolverse en el ámbito del derecho administrativo y de la ordenación urbanística y no por la vía penal”. Algo inconcebible por parte de quien debe conocer el principio elemental de que el Código Penal contempla el Delito de Ordenación del Territorio, frente a lo cual no se puede hacer nada salvo que se modifique el Código Penal en la Cortes Españolas. También desconoce el principio de separación de poderes del Estado: el poder ejecutivo (los políticos) no pueden interceder en el poder judicial. En estas negociaciones el consejero dejó claro que no es posible una amnistía urbanística total para todos los municipios de la Axarquía, como pedían los alcaldes, sino que se hará un inventario de lo que hay y se resolverá lo que es compatible con la ley y no se legalizará lo que no es legalizable. Por otra parte pedían modificar el POT de la Axarquía para que se pudiera construir libremente en el suelo rústico, a lo que el consejero respondió que esto no es posible porque entraría en contradicción con la propia LOUA. 

(06-2009) Pasa un año y los alcaldes siguen inquietos porque no se resuelven sus problemas urbanísticos, a algunos ya les han procesado judicialmente y otros podrían estarlo en los próximos meses. Coincide con la ampliación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía a los 31 pueblos de la comarca (hasta ahora sólo estaban los municipios de la costa). Renace el espíritu de solidaridad ante el mismo peligro: la Justicia. En un alarde de temeridad y falta de decoro, aprovechan la visita del ministro de Justicia del Estado Español, Francisco Caamaño, para entregarle un escrito titulado “Reflexiones del Grupo de Alcaldes Socialistas de la Axarquía sobre la problemática urbanística en la comarca”, firmado apresuradamente por un grupo de alcaldes (no todos). El escrito no tiene desperdicio, porque además de un amasijo de fantasías jurídicas incorrectas y, al parecer, escritas al dictado, fue contestado por GENA-Ecologistas en Acción. En él los alcaldes vuelven a plantear el problema de lo que interpretan como un tratamiento injusto porque mientras que en Marbella se intenta legalizar 8.000 viviendas ilegales, en otros municipios de la provincia, incluidos los de la Axarquía, “se les persigue como si fueran delincuentes”, en alusión a las actuaciones de la Fiscalía a la que se le acusa de confundir urbanismo con corrupción. Este nuevo manifiesto, escrito con cierta dosis de improvisación e ignorancia, demuestra que los alcaldes aún no han asimilado asuntos tan elementales como que en el Estado español, los poderes legislativo y judicial están separados (cada uno puede actuar independientemente del otro) y que el Código Penal contempla el delito de ordenación del territorio, que es independiente de otros delitos con los que a menudo va asociado como es el de corrupción, cohecho, etc. También ignoran que no es potestad de un ministro regular asuntos que son competencia de una comunidad autónoma. E ilustra el estado de confrontación con la Junta de Andalucía, a la que “puentean” descaradamente (aunque de forma inútil) después de las innumerables reuniones que la Consejería de Obras Públicas ha concedido a un grupo de alcaldes que no se quieren atener a razones. Además, la comparación con Marbella (recogida en la frase “Todos queremos ser Marbella”) es oportunista y refleja una falta total de comprensión de lo que allí sucede, pues aunque es cierto que Marbella quiere legalizar sus 8.000 viviendas ilegales (estaba en el programa electoral de la alcaldesa y posiblemente por esto fue votada), lo quiere hacer con su PGOU (los alcaldes de la Axarquía quieren que sea a través de una modificación del POT) y la Junta de Andalucía no está de acuerdo con esta amnistía general. Seguramente este municipio logrará legalizar muchas viviendas, pero tantas como lo podrá hacer seguramente la Axarquía. Pero la cuestión clave no es ésa, sino el hecho de que los alcaldes quieren más: quieren que no haya ninguna restricción para urbanizar el campo. Esto aparece en escena en el siguiente episodio.

(07-2009) Estimulada por la osadía de los alcaldes firmantes de entregar al ministro de Justicia un documento jurídico para arreglar sus problemas legales de tipo urbanísticos, aún siendo conscientes de su previsible fracaso, toma las riendas del asunto la recién estrenada Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, que con sus 31 ayuntamientos recién incorporados, ve en este escrito la oportunidad de ofrecer un plato fuerte a todos los ayuntamientos y así justificar la propia existencia de este organismo, en momentos de declive económico (ya no llueve el oro a los ayuntamientos) que ponen en peligro la propia subsistencia como institución. Por iniciativa del equipo de gobierno, se redacta un nuevo escrito para que sea discutido como moción por los 31 alcaldes de la comarca. El escrito, que produce cierto sonrojo por vergüenza ajena, parece un panfleto que demuestra una increíble ignorancia de la realidad de las cosas o bien una manipulación interesada y demagógica de cuatro ideas mal hilvanadas. El objetivo del escrito es plantear a la Junta (por enésima vez) la necesidad de modificar la LOUA y el POT para poder construir libremente en suelo rústico no urbanizable y así “permitir el crecimiento ordenado en la Axarquía e impulsar la economía de los pueblos”. Sin apenas debate, el 8-VII-09, el pleno aprueba por unanimidad una moción prácticamente idéntica al escrito anterior que hizo de borrador.

A nadie se le escapa que la petición de modificar las normas urbanísticas (LOUA y POT) aparece con posterioridad a su elaboración por procedimientos democráticos. Ha sido cuando desde los ayuntamientos se han violado sistemáticamente estas leyes, y cuando por este motivo se ha creado una serie de procedimientos administrativos y penales sancionadores, cuando aparece un inusitado interés por modificar las leyes. El mensaje que se da a los ciudadanos es que las “leyes están bien mientras podamos vulnerarlas impunemente”. Un bochornoso y degradante espectáculo por parte de quienes tienen que dar ejemplo en el acatamiento y cumplimiento de las leyes. Al contrario, el comportamiento correcto tendría que haber sido primero cumplir y hacer cumplir las leyes, y luego, si no están conformes, promover los cambios legales por las vías democráticamente establecidas, que no es la Mancomunidad sino el Parlamento Andaluz. Los alcaldes no son diputados.

CON procesos de este tipo, que como hemos visto ya se iniciaron en tiempos de redacción del POT de la Axarquía, se está consolidando la idea de que las administraciones locales toman las riendas de la política territorial que por la Constitución, es competencia del Estado y sus comunidades autónomas. No es difícil imaginar que una dinámica de este tipo, si no es rechazada contundentemente por parte del ejecutivo andaluz, podría generar una escalada de procesos políticos de la periferia contra el centro, y no sería descabellado que provincias enteras gobernadas por partidos políticos de la oposición, se rebelen en contra de la política de la Junta de Andalucía, desviando el debate a la periferia, actuando directamente sobre la puerta de una Consejería, cuando el único lugar para la modificación de las leyes es el Parlamento Andaluz.

SE debe prestar atención al contenido político de la petición de los alcaldes de la Axarquía en relación a la política de la Junta de Andalucía sobre la ordenación del territorio. Si una de las características de la política de ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, afortunada desde el punto de vista de los ecologistas y defensores de una ordenación sostenible del suelo, es el mantenimiento de la figura “no urbanizable” para el suelo rústico, los alcaldes de la Axarquía están pidiendo literalmente la derogación de esta figura y dejar este territorio como “urbanizable” a todos los efectos, salvo parajes protegidos. Se debe recordar aquí que la posición de los alcaldes es precisamente la del Partido Popular, que hace años trató de imponer este criterio a nivel estatal con una nueva Ley del Suelo y que por impugnación de la Junta de Andalucía finalmente se aceptó que fueran las comunidades autónomas las que lo determinaran, hecho que justifica que mientras que en Andalucía se mantiene el “no urbanizable” en Valencia, por ejemplo, se mantenga el rústico como “urbanizable”, con todas sus consecuencias, que a la vista del Informe Auken de la Unión Europea son más que evidentes. Lo lamentable de esta cuestión es que los propios alcaldes del PSOE están pidiendo abrazar la política del PP, un conflicto político que debería ser solucionado tajantemente por la Junta de Andalucía, aún a costa de que, tal como algunos alcaldes amenazan, se cambien de chaqueta para sentirse más conformes con su ideología ultraliberal.

REFIRIÉNDONOS más concretamente a la moción de Mancomunidad, que puso en marcha este pseudo-debate (no hubo más debate que levantar la mano para aprobarlo), es preciso hacer algunos comentarios. Por ejemplo, los alcaldes justifican el desaguisado generado con el ladrillo por las “características singulares” de esta comarca, que no son otras que el régimen minifundista de la propiedad y una “costumbre” de hacer casas en el campo. Argumentos tremendamente débiles, cuando no falsos, porque ninguno de estos argumentos justifica la vulneración de las normas urbanísticas modernas para las que nos hemos equipados. Luego es totalmente falso que los procesos urbanísticos de la comarca “no son el resultado de actuaciones de ilegalidad” sino de “procesos singulares”. Es falso porque la justicia ha demostrado que sí hay ilegalidad y por tanto delito. Es falso porque lo único que hay de singular en esta comarca es el deseo unánime de los alcaldes de vulnerar las leyes urbanísticas para su conveniencia política y/o personal.

OTRA justificación muy utilizada es que los pobres alcaldes han estado desorientados por el marco jurídico “disperso y cambiante”. Esto hay que matizarlo. El marco jurídico en algo tan complejo como el territorio es normal que sea disperso, porque no sólo afecta a las leyes urbanísticas, sino también a otras sectoriales como las ambientales, culturales, agrícolas, etc. El problema no es hacer caso a una ley, sino el no hacer caso a ninguna de estas leyes y normas. Por otra parte es falso que la legislación sea tan “cambiante”, porque, aunque es cierto que se han dado cambios, lo cual es lógico porque hemos cambiado de un marco autárquico a un marco europeo y de un marco estatal a un marco autonómico, lo principal, la condición del suelo rústico como “no urbanizable” ha estado presente en todas las leyes y normas desde los comienzos de nuestra democracia. Todo el mundo sabe que en el campo no se puede construir, lo que llama la atención es que esta noción, conocida por todos, se haya ignorado impunemente.

LOS alcaldes también atribuyen al retraso en la redacción de las normas urbanísticas locales (PGOU) el problema de urbanismo generado en la mayoría de los municipios. Esto no es cierto, porque es sabido el apoyo que han recibido todos los ayuntamientos de los servicios de la Diputación Provincial y por supuesto de la Junta de Andalucía. El problema es otro y no se dice en el escrito. El problema es que los PGOUs que quieren los ayuntamientos no pueden ser tolerados por la Junta de Andalucía si se mantiene la legislación urbanística actual. En los distintos borradores de los PGOUs, los alcaldes han tratado sistemáticamente de regularizar viviendas dispersas por el campo y crear aldeas fantasmas donde antes sólo había olivos, en parte para sortear posibles o reales procesos administrativos y penales. También desean libertad para desarrollar lo que es su principal fuente de ingresos y de votos: la construcción en el campo. Es por esta razón y por ninguna otra, que los ayuntamientos no tienen (ni quieren) un PGOU, prefiriendo utilizar irregular y abusivamente la figura del “proyecto de actuación”. Además, los pocos ayuntamientos que tienen PGOU o Normas Subsidiarias, han vulnerado igualmente la condición de no urbanizable del suelo rústico y las adaptaciones que se han pretendido hacer recientemente han intentado “colar” procedimientos para asegurarlo, afortunadamente sin éxito gracias al veto de la Junta de Andalucía.

POR otra parte, es verdaderamente desalentador que en estos tiempos de crisis, cuando se ha demostrado que la causa de la misma es el nefasto modelo económico que hemos aceptado, y que en España, y particularmente en Málaga y la Axarquía, es el sector de la construcción el que más actividad especulativa ha generado, con todas sus consecuencias para el medio ambiente y la economía, que por parte de los alcaldes de la Axarquía, incluidos los de izquierda, se haga una “cantata” al sector de la construcción, pretendiendo literalmente resucitar la burbuja pinchada de la construcción (“la necesidad de reimpulsar el sector de la construcción”). Un sector que por su monopolio en la comarca la ha dejado prácticamente paralizada, sin haber dejado (por competitividad) generar otra actividad empresarial que no sea la construcción. En un momento en el que el país se está planteando nuevos aires a nuestra economía, y en el que el propio ejecutivo andaluz pretende, junto a la política del presidente del Gobierno, impulsar una nueva forma de desarrollo más sostenible, esta nostalgia de la construcción es deplorable.

FINALMENTE, los alcaldes vuelven a insistir en la cómica y ridícula petición de que los asuntos urbanísticos se resuelvan únicamente por la vía administrativa y no la penal. Una petición que ignora algo tan elemental como el principio de independencia de poderes del Estado. El ejecutivo andaluz no puede, suponiendo que quiera, exigir al poder judicial que los asuntos urbanísticos no los toque porque sólo es competencia suya. Y no lo puede hacer, entre otros motivos, porque existe en el Código Penal un articulado sobre el delito ambiental y el delito de ordenación del territorio, que en su día fue aplaudido por necesario, y gracias a lo cual se está poniendo algún freno a tanta fechoría urbanística. Son dos procedimientos independientes. La administración central puede impugnar, por el Contencioso Administrativo, puede expedientar, puede poner sanciones por faltas administrativas. Pero con independencia de ello, un fiscal y un juez pueden y deben crear expedientes judiciales por presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. Por lo que esta petición podría negársela un niño de primaria.