OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

23/09/09. Opinión. “De todas las malas prácticas desarrolladas por los ayuntamientos de Málaga, la de no asumir la necesidad de un planeamiento urbanístico constituye la matriz de todas las demás”, advierte en su colaboración mensual con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, Rafael Yus...

OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

23/09/09. Opinión. “De todas las malas prácticas desarrolladas por los ayuntamientos de Málaga, la de no asumir la necesidad de un planeamiento urbanístico constituye la matriz de todas las demás”, advierte en su colaboración mensual con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, Rafael Yus, quien apunta que la ventaja que tiene este sistema “para los inversores y especuladores es que el urbanismo no se diseña con arreglo a una idea consensuada de por dónde y cuánto debe crecer el municipio, sino en función de las ofertas de inversión, las iniciativas de promoción y las presiones de propietarios dispuestos a vender tierras, que reciben los políticos locales”.

Los ayuntamientos de Málaga prefieren no tener planeamiento urbanístico

TODOS hemos sido testigos del enorme desarrollo del sector de la construcción en España, ahora que, agotado el combustible crediticio, la burbuja finalmente se ha desinflado. Vivíamos por encima de nuestras posibilidades y por encima de las posibilidades de la propia naturaleza. Un paseo por el litoral andaluz nos muestra la huella de sólo dos decenas de años en frenética actividad inmobiliaria, especialmente en los últimos cinco años. “No es normal lo que estábamos creciendo”, decía mucha gente. La superficie artificializada por el hormigón es de las más altas de España en nuestra provincia, y de manera especial en su litoral. Cerros enteros de la costa cubiertos de bloques de viviendas y, en los del interior, con ese gracioso desparramado de viviendas unifamiliares, son testimonios que gritan por su impacto visual. Nada de esto hubiera sucedido de haberse aplicado las leyes que nuestra comunidad ha aprobado democráticamente en el Parlamento Andaluz. Son leyes que, aplicadas por todos, pero de manera especial por las autoridades políticas locales y regionales, no hubieran permitido llegar hasta donde irreversiblemente hemos llegado para lamento de nuestras futuras generaciones.

LOS ayuntamientos están regidos por políticos locales. Son éstos y no otros los primeros responsables de la falta de aplicación de estas leyes. Olvidaron que en su nombramiento juraron “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Secundariamente, son las autoridades regionales las que, por acción u omisión, no han querido o sabido controlar a estos entes municipales. De hecho, la principal herramienta para este control, la LOUA, ha sido sistemáticamente ignorada y su propio Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) archivado en la biblioteca cuando, en el mejor de los casos, disponía de él. Son ayuntamientos, la mayoría del litoral que, disponiendo de PGOU, se han estado dedicando a realizar modificaciones de elementos y planes parciales durante años, dejando aparcados los objetivos y los territorios que, con cierto fundamento, se proyectaron en su día para un desarrollo sostenible en el municipio. Casos como el de Marbella, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga o Torrox son ejemplos notables de esta forma de hacer urbanismo “a la carta” (del inversor/especulador). El resto, sin PGOU durante años, a pesar de las ayudas de la Diputación Provincial, no se quedaron con las manos vacías, sino que aprovecharon el recurso de la LOUA de los Proyectos de Actuación para conceder licencias de casas de aperos a inmobiliarias para que hicieran un plan parcial sin redactarlo y por tanto ahorrando los costes de cualquier urbanización. Testimonio de ello son las ‘casas’ (más bien mansiones) del campo que, por decenas de miles, encontramos en la Axarquía, Guadalhorce y algunos municipios de la Costa del Sol. No necesitan PGOUs, les basta acuerdos en el bar, ‘de palabra’ o como máximo con unas ordenanzas municipales.

A los datos oficiales remitimos. De los 100 municipios malagueños, en estos momentos, 90 ya disponen de un PGOU. Afirmar que el 90% de los ayuntamientos tienen su PGOU no es una mala noticia, al contrario. Esto ha sido posible, en muchos casos, por las subvenciones recibidas y por la colaboración de la Diputación Provincial en su redacción. Sin embargo, tenemos que saber que la mayoría de los ayuntamientos no han actualizado sus PGOUs, que datan de la legislación anterior a la LOUA, existiendo sólo 5 que lo han adaptado, el resto tenía de plazo hasta el 2008... Pero no pasa nada. De estos 90 PGOUs, tan solo 4 (Benalmádena, Cortes, Montejaque y Riogordo) tienen un PGOU definitivo, el resto está paralizado en su fase de Avance (AV), en Aprobación Inicial (AI) o Aprobación Provisional (AP), la mayoría porque fueron redactados sin tener en cuenta que hay normas supramunicipales como los POT subregionales o el POT de Andalucía y se dedicaron a inflar el suelo urbanizable (el lucrativo negocio de la recalificación) por encima de los límites legales de sostenibilidad, y con buena lógica han sido rechazados por la Junta de Andalucía. Y así están ahora y, según parece, estarán durante mucho tiempo, porque la gasolina del especulador se agotó. Mientras tanto, todos los ayuntamientos harán, cuando puedan, el urbanismo a la carta, con sus planes desfasados y con el alegre deporte de los proyectos de actuación. En estas condiciones en los ayuntamientos reza un cartel que dice: “¿PGOU? No, gracias”.

El planeamiento como indicador de sostenibilidad

PRECISAMENTE el grado de interés por disponer de un adecuado planeamiento urbanístico se ha convertido, a juicio de GENA-Ecologistas en Acción, en un importante indicador de la sostenibilidad urbanística de un municipio. En efecto, de todas las malas prácticas desarrolladas por los ayuntamientos de Málaga, la de no asumir la necesidad de un planeamiento urbanístico en el municipio constituye la matriz de todas las demás, puesto que la indefinición favorece toda una colección de actuaciones que fácilmente se justifican como “buenas para el bien del pueblo”. De hecho, como hemos visto anteriormente es más que evidente la moratoria que sistemáticamente están aplicando los ayuntamientos a la redacción de sus respectivos PGOUs.

EN la comarca de la Axarquía este fenómeno llama más la atención por el incongruente crecimiento urbanístico que se ha producido en municipios que carecen de planeamiento. En efecto, según datos de la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio, tan sólo el municipio de Riogordo (1/31) dispone actualmente de un PGOU definitivo y aprobado según las directrices de la LOUA, que recordemos está vigente desde el año 2003. Precisamente en estos 6 años de moratoria implícita del planeamiento urbanístico de los municipios, se ha producido el mayor crecimiento de viviendas residenciales en suelo rústico o no urbanizable. Rincón de la Victoria ha preferido una adaptación a la LOUA de su antiguo PGOU, siendo el único que ha sido aceptado actualmente. El de Vélez-Málaga aún está en tramitación.

EL resto de los municipios están en diversas situaciones. Nueve municipios se atrevieron a redactar PGOUs inflados al calor de la burbuja inmobiliaria, teniendo una aprobación inicial (en Pleno), pero en su mayoría (Vélez, Rincón, Alcaucín, Viñuela, Torrox, etc.) han sido rechazados por la Junta de Andalucía, al encontrar objeciones diversas, siendo las más corrientes el incumplimiento de la normativa supramunicipal: las limitaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), las normas comarcales del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, etc. 

LO cierto es que después de las aprobaciones iniciales desde el 2006 al 2007 no se produce ninguna aprobación definitiva, esta última en realidad un trámite sin problema si antes lo no rechaza la Junta de Andalucía. Nos consta del esfuerzo de la Junta por retomar los PGOUs de estos ayuntamientos, pero algo debe suceder para que no prosperen, y sospechamos que en gran parte se debe a que la Junta no puede aceptar la inclusión de determinados planes porque no se ajustan a la ley y, en este caso, a los ayuntamientos les puede parecer más ventajoso seguir con su propio PGOU antiguo, como ha sucedido en Vélez-Málaga y Torrox.

HAY 3-4 municipios que han vuelto a una figura arcaica, la Delimitación de Suelo Urbano (DSU), en extinción según la LOUA, el más reciente de Moclinejo. Esto les permite ir dando licencias cerca del núcleo urbano consolidado, al tiempo que evitan el espinoso y comprometedor PGOU para el suelo no urbanizable, resolviendo la tensión con otras figuras que la LOUA presenta para estos casos como es la del Proyecto de Actuación, como veremos.

LA mayoría de los restantes municipios tienen un PGOU redactado por la Diputación Provincial de Málaga, muchos de los cuales han sido entregados este mismo año a sus respectivos alcaldes. Se supone que estos PGOUs se redactan de acuerdo con la LOUA, así como cumpliendo el POTA y el POT de la Axarquía. Sin duda, a pesar del esfuerzo de los técnicos de la Diputación por responder a las disparatadas exigencias de los ayuntamientos, estos documentos no han debido gustar a los gobiernos locales respectivos cuando, hasta la fecha, ni tan siquiera han gozado de su aprobación inicial. En algunos casos se redactaron Avances al PGOU (ejemplo: el caso de Periana en 2005, Frigiliana en 2006, Colmenar en 2005, etc.), pero de momento están paralizados, en parte porque la Junta de Andalucía ha planteado objeciones por planteamientos inadmisibles.

A pesar de este llamativo retraso en el planeamiento urbanístico, a la vista está que la actividad urbanística ha seguido, con o sin el apoyo de los ayuntamientos, como si de un cáncer se tratara. El subterfugio ya comentado del Proyecto de Actuación, que para los municipios del interior es suficiente para sacar tajada al suelo no urbanizable, en la práctica ha sido la única herramienta utilizada para promover o diligenciar la presión urbanizadora en el suelo rústico.

PERO si echamos un vistazo a la relación de modificaciones urbanísticas que han realizado los ayuntamientos que disponen de planeamiento, disponible en la web de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, advertimos gráficamente lo que ya sospechábamos: los ayuntamientos que disponen de alguna figura de planeamiento (DNS, NNSS o PGOUs) han optado por mantener estas figuras e ir urbanizando mediante figuras diversas, tales como Planes Parciales, Modificaciones de Elementos, etc. La ventaja que tiene este sistema, para los inversores y especuladores, es que el urbanismo no se diseña a priori, con arreglo a una idea consensuada de por dónde y cuánto debe crecer urbanísticamente un municipio, sino en función de las ofertas de inversión, las iniciativas de promoción y las presiones de propietarios dispuestos a vender tierras, que reciben los políticos locales. De otra forma no se explica la enorme cantidad de cambios que se ha ido produciendo en municipios dotados de alguna forma de planeamiento. Por supuesto, los más abundantes en estos cambios son los municipios del litoral, dotados de PGOUs, aunque es criticable que recurran a los cambios del PGOU pues esto supone que estos documentos sean papel mojado y que el auténtico PGOU lo escriban los promotores e inversores.

LOS ayuntamientos que sí disponen de alguna figura de planeamiento han venido desarrollando una estrategia basada en las modificaciones de elementos y otros cambios a la carta para los inversores o promotores. Esto ha sido fundamental en los ayuntamientos grandes y ladrilleros de la costa, pero lo llamativo es que municipios del interior, dotados únicamente con NNSS como figura de planeamiento alcancen hasta 45 cambios, como en el caso de Colmenar.

SIN duda esto es el fruto de decisiones locales acerca de cómo enfocar la dinámica urbanística con los recursos legales disponibles, pues Alcaucín, un municipio con muchísima mayor actividad urbanística, sólo alcanza 20 cambios en sus NNSS, debido a que en este municipio se optó por realizar estos cambios de forma más masiva, el último de los cuales tenía más de medio centenar de viviendas ya construidas cuando se intentó hacer un Plan Parcial, que finalmente fue frenado por la Junta de Andalucía, hecho por el cual intentó hacerlo a través de una “adaptación parcial de las NNSS a la LOUA” como parte de una supuesta “innovación” urbanística.

EN conclusión, nos encontramos con la paradoja de que la tremenda actividad urbanística de los ayuntamientos de la provincia de Málaga no se corresponde con un planeamiento debidamente elaborado que indique, en el marco legal vigente, qué tipo de desarrollo quiere cada municipio y hacia dónde deben crecer las ciudades, objetivo básico del planeamiento urbanístico. Hace ya seis años que los ayuntamientos tenían que haberse dotado de un Plan General de Ordenación Urbana y, los que ya lo tenían, actualizarlo con arreglo a la LOUA. En su lugar, han optado por realizar estrategias chapuceras, manteniéndose en estadios primitivos del planeamiento, por aquello de “virgencita que me dejen como estaba”. Saben que la adaptación a la LOUA significa respetar no sólo esta ley, sino el POT de Andalucía (y en especial el freno al crecimiento del 30-40%), y en el caso de la Axarquía, tienen que cumplir las exigencias del POT de la Axarquía sobre la construcción en suelo no urbanizable (pues ello implicaría que se cerraría de una vez el lucrativo negocio del desparramado de viviendas que hoy inunda el paisaje de la Axarquía). Pero los ayuntamientos de Málaga olvidan que las leyes están para que se cumplan y no están por capricho de ningún gobernante, sino por la decisión de la máxima autoridad del pueblo: el Parlamento Andaluz, y por razones bien fundadas: la sostenibilidad del desarrollo, cuestiones elementales que los ayuntamientos prefieren ignorar. Por este motivo, nos tememos que los ayuntamientos de Málaga esperan como agua de mayo que el PP gane las próximas elecciones autonómicas para que se implante una Ley del Suelo que liberalice el suelo no urbanizable, y tal vez esto ya lo estén pensando en el PSOE, que ya está adoptando medidas liberalizadoras del suelo en los parques naturales, antes de perder unas elecciones.