OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

23/12/09. Opinión. El coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA), Rafael Yus Ramos, analiza en este artículo de colaboración con el EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com las que considera dos “medias verdades o mentiras descaradas” utilizadas por los políticos...

OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

23/12/09. Opinión. El coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA), Rafael Yus Ramos, analiza en este artículo de colaboración con el EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com las que considera dos “medias verdades o mentiras descaradas” utilizadas por los políticos para mover a la opinión pública a favor de sus intereses. Estas declaraciones públicas son, a su juicio, las que han motivado la llamada “rebelión de los alcaldes de la Axarquía”.

Demagogia urbanística para la Axarquía

SEGÚN el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la demagogia es una “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”. Esto es lo que sucede a menudo con algunos de nuestros políticos, que a veces recurren a medias verdades o mentiras descaradas para mover a la opinión pública a favor de sus intereses o de sectores que les apoyan. Hemos seleccionado dos de las más utilizadas para justificar lo que llamamos “rebelión de los alcaldes de la Axarquía” frente a unas leyes urbanísticas, de las que, al parecer, ahora se han percatado de que existen. Los políticos implicados recurren a menudo a esta conocida técnica de persuasión de masas utilizando falacias sin fundamento alguno para justificar sus malas prácticas urbanísticas en la Axarquía. Para ello, nos referiremos a declaraciones textuales que están reflejadas en distintos medios de comunicación malagueños, de las que se supone su veracidad porque no han sido rectificadas con posterioridad.

Primera: Si en Marbella se pueden legalizar 30.000 viviendas, por qué no se puede hacer en la Axarquía

ESTA declaración demagógica la hemos escuchado, de diversas maneras, de boca de algún que otro alcalde de la Axarquía, pero más reiteradamente por el presidente de la Diputación de Málaga, D. Salvador Pendón. Así, el 16-6-2009 a este ilustre señor no se le ocurre otra feliz idea que decir: “No entiendo por qué hablamos con absoluta tranquilidad de regularizar 30.000 viviendas ilegales en Marbella y pretendemos que la única solución para los problemas de la Axarquía sea imputar a los alcaldes”. Luego se repitió el 25-8-2009 cuando demandaba que “se dé seguridad a los responsables públicos y garantía jurídica y tranquilidad a los propietarios porque si es posible hacerlo en Marbella, por qué no va a serlo en la Axarquía, cuando la ley es exactamente la misma”.  Posteriormente, esta afirmación ha sido recogida el 21-9-2009 por el presidente de la asociación de extranjeros afectados por las amenazas de demolición Save Our Home Axarquia (SOHA), Philip Smalley, como argumento de defensa o de derecho (?) y repetida por algún que otro alcalde, sin molestarse en comprobar qué hay de cierto en este tipo de paralelismos. Y así sucesivamente se reitera esta idea, como recientemente escuchamos de algún alcalde de IU en la Diputación cuando afirmaba el 1-12-2009 que “En Marbella hay más de 30.000 viviendas ilegales y no pasa nada y en otros sitios parece que la única solución es derruirlas”. Por extrapolación con el conflicto de los chiringuitos, el alcalde de Canillas de Aceituno, D. Manuel Aranda, aseguraba el 8-6-2009 que “Todos los chiringuitos incumplen la Ley y la Demarcación de Costas tiene conocimiento, pero se suministran los servicios para que exploten su actividad. Sin embargo, a los alcaldes nos tratan como delincuentes”. Y así sucesivamente.

TODAS estas afirmaciones demagógicas tienen una intención victimista, pretenden que el ciudadano de la Axarquía se sienta una víctima de la persecución y arbitrariedad de políticos y jueces que al parecer se han puesto de acuerdo para tomarla con esta comarca, mostrando un supuesto agravio comparativo con el tratamiento desigual de otros problemas urbanísticos de otras zonas geográficas, afirmando sin ningún reparo que la Justicia es arbitraria, no equitativa.

SIN embargo, esta demagogia, tras la que hay una afirmación de trato injusto o arbitrario de las leyes, hay numerosas falacias en las que conviene detenerse con detalle¹, pues a base de decirlo continuamente puede llegar a adquirir un carácter de verosimilitud:

            1.-El interés por legalizar viviendas ilegales construidas en la época del GIL de Marbella no proviene de la Junta de Andalucía (como se dice demagógicamente), sino del partido que gobierna actualmente en este Ayuntamiento, el PP, por compromiso electoral y porque obviamente allí se ha generado un conflicto social de envergadura. Pero una cosa es lo que pretenda el planificador -el gobierno municipal de Marbella- y otra muy distinta es lo que la Junta de Andalucía y la Justicia en último extremo, están dispuestas a admitir, aspecto que no está aún resuelto ni mucho menos. Aunque el Ayuntamiento de Marbella tiene competencias urbanísticas, a la Junta le queda la potestad de impugnar aquellos aspectos del PGOU de Marbella que no estén de acuerdo con leyes supramunicipales. La Justicia tendrá la última palabra y para llegar a esto todavía queda mucho tiempo para empezar a usar este recurso demagógico.

            2.-Cuidado con el manejo demagógico de los números. No es cierto que, como se viene afirmando demagógicamente, en Marbella se pretenda legalizar 30.000 viviendas sino 18.000. Una cosa es que el GIL otorgara 1.009 licencias urbanísticas que teóricamente supondrían 30.000 viviendas, aunque no ajustadas a su PGOU de 1986, y otra muy distinta es el número real de licencias que finalmente se ejecutaron, que fueron “sólo”18.000 viviendas. Pero esta cantidad de viviendas están concentradas básicamente en el casco urbano y alrededores. Las comparaciones con la Axarquía son inaceptables pues en el problema de esta comarca son las 22.000 viviendas en suelo no urbanizable repartidas por un vasto territorio agrícola y forestal, de las que algo menos de la mitad se han construido recientemente y por tanto están en una situación irregular, puesto que se han realizado fuera del planeamiento urbanístico (que es inexistente en la mayoría de los municipios). Desde el punto de vista ambiental, los excesos urbanísticos en la ciudad compacta son de menor entidad en un reducido espacio que en un territorio tan amplio (ciudad difusa), incluso a pesar de reconocer que estas irregularidades urbanas pueden afectar seriamente a la calidad de vida de la ciudad (ej. pérdida de áreas libres y verdes). La dispersión urbana es diametralmente opuesta a la sostenibilidad urbanística.

            3.-Las licencias urbanísticas que están en litigio en Marbella son muy diversas y no todas corresponden a viviendas. Junto a licencias en suelo no urbanizable, hay también licencias en suelo de sistemas generales, de equipamiento, suelos dotacionales, o de usos públicos, licencias con excesos de edificabilidad, licencias en suelo urbano que autorizan  mayor edificabilidad, o/y densidad, etc. En la Axarquía, en cambio, casi la totalidad de las licencias corresponden únicamente a mansiones o residencias en suelo rústico no urbanizable.

4.-Independientemente del uso que se haya hecho de ello, en Marbella, a diferencia de la mayoría de los municipios de la Axarquía, existe un Plan de Ordenación del Territorio (PGOU), que establece unas normas y unas reglas del juego, acordes con la legalidad supramunicipal vigente. El PGOU actualmente vigente en Marbella data del año 1986 y ya entonces la Comisión Provincial de Urbanismo solicitó numerosos, lo que obligó al equipo redactor a elaborar un texto refundido, que fue aprobado por la Comisión Provincial en 1990, con la lamentable circunstancia de que no fuera publicado en el BOJA . Otra cosa es que tras la victoria del GIL en mayo de 1991, la primera medida (pleno de agosto de 1991), fue la  revisión del PGOU de 1986 y que desde entonces comenzara un peregrinaje de la revisión de PGOU gilista, hasta 1998. Pero fue rechazada por la Comisión Provincial de Urbanismo (el GIL proponía entre otras muchas barbaridades, recalificar como urbanizables 17 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable; siete millones de metros cuadrados eran suelo forestal). En sucesivos años se intentó legalizar sin éxito alguno por el rechazo de la Comisión Provincial de Urbanismo, hasta que el Delegado de Urbanismo de Málaga, entonces D. Enrique Salvotierra, obligó la publicación del texto refundido del PGOU de 1990 y dió traslado a la Fiscalía las impugnaciones de las 400 licencias que nunca se comunicaron a la Junta de Andalucía, como es preceptivo. Independientemente de los intentos de subvertir las leyes, en gran parte perpetrados, Marbella tenía un PGOU y estaba obligada a seguir las reglas del juego. En la Axarquía la situación es muy diferente, puesto que la mayoría de los ayuntamientos no sólo no tienen PGOU, sino que cuando se les ha hecho (por la Diputación) los han guardado en un cajón porque no podían regularizar con este instrumento lo que no es posible por imperativo legal, siendo entonces más ventajoso para la dinámica inmobiliaria axárquica aplicar artículos de la LOUA que regulaban licencias para casos excepcionales de utilidad pública (proyectos de actuación) para generalizar, bajo una interpretación abusiva de dichos artículos, la urbanización sistemática de microparcelas del campo. O bien no se actuaba o se dejaba actuar, o se abrían expedientes que no se tramitaban, y mil trucos más para subvertir las normas.

            5.-El problema humano que se plantea actualmente en Marbella gira en torno a los llamados ‘compradores de buena fe’ que invirtieron en una situación que consideraron legal, aunque ciertamente está por ver hasta qué punto se sostiene esa pretendida buena fe, pues cualquier desembolso cuantioso teóricamente tuvo que ir precedido de una adecuada información sobre su situación legal. En la Axarquía también hay muchos compradores de buena fe que cayeron en las tramas político-inmobiliarias (aunque repetimos que es difícil de creer en tanta ingenuidad), pero una importante cantidad lo hizo a sabiendas del carácter irregular de su inversión, en ayuntamientos sin PGOUs, o imponiéndose por la vía de los hechos consumados, bajo el lema de ‘construye que algo queda’ y la aplicación de picarescas varias como la de convertir casas de aperos en mansiones y albercas en piscinas.

            6.-La pretendida legalización de estas 18.000 viviendas se intenta realizar desde la revisión del PGOU de Marbella, esto es, en el respeto de la legalidad vigente, mientras que, como veremos, en la Axarquía se pretende modificar la legalidad vigente. Para ello, en su Memoria de Ordenación, el PGOU dedica dos capítulos exclusivamente a la “normalización”, el primero de los cuales (2.2.2) describe los problemas, encontrando: pérdida de equilibrio dotaciona, incidencia en la calidad de la oferta turística de Marbella, incidencia en los principios básicos del urbanismo, incidencia social del problema y naturaleza, objeto y alcance de las actuaciones ilegales. En el segundo capítulo (4.2.2), aborda los criterios de intervención e instrumentalización de normalización, estableciéndose que el PGOU debe responder a principios tales como: 1º) Asegurar una ordenación urbanística coherente y conforme a los intereses generales de la ciudad; 2º) La garantía del mantenimiento de la calidad urbana y su mejora; 3º) Evitar la quiebra de los principios básicos del urbanismo; 4º) La garantía de la no exoneración de  de los deberes urbanísticos básicos; 5º) La garantía de la no liberación de precedentes propietarios y 6º) El principio de proporcionalidad en las soluciones urbanísticas de la normalización.

            La mayor parte de este proceso de normalización se realiza en diversos sectores del suelo urbanizable, y su tratamiento varía en función de su ilegalidad y del grado de ejecución, estableciéndose distintos tipos (infracción en dotaciones y equipamientos; infracción en suelo no urbanizable protegido; infracción de desarrollo ilegal en suelo urbanizable; infracción por contradicción con las condiciones edificación generadora de mayor aprovechamiento y otras infracciones menores). Cada una de las áreas de normalización (unas 500 en total), establecen  nuevos parámetros urbanísticos, entre los que destaca los suelos de cesión obligatoria para uso público, mediante TAU (transferencia de aprovechamientos urbanísticos), esto es, los suelos que deben ceder aquellas edificaciones ilegales para equilibrar los suelos dotaciones o bien por que lo han ocupado directamente o por que el exceso de edificabilidad demanda más suelo para atender las necesidades de equipamiento de el aumento de la población. Dicho de otro modo, esta legalización es costosa para los promotores y/o propietarios, mientras que en la Axarquía se intenta que esta legalización tenga coste cero, es decir, lo que requieren es una amnistía. 

            7. Ahora bien, este marco normativo no significa que todas las obras ilegales entren en la normalización, sino que sólo lo hacen aquellas cuya normalización suponga una contribución a la mejora de la calidad urbana de la ciudad existente, por que la Normalización persigue el equilibrio dotacional, o sea el equilibrio entre la ciudad privada y la ciudad pública. Un requisito fundamental porque la legalización no debe perturbar seriamente la calidad de vida urbana.

            Pero en la Axarquía, el problema no está en las ciudades, sino en el campo, en el suelo no urbanizable. Por lo tanto debe saberse que el PGOU de Marbella (pág. 435-436), deja claro que no podrán legalizarse y por tanto no entraran en la propuesta de normalización, las edificaciones con licencia ilegales en suelos calificados como no urbanizables con usos contrarios a los admitidos en la LOUA, porque según el equipo redactor estos usos ilegales son contrarios a los objetivos de normalización de la revisión e incompatibles con el nuevo modelo territorial. Obsérvese las diferencias con la Axarquía, pues en esta comarca se pretende acometer una legalización general, sin PGOU y para más de 10.000 viviendas con licencias ilegales en suelos calificados como no urbanizables, es decir, pretende saltarse a la torera la LOUA.

            8. Este proceso de legalización o de “normalización”, aún está lejos de resolverse, pues la Justicia tiene aquí la última palabra. La Junta de Andalucía impugnó unas 400 licencias concedidas por el Ayuntamiento de Marbella de las 1.009 que el PGOU reconoce como no ajustadas. La sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga reconoce más de 130  recursos pendientes en 2007, y de muchos de los recursos presentados  ya existe sentencia firme, que anula la licencia de obras. Cuando la sala llama a las partes afectadas, denunciado y denunciante (o sea al Consistorio marbellí y a la Junta de Andalucía), para ver como se ejecutan esas sentencias, el Ayuntamiento y la Junta, proponen al juez la Normalización prevista en el PGOU para evitar la ejecución de sentencia. Hasta ahora los tribunales aceptan suspender la ejecución de esa sentencia hasta que se apruebe definitivamente el PGOU. Sin embargo, cuando en el incidente de ejecución además del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía se personan otros denunciantes, éstos no aceptan la propuesta de Normalización del PGOU y solicitan al juez la ejecución, o sea, la demolición, y al parecer en estos casos el juez acepta la petición de ejecución de sentencia. Así pues, la situación no es tan sencilla, los abogados del Ayuntamiento de Marbella y los de la Junta de Andalucía deben convencer al juez de que la propuesta de normalización no pretende burlar la ejecución de sentencia y eso no es fácil, los supuestos de inejecución de sentencias están tasados y los jueces no suelen aceptarlas con facilidad.

EN cualquier caso, aceptando que se apruebe la pretendida Normalización del PGOU para estas viviendas ilegales como vía para evitar la no ejecución de sentencias, el problema que aparece en escena es la viabilidad de la ejecución de las cesiones de suelo, determinar quién se responsabiliza y quién las financia, si el promotor o el comprador último. El equipo de gobierno del PP de Marbella ya ha asegurado que en ningún caso les exigirá a los compradores de buena fe esa carga de cesión de suelo, con lo que sólo queda reclamársela a los promotores, que en muchos casos han desaparecido o que tienen todos los justificantes de haber pagado ya por las licencias ilegales que les dio el Ayuntamiento del GIL, y los que aún se puedan localizar aducirán insolvencia por la crisis, y tampoco es posible que lo asuma el Ayuntamiento. Por último, suponiendo que esta normalización sea aceptada por la Junta de Andalucía, ahora ésta deberá aplicar los requisitos del POT de Costa del Sol y los de Andalucía, pues, por ejemplo, esta Normalización supone incrementos de suelo urbanizable y de población que superan los porcentajes límites estipulados en el POT de Andalucía. Ante tal cúmulo de dificultades la única salida posible es la demolición y la envergadura de ésta plantea otro problema de su financiación.

TODO ello pone en cuestión que eso de la legalización de las 18.000 viviendas de Marbella sea un asunto que esté ya arreglado o que se vaya a lograr alguna vez. Ni que decir tiene que en la Axarquía este procedimiento es inviable, pues ni el problema está en el suelo urbano, ni hay PGOUs que puedan iniciar procesos de normalización, ni cabe pensar que la multitud de propietarios, de diversos orígenes, intereses, nacionalidades y capacidad adquisitiva, puedan ponerse de acuerdo para asumir los costes de Normalización con figuras supramunicipales como las que propone el POT de la Axarquía (ej. hábitat rural diseminado). Además, la legalización de las viviendas del suelo rústico de cada municipio supone para cada uno de ellos un sobrepasamiento inadmisible legalmente de los porcentajes de crecimiento previstos en el POT de Andalucía. Dicho de otra manera: no es posible jurídicamente la amnistía en la Axarquía.

Segunda. La LOUA se hizo en los despachos de Sevilla sin conocer la realidad de cómo es el territorio en otras partes de Andalucía, como la Axarquía

ESTO concuerda con declaraciones por las que se afirma que la LOUA debería aplicarse de forma diferente según los territorios. Así, el alcalde de Almáchar, D. José Gámez, indicaba el 20-10-2009 que “los legisladores no entienden que no puede ser lo mismo el urbanismo de la Axarquía que el de Antequera”. En la misma fecha y lugar, el regidor del Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, D. José Manuel Aranda, decía: “No se puede legislar desde sitios donde se desconoce la idiosincrasia de la comarca”. O cuando el alcalde de Cómpeta, D. José Luis Torres, afirmaba el 22-11-2009 que “legislar sin oír al pueblo es un error. Queremos que haya respeto parlamentario, aquí en materia urbanística no se ha oído al pueblo, a una comarca entera tan amplia y variada como es la Axarquía”. En la misma dirección, el alcalde de Almáchar, D. José Gámez, reiteró el 22-11-2009 que “hay una realidad social que en Sevilla no quieren conocer. Nos meten en el mismo saco que la otra Costa y no es justo”. En el ámbito extrapolítico, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, D. Angel Sánchez Blanco, venía a consolidar estas afirmaciones al declarar que “Yo creo que la LOUA se hizo en la capital, Sevilla, y pensado más en el valle del Guadalquivir que en Andalucía Oriental, con una orografía y problemática distinta”. En el ámbito periodístico, el columnista del diario Sur Teodoro León Gross decía el 23-11-2009 que “Esta Ley (LOUA) falló desde el principio al ordenar el territorio de espaldas al propio territorio”. Como el arquitecto Salvador Moreno, quien afirma sobre la LOUA que “algo ha fallado en una ley que en sus más de siete años de vigencia no ha logrado impedirlo”. El también columnista Gaby Beneroso opinaba el 12-9-2009 que “nuestros parlamentarios andaluces han aprobado una ley del suelo (LOUA) que sólo permite recalificaciones urbanísticas en quienes tengan parcelas enormes”. Afirmaciones que llevaron al Secretario General de Organización del PSOE de Málaga, D. Francisco Conejo, a declarar el 14-11-2009 que la única vía de salir de esta situación es “abrir una reflexión para ver qué aspectos de la LOUA son contrarias al crecimiento de los pequeños municipios”. En el otro espectro político, el presidente del PP de Málaga, D. Elías Bendodo, manifestaba el 28-11-2009 que la responsabilidad de la situación es de la Junta porque “puso en marcha una normativa (LOUA) de cara a la galería sin tener en cuenta las necesidades de desarrollo urbanístico de muchos municipios”, que como consecuencia de todo ello la Junta de Andalucía es “la única responsable de la paralización del urbanismo en la provincia” y que “desde que se aprobó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002 no se ha hecho absolutamente nada para sacar adelante el urbanismo en Málaga”. Consecuentemente, las normas que derivan de la LOUA, como es el Plan Subregional de Ordenación Urbanística (POT) de la Axarquía, también es considerado como una norma ajena al territorio, desde su presentación en el año 2005 los regidores locales lo rechazaron acusándolo de frenar el desarrollo y de que “se ha hecho en los despachos de Sevilla, sin pasarse por aquí”. La última declaración al respecto proviene del alcalde de Nerja, D. José Alberto Armijo, que el 18-12-2009 decía que “el POT de la Axarquía, lejos de beneficiar, ha venido a perjudicar el desarrollo urbanístico y económico de esta comarca olvidada”. Es una afirmación que se corresponde con la del presidente de la Diputación de Málaga, S. Salvador Pendón, cuando afirma que “En toda la Axarquía llevamos algunos años que no se construye una sola vivienda”, como si fueran las leyes y normas urbanísticas la culpables de esta pretendida situación de parón en el crecimiento.

TODAS estas afirmaciones son absolutamente demagógicas. En primer lugar, no es cierto que haya un antes y un después de la LOUA en relación a la urbanización del campo. Antes de la LOUA estaba el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga (PEPMFMA), enmarcado en la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio, que establecía unas normas muy estrictas para hacer una casa en el campo, estableciendo una superficie de parcela de 25.000 metros cuadrados en terrenos de secano y 10.000 metros cuadrados en regadío, y sólo cuando se justificara su vinculación a la actividad agrícola, lo que impedía que en la Axarquía, cuya superficie parcelaria generalmente es inferior, se pudiera construir prácticamente nada. Aún así, antes de la LOUA, en la Axarquía se vulneraba las leyes vigentes y, como se hizo después, se construyeron muchas viviendas en parcelas inferiores a las estipuladas, que fueron impugnadas por la Junta de Andalucía por incumplir las normativas. Y los especuladores usaban sus trucos para subvertir la ley, como la de convertir una parcela grande de secano en una parcela de regadío bombeando agua hasta más de 300 m de altura, para así justificar la subparcelación de la parcela de secano y la construcción de una urbanización irregular (sin dotaciones, ni cesiones, como les gusta a los especuladores).

POR otra parte, los regidores de la Axarquía saben perfectamente cómo se hacen las leyes y saben de sobra que las leyes tienen un carácter universal, porque de lo contrario no serían “leyes”, serían “ordenanzas municipales”. Pero a fuerza de repetirlo tocan las fibras sensibles de una población que culturalmente asume que son víctimas de políticas en las que no han intervenido, que nunca participan en las decisiones sobre su horizonte económico, como a menudo sucede en el apaleado sector agrícola de esta comarca. Pero ¡ojo!, los regidores utilizan la demagogia para desviar la atención, para exculparse su responsabilidad en la situación, como si ellos no formaran parte de una Administración, de unos partidos políticos que son los que finalmente han aprobado las leyes. Un alcalde no puede decir que las leyes las han aprobado otros, porque entonces no está aceptando las reglas del juego democrático. Las leyes no se hacen en los pueblos, para desgracia de los ambiciosos alcaldes, aspirantes a reyezuelos de taifas. Las leyes, aunque obvio hay que recordarlo, son aprobadas por todos los españoles a través de nuestros representantes políticos elegidos democráticamente en el Parlamento, que consta no sólo de diputados sevillanos sino también de un puñado de diputados de cada provincia, incluida Málaga. El que esta aprobación se haya hecho en una ciudad determinada (ahora es Sevilla, pero podría haber sido Antequera) es totalmente insignificante. Con este tipo de declaraciones, los alcaldes están despreciando las reglas del juego de nuestra democracia, están lanzando un mensaje equívoco a la población: que la única democracia que es posible concebir es considerar a los ayuntamientos como los únicos parlamentos en los que se pueden hacer las leyes, obviamente sólo para los respectivos municipios. De esto a la autodeterminación de los municipios como repúblicas bananeras sólo hay un paso.

LA Ley del Suelo (LOUA), como todas las leyes, se rige por una serie de principios que se consideran beneficiosos para el conjunto de la población, para asegurar su calidad de vida y para evitar las consecuencias de los desastres naturales, para evitar el despilfarro en el consumo de recursos naturales, todo ello consecuentemente con otras leyes y principios como el del desarrollo sostenible, también aprobado por todos los españoles. Imbuida de estos principios, la LOUA establece unas lógicas limitaciones para la construcción, estableciendo como núcleo básico de edificación la ciudad, y admitiendo la posibilidad de crecimientos ordenados en los PGOUs a través de diversas figuras, en calidad de suelos urbanizables. Pero fuera de este dominio, nos queda un amplio territorio de vocación agrícola y forestal, de valor paisajístico, zonas de interés ambiental (espacios naturales protegidos), zonas de peligrosidad frente a desastres naturales (ej. zonas inundables), etc., todo lo cual forma un todo llamado “suelo no urbanizable”. Un suelo no urbanizable, hay que recordarlo, es un suelo que no se puede urbanizar. Y esto ocurre tanto en un territorio con latifundios, como Antequera o Sevilla, como en un territorio con minifundios como la Axarquía. Es cierto que el suelo está más repartido socialmente en un territorio minifundista, pero los criterios de ordenación del suelo, son exactamente los mismos, porque las garantías de sostenibilidad y seguridad son también las mismas en un territorio que en otro. Incluso añadiríamos que la LOUA perjudica compartivamente a los latifundios frente a los minifundios. En efecto, los alcaldes de la Axarquía  han recurrido en reiteradas ocasiones al artículo 42 de la LOUA sobre edificaciones en suelo no urbanizable (siempre que tengan un interés social, como la vinculación justificada a la actividad agrícola). Si comparamos la aplicación de este artículo en un latifundio y un minifundio se puede advertir que un latifundio de, digamos, Antequera, de 1.000.000 de metros cuadrados sólo puede hacer una casa, la misma que puede hacer un minifundio de 10.000 metros cuadrados de la Axarquía. El resultado es que mientras que en Antequera tenemos una sola vivienda por 1.000.000 de metros cuadrados, en la misma superficie, pero en la Axarquía, tendríamos nada menos que ¡100 viviendas! en el mejor de los casos, pues la costumbre en la Axarquía es subparcelar los minifundios para hacer hasta tres viviendas más por lo que en teoría podría llegar a 300 viviendas por cada 1.000.000 metros cuadrados ¿Es esto lo que quieren los alcaldes de la Axarquía? Porque de esto solo hay un paso para declarar toda la comarca como suelo urbano y poner el ayuntamiento de la comarca en la Mancomunidad.

NO se puede demonizar la LOUA porque frena la posibilidad de la especulación urbanística y la salida fácil y rentable a la crisis del sector agrícola. Esto es desviar la cuestión, pues primero habría que preguntarse porqué existe esta crisis y si podemos hacer algo para superarla dentro del mismo sector y/o derivándolo a otros sectores económicos alternativos, como el turístico, industrial, etc. Recuérdese que el tráfico de drogas en la Camorra italiana se ha venido justificando por razones similares: la crisis económica y social de amplios sectores de la población. Estas son salidas por la puerta falsa, la puerta de la autodestrucción cortoplacista, eso sí, para beneficio de algunos pocos listos y perjuicio de nuestras generaciones venideras.

LO mismo se puede decir del POT de la Axarquía. Es absolutamente falso que esta normativa se haya hecho de espaldas al territorio en unos despachos de Sevilla. Conviene recordar aquí que el proceso de elaboración de este documento fue justamente el más democrático jamás realizado en esta comarca y de lo que tendrían que aprender muchos regidores, entre ellos los que dirigen la Mancomunidad de Municipios de la Costa Oriental-Axarquía, cuando inventan una Mesa por el Urbanismo de la Axarquía con la única participación de los sectores políticos y ladrilleros. Antes de redactarse su borrador y publicarse el diagnóstico en el 2005, los técnicos contratados por la Junta estuvieron recorriendo toda la comarca, promoviendo el debate social en tantas mesas como núcleos de interés: agua, agricultura, turismo, urbanismo, etc. En estas mesas estaban invitados todos los alcaldes y sectores empresariales y sociales vinculados a cada sector. Además, los redactores pasaron por todos y cada uno de los ayuntamientos de la comarca recabando información sobre las tendencias urbanísticas de cada municipio, sus documentos de ordenación, sus aspiraciones, etc. Luego es falso que el documento se redactara en Sevilla y mucho más que se hiciera de espaldas al territorio.

CUANDO finalmente se presentó el documento, los alcaldes advirtieron que no sólo no se podían legalizar las tropelías urbanísticas cometidas en sus municipios sino que el POT establecía unos límites de construcción en el territorio para salvaguardar el paisaje, la seguridad ciudadana y los espacios públicos y naturales. Esta es la verdadera razón de su oposición al POT, pero mienten en afirmar que el POT frenó el desarrollo. Lo que en realidad intentó frenar el POT era el urbanismo desordenado, caótico, sin respeto por los valores naturales, paisajísticos y de seguridad para los moradores. El POT estableció un sistema de revalorización de las zonas turísticas de mayor valor bajo la figura de “áreas de oportunidad” y también brindó soluciones para ordenar, donde fuese posible, la urbanización difusa en suelo rústico, bajo la figura de “hábitat rural diseminado”. Pero en realidad no logró cumplir este propósito, sino todo lo contrario, porque, en lugar de acatar estas reglas del juego, los alcaldes han ignorado sistemáticamente este documento y, hay que decirlo también, la Junta de Andalucía no lo ha utilizado de forma beligerante desde su aprobación. Como nefasto balance de ello tenemos una comarca con más de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las que al menos 10.000 son de reciente construcción (la mitad en el periodo de vigencia del POT) y en situación ilegal, contraria al ordenamiento de la LOUA y el POT de la Axarquía. Y en cambio tenemos un nulo desarrollo de las llamadas “áreas de oportunidad”, destinadas al desarrollo del turismo de calidad, hotelero, que es el que da puestos de trabajo. Luego es falso que el POT de la Axarquía haya frenado la construcción, lo único cierto es que ha sido ignorado y se ha construido más que nunca en la historia, aunque mal.

EN conclusión, la población debe desenmascarar a estos políticos que sólo saben actuar a gusto cuando ignoran la legalidad que en teoría nos protege a todos. En el momento de escribir estas líneas estoy escuchando un discurso del presidente de la Junta de Andalucía que reclama a los militantes de su partido en Almería que no hagan demagogia. Espero que los alcaldes de la Axarquía le escuchen con respeto porque han demostrado ser unos descarados demagogos. Aparquen la demagogia y empiecen a trabajar para reconducir los pasos por el único sendero aceptable: el acatamiento de la legalidad vigente.

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