OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

29/01/10. Opinión. “¿Por qué no puedo yo vivir y trabajar en una casa en medio de unos cultivos de mangos o aguacates?” El coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA), Rafael Yus Ramos, trata de contestar a esta pregunta en este artículo de colaboración en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. En su argumentación, Yus invita a dejar el campo “para los agricultores de verdad, no los que ponen cuatro olivos para justificar su condición de segundo residente o inmigrante climático”.

¿Autonomía local o patente de corso? La caza del alcalde... transgresor

DESDE mi último artículo han sucedido diversos asuntos relacionados con los entes locales (es decir, los ayuntamientos) que, unidos por un invisible hilo finalmente vienen a significar, de boca de los alcaldes, algo así como: ¡más autonomía para los ayuntamientos y menos intromisión de la Junta! Es momento, pues, de comentar críticamente estos asuntos.

EN primer lugar, me llamó la atención un artículo reciente en El País-Andalucía¹ del arquitecto (y urbanista) D. Salvador Moreno Peralta, personaje culto al que siempre he respetado por su valía intelectual y al que los ecologistas de la Axarquía debemos la valentía de establecer protecciones paisajísticas en zonas tan sensibles como el Peñón de Almayate y el Delta del río Vélez, cuando hace más de diez años redactó el PGOU de Vélez-Málaga. Sin embargo, ya en una Mesa Redonda sobre el urbanismo en la Axarquía, organizada por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga hace ahora cuatro años, el citado arquitecto afirmaba que la Junta había demonizado injustamente el urbanismo en suelo rústico: “¿Por qué no puedo yo vivir y trabajar en una casa en medio de unos cultivos de mangos o aguacates?”, se preguntaba retóricamente. Lo mismo me preguntaba hace un par de días una señora anónima que decía que su marido había comprado un terreno y que quería construir una casa, y que el ayuntamiento le contestó que no podía darle licencia porque estaban los ecologistas denunciando: “Vamo a vé, ¿uhté eh de GENA, lo ekolohihtah? Explíqueme uhté po qué no pué haserse una casa mi marío en su campo”.

A Salvador Moreno, con una extraordinaria formación como urbanista, le contestaría: “Compra y lea nuestro libro: El urbanismo difuso en suelo rústico². Estoy seguro de que ahí le contestamos en términos y fundamentos que entenderá perfectamente. A la señora anónima no le puedo recomendar esto, así que le contesté: “Pues ya se lo han dicho, porque es ilegal, porque si fuera legal no se lo podrían haber denegado”. Pero como esto es echar un balón fuera, me sentí mal e intenté razonárselo de forma clara:

“Mire usted. Los ecologistas no estamos de acuerdo con la urbanización del campo. Si todo el mundo que tiene una parcela de menos de una hectárea, como sucede en la Axarquía, se pudiera hacer una casa, para él o para venderla, habría más gente viviendo en el campo que en el pueblo (ya ocurre en algunos municipios, como Alcaucín) y entonces tendríamos una ciudad desparramada ocupando toda la comarca, en la que los consumos de agua, de energía, de suelo, y los impactos por residuos, son el triple de los que se producen en una ciudad. Y lo peor es que nadie se dedica a la agricultura y muy pocas personas son de la Axarquía, son inmigrantes climáticos y segundos residentes, especuladores todos ellos, que lo que buscan es tener todas las ventajas (incluso más) de una urbanización y ninguno de los inconvenientes, como el de urbanizar. Al final lo que se ha conseguido es destruir un territorio de manera irreversible, sin crear riqueza ni tejido empresarial a medio y largo plazo... todo por el pelotazo de la especulación de unos pocos y las migajas transitorias de algunos más. Y toda esa urbanización que no se ha hecho tendrá que asumirla el ayuntamiento, del que todos sabemos que no tiene presupuesto para tal dispendio. Por eso la gente tiene que vivir en las ciudades, se entiende que en ciudades sostenibles, en viviendas de calidad y entornos amables, ajardinados, peatonales, y bien comunicados con redes de transporte rápidas y eficientes. La ciudad es el lugar privilegiado para vivir en sociedad, para interaccionar, para bien o para mal, con el vecino, el carnicero, el cura, los familiares y los amigos. Olvídese de vivir en el campo y trate de vivir en la ciudad o el pueblo. Deje el campo para los agricultores de verdad, no los que ponen cuatro olivos para justificar su condición de segundo residente o inmigrante climático. Convenza a su marido, porque cuando usted o su marido o su hijo se pongan malos de verdad, o cuando se declare un incendio u otra emergencia, no habrá ambulancia ni coche de bomberos, ni policía que pueda llegar a su casa. Los riesgos son demasiado altos como para empeñarse en vivir en el campo. Confíe en lo que le digo: apueste siempre por vivir en la ciudad”.

LA señora debió quedar algo aturdida porque me respondió: “Bueno, pueh  muchah graciah ¿eh?”. No estoy seguro de haberla convencido, pero lo intenté.

HILO esto con mi admirado Salvador Moreno Peralta, con esa apuesta por la “casa con mangos” y esa defensa al alcalde que recientemente escribiera en su artículo en El País. Un artículo que llegó como agua de mayo para la clase política, hasta el punto de que algún periodista local, falto de argumentos propios, llegó a recortar y destacar en su revista mensual como “suprema” contribución al sentido común. El ilustre urbanista venía a defender a los alcaldes contra todo tipo de injurias que, a su juicio, estaban recibiendo los alcaldes de la provincia de Málaga por lo que viene a calificar de “linchamiento colectivo” por parte de “ediciones periodísticas digitales”. Aunque no me siento aludido por el hecho de ser crítico en esta columna digital, un derecho que los partidos políticos han rehusado utilizar en el mismo medio a pesar de su ofrecimiento, debo señalar que me sorprendió el tono generalizador de esta afirmación. Que se sepa, tal “linchamiento”, de ser cierto, se ha limitado únicamente a los alcaldes transgresores, imputados o sentenciados. No creo que por ello todo el mundo piense que un alcalde, por el mero hecho de serlo, ya es corrupto. Si fuera así, uniría enérgicamente mis fuerzas a Salvador Moreno para defender el buen hacer de muchos alcaldes. En la Axarquía tengo en mente algunos de ellos, a pesar de que por una dudosa solidaridad institucional aparezcan todos, sin distinción, en un mismo frente.

SALVADOR Moreno identifica ingeniosa, pero equivocadamente, este linchamiento digital con un arquetipo de español dispuesto a participar en cualquier lapidación que se tercie, por el mero placer de hacer daño al prójimo. Una opinión muy pesimista y negativa del español de hoy y de la que no estoy en absoluto de acuerdo. Bien es cierto que si uno se detiene a leer los comentarios anónimos o pseudónimos que aparecen después de las noticias periodísticas digitales, se advierten afirmaciones fuera de tono, erróneas y groseras, aunque no todas ellas merecen este calificativo que pone la redacción de “comentario inadecuado”. Pero a esto hay que darle el valor que tiene, ni más ni menos. De ningún modo se puede generalizar que todos los españoles estamos dispuestos a este tipo de escarnios públicos.

Y diría algo más. Precisamente lo que ocurre es justamente todo lo contrario. El español de los pueblos del interior de la provincia, ese que vive en los municiìos de 600 a 3.000 habitantes, si peca de algo no es precisamente de arrojar piedras, sino de no arrojar ni una a pesar de que es testigo de delitos y malas prácticas. Nuestra asociación puede dar fe de este hecho. Gran parte de nuestras denuncias no parten de nosotros sino de denuncias de personas, afectadas directamente o no, que han sido testigos de irregularidades, cuando no delitos, y no se atreven a tirar la piedra, a denunciarlas. Una de nuestras lacras culturales como españoles es nuestra carencia de ciudadanía, de deber de defensa colectiva de lo que es de todos. Todavía hoy, el español que denuncia es considerado socialmente como un “chivato”, un “delator” y por tanto merece la repulsa social. Pero es más, el español que vive en un pueblo de esos, no se atreve ni tan siquiera a hacer comentario alguno que sea contrario a los que tienen poder, que en los pueblos son los políticos del ayuntamiento, por las represalias que pueda ocasionarle, por la persecución de que podría ser objeto por parte de los que ostentan ese poder. Por eso acuden a nuestra asociación, que les garantiza el anonimato y hace suya la denuncia. No es necesario argumentar que precisamente es la falta de conciencia ciudadana, de ejercer el deber de ciudadano de denunciar lo que se aparta de la ley, que se supone nos protege a todos, lo que ha permitido el enquistamiento de muchas redes de corrupción que ahora está desvelando la Justicia. Incluso después de demostrarse la podredumbre que hay detrás de algunos alcaldes y concejales, la población muestra compasión, en unos casos porque son parte beneficiada, en mayor o menor medida, del festín de la corrupción, pero en otros por simple solidaridad con un convecino que, como sucede con los maltratadores machistas, no dudan en afirmar ante los medios que tal señor “es un hombre bueno para su pueblo”.

POR estas razones, puedo entender las reacciones del pueblo agradecido a su “bienhechor”, pero no encuentro explicación alguna a que tan distinguido señor urbanista haga una cantata a la inocencia, el buen hacer y el esfuerzo de los alcaldes que ahora son vilipendiados por su supuesta o demostrada relación con malas prácticas urbanísticas o redes de corrupción.

TAMPOCO entiendo que un urbanista, que se supone debe estar ducho en materia de urbanismo, defienda la continuidad entre la urbe y la exurbe, entre la ciudad y el campo. Tal defensa, además de desfasada, pues obedece al antiguo mito de la vivienda burguesa de la ciudad jardín, responsable de los miles de urbanizaciones desparramadas (sprawl según los anglosajones), es llanamente irresponsable viniendo de una persona de su formación y especialidad. Cuando todos los urbanistas, españoles, europeos, norteamericanos, etc. están cosechando estudios que demuestran claramente el daño ambiental, social y económico de este tipo de urbanizaciones, y al contrario estén ideando formas de detenerlas (le invito a leer los miles de artículos que aparecen en Google con solo teclear “sprawl”, o si no, nuestro libro), desviando la atención hacia la construcción de la ciudad sostenible, la ciudad intermedia, etc., no es de recibo que un urbanista venga a apoyar estas prácticas tan desfasadas como nocivas e insostenibles.

PARA terminar, lamento profundamente que Salvador Moreno se sume a la larga lista de improperios hacia la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA): “algo ha fallado en una ley que en sus más de siete años de vigencia no ha logrado impedirlo (las viviendas ilegales)”. No es la primera vez que escucho esto de alcaldes, columnistas y blogueros. A todos les diría que se equivocan, que lo que ha fallado no ha sido la LOUA (que como cualquier ley es mejorable), sino la falta (interesada) de voluntad de aplicarla, tanto por los alcaldes como la propia Junta de Andalucía. Y esto no es nuevo, es lo que sucede con muchas otras leyes: adquieren un valor retórico y cosmético cuando se contraponen a la sacrosanta elevación del Producto Interior Bruto (PIB). Mientras el PIB ha estado en los últimos cinco años de la burbuja en unos niveles históricamente inalcanzados, gracias al monopolio del sector de la construcción, ni políticos locales ni regionales se han atrevido a advertir que aquello era una orgía de cinco días (o cinco años, como realmente ha sido). Mientras el combustible de la maquinaria ladrillera ha generado el espejismo de progreso,  todos contentos y los políticos confirmados con el voto agradecido, el voto pancista y estomacal. La LOUA siempre ha estado ahí, señalando claramente lo que es urbanizable y lo que no es urbanizable. Estando claro que el suelo rústico no es urbanizable, en los ayuntamientos se ha estado haciendo la vista gorda a la utilización arbitraria, ultraliberal de ese suelo para todo tipo de construcciones: viviendas residenciales (chalés, mansiones, adosados, etc.), naves industriales, almacenes, etc. La razón es netamente crematística: el suelo rural es barato de base y una vez que se hace algo en él distinto de la agricultura, se revaloriza, hasta extremos impensables. Ésta es la razón de que se haya ignorado la LOUA, no los pobrecitos alcaldes que no saben interpretarla (a pesar de que supone que tienen a su disposición un letrado o secretario que sí tienen que saberlo).

TODO esto transcurre sincrónicamente con el debate y tramitación de la nueva Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAuLA)³. Una ley que consagra el derecho, supuestamente constitucional (que yo dudo, como fundamenté en un artículo anterior) de autonomía en materia de urbanismo. En efecto, en el artículo 9 de esta LAuLA, donde se relaciona las competencias municipales, la primera que aparece es precisamente la autonomía en materia de urbanismo, al decir textualmente que “Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias (subrayo en negrita las alusiones a las competencias en disciplina urbanística):

    1) En materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística:

a. Elaboración, tramitación y aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento general.

b. Elaboración, tramitación y aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, así como de las innovaciones de la ordenación urbanística que no afecten a la ordenación estructural.

c. Aprobación de los Proyectos de Actuación para actuaciones en suelo no urbanizable.

d. Otorgamiento de las licencias urbanísticas y declaraciones de innecesariedad.

e. Inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva.

f.  Elaboración y aprobación de Planes Municipales de Inspección Urbanística.

g. Protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.

h. Procedimiento sancionador derivado de las infracciones urbanísticas”.

LEJOS de ser aceptado por los ayuntamientos, en el momento de redactar este artículo este proyecto recibe un potente varapalo por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que lo rechaza, entre otras cosas porque demandan un blindaje férreo frente a las intromisiones de la Junta: "Queremos que cualitativamente la soberanía municipal se respete, por coherencia democrática, y por la importancia que el propio Estatuto le ha dado a esta ley al compararla con una ley orgánica y exigirle una mayoría absoluta". Pero claro, los ayuntamientos ya tienen reconocida la autonomía y también en materia de urbanismo, luego tenemos que ver en este rechazo otra cosa que no se dice.

APARTE de las cuestiones arduas de la financiación de los ayuntamientos (¿se debe dar carta blanca para que los ayuntamiento dilapiden los recursos económicos para aplicarlo en su mayor parte para sostener una legión de funcionarios, enchufados y comisarios políticos?) está la sempiterna cuestión de la autonomía urbanística. Los alcaldes quieren una autonomía total, lo que significa que las normas supramunicipales (POT, POTA) deben ser lo suficientemente livianas y superficiales como para no entrometerse en las decisiones urbanísticas que toman las corporaciones locales. Se trata de modificar un derecho y un deber del gobierno central de velar por un urbanismo sostenible para trasladarselo a los ayuntamientos ¿Por qué? Pues sencillamente para evitar los expedientes, los reparos legales, las impugnaciones, cuando no las denuncias al Juzgado de lo Contencioso que la Junta se ve obligada a realizar ante desmanes urbanísticos que cometen los ayuntamientos, frente a los cuales los alcaldes y concejales se ven siempre andando por la cuerda floja. Luego no es autonomía lo que piden los alcaldes de la FAMP es, simplemente una especie de patente de corso para verse libre de amenazas y sobresaltos indeseables y ante todo evitar el coste político de cumplir con el artículo 9-1) apartados e-h (véase subrayado en negrita) de ejercer la disciplina urbanística.

COMO muestra de esta renuencia a aplicar la disciplina urbanística, un botón: la reciente dimisión del alcalde de Carratraca, Oscar Román (IU). Este alcalde reconoce que en su municipio hay, al menos, 100 viviendas a las que, en estricto cumplimiento de su responsabilidad como alcalde, tenía que haber expedientado. La razón es obvia: todo responsable político, en su toma de posesión, jura “cumplir y hacer cumplir” las leyes. Pero a la hora de la verdad, la mayoría de los alcaldes “olvidan” esta exigencia, demostrando con ello el gusto de gobernar para las “maduras” y no para las “duras”. Y es comprensible (aunque no aceptable): si un alcalde expedienta, multa y restablece la legalidad, como es su obligación, en la siguiente convocatoria electoral pierde el voto de gran parte de la población, que no entiende, que su alcalde le niegue lo que considera un derecho devengado del hecho de ser el dueño de una determinada porción del territorio. Ante esta situación sólo hay dos salidas: o cumplir con esta obligación (siendo con ello impopular y despedirse de la política) o no cumplirla (estando con ello bajo el ojo de la Justicia). El alcalde de Carratraca, ha querido ser más listo: ni una cosa ni otra: sencillamente huye, deja el puesto de responsabilidad y le pasa la patata caliente o el caramelo envenenado al que le apetezca. Esta línea de actuación no es muy distinta de aquella, como la de Frigiliana (PA), en la que el alcalde, sin dimitir, solicita a la Junta de Andalucía que se haga cargo de la disciplina urbanística “porque no tienen medios”, aunque sí tuvieron medios para consentirlo o alentarlo con una ordenanza ilegal para construir casas en el campo. Tampoco es distinta de aquella como la del alcalde de Comares (PP) que alentaba a otros alcaldes de la Axarquía a “ir a la Junta y dejar el bastón de mando encima de la mesa del consejero y decirle que gobiernen ellos”. En román paladino: si vienen nubarrones, pongámonos a cubierto.

LO de Carratraca no es sólo una huida (el alcalde está imputado en delito de ordenación del territorio), es llanamente un fraude electoral, una perversión de la democracia, pues supone la dejación de responsabilidades (¿qué pensará un elector cuando vea que su líder escurre el bulto?). Con su comportamiento está trasladando a la ciudadanía el mensaje de que las leyes están bien mientras no les afecten a uno y antes de que les afecten, lo mejor es escapar. Este señor sabía perfectamente lo que era la LOUA cuando aceptó su cargo como alcalde ¿a qué viene ahora este buenismo según el cual un alcalde no puede hacer cumplir las leyes, con todas las consecuencias políticas? Y sin embargo, ya hemos visto que quieren una autonomía total en materia de urbanismo, eso sí, sin disciplina urbanística.

HACE relativamente poco tiempo, cuando se conoció el escándalo del caso Arcos (Alcaucín) y los medios de comunicación preguntaban al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, por qué la Junta de Andalucía no había actuado a tiempo, antes de que se enquistara la trama de corrupción en este municipio, contestó: “La Junta de Andalucía no es la policía de los alcaldes”, un guiño para los muy, pero que muy, cabreados alcaldes de la Axarquía. Ahora viene el alcalde de Carratraca y justifica su dimisión porque “Un alcalde no puede ser verdugo de sus ciudadanos”. Podría deducirse de ambas afirmaciones que tanto la Junta como los alcaldes están de acuerdo en que la Administración no debe hacerse cargo de la disciplina urbanística. Tan sólo nos queda la Justicia. Si esto es así ¿por qué entonces los alcaldes demandan, una y otra vez, que no se judicialicen los expedientes urbanísticos, que se resuelvan únicamente por vía administrativa? Porque si fuera así, nos podríamos encontrar con la paradoja de que no hay instancia que se haga cargo de la disciplina urbanística, puesto que ninguna de las administraciones quiere ejercerla y también pretenden negársela a la Justicia.

LLEGAMOS con esto a la única salida que queda para que, ni Junta, ni municipios, ni la Justicia tengan que actuar ante la desagradable obligación de aplicar la disciplina urbanística en el suelo no urbanizable: cambiar la LOUA y eliminar esa distinción entre suelo urbanizable y no urbanizable, es decir, dejar que todo el suelo rústico sea urbanizable, manga ancha para el sediento pueblo especulador y patente de corso para alcaldes y consejeros. Con esta salida, que abanderara en su día el PP en su famosa ley del suelo (recurrida por la Junta de Andalucía), y que según declaraciones de su líder Javier Arenas, aplicará a la LOUA si gana las próximas elecciones en Andalucía, liberará a todos de esta parte amarga del ejercicio de las responsabilidades políticas. Cuando esto ocurra, todos serán felices y comerán perdices, si es que queda algo de campo para que puedan vivir perdices. Crucemos los dedos.       

----------------

(1) Moreno Peralta, S., 2009, La caza del alcalde. El País-Andalucía, 12-12-2009.

(2) Yus Ramos, R. y Torres Delgado, M.A., 2010, Urbanismo difuso en suelo rústico.  Deterioro ambiental y corrupción en la provincia de Málaga (El caso de la Axarquía). Ed. Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, Vélez-Málaga, 609 pp.

(3) Junta de Andalucía. Proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía. Consejería de  Gobernación.