OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía 

24/02/10. Opinión. “El municipio gaditano de Chiclana es el laboratorio de la Junta de Andalucía para intentar dar solución al problema de la burbuja inmobiliaria en solar rústico no urbanizable. Para esta labor se necesita alguien dotado de imaginación y recursos como para dar credibilidad al proceso. Este señor es, ni más ni menos, que el llamado ‘señor lobo del urbanismo andaluz’: Manuel Ángel González Fustegueras. Un urbanista que empezó a fraguarse en el escenario jerezano de Pedro Pacheco y ha brillado ante el reto de la legalización de 10.000 viviendas en Marbella, construidas ilegalmente durante la etapa gilista”, explica el colaborador de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com Rafael Yus en este artículo que critica “el abandono de los principios de sostenibilidad urbanística, el abrazo del modelo de ciudad horizontal y difusa, y la recompensa a los infractores con una amnistía”.

“Yo autoconstruyo y vosotros pagáis la legalización”.
De cómo el urbanismo está en manos de los caraduras

UNO de los principios básicos de nuestra democracia, recogido en el artículo 47 de la Constitución, es el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El texto constitucional no dice que esta vivienda tenga que ser una “propiedad”, o que esta vivienda tenga que ser “regalada” por el Estado y tampoco “apropiada” de sus propietarios. Ni tampoco que tenga que ser una mansión. Este derecho obliga a las administraciones (que manejan el dinero de todos los españoles) a promover una política de viviendas tal que permita el acceso a este bien a todos los españoles, con independencia de su origen y condición. La forma de acceder a este bien está condicionada por diversos factores, entre los cuales destaca sobre todo el poder adquisitivo. Hay personas que accederán a través de la compra de la vivienda, y de aquí, unos lo podrán hacer prácticamente al contado, y la mayoría tendrá que hipotecarse, pero al final serán también propietarios de ese bien inmueble. Otros, en cambio, tendrán que utilizar el mecanismo del alquiler, sea porque sus ingresos no permiten hipotecarse, o porque su estancia en un lugar no es estable, o sencillamente porque prefieren utilizar este sistema. Finalmente, hay otros que, por no tener trabajo, o no tener suficientes ingresos, no puede pagar tampoco un alquiler. Para estos últimos casos están las políticas de vivienda, los servicios sociales, etc.

LA falta de una adecuada política de viviendas puede conducir al chabolismo, aunque no siempre. Pero, mientras que el chabolismo en la periferia de las ciudades hunde sus raíces en las desigualdades sociales y la inoperancia de nuestro sistema para atender a todas las necesidades y derechos constitucionales, no se puede meter en el mismo saco al fenómeno de la autoconstrucción en suelo no urbanizable que en los últimos decenios ha estado produciéndose en el entorno de las ciudades (ej. Guadalhorce, Chiclana…) y, en otros casos, en suelos agrícolas reconvertidos a turístico-residencial (ej. Axarquía, Almanzora, etc.). El perfil básico del autoconstructor de este urbanismo difuso es una persona de clase media o media-baja, que no tiene suficientes ingresos para hacerse una mansión y vivir en un entorno burgués. Por lo tanto no puede vivir en esos barrios residenciales que hay en las ciudades, ni tampoco comprarse una finca agrícola o ganadera de gran superficie y construirse una vivienda en el extrarradio de la ciudad, en contacto con la naturaleza, lejos de la “molesta” vecindad de la ciudad. Pero tiene suficientes ingresos o ahorros, o capital heredado, como para comprar una pequeña parcela, producto de una subparcelación frecuentemente ilegal, y construirse poco a poco, con sus propias manos o con ‘chapús’ de albañiles en paro o de fin de semana, una vivienda tipo chalé, de tamaño a veces tan descomunal como sus propias ansias de grandeza.

ESTO sería impensable en unas condiciones legales, pues gracias a este mecanismo escogido, este autopromotor parte de un suelo muchísimo más barato que el suelo urbano, se ahorra costes de urbanización (accesos, acometida de agua, luz, gas, telefonía y saneamiento), de dotación, etc. Por otra parte se ahorra gastos de informes técnicos, de proyecto, impuestos varios, gastos de seguridad social de los empleados que han estado trabajando clandestinamente en su construcción, etc. Todo ello permitirá que un obrero o un pequeño burgués pueda finalmente vivir de forma ‘parecida’ a un burgués y se destaque de los ‘borregos’ que viven en la ciudad hacinados en pisos, soportando los ruidos del tráfico, de los vecinos de arriba, de abajo y de al lado y con una farola o letrero de neón como escenario paisajístico. Y encima tiene un capital invertido con el que podrá especular o un bien inmueble con el que iniciar un negocio lucrativo de alquiler sumergido para veraneantes, es decir, cumplir otro de los sueños del pequeño burgués: vivir de las rentas, hacer dinero sin trabajar, ganarse la vida por cuenta propia ¿Hay felicidad más grande que este espejismo de vida burguesa?

ASÍ es como se ha construido una ciudad horizontal, difusa y extensa en el entorno de ciudades como Chiclana, Sevilla, etc. y en comarcas agrícolas como Guadalhorce, Axarquía, Almanzora, Medina-Azahara, etc. Un fenómeno con características diferenciadas en cada sitio, pues si en el entorno de las ciudades puede estar relacionado con la huida de la ciudad, en las zonas agrícolas parece estar más relacionado con el reencuentro con la naturaleza, la producción artesanal de algunos productos hortícolas o, en el caso de los inmigrantes climáticos centroeuropeos, disfrutar de un clima más benigno durante la jubilación. Pero todos estos casos tienen un denominador común: la construcción ilegal fuera del planeamiento urbanístico.

EN este contexto de ilegalidad, la amenaza de la acción de la Justicia en los últimos años, por una iniciativa decidida de las Fiscalías de Medio Ambiente en Andalucía, ha provocado un renovado interés de estos moradores periurbanos por la legalización de sus viviendas, antes de que sean borradas del mapa por la orden de demolición dictada por un juez. Han pasado varios años y el número de viviendas construidas ilegalmente se cuentan por decenas de millar. Se podría haber detenido, pero ¿quién? Los ayuntamientos rehúsan a acometer la disciplina urbanística, pues por un lado han descuidado las políticas de viviendas sociales, y por otra parte, saben que aplicarla les restaría votos por impopularidad. La Junta de Andalucía, bajo la excusa de las competencias municipales, tampoco actúa, pues a fin de cuentas esta actividad eleva el PIB, mantiene a la población ocupada, y la sensación de progreso y bienestar. Así se explica que los mismos que ahora predican la economía sostenible hayan estado hipnotizados por el tamaño que iba adquiriendo la burbuja inmobiliaria. Sin amenazas a la vista, estas construcciones en suelo no urbanizable no sólo se hacen con toda impunidad, sino que adquieren carta de ‘normalidad’.

Y ahora, cuando la situación generada ha llegado a ser insostenible, ambiental y económicamente, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, han empezado a preocuparse por el tema e intentar darle una solución. ¿Qué solución? Dependerá de cada caso. En este artículo me centraré en las fórmulas arbitradas en entornos metropolitanos, como es el caso de Chiclana, proceso que muchos observadores califican como “paradigma” para dar salida a problemas similares en otros puntos de la geografía andaluza como el entorno de Sevilla, Málaga, etc.

El modelo de Chiclana

EN Chiclana el fenómeno del urbanismo ilegal alcanza cifras astronómicas, cercanas a las 40.000 viviendas, hasta el punto de que hay más viviendas ilegales que regladas. Estas viviendas no se han construido de la noche a la mañana, sino que son el producto de muchos años de ‘laisser faire, laisser passer’ por parte de su Ayuntamiento, responsable de aplicar la disciplina urbanística, de la que tan sólo hay testimonio de 1.700 expedientes urbanísticos, la mayoría de los cuales nunca se llegó a terminar (unas 10 demoliciones para casos ineludibles no pueden impedir la sensación de negligencia manifiesta). En los últimos años el Consistorio de este municipio se ha propuesto recuperar las riendas de la ordenación urbanística, mediante un ambicioso proceso de legalización de 10.632 viviendas de las 15.007 reconocidas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, construidas en 18 millones de metros cuadrados de zonas rurales y forestales del entorno de Chiclana. Para ello redactó un  PGOU, que fue aprobado el 23-07-2007 y posteriormente anulado el 13-01-2009 por recursos de los afectados en el Contencioso, con el que se intentaba acometer un proceso de “normalización”, que analizaremos en este artículo. Para convertir toda esta ciudad horizontal generada ilegalmente, el ayuntamiento sólo puede recurrir a los recursos que le permite la ley del suelo: convertir estos conjuntos urbanísticos en suelo urbano. Pero esto conlleva, legalmente, unas contrapartidas tremendas para ser asumidas por un ayuntamiento: los costes de urbanización (accesos, acometidas de agua, luz, telefonía y saneamiento), espacios libres para dotaciones, etc., cifrados en 600 millones de euros. Lo contrario sería admitir que estos conjuntos residenciales sigan siendo inframundos, focos de contaminación e insalubridad. Dado que el ayuntamiento no puede ni debe asumir esta responsabilidad, la tienen que asumir los propietarios. Inicialmente se llegó a establecer un coste de 23 a 35 euros el metro cuadrado, según los casos, es decir en torno a los 54.000 euros por vivienda en una parcela de 2.000 metros cuadrados según cálculos realizados por el equipo de gobierno anterior (PP-PA-IU).

QUÉ duda cabe que estos costes son enormes para ese pequeño burgués que lo invirtió todo en su chalé y que precisamente porque quería ahorrarse esos costes de urbanización optó por aplicar el principio de ‘construye (ilegalmente) que algo queda’. Algunos podrán asumirlo, porque tienen ahorros, han heredado, tienen trabajo, etc. Pero para otros será imposible. Ante esta amenaza, los propietarios se rebelaron inicialmente quejándose de que las cifras eran abusivas y que “la Administración tendrá que pagar también por haber mirado a otro lado”, o bien “no somos ilegales, pues 20 años pagando impuestos (al ayuntamiento) nos convierte en legales”. Frente a esta reacción, los políticos locales actuales (tripartito PSOE-PSA-IU), siempre temerosos del efecto boomerang de sus propuestas impopulares, decidieron buscar vías de financiación para aplazar los pagos, e incluso llegaron a ajustar los precios, bajarlos en un 10-15 por ciento hasta alcanzar en torno a los 20.000 euros por vivienda a pagar en tres plazos (60 por ciento por adelantado, 25 por ciento antes el inicio de las obras y 15 por ciento al terminar), una cifra que de ser realista denotaría que los primeros cálculos estaban inflados. El regateo ha llegado al extremo de admitir plazos mensuales de 60 euros e incluso de repercutirlo a la tasa de basura hasta cubrir los 6.000-12.000 euros por casa que cuestan las acometidas y saneamiento. Todo ello se cubriría con un macrocrédito de 360 millones de euros que las entidades financieras conceden al ayuntamiento, como anticipo de una recaudación que está lejos de ser asumida por todos los implicados. Cuando parecía que los  implicados estaban de acuerdo, de nuevo mostraron su rechazo, exigiendo que sea la Administración (es decir, todos los demás) los que asuman los costes.

La demagogia del lobo del urbanismo andaluz

A todas luces este proceso de legalización viene a significar, desde el punto de vista jurídico, una amnistía condicionada: se legaliza a cambio de asumir los costes de urbanización, si bien estos costes se rebajan hasta extremos asumibles. Pero no deja de ser una amnistía que puede contemplarse como un “premio” a una actividad manifiestamente delictiva: construir en un lugar prohibido con pleno conocimiento de que está prohibido, sin contar los daños ambientales que ha ido generando cada vivienda desde su construcción, algunas desde hace más de 20 años. Para insertar este proceso en un marco teórico de carácter urbanístico se necesita hacer encajes de bolillo, pues es muy difícil justificar ante el ciudadano que ha sido respetuoso con la ley, que los que no la han respetado se vayan de rositas y además con el ‘premio’ de poder vivir en entornos urbanísticos de mucha mayor calidad (aunque precisamente por ello con mayor impacto ambiental). Para esta labor se necesita alguien dotado de imaginación y recursos como para dar credibilidad al proceso. Este señor es, ni más ni menos, que el llamado ‘señor lobo del urbanismo andaluz’: Manuel Ángel González Fustegueras. Un urbanista que empezó a fraguarse en el escenario jerezano de Pedro Pacheco y ha brillado ante el reto de la legalización de 10.000 viviendas en Marbella, construidas ilegalmente durante la etapa gilista. Chiclana es, en estos momentos, el laboratorio de la Junta de Andalucía para dar solución (o pseudosolución) al problema generado por la burbuja inmobiliaria en solar rústico no urbanizable de nuestra región. Por este motivo, nos interesa examinar críticamente cómo se justifica la iniciativa de legalización o regularización y cómo se acomete.

EN principio parece comprensible que si se va a legalizar, los propietarios tengan que pagar los costes de urbanización que hurtaron en su día y la mejor forma de asegurarlo es establecer un planeamiento en distintos sectores (Áreas de Gestión Básica: AGB), en calidad de suelos urbanos y urbanizables (sea consolidado o no consolidado) en unos casos, y manteniendo la condición de no urbanizables en otros, quedando los imposibles de acoger a estos planes bajo la condición de ‘fuera de ordenación’; y para ello se aprobó una Ordenanza Fiscal en la que se establecen los módulos de costes por metro cuadrado y plazos de pago, para ir tramitando el proceso.

PERO para acometer esto tendríamos que aceptar previamente que estas actuaciones, realizadas al margen de la ley, merezcan ser “legalizadas”, algo que ciertamente es voluntad del equipo de gobierno. Otra cosa es que sea ética y científicamente aceptable, pues a nuestro juicio este proceso de normalización tiene un mensaje claro y rotundo: el delito será recompensado. El inversor se puede convertir a partir de ahora en un especulador inmobiliario más, verá completado su sueño burgués de jugar con el dinero sin derramar ni una gota de sudor. La justicia brilla por su ausencia, la ley es papel mojado. Para edulcorar este desatino, el nuevo PGOU (redactado de nuevo por la empresa de Fustegueras Ciudad y Territorio), en su capítulo de ‘El Espacio Periurbano de Chiclana’ (pág.215-220), señala los fundamentos políticos, las motivaciones para la regularización de viviendas ilegales, estableciendo una serie de coartadas que paso a discutir críticamente.

A.- El documento comienza reconociendo los “importantes problemas” que provoca este tipo de urbanismo extensivo en el entorno de Chiclana (p.215): “impacto sobre el medio natural y el paisaje; desintegración de la estructura urbana, consumo de suelo y ocupación de zonas de interés agrícola o natural; ausencia de equipamientos y servicios; falta de ordenación interna; vinculación a un modelo de transporte basado en el vehículo privado”, etc. Pues bien, lo incomprensible es que reconocida esta problemática, de la cual sólo es reversible la situación de falta de ordenación y equipamientos y servicios, se decida mantener esta ciudad horizontal y darle carta de “naturalidad”. El legislador reconoce que el único modelo sostenible de ciudad es la ciudad compacta y por este motivo su PGOU está diseñado con este criterio, pero lejos de ser coherente, admite, por hechos consumados, una ciudad horizontal, difusa y por tanto insostenible en el nuevo PGOU, y como veremos llega al extremo de justificarlo y darle la categoría de verdadera “alternativa” al urbanismo convencional. Esto sólo sería suficiente para invalidar todo lo que sigue.

B.- Como se toma la decisión de admitir, por imposición de los caraduras, este modelo de ciudad difusa, se intenta justificar con una serie de coartadas tan falsas como ridículas, teñidas de una rancia demagogia que sólo puede engañar a quien así lo desea. Empieza diciendo que a esta situación se ha llegado por la “imposibilidad para dar respuesta a suelos urbanos o urbanizables a las demandas planteadas” (p.215). Pero es que debería seguir siendo imposible, pues si se apuesta por la ciudad compacta, este tipo de planeamientos horizontales no pueden ni deben estar en un PGOU que se tilde de mínimamente sostenible. Coherentemente con esta afirmación, más adelante afirma que estos problemas se deben a “la rigidez de los sistemas de planeamiento, (ya que) los suelos urbanizables no contemplan los aludidos procesos de autopromoción” (p.215) y más adelante acusa al anterior PGOU de “esterilidad e inoperancia” y de “no haber sabido comprender y canalizar esta demanda social… no ha sabido recoger ni interpretar estos complejos procesos de implantación de la nueva ciudad del territorio” (p.217). Pero la realidad ha sido muy diferente, pues si el PGOU era rígido, su aplicación ha sido extraordinariamente flexible, pues literalmente “se ha permitido” la autoconstrucción, en lugar de aplicar la debida disciplina urbanística, antes de que se levantara el primer muro de la primera vivienda, seguramente por el temor de los responsables políticos de generar impopularidad en el electorado y perder peso electoral. Por lo tanto, no es por rigidez, sino precisamente por falta de rigidez por lo que hemos llegado a esta insostenible situación.

SE viene a concluir pues, que el problema era que el PGOU de Chiclana apostaba por una ciudad compacta y en cambio, un sector de la población lo que quería era una ciudad difusa, barata, de autopromoción, lo cual justificaría un cambio de orientación en el PGOU para reconocer (y atender) a esta demanda. ¿Deja de ser insostenible una urbanización difusa por el hecho de que unos cuantos listos y caraduras se salten la legalidad y decidan vivir al estilo burgués, fuera de la ciudad? En mi vida he visto tanta demagogia en tan poco espacio. Y lejos de quedarse en lo que ya se ha hecho, el PGOU aspira a ofrecer “alternativas residenciales a dicha demanda creciente” y más adelante claudica: “se hace necesario reconocer un nuevo tipo de tejido de ciudad... más basado en los elementos territoriales... que a los clásicos elementos e instrumentos de la ciudad fundacional” (p.216). Es decir, se olvida totalmente de los criterios de sostenibilidad y se abraza estos usos urbanísticos insostenibles como una auténtica alternativa a la que ya le da un nuevo nombre: “ciudad del territorio” (!) ¿Es posible que haya mayor contrasentido? Pues no, el legislador utiliza la demagogia para justificar los delitos cometidos como un sentimiento legítimo del ‘pueblo’ (?) y que por tanto el PGOU tiene que refrendar este “buen hacer”. Lo que no se dice es que el auténtico ‘pueblo’, el que convive en la ciudad, es el que ha respetado y apostado por la ciudad compacta fundacional y que son unos cuantos caraduras los que se han saltado a la torera este respeto general hacia esa ciudad fundacional. No eran unas pobres personas que no tenían techo, que se vieron forzadas a malvivir fuera de la ciudad. El pueblo, el auténtico pueblo, prefirió acatar las leyes, en el buen supuesto de que están para salvaguardar el bien común, el urbanismo sostenible. Pero lejos de reconocerles por este acatamiento, el legislador opta por recompensar a los caraduras por su osadía de transgredir las normas colectivas y encumbrarles como agentes promotores de una nueva forma de ciudad.

C.- La segunda patraña es aún peor pues se asegura que “este modelo de crecimiento entronca con pautas tradicionales y puede incluso suponer una forma positiva de recuperación de entornos degradados” (p.215). Esto supera mi capacidad de lectura respetuosa. ¿Qué es lo tradicional? Estas viviendas no se vienen construyendo desde la Edad Media, es una “moda” (llamémosla así) que se impuso hace veinte años y aún no ha parado. En veinte años no se crea una tradición sino una costumbre, que es muy distinta. A fuerza de sortear continuamente la legalidad, y socializarse el delito, acaba por considerarse “normal”. Pero es que aunque fuera una tradición, en los tiempos que vivimos las circunstancias han cambiado: somos más y todos queremos ser burgueses, por lo que hay que poner un freno para que vivamos con calidad, pero de forma sostenible. La segunda parte de la afortunada frase es de escándalo, pues decir, después de la lista de problemas ambientales reconocidos por el legislador, que a pesar de todo “mejora los entornos degradados”, es un intento descarado de distraer la atención, tratando de dirigirla a algo que puntualmente y excepcionalmente pueda ser considerado como una “mejora”, que en una balanza siempre será muy inferior a los daños producidos. Esto sin perder de vista que gran parte de estas viviendas se han construido en parajes naturales como pinares, lagunas y dunas, donde es imposible que la construcción de un chalé pueda mejorar en modo alguno las condiciones ambientales.

D.- Dado que la legislación urbanística andaluza no contempla semejante empresa de legalización de viviendas autoconstruidas en suelo no urbanizable, el planificador recurre en el PGOU a una figura nueva, sacada de la chistera: la urbanización diferida (p. 215, 216). Este concepto no es nuevo, fue acuñado por primera vez en la comunidad autónoma canaria para un problema algo diferente del que nos ocupa en Chiclana. En Canarias, durante los años del boom turístico, se produjo una fuerte inmigración, mano de obra barata, cuyo nivel de ingresos les llevó a acogerse a un proceso de autoconstrucción (viviendas, chabolas, etc.) en la periferia de los grandes núcleos urbanos, procediéndose a la subparcelación de terrenos periurbanos. Es un fenómeno que se reproduce en todo el mundo, frente al que se prefiere mirar a otro lado. En 1987, el gobierno canario decidió recuperar las riendas de la ordenación del territorio en estos espacios mediante la Ley 6/1987 de la urbanización diferida. Según esta ley, la urbanización diferida es aquélla en la que los costes totales de urbanización repercutibles en los solares dedicados a autoconstrucción se tienen que materializar, previo convenio entre Ayuntamiento y adquirientes, por fases temporales, de modo que la fase mínima inicial se reduzca de acuerdo con los objetivos y estrategias señaladas en el planeamiento (PGOU) correspondiente. Dicho de otro modo: se aplaza el proceso de urbanización hasta que se hayan consumado las autoconstrucciones y a posteriori se les pide que asuman los costes de urbanización bien unilateralmente o bien compartido con el dinero público, sin poner a tela de juicio el acto, ya de por sí ilegal, de la autoconstrucción. No deja de ser un subterfugio, un recurso retórico y jurídico para claudicar ante la ¿imparable” dinámica urbanística espontánea y no planificada. Una claudicación interesada porque ello permite al gobierno eludir la responsabilidad de aplicar el artículo 47 de la Constitución, y a los empresarios les permite disponer de un stock de mano de obra barata en el entorno de las ciudades. En el PGOU de Chiclana se pretende hacer lo mismo, aunque los orígenes de este urbanismo son diferentes, pues se trata de pequeños inversores. Por otra parte, en Andalucía este concepto aún no aparece en el marco legislativo. La LOUA no contempla este nuevo recurso jurídico, entre otras cosas porque iría en contra de otros principios como la estrategia andaluza de desarrollo sostenible. Por lo tanto, es totalmente ilícito usar este concepto en un PGOU de Andalucía, a no ser que la Junta de Andalucía decida, como lo hiciera el Gobierno de Canarias, introducirla en la legislación urbanística con el rango de ley.

Las justificaciones del PGOU de Chiclana

EL documento desarrolla a continuación las dos motivaciones para la regularización administrativa de las edificaciones construidas en la ilegalidad. La primera de ellas es la integración urbanística. Podemos entender que ahora, con cerca de 40.000 viviendas ilegales en Chiclana, de las cuales se pretende regularizar 10.000, es imposible aplicar lo que se tuvo que hacer nada más levantar los cimientos de la primera casa: proceder a su demolición. Ni la Justicia tendría poder para acometer ahora una empresa de estas características, aparte de que en contados casos sería injusto (ej. viviendas vinculadas a actividades agrícolas). Por ello, podemos comprender que sea urgente tomar una decisión de carácter urbanístico para que no sigan. Otra cosa es que se justifique, se aplauda, se reconozca, y se le dé la categoría de “alternativa” urbanística, a esta ciudad horizontal (ciudad del territorio), promoviéndola como una nueva forma de hacer ciudad, olvidando todos los conceptos de ciudad sostenible. Las razones urbanísticas podrían justificar su actuación pública, aunque demasiado tardía. Pero debería haberse procedido de otro modo, aunque sea mucho más impopular (gobernar tiene estas servidumbres): estudiar caso por caso, en unos casos proceder a la demolición, en otros condicionar su permanencia en calidad de ‘fuera de ordenación’ (no “flexible”, como dice el PGOU en un afán de apaciguar) a la asunción de los costes de contención del impacto ambiental (especialmente tratamiento de aguas residuales) y la eliminación de las piscinas y asegurar el pago de los servicios. Es fundamental que después de todo este litigio estas viviendas no sean recompensadas con su total legalización. Podrían escapar de la demolición, pero no deberían superar su condición de viviendas ‘fuera de ordenación’, para limitar su ampliación y uso especulativo.

LA segunda motivación, que viene a referirse al derecho constitucional a una vivienda digna, es incomprensible. Se puede admitir que el ayuntamiento de Chiclana ha fracasado en la promoción de una política de viviendas sociales, pero está claro que los moradores de estos chalés con piscina y jardines no eran unos pobres ciudadanos que no tenían techo, sino unos pequeños burgueses que querían vivir como burgueses. Estoy completamente seguro de que en Chiclana no faltan promotores para construir nuevas viviendas en el núcleo urbano, no es por falta de viviendas en la ciudad, sino por falta de demanda y sometimiento a la exigencia de vivir en la ciudad. En lugar de presionar al ayuntamiento para que se estimule la construcción de nuevas viviendas en la ciudad, estos ciudadanos decidieron, cada uno por su cuenta, irse de la ciudad y hacerse un chalé, sacando la lengua a todos los “desgraciados” (?) que optaron por cumplir las leyes y quedarse en la ciudad. Pero es que el problema es aún peor, pues una parte importante (que habría que contabilizar para ser más exactos) de los nuevos moradores de esa “ciudad del territorio” no viven en esos chalés, sino en la ciudad, y tienen los chalés como segunda residencia, para los fines de semana, para la temporada de verano (están más cerca de la playa La Barrosa) y muchos también como inmueble de alquiler en temporada veraniega, incrementando así sus ingresos libre de impuestos, pues esta actividad empresarial ilegal se desarrolla bajo la economía sumergida. Finalmente, un vistazo por Internet puede mostrar también que muchas de estas viviendas se han puesto en venta, es decir, se construyeron para especular. No: estas viviendas no vienen a atender una necesidad de vivienda para el ciudadano de Chiclana, sino una necesidad de vivir como burgueses y especular con ellas.

COMO admite el mencionado documento, la cuestión básica de este debate es si la realidad debe doblegarse ante la Ley o ésta debería adaptarse a ella. Es evidente que el planificador del PGOU de Chiclana se decanta por adaptar la Ley a una ‘realidad’ impuesta ilegalmente: la libre iniciativa de unos cuantos caraduras que renunciaron a vivir en la ciudad compacta y decidieron vivir como burgueses en una ciudad horizontal. Son estos caraduras los que finalmente deciden qué tipo de urbanismo es el que tiene que imperar, qué modelo de ciudad es el que se tiene que diseñar, independientemente de cualquier otra consideración de carácter urbanístico, ambiental y económico. Pero, claro está, estos transgresores, lejos de limitarse a vivir en la ilegalidad, reclaman que su legalización la paguemos todos, porque exigir que la “administración”, pague los costes de su legalización, sin duda es reclamar que seamos los demás los que paguemos nuestros impuestos para que sean administrados para bienes comunes. En resumidas cuentas, el morador de estas viviendas ilegales nos está diciendo a todos los que hemos tratado de seguir escrupulosamente las normas urbanísticas: “yo autoconstruyo y vosotros pagáis la legalización” ¿Por qué? Por “solidaridad” con esos pequeños burgueses, esos “pobres” que no pueden vivir como burgueses y que a fin de cuentas “todos los españoles tenemos derecho a vivir como burgueses”.

EN conclusión: si el modelo de Chiclana, liderado por un alcalde del PSOE y desarrollado, justificado y defendido técnicamente por el ‘arquitecto bombero’ Manuel Ángel González Fustegueras, consiste en abandonar los principios de sostenibilidad urbanística, abrazar el modelo de ciudad horizontal y difusa, y recompensar a los infractores con una amnistía condicionada y con ello su legalización, deberíamos rechazar que este modelo sea aplicado no sólo en Chiclana sino en cualquier otro lugar de la geografía andaluza donde el fuego de las viviendas ilegales está actualmente fuera de control.