OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía 

25/06/10. Opinión. “El PSOE, un partido que dice ser de izquierdas, está retrocediendo, a una escala jamás sospechada, en sus políticas ambientales, para situar a nuestra comunidad autónoma a un contexto de liberalismo que ni el propio PP suscribiría sin sonrojarse”, expone el portavoz de la asociación ecologista Gena, Rafael Yus, en esta colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en la que cita las recientes medias adoptadas por el gobierno andaluz para dar vía libre a la construcción en espacios naturales y a las urbanizaciones de campos de golf, como ejemplos de este “intento de revitalizar a política del ‘ladrillo”.

¿Potenciar de nuevo la construcción? ¡Es la política idiota!

COMO seguramente sabrán los lectores, fue el ex-presidente norteamericano Bill Clinton el autor de la famosa la frase “It’s the economy stupid!” (“¡Es la economía, idiota!”), en su campaña presidencial de 1992 contra George H.W. Bush, para destacar ante los electores el hecho de que él dominaba mejor los asuntos económicos que su contrincante, supuestamente enredado con asuntos ideológicos y patrioteros.

ESTA frase me recuerda que actualmente estamos asistiendo, no sin cierta consternación, a un ‘meta-debate’ no explícito como tal, pero implícito en todo el rifirrafe, de muy escaso nivel ciertamente, entre posiciones políticas de nuestro país respecto al recurrente asunto de la crisis económica, financiera, crediticia o de confianza (económica, de todos modos). Este ‘meta-debate lo podríamos titular con la siguiente pregunta: “¿Qué debe prevalecer, la política o la economía?”. Por supuesto que la pregunta encierra trampas, porque existe el término “política económica”, es decir, que se supone que la economía debe ser gobernada por una política, esto es, por los ciudadanos, pues a fin de cuentas nos afecta directamente y en una democracia se supone que todos (en la nuestra, a través de nuestros representantes políticos -la clase política.) manejamos la dirección en que debe discurrir la economía.

PERO el ‘meta-debate’ va más allá de esta banalidad. Recordemos que los partidos políticos supuestamente se organizan en torno a determinadas ideas, códigos morales, valores, que comparte un sector más o menos importante de la población. Todo esto constituye una ideología, un marco de ideas que rige nuestro comportamiento. Los partidos tienen, una ideología y los que la comparten se afilian y/o la votan en comicios electorales. Así funciona nuestro sistema partitocrático. Pero no perdamos la noción básica: que hay una ideología que caracteriza a cada partido, y que por tanto la política, los asuntos de la polis, de todos, teóricamente debe estar regida por una ideología. En líneas generales, aunque de forma simplista, se acepta que esta ideología puede ser de izquierdas cuando entre los valores incluye renovación, solidaridad, tolerancia, no-violencia, sostenibilidad ambiental, etc., es decir, valores supraindividuales, dirigidos a la cohesión social a través de la fraternidad. Las ideologías de derechas a menudo dicen incluir estos mismos valores, pues tienen su peso electoral, pero en la práctica quedan supeditados a otros que alientan el individualismo, la iniciativa individual, el darwinismo social y el conservadurismo. Menos claro tengo que exista ese misterioso camino de en medio que llaman centro. En nuestras primeras elecciones democráticas el centro estaba nutrido principalmente de ideas de derechas, con una fachada menos recalcitrante, pero a fin de cuentas de derechas.

HASTA aquí tenemos una idea más o menos clara de lo que es la política. El asunto se complica cuando la política trata de desarrollar la economía, el sistema que gobierna las transacciones que permiten atender las necesidades básicas y, en su caso, el enriquecimiento. La economía que rige en la España democrática, desde su mismo nacimiento, y cada vez más, es una economía de corte capitalista, claramente liberal (neoliberalismo como se le llama ahora) y además se encuentra inserta en un sistema más amplio (la economía europea) e incluso mundial (la economía global). Pero aquí nos encontramos con algunas sorpresas: este modelo económico está presente tanto en los partidos de derecha como en los de izquierda, y hasta ahora nadie ha aportado nada que desvíe un milímetro este concepto.

CIERTAMENTE hay algunas diferencias a la hora de diseñar esta economía capitalista, según se trate de un partido de derechas o de izquierdas. Así, los partidos de izquierdas suelen introducir cierto grado de intervención política en el basto territorio del liberalismo económico.  Se ha querido ver en ello una especie de tercera vía, un capitalismo de rostro más humano, más solidario, más equitativo, y por tanto más afín a las ideologías de izquierda. Esto lo hemos visto en el PSOE, único partido que ha gobernado en nuestro país, sea en nuestra comunidad autónoma (por ejemplo con el PER), o a nivel estatal (por ejemplo con la Ley de Dependencia, la Ley contra el Maltrato a la mujer, etc.).  Pero las reglas del juego siguen siendo capitalistas liberales.

A la vista está que este tipo de opciones políticas de izquierdas en materia económica es más vulnerable en el contexto del capitalismo salvaje que existe a nivel internacional, del que formamos parte. Un partido de izquierdas, ante un empuje o una tensión en la telaraña del sistema de economía capitalista globalizada, tiene menos capacidad de respuesta, sencillamente porque para mantener la prevalencia de sus valores de izquierda tiene que incrementar el déficit público. Esto ha ocurrido con la política de Zapatero hasta bien adentrada la crisis económica que ahora nos atenaza: quiso hacer prevalecer los valores de izquierdas ante las tensiones y hundimiento del sistema capitalista mundial. El resultado ha sido un agujero insoportable en nuestra economía, que ahora se intenta frenar con medidas que, contradictoriamente a su ideología de izquierdas, perjudica a los sectores más débiles de la sociedad. Al final ha prevalecido la economía (el sistema capitalista global) frente a la política. Pero esto era previsible: “quien con infantes se acuesta húmedo alborea”, reza un viejo dicho. Un partido de ideología de izquierdas puede mantenerse en el sistema capitalista internacional con algunas pinceladas de esa imposible tercera vía que hemos comentado, pero al final el sistema capitalista juega sus cartas y el partido de izquierdas tiene que asumir políticas de derechas.

Y sin embargo, queda otra opción que se intuye desde el gobierno de izquierdas, pero no se acomete: la de cambiar de sistema económico. Para hacerlo debe prevalecer la ideología, la política, de ahí que, parafraseando la famosa frase de Clinton, le diríamos al partido gobernante de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, actualmente zarandeado por los efectos económicos del capitalismo internacional: “¡Es la política, idiota!”, recordándoles que es la política la que tiene que dar forma a la economía y no al revés, como desgraciadamente está sucediendo. En realidad, lo que marca realmente una ideología de izquierda es su voluntad de crear un sistema económico alternativo que permita el mantenimiento de los valores de que hace gala, no como una mera pincelada que “generosamente” permite el capitalismo a esa tercera vía.

LLEVANDO esta reflexión (el ‘meta-debate’) en el ámbito del medio ambiente, encontramos que el PSOE, especialmente a nivel de comunidad autónoma andaluza, un partido que dice ser de izquierdas, está retrocediendo, a una escala jamás sospechada, en sus políticas ambientales, para situar nuestra comunidad autónoma a un contexto de liberalismo que ni el propio PP suscribiría sin sonrojarse. Voy a referirme aquí a varios de estos desatinos, que empezaron a gestarse en el año 2008, con la Ley de 1 de Octubre y culmina, a fecha de hoy, en el Decreto 309/2010 por el que se modifica el anterior Decreto de campos de golf. En dos años, se ha visto en nuestra comunidad autónoma un retroceso sin parangón en la ideología de izquierdas del PSOE que empieza a preocupar a las filas del PP, que apenas les queda espacio alternativo, tomado ahora por su contrincante.

PARADÓJICAMENTE, todas estas medidas se adoptan en el contexto de una reflexión, a escala nacional, en la que se admite reiteradamente que el principal problema de la economía de nuestro país, con independencia de nuestras nefastas vinculaciones con la especulación internacional, está en el excesivo dominio, casi monopolístico, de un sector económico de baja productividad: el de la construcción, dando razón con ello a las medidas (intervencionistas, como los límites del 30-40%) que ya en el POT de Andalucía trataban de frenar el hiperdesarrollismo urbanístico que estaba elevando el PIB de nuestra comunidad autónoma hasta extremos nunca jamás alcanzados. Una burbuja que, como era de prever, explotó, dejando a nuestro país en unas condiciones deplorables. Recordemos que en este contexto de supuesta asunción de las debilidades de nuestro sistema económico, se empieza a idear una alternativa: la famosa economía sostenible (¿quién se acuerda ahora de esto, después de menos de un año de salir a la luz?). Pues bien, en este contexto, repito, se fragua, desde nuestro gobierno autonómico, supuestamente de izquierdas, supuestamente crítico con la economía basada en la construcción, una serie de medidas para reactivar el ladrillo (!), incluso en unos niveles jamás sospechados. El punto de arranque de esta nueva etapa liberalizadora fue la nefasta Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos. Curiosamente, esta ley inicialmente se presenta como una medida para agilizar los procedimientos administrativos, lo que está bien, pero de paso, “cuela” una serie de medidas para flexibilizar o bajar el nivel de exigencias para determinadas actividades que, en legítimo ejercicio de vigilantes del interés general, la Junta se reservaba hasta ahora para controlar sectores agresivos que podrían dañar aspectos de interés general, como el medio ambiente. La motivación no explícita es dar cancha al capitalismo, representado en nuestra región por la construcción y de paso rebajar la imagen intervencionista que el PP no deja de utilizar con fines electoralistas. De aquel “palo”, las siguientes “astillas” que han ido apareciendo.  Examinaremos sólo dos casos por su valor representativo, utilizando los argumentos de Ecologistas en Acción-Andalucía que, ni decir tiene, asumo plenamente:

Vía libre a la construcción en espacios naturales

CON un precedente de protesta en algunos municipios de algunos parques naturales (ej. Los Alcornocales), por las limitaciones en la construcción de casas de aperos en las zonas protegidas, la Consejería de Medio Ambiente, titular de los espacios naturales protegidos (RENPA) redactó en el 2009 un Proyecto de Decreto “por el que se establece el régimen general para la planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos”. De nuevo, bajo la fachada aceptable de agilizar trámites, levanta una serie de medidas de protección que hasta ahora contenía el urbanismo en los espacios naturales. En su primera redacción se llegaba a tal situación que era más fácil para un propietario construirse una casa de aperos (que, como sabemos en realidad es una vivienda unifamiliar para alquilarla) en un espacio natural protegido que en el suelo no urbanizable del suelo rural del mismo municipio. La única condición era notificar el inicio de la obra, pero no tenía que esperar ninguna respuesta (!).

TRAS la lógica reacción ecologista, en una segunda redacción se eliminó este coladero urbanístico, pero se introdujeron normas que dan prevalencia a los planes urbanísticos sobre la normativa de los parques naturales. Bajo el subterfugio de “agilizar los trámites administrativos” se pretende así dar un giro muy peligroso a la normativa de protección de los parques naturales, al estipular que los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los parques se supediten a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). El Artículo 2 del Proyecto de Decreto estipula que “Las previsiones urbanísticas relativas a parámetros de edificación y características constructivas contenidas en los PORN y PRUG de los distintos parques naturales, no serán de aplicación en aquellos municipios en los que los planes urbanísticos hubiesen sido en su tramitación sometidos a evaluación ambiental y aprobados definitivamente con posterioridad a la entrada en vigor de los citados instrumentos de planificación ambiental”. Teniendo en cuenta que todos los PGOUs cuentan por imperativo legal con esta “evaluación ambiental, que siempre es favorable, es evidente que los PORNs y PRUGs de los parques naturales se subordinan a los PGOUs, cuando la legislación vigente prescribe todo lo contrario. Además se excluyen a los suelos urbanos y urbanizables de cumplir las normas de los parques naturales, haciendo de nuevo una peligrosa dejación de funciones sin base legal alguna, sobre todo en lo referente a la tipología constructiva tradicional de los núcleos urbanos. Para colmo se estipula que el silencio administrativo será positivo cuando la CMA no conteste a solicitudes de autorización de todo tipo de edificaciones o infraestructuras, incluso si no se ajusta al PORN o PRUG. Sabemos por experiencia, en el suelo no urbanizable, lo que supone la falta de control de la Junta de Andalucía, bajo la excusa de la descentralización en los ayuntamientos: la generación de un urbanismo difuso insostenible y de gravísimo impacto ambiental. El asunto es que ahora se pretende que este fenómeno se extienda a los espacios naturales protegidos (!)

NO olvidemos que la legislación básica estatal (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) deja claro que “Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los PORNs deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los PORNs se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos”. La Junta pretende poner en manos de los Ayuntamientos la planificación de los parques infringiendo la Ley que regula el régimen de protección de estos espacios naturales. Sin embargo, en el proyecto de Decreto se reduce la superficie de las casas de aperos que se pueden construir sin autorización en los parques naturales, de 40 metros cuadrados a 6 metros cuadrados, y la longitud de las pistas forestales, de 2.000 metros a 100 metros, lo que demuestra que teníamos razón los ecologistas cuando criticábamos que esas medidas eran innecesarias para la explotaciones agrosilvopastorales, y que eran solo una excusa para urbanizar el campo.

SIGNIFICATIVAMENTE, este Proyecto de Decreto no incluye ni una medida para “agilizar los procedimientos administrativos”, sino que los complica aumentando la burocracia. Así, pretende que todas las solicitudes de los ciudadanos se presenten en las delegaciones provinciales de la CMA, quitándole competencia a las oficinas de los parques y a los/las directores/as, que no podrán autorizar nada. Todas las autorizaciones se centralizan en los/as delegados/as de la CMA. Luego si el decreto no agiliza y da cancha a la construcción, está claro que la Consejería de Medio Ambiente de hace un guiño al sector para revitalizarlo a costa de los intereses generales.

COMO era de esperar, este decreto, que otorga más poder a los ayuntamientos, ha sido muy bien recibido por los alcaldes, no así por el movimiento ecologista, que a pesar de la antidemocrática oposición de los presidentes, ha intentado introducir en  todas las Juntas Rectoras alegaciones contundentes, jurídicamente fundamentadas, para evitar este desatino. El asunto está ahora parado, pero si el PSOE sigue intentando resucitar el muerto de la construcción, nos tememos que acabe siendo publicado en el BOJA.

Vía libre a las urbanizaciones de campos de golf

CON un notable retraso respecto a la dinámica empresarial relativa a los campos de golf (ya se había construido un centenar de campos en Andalucía, la mayoría de ellos en la Costa del Sol, con sus respectivas urbanizaciones asociadas), hace dos años la Junta decidió regular la construcción de campos de golf con el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía. En el Decreto se asegura que se pretende compatibilizar la promoción del golf con la reducción de los impactos territoriales o medioambientales, sin embargo las propuestas que realiza son casi insustanciales o van en el sentido contrario. No se introduce la obligatoriedad del riego con agua depurada ni la prohibición absoluta del uso del agua de consumo humano; no se limita el uso de agrotóxicos ni incluye medidas para prevenir el enorme impacto ambiental y territorial de este tipo de instalaciones y de los desarrollos urbanísticos anexos. Así, si se llegan a desarrollar los aproximadamente 100 proyectos de campos de golf, con una media de 700 viviendas por campo (una cifra optimistamente baja a tenor de los desarrollos actuales), aparecerán en el territorio andaluz 100 nuevos asentamientos humanos o “agro-villas golfistas”.

LA Junta justifica la promoción del golf en una premisa falsa: la generación de empleo y el fomento de un turismo de calidad. Sin embargo, el turismo de golf posee un peso bastante bajo dentro del sector en Andalucía, tal como queda puesto de manifiesto por la propia Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía reconoce que el turismo del golf supone una participación de un escaso 1,5% sobre el total. Un campo de golf emplea entre 25 y 50 trabajadores, y el número de usuarios medio no supera el centenar al día, y para ellos se pretende hipotecar la práctica totalidad del planeamiento de los municipios y buen parte de recursos tan valiosos como el agua y el suelo.

EN aquel Decreto no se hace mención alguna al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) ni a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía, documentos normativos y de directrices que deben servir de base para todo tipo de actuaciones sobre el territorio, y más de aquellas que, como los campos de golf y los desarrollos urbanísticos, tienen una incidencia tan marcada sobre el medio ambiente, el territorio y el paisaje. El modelo territorial que consagra este Decreto está en manifiesta oposición con el promulgado en el POTA, plan que ha sido aprobado por el Parlamento andaluz y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

EN este decreto ya se creó un nuevo concepto de campo de golf, muy al estilo socialista:  los “Campos de golf de Interés Turístico”, lo cual no es más que  un subterfugio (como lo podría haber sido considerarlos Bienes de Interés Cultural) para repescar el sector de forma políticamente correcta y convertir unas instalaciones teóricamente deportivas en meras excusas para recalificar terrenos y promocionar desarrollos urbanísticos destinados fundamentalmente al mercado de segundas residencias. No sólo se permitirán grandes desarrollos urbanísticos ligados a los campos de golf –en el Decreto no se especifica número máximo de viviendas- sino que se llega más lejos aún al obligar a revisar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y los Planes Subregionales caso de que no incluyan los campos de golf que se autoricen. Este Decreto consagra –en contra de mandatos constitucionales y del Estatuto de Autonomía- la ordenación del territorio en función de los intereses privados, ya que a partir de un proyecto privado de campo de golf que se declare de Interés Turístico, se instará a la elaboración de un PGOU o Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional cuya primera premisa vinculante es que tiene que incluir ese campo de golf.

EL permitir desarrollos residenciales en los campos de golf no vienen más que a demostrar una evidencia: los campos de golf no son rentables por sí mismo, lo que debería llevar a su desestimación. Todo el Decreto viene a subvertir el supuesto carácter deportivo del golf, y demuestra que el interés de los promotores no es el deportivo, sino el especulativo. El hecho de que la decisión de declarar un campo de golf de “Interés Turístico”, y por tanto la posibilidad de desarrollos inmobiliarios, sea de carácter político, con una Comisión Técnica compuesta exclusivamente por representantes políticos de la Junte de Andalucía, aumenta aún más la discrecionalita de este trámite de enorme repercusión, y permitirá y fomentará todo tipo de presiones y corruptelas.

PERO al parecer los campos de golf no se animan, y la razón está en que ya no son rentables y algunas de las limitaciones señaladas en el anterior Decreto del golf no son del agrado de los promotores. De este modo, muy poco tiempo después, la Junta de Andalucía, en un afán de revitalizar el sector del golf (y la construcción asociada a él) publica el Decreto 309/2010, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía.

LA reacción ecologista no tardó en aparecer. Y es lógico, puesto que estas modificaciones representan una alfombra de oro para los intereses de los especuladores urbanísticos, al desmantelar todas las cautelas existentes para controlar la especulación urbanística que se justifica en campos de golf que han demostrado ser inviables económicamente. Se “eliminan barreras” para la construcción de campos de golf y se favorece de nuevo el desarrollo de urbanizaciones ligadas a este supuestas instalaciones deportivas, lo que supone un giro más en beneficio de los promotores urbanísticos y de la economía del ladrillo, responsables en buena parte de la gravísima crisis que padecemos.

CON estas facilidades volvemos al nefasto y fracasado modelo de las recalificaciones masivas de suelos, de la expansión injustificada de los núcleos urbanos, de la creación de nuevos núcleos turísticos y de población en los que los Ayuntamiento terminan por no poder asumir los servicios públicos mínimos, o la construcción de viviendas sin demanda real para potencias el sector del ladrillo. A nadie se le escapa que es un claro intento de revitalizar a política del “ladrillo”, y además de irresponsable, está abocada de nuevo al fracaso y contradice los compromisos de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central de promover un nuevo modelo de desarrollo basado en el “conocimiento, la innovación y la educación”, no digamos ya la moderna Ley de Economía Sostenible.

ES el baile de la yenka. Los socialistas, que teóricamente deben dar siempre pasos hacia delante (al menos esto indica el progresismo, signo de distinción de la izquierda), ahora da pasos hacia atrás. Hay que retrotraerse a la pasada legislatura para recordar las promesas del entonces presidente, Manuel Chaves, y del ex consejero Gaspar Zarrías, que aseguraron en  numerosas ocasiones que se prohibirían las urbanizaciones en los campos de golf. Asimismo, en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Parlamento andaluz en octubre de 2008, se incluyó una norma que prescribía: “Considerar las instalaciones turísticas singulares destinadas al ocio, deporte y espacios libres (campos de golf, parques temáticos…) desde su propio valor añadido en cuanto instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas”.

LA actual paralización de los proyectos de macrourbanizaciones asociadas, o justificadas, en base a campos de golf no se debe a las trabas burocráticas, sino a la propia inviabilidad de las instalaciones de golf. Los promotores urbanísticos aducen que no son rentables si no van asociadas a urbanizaciones, y las administraciones públicas, en vez de desestimar estas instalaciones no rentables, las promocionan permitiendo la especulación con unos suelos que en teoría deben dedicarse a un uso deportivo. Hay que recordar que, en contra de los que vienen proclamando los promotores urbanísticos que están detrás de estos proyectos y los políticos de todo tipo y pelaje que los apoyan y representan, el golf, según las estadísticas de la Consejería de Turismo, solo atrae a menos de un 1% de los turistas que visitan Andalucía, muy por debajo de los que vienen para visitar ciudades históricas y monumentos (20%), espacios naturales (8%), o disfrutar de las fiestas y la gastronomía (6%). Sin embargo, en este turismo minoritario, que no deja dinero siquiera para hacer rentables estas instalaciones, se centra todo el esfuerzo de promoción de los Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Baste decir que el centenar de campos de golf que existen ya en Andalucía ocupan una superficie de 60 millones de m2, y consumen 50 millones de m³ de agua, el equivalente a una ciudad de medio millón de habitantes.

Conclusiones

EL socialismo español, capitaneado en exclusiva por el PSOE, renunció, en los comienzos de nuestra democracia, a las viejas utopías socialistas, para apostar por encuadrarse en el club de los países desarrollados, es decir el capitalismo internacional, pero sin renunciar a unos retoques de izquierda, cierto nivel de intervención estatal en medio del liberalismo como ideología básica de ese capitalismo. Esta opción, que se ha llamado tercera vía, va bien mientras que la economía capitalista funcione a pleno ritmo, lo suficiente como para permitir costear los retoques sociales con el mínimo de intervención estatal en el sistema, sin mirar los efectos que provoca este aparente bienestar aquí y en otros países del mundo. Pero el capitalismo español gira, casi de manera exclusiva, en torno a una actividad, la construcción, con escaso valor añadido y cuyos peores efectos ambientales están externalizados, no los asume el sector. Ahora, con la crisis económica, el partido gubernamental ha atribuido certeramente a este sector los peores efectos de la crisis en nuestro país. Pero mientras este sector aumentaba año tras año el PIB, ningún socialista se atrevió a cuestionarlo, pues eran conscientes de que este PIB les permitía los retoques de la tercera vía. Algunas medidas, como la contención del 30-40% de crecimiento en el POT de Andalucía, o el mantenimiento del suelo no urbanizable en la LOUA, iban en muy buena dirección, pero siempre que el PIB no bajara.

PERO cuando esta gallina de los huevos de oro agonizó, en esta crisis económica del capitalismo mundial, el PSOE se encontró sin recursos para aplicar su famosa tercera vía, las medidas sociales, el intervencionismo estatal. Ahora, en una clara abdicación de los principios morales socialistas, los socialistas andaluces intentan resucitar el muerto de la construcción. Las medidas de flexibilizar las normas de construcción en espacios naturales, los nuevos POTs, la marcha atrás en la desvinculación de las urbanizaciones en torno a los campos de golf y los continuos guiños al sector de la construcción, constituyen una lamentable subyugación al sistema económico capitalista internacional, haciendo caso a la famosa frase de Clinton. Podemos entender que esto lo suscriba el PP como partido mayoritario de derechas (que ya va anunciando el liberalismo más salvaje para la construcción en suelo no urbanizable, si gana las próximas autonómicas) y acérrimo defensor del ultraliberalismo que rige la economía mundial. Frente a ello, insistimos, sobre todo al PSOE, pues supuestamente deben ser más sensible hacia el interés general: “¡Es la política, idiota!”. Es la política, los valores y la ideología, la que debería primar, y para evitar esta horfandad que crean las sucesivas crisis capitalistas en esa imposible tercera vía socialista, nada mejor que inventar una nueva economía, no la llamada Ley de la Economía Sostenible, una idea meramente retórica que se cae por su propio peso, pues pretende aplicar los principios de sostenibilidad sin abandonar el club del capitalismo internacional, lo cual es un imposible, sencillamente porque el principio básico del capitalismo es el crecimiento, sin límites ni obstáculos. La nueva economía, sin embargo, tiene que ser una economía anticapitalista, anti-crecimentalista, en el contexto de un mundo finito, ampliamente sobrepasado, altamente contaminado por los países del club del despilfarro, de la usura, la depredación y el fraticidio del resto de los conciudadanos del mundo. Mientras se diseña esta nueva economía, por favor, como mínimo recuerden que una de las lacras de nuestro país es y seguirán siendo la construcción, la especulación y la cultura del pelotazo. No volvamos a representar una tragedia cuyo final ya conocemos. Hay que reactivar sectores económicos, cierto, pero que tengan mayor valor añadido. Empecemos por ahí, y empecemos a imaginar cómo vivir en un mundo en decrecimiento.