OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía
 
24/11/10. Opinión. El momento actual es un punto de inflexión en el que el paisaje podría jugar un papel fundamental para la autosostenibilidad local como uno de los principales valores territoriales, sostiene en esta colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com Rafael Yus. El coordinador de Gena- Ecologistas en Acción ve necesario para este objetivo la confluencia de tres condiciones: la creación de un marco jurídico contundente con rango de ley, que evite la dispersión de normas por todos los sectores administrativos, la limitación de las competencias de las instituciones municipales, y la superación de “una concepción normativa y protectora del paisaje, para atribuirle, si no mayor, al menos la misma importancia que otros temas territoriales, es decir, tratándolo con el valor del escenario o del proyecto estratégico de territorio y considerándolo capaz de promover una puesta en valor integrada del territorio”.

¿A quién le importa defender nuestros paisajes? Un recorrido por la hermana pobre de la defensa ambiental

HACE treinta y cinco años que empecé a conocer la Axarquía, un territorio abrupto pero llamativamente domesticado por el tesón de generaciones seculares de campesinos que, desafiando las leyes de la agricultura, decidieron cultivar las laderas de las montañas, dejando una impronta de terrazas y cultivos de secano que, aún hoy, se pueden admirar. Es un paisaje agrario, típicamente cultural, puesto que no representa la naturaleza en bruto, sino la naturaleza domesticada por la mano del hombre, en contraste con la naturalidad de las altas sierras que bordean la comarca por el norte, donde las extremas condiciones ambientales nunca fueron propicias para su explotación agrícola. Enamorado de este paisaje, desde el principio intenté escudriñarlo hasta sus más íntimos rincones, analizando, con el ojo del científico, pero también con el corazón del admirador contemplativo, sus características naturales y sociales. En torno a este sentimiento se unieron colegas, amigos de toda una vida, que ahora forman el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, asociación que desde su creación se ha esforzado en dar a conocer y defender los valores naturales de esta comarca, resumidas en el paisaje, labor reconocida por la Diputación Provincial de Málaga al distinguirnos en el Catálogo de Buenas Prácticas Ambientales en los años 2002 y 2003.

EN el año 1997, durante la celebración de un curso sobre la naturaleza de la Axarquía, organizada por la Universidad de Verano en la Axarquía, presentamos la Carta del Paisaje de la Axarquía, todavía colgada en nuestra web¹, para solicitar la adhesión a la misma y crear una herramienta de participación para llenar lo que a todas luces era deficitario: una herramienta para la protección del paisaje de la comarca desde la iniciativa social. Esta fecha marca el comienzo de una larga e inacabada batalla contra los vertiginosos procesos de destrucción del paisaje de la Axarquía, principalmente de la mano del urbanismo difuso en el suelo rústico. Una lucha en abismal desigualdad contra los poderes públicos y privados que devoran el paisaje día a día y que, a la vista está, no ha logrado detener los procesos de destrucción. ¿Por qué es tan difícil proteger el paisaje? En este artículo daremos un breve recorrido sobre esta compleja problemática, común en multitud de rincones de nuestro país.

1.- Valoración subjetiva

EL primer problema que encontramos es la falta de una definición objetiva de lo que valoramos como paisaje. Estando impartiendo clases en un instituto de bachillerato de Nerja, quedé horrorizado por la urbanización El Capistrano de esta localidad, devorando las laderas de la Sierra de Almijara. Pedí a mis alumnos que hicieran una encuesta en la población con una imagen de antes y después de esta urbanización, para ver cómo contemplaba la población local esta agresión. El resultado fue sorprendente, ahora lo entendemos: el 85% de los encuestados veían esta urbanización como una “mejora” (!) de la calidad del paisaje, mostraban claramente su satisfacción y como fundamento decían que “donde antes había solo piedra y matojos ahora hay casas muy bonitas”. No fue la única ocasión, pues hablando con la gente de los pueblos de la comarca, sobre el creciente urbanismo difuso en el solar rústico, me explicaban que “esto es desarrollo, donde antes había campos pobres ahora hay mansiones y caminos asfaltados, signos de riqueza”. A un nivel más ilustrado, las apreciaciones no son menos desconcertantes, ante nuestras quejas por el impacto paisajístico de las nuevas plantaciones de subtropicales en sistemas aterrazados, se nos replicaba que “estas plantaciones son un vergel, donde antes había un desierto ahora hay un bosque”.

ES evidente que hay aquí dos presupuestos de partida muy diferentes. De una parte, estamos los que admiramos el paisaje como herencia cultural, como patrimonio que resume de una atacada la labor histórica de generaciones sobre un sustrato, y como marco estético en el que se desarrolla la actividad humana. La otra postura sitúa estos valores bajo el interés por el progreso económico, con independencia de los daños que pueda causar en el paisaje, que siempre serán despreciables frente a la posibilidad de una mejora del estatus económico y social.

¿QUIERE decir esto que el paisaje no se puede manejar porque su conceptualización es subjetiva y difícilmente puede alcanzar un consenso social para su protección? Es un viejo problema resuelto desde la Ilustración francesa. Admitiendo el fuerte componente subjetivo del paisaje, esto no quiere decir que no pueda ser definido de forma objetiva. De hecho, la primera tarea que se tiene que hacer para defender el paisaje es estudiarlo con las herramientas analíticas del paisajismo, una especialidad que por cierto tiene gran importancia en algunos países y se ignora en otros. El paisaje tiene una serie de componentes físicos que pueden describirse y con ellos finalmente se puede dictaminar su fragilidad y vulnerabilidad, parámetros necesarios para determinar si tal o cual actuación puede realizarse sin destruir la calidad de dicho paisaje. En Málaga, han destacado en esta labor los estudios del profesor Matías Mérida (Universidad de Málaga), cuya tesis doctoral versó precisamente sobre el paisaje del litoral de la Axarquía. Luego el paisaje tiene componentes objetivos que se pueden “captar”, para analizarlos y valorarlos.

2.- Mutabilidad

OTRO problema que nos encontramos a la hora de definir y, consecuentemente, proteger un paisaje, está en su tendencia al cambio. Que el paisaje sea una entidad cambiante no nos debe coger por sorpresa. Todos hemos sido testigos de los cambios que se producen en un paisaje en tan sólo un año. Las razones son de tipo climático, puesto que las diferentes estaciones marcan climas diferentes que afectan a la atmósfera y a la vegetación. La atmósfera influye en parámetros visuales tales como saturación, tono, contraste, etc. La vegetación influye en el colorido (verde en invierno, pajizo en verano, con sus estadios intermedios) y en la textura (especialmente si la vegetación es caducifolia), etc. Hay, pues, un paisaje para cada estación, pero el sustrato físico y cultural es el mismo en todas y esto debe ser tenido en cuenta cuando se define el paisaje en una zona determinada.

PROBLEMA distinto es el cambio histórico. Esto también es comprensible, puesto que lo que ahora valoramos en un paisaje es el resultado de una larga historia de interacciones entre el hombre y el medio. Ciertamente, mientras el paisaje actual ha estado labrándose en tiempos pasados, los cambios nunca fueron considerados “perjudiciales”, porque no había conciencia del valor de este patrimonio. Es ahora cuando empezamos a valorar el paisaje y el primer paso para protegerlo consiste en “congelar” la evolución de algo que por naturaleza cambia. Esto podría ser un argumento para desechar cualquier pretensión de proteger un paisaje: no se puede detener. Sin embargo, este problema también tiene su respuesta: la cuestión no es que el paisaje cambie, algo que, como hemos dicho, es consustancial con la evolución de la naturaleza y la actividad humana, sino la velocidad de dicho cambio. Si tomamos como referencia la Axarquía, los cambios mas brutales se produjeron hace cinco siglos, con una superpoblación musulmana en esta comarca, pero desde entonces hasta hoy ha mantenido un aspecto muy similar, pues el modo de vida ha sido, durante todo este tiempo, prácticamente el mismo: la agricultura de laderas. Pero desde los años sesenta se aceleraron los cambios, primero en el litoral, con una rapidísima destrucción del paisaje costero heredado, al sellarlo literalmente de hormigón en tan sólo veinte años, proceso que continúa actualmente. Más acelerados aún han sido los cambios en el medio rural del interior de la comarca, pues desde 1993 hasta hoy se han construido más de 12.000 viviendas, con sus correspondientes accesos, más que todo lo que se ha construido en esta comarca en toda su historia precedente. Lo mismo ha pasado con el paisaje agrícola, pues la sustitución de los antiguos cultivos arbóreos de secano (olivos, almendros) por cultivos de subtropicales (aguacates, mangos) se ha producido en una vertiginosa velocidad desde la construcción de embalse de la Viñuela y la creación del Plan Guaro de regadíos. El problema, en este caso, no es solo el cambio drástico de especie vegetal (y con ello características como el color) sino su disposición apretada en terrazas de fuerte artificialidad.

ESTOS cambios se producen a una velocidad tal que pueden ser percibidos por una generación, en cuya retina quedan registradas imágenes de antes y ahora, no pudiendo resistir el desasosiego de tal cambio. Los paisajes cambian, la cuestión es, pues, que deben hacerlo a un ritmo que sea asumible culturalmente, que dé tiempo a que vayan integrándose en la población como algo familiar. Sin embargo, esto nos lleva a una importante consideración: si es normal que los paisajes cambien, esto no quiere decir que no debamos esforzarnos por mantener unos mínimos elementos que aseguren la herencia cultural del mismo, evitando con ello el gran peligro de la falta de gestión del paisaje: su banalización. La sociedad debe decidir si quiere vivir en un paisaje sin identidad alguna, sin historia, sin rasgos diferenciadores ni atractivos visualmente, o si, al contrario, quiere protegerlo, admitiendo que protegerlo no consiste en “congelarlo”.

3.- Confusa y débil regulación

SI se quiere proteger algo tiene que haber un marco jurídico que lo garantice. En muchos países existen leyes que protegen directamente determinados paisajes, pero en nuestro país este asunto nunca ha merecido tal rango. Antiguamente existía aquello de los “paisajes sobresalientes”, como el Inventario de Paisajes Sobresalientes que elaboró el ICONA en el año 1975, en el que por cierto se incluyó a la comarca de la Axarquía. Pero aquello era un instrumento muy pobre, sin valor jurídico, y de hecho no sirvió para nada. Un paso más importante se dio durante la elaboración de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico (PEPMF) provinciales en Andalucía, que constituyeron una valiosa aportación al tratamiento globalizador del paisaje. Así, por ejemplo, en el PEPMF de la provincia de Málaga, el paisaje de la Axarquía aparece protegido cautelarmente, bien desde el punto de vista general (‘Complejos Serranos de Interés Ambiental’: Montes de Málaga y Baja Axarquía; Sierra de Tejeda y Almijara) como específico (ej. “paisajes agrarios singulares”: Vega de Vélez-Málaga), estableciendo unas normas de protección del paisaje, sean de carácter general (Norma 18) o de carácter específico (Norma 42). Pero este instrumento nunca fue seriamente utilizado por la Administración y cuando la Justicia empezó a utilizarlo pronto se percató de que carecía de valor jurídico, puesto que ni tan siquiera se había publicado en el BOJA (!).

DURANTE muchos años, el paisaje aparece de forma transversal y difusa en todo un elenco de normativas dispares. Se encuentra parcialmente recogido en una serie de leyes que lo tratan sectorialmente (ej. Ley del Suelo, Ley de Minas, Ley de Costas, Ley del Patrimonio Histórico, Ley de Espacios Naturales, etc.). Pero el problema es la enorme dispersión normativa y el carácter asistemático de su tratamiento, faltando un planteamiento unitario, de modo que su acoplamiento en la evaluación de las alternativas y toma de decisiones es aún muy débil. El desfase de actualización del marco jurídico y normativo relativo a la planificación y ordenación de usos, aprovechamientos e intervenciones, ha permitido dejar vía libre o incluso subordinar, el paisaje a las expectativas de desarrollo intensas, de manera que el paisaje aparece frecuentemente como un "valor sacrificado" en aras del "sacrosanto desarrollo". Una situación en la que la Administración no ha sabido o querido dar la cara y asumir el compromiso social de dar respuesta a la creciente demanda de adecuación y equilibrio del desarrollo de la actividad antrópica en el entorno.

ES paradójico que hayamos avanzado en protección ambiental en aspectos tan variados como biodiversidad, contaminación, espacios naturales, etc., y sin embargo hayamos descuidado tanto nuestros paisajes. O tal vez no lo sea tanto, porque a fin de cuentas nuestro sistema económico es de corte liberal (o neoliberal), según el cual el Estado no debe obstaculizar el legítimo derecho al enriquecimiento de iniciativas empresariales. Así se asume en la práctica, porque aunque dispongamos de normas y leyes (la retórica hay que cuidarla), el problema está en que luego no sea aplican o se hace de manera “flexible”. Pongamos por caso el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía. Como es sabido, según establece la Ley del Suelo, los POTs son instrumentos de planificación territorial de carácter supramunicipal y por tanto tienen que ser respetados por todos los municipios de su demarcación. Desde el punto de vista de la gestión del paisaje, los POTs son posiblemente los instrumentos más adecuados, primero porque su ámbito es comarcal, lo que asegura la gestión integral de un valor, como el paisaje, que es compartido por numerosos municipios. De nada sirve que el PGOU de un municipio sea muy estricto en la protección de sus paisajes si el del municipio vecino es laxo en este menester: al final se obtiene un puzzle de paisajes que restan coherencia visual. Y en segundo lugar porque al elaborarse a partir de un determinado territorio garantiza que las medidas adoptadas sean singulares para ese territorio en cuestión, pues no todas las medidas de protección del paisaje son aceptables para todas las tipologías posibles.

DE hecho, el POT de la Axarquía, en el que tuvimos el honor de participar activamente, es uno de los instrumentos más avanzados de protección del paisaje que hayamos conocido. En este documento se afirma que el paisaje de la comarca es el principal recurso o activo para el futuro desarrollo de este territorio. A título orientativo nos gustaría señalar que solamente la palabra paisaje aparece en 82 ocasiones en todo el texto de la normativa y si sumamos sus derivadas (paisajístico, plurales, etc.) la cantidad asciende a 142 voces, un índice cuantitativo del grado de persistencia de la noción en todo el articulado. En efecto, la temática del paisaje aparece de manera transversal en todos los documentos del POT y dentro de cada uno de ellos recibe un tratamiento diferencial y a veces intenso o monográfico. En la normativa, las determinaciones sobre diversos aspectos del paisaje de la comarca pueden ser de tres categorías en número desigual:

Determinaciones	Número	%
Normas	50	24,5
Directrices	142	69,2
Recomendaciones	12	5,8
Total determinaciones	204	100

ES decir, más de la mitad de las determinaciones (69,2%) tienen el carácter de directrices, que son recomendaciones vinculantes en cuanto a sus fines y que deben ser aplicadas por los órganos competentes de las Administraciones Públicas de la forma que sea conveniente, siempre y cuando no se aparte de dichos fines. No obstante, hay un alto porcentaje de normas (24,5%) que, como tales, son de aplicación directa y vinculante para las Administraciones y Entidades Públicas, así como para los particulares en todos los tipos de suelos.

A pesar de este gran avance, desde que se aprobó el POT de la Axarquía este instrumento no ha sido obstáculo alguno para el proceso canceroso de destrucción del tejido paisajístico de esta comarca: el urbanismo difuso en suelo rústico. Esto ha sido posible gracias a la proverbial resistencia de los alcaldes de esta comarca a la redacción de sus respectivos Planes de Ordenación Urbana (PGOU), hecho que les ha permitido ejercer su poder para dar licencias urbanísticas bajo la forma de Proyectos de Actuación (PA), una figura prevista en la LOUA para casos excepcionales de construcción en suelo no urbanizable (ej. interés social o público), que no necesita los PGOUs y se interpreta de la forma más laxa imaginable (ej. dar licencias de varias casas en una parcela a una inmobiliaria suiza “justificándolo” por su vinculación a la agricultura!). De este modo, la falta de PGOUs les ha permitido sortear todas las exigencias del POT de la Axarquía para la protección del paisaje, y con ello realizar atentados tales como la construcción de viviendas en media ladera o en las cimas de los cerros, o asfaltar los caminos rurales, ahora convertidos, gracias a las ayudas de la Diputación Provincial de Málaga y la Delegación Provincial de Agricultura, en auténticas carreteras asfaltadas u hormigonadas.

LUEGO, ahora ya no es por falta de instrumentos jurídicos, sino por falta de compromiso de las autoridades públicas de cumplir aquello que juraron cuando obtuvieron sus cargos: “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Es más, ha habido un movimiento, capitaneado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental para presionar a la Junta de Andalucía para que reforme la LOUA para que se construya libremente en el campo, y eliminar el POT de la Axarquía, propuesta que por cierto ya promete cumplir el PP si ganas las próximas elecciones autonómicas.

Aire nuevo del extranjero

SÓLO recientemente ha empezado a removerse la conciencia sobre este bien tan depreciado, pero no por la iniciativa de los españoles, tan cómodos con el histórico uso despótico del paisaje, sino por la presión de países socios europeos más civilizados que el nuestro, que presionan para que en Europa se mimen en todos sus rincones.

EL proceso comenzó con la Recomendación de la UNESCO en su 12ª reunión del 12-XII-1962, sobre la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes. Algo que empezaría a fructificar en Europa con la Recomendación R (79) 9 de 20IV-1979 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la Identificación y Evaluación para la Protección de los Paisajes Naturales, y más tarde, ampliándose a los llamados “paisajes culturales”, con la Recomendación  R (95)9 de 11-IX-1995, del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la Integración de la Conservación de áreas de Paisaje Cultural como parte de las normas rurales, que convergería en la UNESCO con la Convención sobre la Protección de la Herencia Cultural y Natural del Mundo (sección: Paisajes Culturales) del año 2000, que en Europa cristalizaría en el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), presentado por el Consejo de Europa en Florencia (20-X-2000). Lo interesante de este gran paso fue la introducción de una amplia concepción del paisaje, incluyendo no sólo los paisajes naturales y culturales bien conservados, sino también los paisajes urbanos, periurbanos y degradados. El CEP también da unas directrices para su ratificación entre las que se encuentra la creación de una estrategia, hacer que sea participativa, e integrarla en las políticas sectoriales, lo cual nos conduce de nuevo a una idea ya experimentada en España pero de pésimos resultados: la dispersión de la norma. De todos modos, hemos tenido que esperar siete años para que el Gobierno español ratificara el CEP (6-XI-2007), lo que da una idea de la prioridad que damos (plural mayestático) a este tipo de cosas en nuestro país.

La situación en Andalucía

ANTE estos empujes del CEP, sólo recientemente la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, ha impulsado la Estrategia Andaluza del Paisaje (EAP), en la que tras afirmar la existencia de paisajes de gran calidad en Andalucía reconoce a continuación que muchos de ellos están en un avanzado proceso de descapitalización, principalmente por el urbanismo desordenado. En realidad la EAP es una plataforma para mejorar la coordinación y ampliar las acciones hacia a aspectos hasta ahora menos abordados como la ordenación de los bordes urbanos, la  contaminación visual a lo largo de las carreteras o la degradación del paisaje rural o, a algunos nuevos retos, como la integración paisajística de las instalaciones de energías renovables o las repercusiones del cambio climático sobre el paisaje. Para la Junta de Andalucía, la Estrategia Andaluza significará además una aportación al proyecto de economía sostenible en Andalucía, porque el paisaje no sólo es un valioso patrimonio natural y cultural y un importante factor de identidad, sino también un recurso para el desarrollo económico capaz de contribuir a la creación de empleo. En efecto, su calidad es clave para el desarrollo turístico o para la localización de empresas en un determinado lugar, con lo que mejora la sostenibilidad y competitividad de diferentes áreas y ciudades.

EN realidad, la Junta da respuesta con ello a uno de sus compromisos con la legislación estatal y europea (CEP), así como a las directrices que se marcó en el capítulo 7 de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, referida exclusivamente a la protección del Paisaje, si bien por ahora sólo desarrolla su punto 2: “Incorporar criterios de actuación relativos al paisaje en las políticas sectoriales con mayor incidencia paisajística (agricultura, industria, carreteras, urbanismo, obras hidráulicas y minería, entre otras), tomando en consideración las opiniones de todos los sectores implicados”. En efecto, para la realización de esta directriz, creó recientemente una Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y que cuenta también con la participación de otros departamentos. En la Junta de Andalucía, además de Vivienda, son varias las Consejerías con competencias sobre el paisaje: Medio Ambiente (incluyendo la Agencia Andaluza del Agua), Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca, Cultura (y su Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico), Turismo, Comercio y Deporte, Innovación, Ciencia y Empresa (con la Agencia Andaluza de la Energía) y Educación. Además, para su elaboración se contará con el asesoramiento científico del Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT), estructura científico-técnica de corte universitario creada en el 2005 que asesora a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

ESTA Comisión Interdepartamental se reunió en Enero del 2010 para empezar a dar los primeros pasos para la elaboración de la Estrategia. En el caso de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, algunos de los retos en esta materia pasan por reforzar la protección del paisaje en los planes subregionales de ordenación del territorio o por la creación de espacios públicos libres de interés supramunicipal, como los ya existentes de Los Toruños (Cádiz) y el Alamillo (Sevilla) o el previsto en la zona litoral del Arraijanal (Málaga), por citar algunos ejemplos. Además, el prisma de la calidad del paisaje se aplicará, gracias a la Estrategia, en otros aspectos de la política andaluza como la declaración de espacios protegidos, la integración paisajística de las carreteras, la gestión de las fincas agrícolas y ganaderas, el cuidado de los entornos de los bienes y paisajes de interés cultural, la consideración del paisaje como factor de diferenciación y calidad de la oferta turística, el diseño de nuevos espacios productivos con excelencia paisajística o la sensibilización sobre la importancia de la calidad del paisaje desde los centros educativos. Para la elaboración de la Estrategia, el Gobierno andaluz contará además con el apoyo de la Red de Entes Locales y Regionales para la Implementación del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP), que recientemente ha escogido a Sevilla como nueva sede de su Mesa de Coordinación Técnica.

Conclusiones

PESE a los avances que, desde el punto de vista normativo, se están produciendo en nuestra comunidad en relación a la protección de los paisajes, la larga trayectoria de idas y venidas, de declaraciones retóricas sobre la calidad de nuestros paisajes y la ausencia de normas claras y precisas para la protección de estos activos, no nos deja más margen que el del desconfiar de su operatividad. Es cierto que ahora tenemos un marco (la EAP), y unos equipos trabajando para desarrollar políticas activas de protección. Pero desconfiamos de la perserverancia de nuestros gobernantes. He aquí solo un par de muestras: existiendo un POT, como el de la Axarquía, con capacidad para frenar la banalización del paisaje, ha sido literalmente puenteado por las autoridades locales, con el beneplácito de las regionales, con el resultado de la degradación irreversible de unos de los nueve paisajes más sobresalientes de España. Segunda muestra: existiendo una norma, aunque insuficiente, de control del crecimiento urbanístico en el POTA (30-40%) como forma de frenar la tendencia al crecimiento desmesurado, la Junta de Andalucía se apresura a cambiar esta norma para flexibilizarla o desviarla hacia la construcción de viviendas sociales, todo con tal de seguir con un esquema de desarrollo basado en la construcción, precisamente lo que se consideró como causa principal del desastre de esta crisis de la que todavía no hemos salido.

SI nuestros gobernantes no tienen el tesón necesario, atreviéndose a desafiar las leyes del Mercado, incluso las posibles respuestas negativas del electorado cegado por el desarrollismo, difícilmente se logrará contener el cáncer de nuestros paisajes: el crecimiento urbanístico, y más especialmente el urbanismo difuso en suelo rústico. Si de verdad tuvieran interés en proteger los paisajes deberían seguir la siguiente hoja de ruta:

1.- Crear un marco jurídico contundente, con rango de ley, en lugar de dispersar normas y recomendaciones por todos los sectores administrativos, de forma que las innovaciones propuestas en el CEP puedan ser aplicadas con éxito en el territorio, incluyendo las necesarias referencias espaciales, y evitando que la falta de voluntad política se escude en la fragilidad argumentativa y metodológica de los estudios paisajísticos. Por otra parte, este rango jurídico permitiría una acción más contundente de la Justicia que, demostrado está, en los últimos años ha tenido que suplir la falta de compromiso litigador de la Administración ante los flagrantes abusos en la modificación del territorio.

2.- Coordinar en varios niveles, según una eficaz cadena de “gobernanza institucional”, tutela, valorización del paisaje y desarrollo rural, superando la desastrosa dispersión de la disciplina paisajística que, ciertamente, no favorece la definición de las diferentes responsabilidades, sin perder de vista que de todos los niveles institucionales, el local (municipal) es el que menos competencia debe tener, porque, a la vista está, es el más propicio a desvincularse de estrategias supramunicipales para dejarse llevar por las presiones e intereses locales.

3.- Es necesario superar una concepción normativa y protectora del paisaje, para atribuirle, si no mayor, al menos la misma importancia que otros temas territoriales, es decir, tratándolo con el valor del escenario o del proyecto estratégico de territorio y considerándolo capaz de promover una puesta en valor integrada del territorio.

EL momento actual es propicio para replantear la estrategia, pues precisamente esta disminución de la dinámica de las transformaciones territoriales, provocadas por la crisis económica, nos sitúa en un punto de inflexión en el que el paisaje, como uno de los principales valores territoriales, podría jugar un papel fundamental para la autosostenibilidad local. Pero tenemos que hacerlo con mayor ritmo, pues los procesos de banalización del paisaje son muy rápidos frente a la pasmosa pauta de reuniones y charlatanería institucional.

(1) www.personal.telefonica.terra.es/web/gena/document.htm