OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

23/12/10. Opinión. El colaborador de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com Rafael Yus toma el prefijo ‘anarco’ del término anarquismo en este artículo, para describir un fenómeno que ha denominado ‘anarcourbanismo’ y que él mismo define como la “tendencia social a realizar actividades económicas de tipo inmobiliario  haciendo caso omiso de las regulaciones y controles de la legalidad vigente”. A su juicio, se trata de “una rebelión pequeño-burguesa contra los planificadores ilustrados del Gobierno”.

Anarcourbanistas contra planificadores ilustrados

EL anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado, entendido como gobierno, y, por extensión, de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. En su raíz es claramente una filosofía centrada en el individuo, por encima de cualquier interés colectivo. Por supuesto, nada tiene que ver con el comunismo, que es su opuesto, ya que esta otra filosofía se centra en los intereses colectivos. Otra cosa fue la hibridación de ambas filosofías en la lucha contra el poder de la burguesía, pero unos anhelaban consagrar su individualidad (lo que en otra filosofía sería el liberalismo) y otros anhelaban el “gobierno del pueblo para el pueblo”. Tomada esta filosofía anarquista por la clase obrera, dio origen al anarcosindicalismo, que afirmaba que “ni por decretos ni por estatutos otorgados por el Gobierno puede crearse un orden de economía socialista”. Era una clara reacción contra una clase dominante que aprovechaba su mejor instrucción (ilustración) y poder económico para subyugar a los no-ilustrados.

HE tomado prestado, con todas las distancias necesarias, el prefijo ‘anarco’, para describir un fenómeno que, lejos de querer ser comparado con el anarquismo como filosofía, describe bastante acertadamente un fenómeno social que he bautizado como anarcourbanismo, fenómeno que podemos definir como “tendencia social a realizar actividades económicas de tipo inmobiliario  haciendo caso omiso de las regulaciones y controles de la legalidad vigente”. En este artículo mostraré cómo el anarcourbanismo, que casa con el individualismo y falta de ciudadanía del español, es una rebelión pequeño-burguesa contra los planificadores ilustrados del Gobierno y que esta tendencia hunde sus raíces en las relaciones históricas entre  soberanos y plebeyos, que debió dejar una impronta en el subconsciente colectivo para que hoy día, en plena democracia, todavía sea socialmente admitido como excusa para soslayar las leyes, y cómo esta tendencia es premiada por las instituciones democráticas.

Anarcourbanismo y urbanismo ultraliberal

POR supuesto que el anarcourbanismo nada tiene que ver con el urbanismo ultraliberal responsable de los grandes pelotazos urbanísticos y de la hormigonización de nuestro litoral. Ambas son tendencias basadas en la “libre iniciativa”, que aunque está consagrada en nuestra Constitución, teóricamente está sujeta a las leyes reguladoras, por lo que ambas tendencias, que en la práctica soslayan los controles legales, vienen a ser prácticas de “libertinaje”, es decir, uso desmedido de la libertad. Pero mientras que el urbanismo ultraliberal parte de burgueses y sus grandes corporaciones, nacionales o internacionales, y es responsable de la especulación urbanística de alta intensidad, el anarcourbanismo es de orígenes más modestos, partiendo de pequeños burgueses, pequeños propietarios de terrenos y pequeños especuladores, que desarrollan una especulación de baja intensidad..

ME detengo especialmente en el anarcourbanismo, no porque desconsidere la importancia del urbanismo ultraliberal, sino porque, a diferencia de éste, que va acompañado de grandes escándalos, macrojuicios y fuerte repercusión mediática, el anarcourbanismo, por contra, es tolerado por la población, no llega a constituir noticia para los medios de comunicación, porque a fin de cuentas no se tiene conciencia del daño que pueda causar, estando muchísimo más socializado, llegando a ser excusado por ser el “único medio de vida” o la “única forma de tener una casa”, siendo compartido por amplias capas de la población, y objeto de envidia y admiración por lo que no lo disfrutan, y lo emularían de tener suficientes medios para ello. Tal es así que políticamente es incorrecto denunciar estas prácticas y los políticos, que conocen muy bien el carácter determinante del voto pancista o pesebrista, se cuidan mucho de ser beligerantes con unos recursos electoralmente muy valiosos.

Las raíces del anarcourbanismo

EL filósofo francés Sebastien Faure decía que “cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista”. Si se toma literalmente esta definición podría entrar multitud de actitudes de los gobernados hacia sus gobernantes, con independencia de tipo de gobierno o sistema político que estructure una vida social.

EL anarquismo español tuvo poco desarrollo en la España de la primera mitad del siglo XX, tomando un especial protagonismo durante la Guerra Civil española. Después de este breve periodo España fue sometida a una forzada siesta política de la que apenas despertó cuando en los años 1960s la juventud francesa resucitó el pensamiento anarquista con aquel lema anarco que decía: “prohibido prohibir”. Por supuesto que nada de aquello tenía que ver el urbanismo salvaje, era una rebelión contra una sociedad ahormada por una serie de normas, costumbres, etc. difíciles de cuestionar, que se concebían como una versión moderna del despotismo ilustrado, herencia de la Ilustración a la que tanto debe la revolución de la burguesía francesa. De este modo, se puede afirmar que el anarquismo (de las clases desposeídas y de baja o nula ilustración) se enfrenta a la ilustración (ostentada por las clases pudientes e ilustradas).

EL español es un ciudadano que tiene sobre su espalda de “gobernado” una pesada carga histórica de sistemas de gobierno más o menos absolutistas, desde reinados hasta dictaduras, con toda clase de intermediarios: feudales, aristócratas, burgueses, militares y burócratas, todos los cuales tienen el denominador común de tener suficiente “ilustración” y poder económico (y por tanto armamentístico) como para acallar a la plebe. En este contexto histórico, el español gobernado siempre ha tenido que utilizar la astucia para poder subvertir la carga impositiva de las clases pudientes. De este modo se desarrolló la picaresca, una actitud que en sí no cuestiona el poder, no se revela colectivamente contra él, por lo que no encaja con la definición de anarquismo, sino que adopta una actitud individualista de tolerancia hacia los gobernantes, buscado atajos ocultos, triquiñuelas ingeniosas, engaños y actividades delictivas de baja intensidad, bajo el lema de “sálvese quien pueda”. Mientras que el movimiento anarquista se enfrentó al poder y ello le valió ser rápidamente erradicado, la picaresca, en cambio, se ha mantenido como una constante histórica, como un medio de vida no beligerante, oculto, sumergido, pero, como el anarquismo, buscando satisfacer la libre iniciativa personal frente a la dictadura ilustrada de los gobernantes.

DE este modo, en la actualidad, en plena democracia, este sentimiento anarco-picaresco convive con un sistema político que, por primera vez en la Historia, al menos en la teoría, es propuesto por la plebe, y ofrece cauces de participación para que las decisiones que se tomen provengan de los deseos y necesidades del pueblo y no de una clase poderosa. Pero, lamentablemente, la pesada carga de nuestra historia resucita de nuevo al plebeyo, que desconfía de que su voto o participación pueda servir para algo (o simplemente le incomoda participar), y resucita la picaresca, por la cual intenta satisfacer sus ansias individuales por medio de engaños y triquiñuelas, soslayando el esfuerzo de participar colectivamente en que cambien las normas como en teoría permite una democracia. El español se siente plebeyo y utiliza la picaresca para torear a los planificadores ilustrados que están en el gobierno. No es que estos planificadores defiendan exclusivamente los intereses de una clase pudiente, como sucedía antes, sino que defienden intereses generales, y esto choca con el individualismo anarco del plebeyo contemporáneo.

DE este modo, una parte de la ciudadanía española, difícil de cuantificar, no es demócrata por lo que representa esta ideología en sí, sino por la imagen que le da de libre albedrío y, en el caso de una sociedad del bienestar como la que tenemos, poder recoger un maná de ayudas sociales (costeadas por los auténticos demócratas y ciudadanos) sin tener que mover un dedo. Toda su historia ha sido la de ser gobernados por feudales, aristócratas, señoritos y dictadores, frente a los que ha desarrollado la peor de las reacciones: la “picaresca”. Ahora que tenemos una democracia, este nuevo demócrata reduce su actividad democrática a depositar el voto una vez cada cuatro años, afianzando así la versión pobre de la democracia: la democracia representativa, con tal de que durante este tiempo le dejen actuar libremente y tenga cuanto menos prohibiciones mejor. Su única meta es que le aseguren su libre albedrío y no le estropeen la digestión.

DE este modo, no sorprende que el ciudadano medio español carezca de conciencia ciudadana. Se le puede ver organizado, manifestándose, tratando de doblegar el poder, cuando lo que está en juego es la digestión, cuando le afecta personalmente. Pocos luchan por lo público, lo que es de todos, y menos aún por aquello que afecta a otras personas. La insolidaridad o el individualismo es un rasgo del sentimiento anarco-pícaro del español. Una forma de ser y actuar que se extiende a toda su actividad vital, desarrollando un provecho parasitario de todo lo que es comunal o de interés general, pues no sólo se refleja en el descontrol urbanístico, también en su relación con la naturaleza (caza, pesca furtivas, ocupación de vías pecuarias, márgenes fluviales, playas, tala de árboles, etc.), con los intentos de regulación sanitaria (objetores de la prohibición del tabaco, de la vacunación forzosa, etc.), o de contención de la violencia machista (es un asunto privado de la pareja), etc. Y por tanto, tampoco sorprende que el anarco-pícaro español sea un experto en sumergir su actividad económica en beneficio propio.

Ecología sumergida y anarcourbanismo

COMO es sabido, la economía sumergida es la economía que escapa del control fiscal, no es transparente, se sumerge en lo más oscuro de las prácticas económicas de un país. España, heredera de la picaresca y perpetuadora de desigualdades sociales, es pasto de le economía sumergida. En el año 2008, la economía sumergida se estimaba en un 28% del Producto Interior Bruto (unos 240.000 millones de euros), una de las más altas de Europa. El problema de la economía sumergida no es que se hagan transacciones económicas, pues a fin de cuentas esto permite sobrevivir a mucha gente y acceder al apetitoso pastel del consumo. El problema es que estas personas despliegan un sentimiento anarco frente a la autoridad recaudadora del impuesto, pero en el fondo es usuaria y beneficiaria de los bienes que han asegurado colectivamente los contribuyentes. De este modo, la economía sumergida es una versión moderna de la picaresca.

PERO, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, la dos grandes bolsas de fraude fiscal (economía sumergida) en nuestro país son: a) Las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias (en torno a los 8.600 millones de euros/año); y b) Las actividades derivadas del ejercicio de profesiones liberales. Al frente de esta actividad encontramos, por un lado, los urbanistas ultraliberales, y por el otro a los anarcourbanistas, todos los cuales movilizan al segundo factor de la economía sumergida: los pequeños, medianos y grandes empresarios, profesionales liberales, que siempre encuentran el medio de escamotear al fisco una parte más o menos importante de sus ganancias.

DE este modo, el anarcourbanismo se vale de la economía sumergida, no solo como parte de la picaresca y el sentimiento anarco contra el poder, sino también porque su actividad requiere sigilo y silencio, como toda actividad pícara, porque su actividad es ilícita y por lo tanto podría conducirle al castigo.

UN caso que conocemos bien es el del anarcourbanismo de la comarca malagueña de la Axarquía (que en este caso bien podría ser denominada Anarquía), comarca considerada oficialmente como pobre o atrasada. Esta consideración tiene su base en la renta declarada, que es anormalmente baja en casi todos los municipios. Sin embargo, estos bajos ingresos no se corresponden con muchos de otros parámetros que crecieron desenfrenadamente en la última década: empresas activas, establecimientos abiertos, venta de vehículos, consumo de energía, residentes extranjeros centroeuropeos, o transacciones de viviendas, etc. Esto no solo ocurría en municipios estrellas como destinos turísticos (Torrox, Frigiliana o Cómpeta), sino también pequeñas poblaciones con mucha actividad edificadora e inmobiliaria reciente (Riogordo, Canillas de Aceituno, Comares o Sayalonga). No se entiende que Cómpeta o Alcaucín, municipios altamente ladrilleros, que pregonaban y ostentaban una gran prosperidad, solo declararan sus ingresos una persona de cada tres. Esto tiene mucho que ver con la inercia especulativa que se ha enquistado en la economía rural. Esto indica que gran parte de la población vive de ingresos ocasionales no reglados (transacciones inmobiliarias, actividad profesional como autónomo, jornales no declarados) y generadores de bolsas de economía sumergida. Precisamente, una tipología de “profesión” que no puede aparecer nunca en las estadísticas oficiales es la del comisionista, no ya sólo basado en la compraventa de inmuebles, sino en todo un abanico de ventas y prestación de servicios: venta de vehículos usados, prestación de servicios de reforma y albañilería, mantenimiento de fincas (jardinería, piscinas, limpieza) e incluso mediación-interpretación entre nuevos residentes extranjeros y población local. Y esta actividad puede llegar a centenares de casos en municipios con menos nativos locales que residentes extranjeros censados, que  a su vez son menos que la población extranjera flotante no inscrita (con vivienda en propiedad o alquiler) en las que pasar sus vacaciones.

El anarcourbanismo institucionalizado

CUANDO la actividad urbanística moviliza a tanta gente, mantiene ocupada a gran parte de la población y permite acceder rápidamente a enormes riquezas en unos casos, o al menos a acceder a una porción de la apetitosa tarta del consumo, es fundamental que los gobernantes no obstaculicen la libre iniciativa de los anarcourbanistas. Así, mientras que a nivel regional se mantiene el discurso ilustrado de la ordenación del territorio, de la racionalización del crecimiento, e incluso de la sostenibilidad de las actividades económicas, a nivel local este discurso es sustituido por el de la libre iniciativa económica. Un liberalismo que, sin embargo, es dirigido por una clase dominante (frecuentemente empresas constructoras) que asegura que lleguen al poder personajes que, en calidad de gobernantes, se comprometan a no obstaculizar y, en algunos casos, incentivar, el crecimiento económico en torno a la construcción, y llegado el caso, ocultar malas prácticas y recibir a cambio prebendas de diverso tipo: financiación del ayuntamiento, enriquecimiento privado, comisiones en negocios, tratos de favor en acceso a empleos para los miembros de la familia, etc. De este modo, el anarcourbanismo gira en torno a una trama de intereses en la que, como buitres, todos comen de la misma carroña: el urbanismo salvaje. Un comensalismo que, por tal circunstancia, blinda a los urbanistas delincuentes de la posible delación, de la existencia real de una oposición política, pues en estos ayuntamientos la política consiste en asegurar que todos coman y se sientan por ello agradecidos, o que todos compartan el ser delincuentes, pues ningún delincuente se atreverá a delatar a otros, pues ello les llevaría a delatarse a sí mismos.

EL anarcourbanismo no es partidista, no es atribuible a una ideología política determinada. Encontramos anarcourbanistas en gobiernos del PSOE, del PP, del PA, de IU, etc. Aunque ser liberal, y por tanto cercano al individualismo anarcourbanista, puede ser una ideología más propia del PP, este sentimiento liberal es compartido por los representantes políticos de cualquier partido, tanto de derechas como de izquierdas. El anarcourbanismo se vale del sistema de partidos no para impulsar proyectos basados en una ideología, sino simplemente para “hacer negocio” por encima de las leyes, y a veces incluso con ellas, pues también se valen de consejeros dotados de gran conocimiento de la picaresca para sacar provecho al amparo de leyes e instituciones. De este modo, como un círculo vicioso, la picaresca, que en épocas feudales se mantenía alejada de las instituciones para poder trapichear, ahora aprovecha las instituciones democráticas para multiplicar con treces los rendimientos de su actividad sumergida.

EL anarcoburbaismo institucionalizado de carácter local choca con las regulaciones y controles de los gobernantes ilustrados a nivel regional. Por ello, no sorprende que, a pesar de que los alcaldes sean del mismo partido político que a nivel regional, no duden en beligerar contra los gobernantes regionales por decidir aplicar controles que ponen en peligro el festín del  urbanismo salvaje. Donde más claramente encontramos esta reacción es en la comarca de la Axarquía, donde todos los alcaldes, de todos los signos políticos, se pusieron de acuerdo para impugnar los intentos de control urbanístico de la Junta de Andalucía a través del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía. Una lucha que no ha terminado aún, apoyada por la Diputación Provincial de Málaga y ahora en manos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, donde se ha creado una Mesa para presionar a la Junta de Andalucía para que modifique las leyes regionales para que se adapten a cada caso particular de cada comarca, o para que anule leyes que son obstáculos para el anarcourbanismo, como el POT de la Axarquía, el POT de Andalucía, etc. El carácter anarcourbanista de los integrantes de estos complots, se destaca en sus propios discursos, donde no faltan afirmaciones tales como: “en Sevilla planifican sin contar con nuestra realidad” (contraponiendo así un supuesto despotismo ilustrado regional y la actividad anarcourbanista local). O bien sacan directamente la bandera anarquista del “prohibido prohibir”, al exigir a Sevilla que “no se debe prohibir, solo controlar”.

Y como, siguiendo el dicho, “la avaricia rompe el saco”, tarde o temprano el saco de las riquezas acumuladas por los políticos locales (alcaldes, concejales) acaba rompiéndose y surgen  los juicios, las condenas de inhabilitación, etc. Ante esta nueva situación, las tramas político-empresariales creadas al calor de alcaldes y concejales corruptos, ahora se encuentran desamparadas, sin poder seguir practicando sus triquiñuelas, tan suculentas para un rápido enriquecimiento. Aparece entonces un nuevo fenómeno que nuestra democracia, así de grande es, permite: la creación de nuevos partidos políticos con la bandera del anarcourbanismo. Es el momento de los Partidos Independientes de... (póngase aquí la localidad correspondiente). Estos partidos, totalmente desideologizados, con el único norte de restituir la trama político-empresarial en la actividad inmobiliaria, podrían ser determinantes en las próximas elecciones municipales, quizás no tanto como partidos más votados como “llaves” para el acceso al poder de otros partidos. Ya se sabe que en estos gobiernos bi-tri-tetrapartitos, los partidos pequeños son los que ponen el listón más alto, suelen tomar la concejalía de urbanismo, y con ello asegurar la perpetuación de la trama anarcourbanista de otras legislaturas.

La cara dura de los anarcourbanistas

EL anarcourbanismo en suelo rústico ha querido ser justificado bajo coartadas tales como la carestía de las viviendas en la ciudad, la necesidad de vivir en el campo para dedicarse a labores agrícolas, o porque no tienen otro sitio donde vivir. Todas estas coartadas carecen de fundamento. Aparte de que un buen fin nunca justifica los medios, pues por la misma coartada podríamos justificar el tráfico de drogas porque da de comer a mucha gente, encontramos que:

A) La carestía de la vivienda en la ciudad nunca puede ser una excusa. En primer lugar, la vivienda que se suele hacer en el campo, que además tiene una finca de más de una hectárea, sus accesos, piscina, etc., es mucho más cara que un piso modesto de la capital. Además, si fuera así, siempre está la solución de las viviendas sociales, el alquiler, etc. Otra cosa es que con un poco más de dinero en el campo se vive como un burgués, que siempre ha sido la aspiración de la pequeña burguesía, clase social de la que se nutre el anarcourbanismo. En segundo lugar, la gran mayoría de los nuevos residentes del campo no son primeros residentes, sino segundos residentes, para fines de semana y vacaciones (españoles) y para largas temporadas (extranjeros inmigrantes climáticos), o simplemente para obtener rentas fáciles o especular con el ladrillo. Son personas que no tienen problema alguno con su primera vivienda, el problema es que quieren vivir como burgueses en un entorno rural, tranquilo y con buen clima, o bien se han metido a negociantes de rápido y fácil enriquecimiento.

B) La necesidad de una vivienda para la agricultura es una de las coartadas más buscadas, pero una vez más carece de fundamento en la mayor parte de los casos. En primer lugar, suponiendo que realmente haya una explotación agrícola (que lo normal es que no exista), es falso que se necesite vivir en el campo para ello, y de hecho la mayoría de los agricultores siempre han vivido en el pueblo, desplazándose a la finca para trabajar. En este caso, lo único que podría hacer falta, y siempre que tenga una actividad agrícola importante, es una caseta de aperos que, por definición, no es una vivienda para vivir una familia. Pero es que en la inmensa mayoría de los casos, ni tan siquiera hay actividad agrícola, pues a menudo los solicitantes de licencias suelen ser inmobiliarias españolas o extranjeras y todo lo más que hacen es declarar cuatro olivos que luego no van a explotar, ya que estos residentes son personas que trabajan en otras profesiones o son jubilados, no aptos para el duro trabajo agrícola. Por ello siempre nos ha parecido una contradicción que los alcaldes justificaran el urbanismo en el campo porque “ya no se puede vivir de la agricultura” y a continuación no les tiemble el pulso al firmar una licencia en un Proyecto de Actuación justificado por una actividad agrícola. ¿En qué quedamos, hay o no hay actividad agrícola? Porque si no es rentable, ¿qué hace un suizo de 75 años con una mansión en el campo? Los anarcourbanistas se buscan coartadas legales de este tipo, pero son clamorosamente falsas.

C) Finalmente está el caso de los anarcourbanistas que declaran no poder vivir en otro sitio porque no tienen dinero para ello. Se van al entorno de las ciudades, al campo, y buscan el suelo público (una vía pecuaria, las márgenes de un río, etc.) y allí edifican su vivienda. Se puede comprender que hayan sectores de la población que tengan estas necesidades, pero existen alternativas: alquileres baratos, viviendas sociales, etc. Un país que no solucione este problema es un país que no cumple con uno de los derechos consagrados por la Constitución. Todos los ayuntamientos pueden hacer mucho a partir de los proyectos urbanísticos, donde la Ley exige un porcentaje de suelo para viviendas sociales. Si luego un ayuntamiento malvende estos suelos para autofinanciarse, o malgasta las dotaciones en hinchar de enchufados la plantilla del ayuntamiento, es otra cuestión contra la que el anarcourbanista no se rebela, sino que lo consiente y se limita a sobrevivir aplicando la tradicional picaresca.

Los peligros del anarcourbanismo

UNO de los fundamentos de la consideración de “no urbanizable” del suelo rústico es la existencia probada o factible de peligrosidad por riesgos naturales. Entre el amplio catálogo de riesgos figuran los deslizamientos de tierras, desprendimientos y hundimientos, inundaciones por riadas, etc. El anarcourbanismo, que se desarrolla sobre suelos públicos o bien nada recomendables desde el punto de vista urbanístico, despliega aquí un amplio abanico de situaciones de riesgo y vulnerabilidad que siempre es conocido por los infractores, pero que se asumen por su carácter eventual o esporádico. De este modo, en todas las provincias se pueden ver casos de asentamientos urbanos que han ido creciendo en lugares tan sensibles como las márgenes fluviales y las llanuras de inundación de ríos que, a veces con alta frecuencia, se desbordan. Entre los muchos ejemplos citaremos cuatro que han resonado en los medios de comunicación en el presente año 2010: el Guadalete a su paso por Jerez (Cádiz), con numerosas viviendas asentadas en las barriadas de La Ina y Rajamancera; el Valle del Guadalhorce (Málaga), con numerosas viviendas ilegales en Cártama (700) y Alhaurín (12); los parcelistas del Guadalquivir (Córdoba), con 360 casas inundadas, y Los Puentes (Jaén), con 155 viviendas que se han inundado ya varias veces.

EN todos estos casos, las viviendas se construyeron ilegalmente en zonas inundables y tienen una larga historia de expedientes disciplinarios, órdenes de demolición, etc., a la que han logrado resistir todos estos años por una nefasta combinación de garantismo jurídico y dejadez/tolerancia institucional, tanto local (ayuntamientos) como regional (Junta de Andalucía), en gran parte porque estas situaciones suelen presentarse como casos de marginalidad para los cuales no hay (o no se quiere que haya) soluciones adecuadas.

CON todo, resulta llamativo, e incluso diríamos que escandaloso, que los anarcourbanistas que edificaron ilegalmente sus chalés junto a un río, que de vez en cuando, como es normal, se desborda e inunda sus casas, se manifiesten ante los gobernantes exigiéndoles ayudas y bonificaciones para restituir sus viviendas ilegales, aduciendo que pagan recibos de luz y agua. Bien es cierto, que en lugar de demoler estas viviendas, con todo el coste político que pueda conllevar (son gajes del oficio), los gobernantes se hayan limitado a mirar a otro lado porque en realidad no han querido renunciar a los suculentos dividendos de la actividad anarcourbanística en los municipios y la elevación del PIB regional. Pero no deja de ser chocante este nuevo personaje que se comporta como anarcourbanista para hacerse su casa en el campo, y como un pícaro parásito para reclamar de “papá-Estado” dinero por algo que hizo a su espalda y en contra de las leyes. En realidad se es más pícaro que anarco.

El anarcourbanismo es premiado

LA situación a la que ha llegado este urbanismo de baja intensidad que se produce en el entorno de las grandes ciudades, en el campo y junto o dentro de espacios públicos, es de tal calibre que el gobierno regional ha dado signos de un abatimiento que, lejos de solucionar el problema, lo incrementará en los próximos años.

ANTE este urbanismo descontrolado, la posición oficial de la Junta de Andalucía es la de regularizar, un término que equivale a “legalizar”, lo que significa que anteriormente no estaba legalizado o era ilegal. En esta situación se encuentra posiblemente más de 500.000 viviendas en Andalucía. Nada más que en la pequeña comarca de la Axarquía hemos contabilizado más de 22.000 viviendas, de las cuales 2/3 partes ya han prescrito para la Justicia (salvo las que están en dominio público o zonas sensibles). La Justicia, todos lo sabemos, no da abasto para abordar esta ingente cantidad de expedientes, y el tiempo pasa y las viviendas se quedan allí en el “limbo” urbanístico.

EN esta situación se encuentran muchos adquirientes extranjeros, inmigrantes climáticos atraídos por la oportunidad de disfrutar, por precios muy asequibles para su nivel adquisitivo, de una vivienda unifamiliar en el campo y con un clima benigno, huyendo de sus sombrías y frías ciudades centroeuropeas. Todos ellos no daban crédito a la “bicoca” que suponía hacerse la casa de sus sueños en este paraíso climático, pues son conscientes de lo difícil o imposible que es hacerse una casa en el campo en sus lugares de origen. Pero Spain is different, aquí un alcalde es visto como lo que debería ser: una autoridad administrativa que “cumple y hace cumplir las leyes”. Algunos se dieron cuenta de que no era así, porque eran obligados a dejar “mordidas” por licencias de obras, pero otros no se percataron que aquí los alcaldes solo a veces son gente honrada. Como consecuencia de ello, ahora que la Justicia y el Seprona barren el territorio, sus viviendas han recibido amenazas de demolición. Estas cuestiones han llegado a la Unión Europea, donde el Informe Auken venía a exigir que se controlen los abusos urbanísticos y se respeten los derechos de los propietarios. El asunto llega al Foreing Office del Reino Unido, que, para vergüenza nuestra, no dudó en enviar a su Secretario de Estado y a expertos urbanísticos en el Consulado Británico para asesorar a sus conciudadanos en los negocios inmobiliarios y garantizar las transacciones e inversiones frente a la picaresca de los “chorizos españoles”, sin caer en la cuenta que estas transacciones están alimentadas tanto por la codicia de vendedores como de compradores. Mientras tanto, los inmigrantes climáticos se organizan, crean plataformas como AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No) o el SOHA (Save Our Homes Axarquia), y organizan manifestaciones pacíficas (la “rebelión guiri”) en Almería y Cádiz, muy al estilo centroeuropeo. Frente a esto, la Junta de Andalucía pide que “no se le presione” y los alcaldes miran a otro lado.

SIN embargo, para regularizar las viviendas, la Junta de Andalucía echa la patata caliente a los ayuntamientos, pues para eso tienen autonomía urbanística. El problema es que la regularización exige crear figuras urbanísticas legalmente establecidas (ej. Planes Parciales), con todas las dotaciones, cesiones y urbanizaciones establecidas. El diseminado de las viviendas dificulta y encarece esta labor, a lo que se suma el rechazo de los anarcourbanistas de sufragar los costes de urbanización, perder terreno por dotaciones, etc. Por este motivo, los nuevos PGOUs que ya están saliendo por fin, se redactan como si no existieran estas viviendas en el campo, como una especie de ceguera institucional intencionada, cuyo único objetivo es “no coger al toro por los cuernos”, pues esto supondría enfrentarse a la población residente, y con ello perder el sillón del ayuntamiento por impopularidad.

CON todo, en algunos municipios ya se está intentado llevar a cabo procesos de regularización tal como exige la doctrina de la Junta de Andalucía: a través de los PGOUs. Pero aquí nos encontramos casos muy diferentes, algunos extremadamente preocupantes:

A) Regularización tipo Marbella. La primera piedra en las regularizaciones aparece en un municipio estrella de la especulación urbanística a gran escala, del ultraliberalismo urbanístico, donde el GIL y todos los malayos, hicieron todo tipo de desaguisados, que la Junta de Andalucía no pudo o no quiso parar. Posteriormente, el rasero de la ley, durante la redacción del PGOU, puso de manifiesto la situación de ilegalidad de al menos 700 viviendas, que por un ardid legal se quedaron en 500. Eran viviendas, muchas de ellas ya ocupadas a pesar de su ilegalidad, y por tanto apetitosas electoralmente, por lo que la alcaldesa prometió no demoler ni una casa y regularizarlas. Algo que seguramente será premiado electoralmente, pero que deja pasmada a la ciudadanía cumplidora de las leyes. A diferencia de otros casos, sin embargo, esta regularización se hizo utilizando triquiñuelas que permiten las leyes vigentes, obligando a los propietarios compensar urbanísticamente la regularización.

B) Regularización tipo Chiclana. En este núcleo se da uno de los casos más espectaculares de viviendas ilegales fuera del casco urbano, donde posiblemente vivan más personas que en la propia ciudad, pues se contabiliza en unas 20.000 viviendas. Aquí, la Junta de Andalucía está experimentando un proceso de regularización a gran escala poniendo al frente al arquitecto y urbanista Fustegueras, redactor del PGOU de Marbella y conocedor de las triquiñuelas legales de la LOUA. De este modo, se propuso legalizar 15.000 viviendas mediante un sistema barato de compensaciones, que a pesar de su ridículo precio (en comparación con el que oficialmente corresponde) no es admitido por los anarcourbanistas chiclaneros. De este modo, el equipo de gobierno, que aspira a seguir sentado en el sillón, ha ido rebajando este precio y dando facilidades de pago, hasta extremos hilarantes. Ahora estos ciudadanos disfrutarán de una vivienda unifamiliar, y sus servicios y urbanización serán pagados prácticamente por los ciudadanos que, acatando las leyes, viven en el casco urbano de Chiclana.

C) Regularización tipo Jaén. En el municipio de Jaén, junto al río Eliche se encuentra una urbanización ilegal llamada Los Puentes con 1.655 viviendas, de las cuales 155 están en dominio hidráulico, por lo que ya ha tenido varias desgracias por inundaciones. Los anarcourbanistas de este diseminado llevan una larga historia de presiones al Ayuntamiento de Jaén para que regularicen sus viviendas y ahora presionan también a la Agencia Andaluza del Agua para que proteja sus viviendas contra las inundaciones. Ya la Junta de Andalucía (A.A.A.) abrió expedientes a estas casas, pero indultó a 142 de ellas, casi la totalidad. Estas viviendas junto a otras muchas más en situación ilegal, constituyen una bolsa electoral que ha despertado la codicia del equipo de gobierno de Jaén y ha sido premiada con la propuesta de regularización de unas 5.000 viviendas, sin trabas ni compensaciones urbanísticas, por el nuevo PGOU de este municipio, lo que sería el primer caso de indulto o amnistía urbanística. De ser admitido por la Junta de Andalucía, que ya ha anunciado que no se podrá legalizar lo que esté en suelo inundable y no pague los gastos de urbanización, sería el primer indulto o amnistía urbanística a favor de los anarcourbanistas, un precedente que dejará abierto un sistema de regularización irregular que tendremos que pagar todos los contribuyentes, premiando así la osadía y la falta de ciudadanías de los anarcourbanistas.

PESE a las diferencias, hay un denominador común en todas estas actuaciones: el anarcourbanista es premiado con la legalización de su vivienda, a veces sin trabas, es decir, es indultado o amnistiado. De este modo, el urbanismo, lejos de ser una actividad ilustrada, racional, conforme a un proyecto o planificación de crecimiento armonioso y lógico de una ciudad, es sustituido por una actividad desorganizada, anárquica, regida por los que osan enfrentarse a las leyes, a los planificadores ilustrados. Se da entonces la circunstancia desagradable y, hasta cierto punto peligrosa para el futuro de la convivencia social, de que lo que una parte de la población hace intencionadamente mal, es sufragado, y por tanto premiado, por la otra que cumple escrupulosamente las leyes. ¿Cuánto tiempo necesitará este país para que se cansen de hacer el primo los que cumplen las leyes? Y si el anarcourbanismo es premiado bajo el lema de “construye que algo queda”, porque nadie, ni siquiera ahora la Justicia (que echa la patata caliente a los miedosos alcaldes), quiere sentenciar y ejecutar una orden de derribo, ¿quién se cree que la actividad urbanística descontrolada va a ser alguna vez controlada? Nadie se cree que estas actuaciones sean realmente “borrón y cuenta nueva” como se justifica desde el poder. Estas actuaciones serán para alentar el urbanismo salvaje. A lo peor es que realmente esto es lo que muchos quieren. Si es así, apaga y vámonos.