Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador
del Gabinete de Estudios de la
Naturaleza de la Axarquía
23/12/11. Opinión. “En
un escenario donde ya no existe el ritmo de construcción que mantenía
engordados los ayuntamientos, detectar una vivienda en el campo se convierte en
oro para los ayuntamientos. Aquí entraría la justificación del inusitado
interés de los ayuntamientos de valerse de instrumentos tecnológicos, como las
ortofotos, para mejorar sus sistemas de inspección urbanística. Casa detectada,
casa que paga y ayuntamiento que engorda”, escribe Rafael Yus en esta nueva
colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
Ahora interesa la
inspección urbanística ¿Por qué será?
RECIENTEMENTE hemos conocido la noticia de que la Diputación Provincial
de Malaga, en un inusitado afán por colaborar con los ayuntamientos en la
inspección urbanísticas de sus respectivos municipios, está facilitando un
nuevo (?) instrumento cartográfico en los que podrán ver objetos de hasta 20 centímetros (sic).
El ayuntamiento agraciado con tan generoso obsequio ha sido el Ayuntamiento de
Vélez-Málaga.
SEGÚN el diputado provincial de urbanismo, Ignacio Mena, este mapa forma
parte de un proyecto conocido como “Vuelo 2011", que consta de una serie
de ortofotos “tomadas en agosto de 2011, por lo que son totalmente actuales” ya
que, “la mayoría de la ortofotos disponibles hasta ahora en el Ayuntamiento
datan del año 2000". El diputado valoró la alta resolución de las
fotografías, además de su nitidez y claridad. Otra novedad es que el mapa no
solo está formado por fotos verticales, conocidas también como plano cenital o
a vista de pájaro, sino otras oblicuas capturadas con 45 grados de inclinación
que abarcan los cuatro puntos cardinales. Ello permitirá a los consistorios
contar con instrumentos de última generación y datos cartográficos actuales y
de calidad que facilitarán un mejor conocimiento del territorio. Aunque la
aplicación tiene múltiples usos, el mencionado diputado destacó de manera
especial la importante ayuda que supondrá para los técnicos del ayuntamiento en
materia de disciplina urbanística, desde el momento en que permitirá comprobar
los cambios registrados en un determinado territorio del municipio en cuanto a
viviendas ilegales. Por otra parte, se afirma que las nuevas ortofotos
facilitarán a los técnicos municipales poder realizar mediciones de superficies
con total precisión desde la misma oficina de Urbanismo y sin necesidad de
desplazarse a una zona concreta del municipio, además de conocer la altura de
una determinada construcción e incluso ver la fachada del mismo si fuera
necesario. En efecto, la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Vélez
apuntó como posibles usos la elaboración de informes para la concesión de
licencias, ya sean de obras o de primera ocupación, e incluso el seguimiento de
los expedientes de protección de la legalidad urbanística (EPLUS). En
definitiva, en palabras de la misma concejala, esta herramienta “supondrá un
antes y un después a la hora de trabajar en la Gerencia municipal de
Urbanismo de Vélez” (sic).
NO es la primera vez que se anuncia un acto de este tipo. En marzo de este
mismo año, la Diputación
anunció que iba a poner en marcha unos “sensores aéreos” para detectar
viviendas ilegales construidas en Málaga, con la empresa sueca Blom. Las
imágenes, en tres dimensiones, se confeccionan a partir de fotografías aéreas.
Con ello, señalaban, el trabajo de inspección que “normalmente necesita un
grupo entre 10 y 20 personas que peinan el territorio” se podrá hacer a golpe
de ratón. Y hace una semana la Diputación
Provincial entregó al ayuntamiento de Estepona un mapa
cartográfico que incorpora los últimos adelantos tecnológicos (en realidad
fotografías de alta resolución, pero en esta ocasión, a pesar de que era la
misma herramienta, se llegó a decir que tenía una precisión de 10 centímetros (sic).
La agradecida concejala de Fomento de Estepona afirmaba que esta herramienta
permitirá controlar la evolución de los “campitos” (como le llaman a las
viviendas del campo en este municipio). Todo parece indicar que el diputado se
dedicará a llevar personalmente un CD a cada ayuntamiento y con esto justificar
su sueldo.
ESTA noticia, unida a otras que comentaremos a continuación, nos invita a reflexionar sobre cuestiones de gran interés: ¿Es que los nuevos ayuntamientos del PP son más celosos y cumplidores con la legislación vigente y no van a tolerar el urbanismo difuso por toda la provincia? ¿No entra en conflicto este dato con otras medidas como la supresión por el PP de las oficinas de gestión urbanística, como la que estaba adscrita a la Mancomunidad de la Costa Oriental-Axarquía? ¿No es menos cierto que el PP ha abanderado antes de las elecciones municipales una cruzada contra las leyes que restringen la libre construcción en el campo? ¿A qué viene, pues, este supuesto “interés” por la disciplina urbanística?
El contexto real
ESTA noticia se produce en un contexto de depresión económica sin precedentes, tras una vertiginosa burbuja inmobiliaria que, pese a las leyes, las fuerzas de seguridad del Estado (SEPRONA), las inspecciones urbanísticas de la Junta y de los ayuntamientos, y las continuas denuncias de ecologistas como GENA-Ecologistas en Acción frente a la Administración y la Fiscalía de Medio Ambiente, se llegaron a construir más de 12.000 viviendas en el suelo no urbanizable de la Axarquía en tan sólo diez años, que sumadas a otras 10.000 de años anteriores suman 22.000 viviendas.
¿ESTO ha sido porque los ayuntamientos no tenían fotografías aéreas para realizar “cómodamente” sus inspecciones? Resulta descabellado, pero todavía hay ayuntamientos que excusan la proliferación de viviendas en sus municipios porque “no tienen presupuesto ni para la policía municipal”, y, claro está, “ojos que no ven, corazón que no siente”, resulta que nadie en el ayuntamiento se daba cuenta de que en la ladera de enfrente estaban haciéndose casas por un tubo. Los ayuntamientos grandes, que sí tienen presupuesto, sí que localizaban las viviendas irregulares, e incluso les abría los correspondientes expedientes, pero utilizaban otra estrategia para no crear demasiado ruido: dejar que los expedientes envejezcan y prescriban.
¿POR qué este comportamiento contrario a la ley? ¿Por qué los alcaldes se negaban a “hacer cumplir las leyes”? Muy sencillo: porque las viviendas en el campo son la gallina de los huevos de oro. “Oro” en forma de ingresos para las arcas municipales, logrando así una financiación extraordinaria que permite engordar el presupuesto del ayuntamiento para hacer posible hacer cosas que deslumbren al electorado y ampliar la plantilla municipal de enchufados -próximos- al partido gobernante. Y “oro” porque toda esta operación desprende suficientes migajas como para tener contentos a una gran parte del electorado, que a su vez moviliza a su entorno para revalidar la fidelidad electoral hacia el partido responsable de organizar esta fiesta. Negocio redondo: todos trabajan, algunos nos enriquecemos y como premio volvemos al poder.
PERO estamos a finales del 2011. La fiesta se acabó. No hay crédito, por tanto no hay construcción, porque de qué sirve hacer casas si nadie va a comprarlas por falta de crédito. Y si no hay construcción, no hay más IBI y por tanto los ayuntamientos dejan de engordar, tienen que seguir manteniendo los estómagos de sus plantillas infladas, que se meriendan literalmente el presupuesto, cuando hay suficiente para darles de comer. Ésta es una posible clave para entender la noticia con la que abrimos este artículo, sobre la que volveremos al final.
La falacia de la tecnología
EN un mundo cada vez más tecnificado, las sociedades acaban por ir aceptando que la solución a los problemas está en la innovación tecnológica. Algo tan simple como coger un coche y darse una vuelta una vez a la semana sería un método de inspección del Paleolítico inferior. Ahora lo “guay” es lo tecno: desde tu insondable ordenador que todo lo ve y todo lo puede, sólo tienes que hacer un clic para pillar al vecino in fraganti. Y de paso prescindimos de un puesto de trabajo más (el del inspector urbanístico), en época de recortes y así tocamos a más. Esto es lo que nos pretenden vender desde las fuentes más insospechadas, no sólo empresariales, sino, como hemos visto, desde las propias instituciones políticas.
POR otra parte, ¿es tan maravillosa la herramienta que suministra la Diputación Provincial a los ayuntamientos? Veamos las cosas con más seriedad, porque llama mucho la atención esa obsesión por detectar objetos de 20 cm, cuando la experiencia demuestra que durante décadas se les ha “colado” mansiones de 20 por 20 metros, sin “darse cuenta” (?).
LO llamativo es que una noticia tan banal como dar un CD a un ayuntamiento con fotos que todo el mundo puede tener en casa, resulte una noticia espectacular que sale en todos los medios de comunicación. Es la típica noticia con la que nos pretende hacer creer que los señores diputados se están ganando el suelo y que están haciendo cosas para el pueblo. Un sueldazo por hacer una copia en un CD y llevarlo en mano al ayuntamiento que lo recibe con bombos, platillos y periodistas dispuestos a inflar lo que es realmente una noticia banal.
ES posible que mucha gente desconozca que desde el año 1998 hay ortofotos similares procedentes de fuentes tan diversas como el Instituto Geográfico Nacional, la Junta de Andalucía y la propia Diputación. Desde entonces, se han realizado de 22 vuelos fotogramétricos de libre uso. Pero es más, hasta un político con un ratón e internet (modernizando el mito de la tiza) es capaz de navegar por Google que se actualiza año a año ¿dónde está la innovación que ofrece la Diputación?
NOS dicen que ahora tienen fotos oblicuas. ¡Qué bien! ¿Acaso ignoran que estas fotos también están disponibles gratis en internet en la página de Goolzoom? Tal es así que estos recursos podrían ser simplemente unas imágenes que son revendidas con otro nombre pero que a fin de cuentas están disponibles en la red para todo el que quiera. De hecho es la herramienta utilizada por GENA-Ecologistas en Acción durante años para denunciar los desmanes urbanísticos.
POR otra parte, hay
que denunciar que nos están vendiendo una moto que para una Gerencia de
Urbanismo de poco vale. En efecto, se dice que el pixel de estas fotos es de 0,20 metros, pero no se
dice que con esa resolución no se ve un objeto de 20 cm así ni mucho menos.
Incluso cuesta ver bordillos o alcantarillas si no tienen un metro, que al fin
al cabo son 5x5 pixeles.
TIENE su gracia esto de las ayudas
tecnológicas para hacer lo que luego no se va a hacer. No sólo se ha pensado en
esta herramienta de las fotos 3D para ayuntamientos como Marbella, Estepona y
Vélez-Málaga. Hace poco también apareció la noticia de que el ayuntamiento de
Málaga (PP) utiliza un
helicóptero que la
Policía Nacional cede ocasionalmente, gracias a una
colaboración institucional, para mejorar y ahondar en su vigilancia para
detectar infracciones urbanísticas. En la misma línea, hace poco en La Viñuela (municipio
ladrillero por excelencia) se presentó un proyecto tecnológico consistente en
un minihelicóptero autónomo controlable desde tierra, que podría cubrir, entre
otras funciones, el control urbanístico. Todo trasluce un inusitado interés
por la inspección urbanística, como si ello dependiera de la tecnología.
LA realidad es otra y este asunto de las “herramientas” de inspección urbanística no deja de ser una cortina de humo. Los ayuntamientos no necesitan costosas ortofotos y menos aún helicópteros, y si así fuera, tienen a su disposición diversas fuentes gratuitas y para desplazarse nada mejor que sus propios vehículos del parque móvil para desplazarse. En muchos ayuntamientos de sólo se tienen que asomar al balcón. Siempre han tenido conocimiento fiel de lo que se hacía en el campo. Siempre han dispuesto de las herramientas que desearan porque para eso estaba la Diputación, además de que hoy día cualquiera puede ver el campo con la herramienta del Google o el Goolzoom. No es la tecnología de lo que adolecen los ayuntamientos sino de políticos con suficiente autoridad y honradez como para enfrentarse a los vecinos ultraliberales que consideran que en sus parcelas pueden hacer lo que se les antoje. Por lo tanto, descartemos en esta noticia el puro afán de mejorar los medios de inspección urbanística. Hay otras motivaciones, como veremos a continuación.
Los dividendos de la regularización
EL parón de la construcción en la provincia se está dejando sentir con fuerza en las arcas municipales de los distintos ayuntamientos, que están viendo reducidos sus ingresos derivados de tasas y licencias urbanísticas. Esta realidad está siendo especialmente grave en municipios ladrilleros y megalómanos como Torrox, donde el descenso en los dos últimos años alcanzaba en el 2008 el 85%. En efecto, si en el año 2006 se ingresaron 4,7 millones por estos conceptos, en el 2008 se recaudó poco más de 400.000 euros.
EN este contexto de depresión urbanística, cuando las viviendas llevaban construidas el tiempo suficiente como para que prescribieran y se blindaran de la demolición, aparece la Junta de Andalucía elaborando un decreto de regularización de las viviendas ilegales que permitieron los ayuntamientos, por acción u omisión, desde hace más de diez años.
LAS características de este decreto ya han sido comentadas en otros artículos de esta misma sección. Destacamos nuestro convencimiento de que este decreto de regularización se acerca mucho a una amnistía urbanística: “sabemos que Vd. lo hizo mal, pero vamos a pasar página”. Una amnistía tanto para los propietarios como para los constructores, los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía, unos por acción y otros por omisión. Una amnistía que supondrá un cambio en la filosofía de la misma Ley del Suelo respecto al suelo no urbanizable, y una acción que tendrá un claro efecto “llamada” para futuros infractores: ¿por qué a éste se le regulariza su casa a mí no? Antes había que sobornar al Ayuntamiento para que mirara a otro lado mientras se hacía una casa. Ahora no, ahora solo hay que preparar los papeles para la regularización. Ahora lo que hay que hacer es incluir en el precio de la vivienda-especulación el costo de la regularización, pero sin SEPRONA, ni Fiscalía de Medio Ambiente y sin ecologistas.
NO obstante, el asunto, que para muchos propietarios de viviendas de la Axarquía no es atractivo por los costes que supone la regularización, sí lo es para los nuevos ayuntamientos, que ahora, en pleno periodo de vacas flacas, aburridos por falta de actividad económica y empresarial en el municipio, ahora se les abre, con esta regularización, la posibilidad de engordar las famélicas arcas municipales gracias a los ingresos por tasas de regularización y los correspondientes IBIs de las viviendas regularizadas. En efecto, según fuentes de los propios ayuntamientos, este decreto es pan para los famélicos ayuntamientos, calculándose que la regularización aportará un total de 2,2 millones de euros anuales en el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El recibo medio del impuesto de bienes inmuebles para esas casas construidas en el campo en unos 200 euros anuales. Esto significa que ayuntamientos como Alcaucín, donde se encuentran afectadas más de 1.600 casas irregulares, el presupuesto municipal se verá incrementado en un mínimo de 320.000 euros.
DE este modo, el ansiado decreto de regularización podría garantizar hasta las nóminas de medio año en algunos ayuntamientos que han brillado por la escasez de controles urbanísticos durante la burbuja inmobiliaria. Paradójicamente, aquella actividad delictiva consentida por los ayuntamientos ahora, en plena crisis, se convierte en una auténtica inversión a la que se le podrá obtener réditos inmediatos. Esta nueva situación, pues, también nos arroja una nueva clave para el inusitado interés por mejorar los medios de inspección urbanística que parece abanderar la Diputación Provincial de Málaga.
El interés oculto
VOLVIENDO a la cuestión central de este artículo: ¿esta noticia supone una renuncia del PP a la liberalización de la urbanización del campo? ¿Por qué este celo por las inspecciones urbanísticas? La situación actual, esbozada en los párrafos anteriores tienen las posible claves que muestran el interés real, aunque oculto, de este renovado interés por el control urbanístico.
EN efecto, los ayuntamientos están pasando momentos
problemáticos de financiación. Muchos tienen plantillas engordadas en épocas de
bonanza económica (burbuja inmobiliaria) y literalmente se meriendan el
presupuesto. No pueden atender a demandas ciudadanas tan simples como arreglar
los baches de una calle o un taponamiento del colector de aguas residuales. No
pueden “vender” una gestión llamativa a sus electores y por lo tanto ven
peligrar su revalidación como gobernantes, muchos de ellos recién estrenados en
la arena política.
ANTE esta situación, la regularización de las viviendas ilegales cobra un interés especial tanto para la financiación de los ayuntamientos como para la revalidación del voto del electorado. En un escenario donde ya no existe el ritmo de construcción que mantenía engordados los ayuntamientos, detectar una vivienda en el campo se convierte en oro para los ayuntamientos. Aquí entraría la justificación del inusitado interés de los ayuntamientos de valerse de instrumentos tecnológicos, como las ortofotos, para mejorar sus sistemas de inspección urbanística. Casa detectada, casa que paga y ayuntamiento que engorda.
PERO la pobreza de relación entre “ortofotos e inspección” es de tal calibre que creo que ni tan siquiera esta supuesta función financiadora explicaría ese interés por las ortofotos. ¿Qué pensará de esta herramienta un alcalde como, por ejemplo, el de Cómpeta (PP), uno de los municipios con más cantidad de viviendas en suelo no urbanizable? En este municipio el CD de las fotos irá a parar al segundo cajón derecho del alcalde. Si quisiera endurecer la inspección lo podría hacer con asomarse al balcón, ahora que ha cortado los árboles que le molestaban. Luego todo parece indicar que en realidad de lo que se trata es de hacer de algo tan banal como entregar un CD con fotos que todo el mundo puede tener, un acto de supremo celo político, por aquel silogismo tan utilizado por nuestros políticos de: “salimos en los papeles...luego estamos haciendo algo”, y a continuación: “vótanos, somos gente seria que se preocupa por tu bienestar”. Va a ser cierto que las Diputaciones tendrían que desaparecer.
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