OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía
26/11/14. Opinión. En este nuevo artículo con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, Rafael Yus, coordinador del Gabinete de Estudios para la Naturaleza de la Axarquía propone varias medidas para acabar con lo que él mismo denomina “cáncer metastásico” del urbanismo ilegal en suelo no urbanizable que, por ejemplo, ha modificado para siempre el singular paisaje montañoso de la comarca de la Axarquía para salpicarlo de cientos de viviendas ilegales.
¿Se puede controlar de forma definitiva el urbanismo ilegal en suelo no urbanizable? Sí, si se quiere
RECONOZCO que en esta columna he dedicado mucha literatura al fenómeno o “cáncer metastásico” del urbanismo ilegal en suelo no urbanizable, del que cualquiera se puede ilustrar, no sin cierto grado de abrumación, cuando se acerca en coche a la Hoya de Vélez y divisa el paisaje montañoso de la Axarquía... salpicado de cientos de viviendas donde no hace mucho sólo había olivares, almendrales y viñedos. Me temo que, como sucede con otros paisajes alterados, las nuevas generaciones y los nuevos visitantes, que no tuvieron la oportunidad de disfrutar la belleza del paisaje humanizado, pero rural al cien por cien, de la Axarquía, allá por los años 1970s, no vean en este horroroso cuadro actual una degradación de un valor paisajístico que en su día fue reconocido como uno de los diez paisajes más pintorescos de toda España. Pero, con independencia del efecto directo sobre los valores paisajísticos, sus efectos medioambientales son más que evidentes, siendo una expresión “de libro” del urbanismo insostenible, un testimonio ilustrativo de por qué las políticas urbanísticas sostenibles, que teóricamente impregnan la legislación europea, española y andaluza, a favor de la “ciudad compacta”, son las únicas que pueden paliar dignamente los perversos efectos ambientales del crecimiento demográfico y, consiguientemente, el techo para cobijarlo.
EL que, por encima de este despropósito, se haya consentido, mantenido, cuando no claramente alentado, desde determinadas instancias responsables este cáncer metastásico, nos muestra la debilidad de nuestras instituciones democráticas para controlar lo que a todas luces es un delito: construir una vivienda donde está prohibido por la ley. En parte, la inoperancia de las instituciones para el control de este delito se basa en el hecho fundamental de que aquellas personas que políticamente las gobiernan no sólo no ven que esto sea un delito, sino que además no están dispuestas a asumir el coste electoral de aplicar leyes, normas y reglamentos que, sobre el papel, haría muy fácil controlar el urbanismo ilegal. En este nuevo artículo propongo una serie de medidas que, con toda seguridad, de aplicarse, acabarían con este cáncer, por encima de estas resistencias políticas.
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